Vocerías de la Red por la defensa de los territorios, la Coordinadora de Derechos Humanos de Temuco, el Movimiento Salud Para Todos en la Araucanía, manifiestan su preocupación y alarma por diversos conflictos que se vienen generando a causa de nuevos proyectos de energía en el centro sur de Chile y que están provocando daño social en los territorios como también un estado de polarización y criminalización contra la disidencia y la libertad de expresión y que a juicio de las organizaciones es promovida por funcionarios de instituciones públicas de estado y financieras internacional, particularmente el Ministerio de Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), coludidamente.
Las organizaciones denunciaron que a los cientos de proyectos de energía, mayoritariamente vinculados a hidroeléctricas, eólicas y termoeléctricas de biomasa por parte de numerosas empresas y transnacionales en Regiones del sur y que varios mantienen activos conflictos a causa de importantes oposiciones, hoy se suma una nueva modalidad que está relacionado al levantamiento de asociaciones de personas vinculadas a comunidades o pobladores rurales, gatillada por el financiamiento de este tipo de instituciones, con el propósito de generar asociatividades con empresas privadas e instar a la ejecución conjunta de proyectos de energía, lo que podría agudizar mayores problemas en territorios, fomentando divisiones, tensiones sociales, afectaciones a la integridad cultural, a la salud mental de la población y bienestar colectivo.
En ese sentido se hace referencia a Fondos del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) a través de instituciones como El Centro para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables (CIFES) ligada a CORFO y Ministerio de Energía, quienes bajo criterios industriales y por ahora a través de planes pilotos y recientes concursos públicos, se está dañando progresivamente a la paz social de la población en algunos territorios, temiéndose que situaciones que ocurren en regiones vecinas, se repliquen en la Araucanía.
Como ejemplo de esto se hace referencia a hechos ocurridos en la Región de Los Ríos, principalmente en territorios de comunidades mapuche williche en comunas de Rio Bueno y Futrono, donde estas instituciones han pretendido levantar asociaciones pro hidroeléctricas con habitantes locales, en medio del rechazo a la imposición de proyectos de energía por parte de numerosas familias, comunidades y autoridades tradicionales existiendo graves tensiones a causa de la intervención afuerina y que en nada cumple con los principios y normas del derecho sobre Pueblos Indígenas y Derechos Humanos en general y que ha sido denunciado por la Alianza Puel Willi Mapu que es encabezada por la Lonko Juana Cuante.
Las organizaciones han denunciado que a causa de este conflicto y la difusión de un comunicado público en oposición a estas prácticas institucionales, en el presente un consultor vinculado al BID / Ministerio de Energía interpuso una querella criminal desde julio de este año por injurias, solicitando tres años de cárcel, una multa de siete millones de pesos más costas contra el medio de comunicación Mapuexpress ligada a organizaciones y comunidades territoriales que defienden sus derechos colectivos, llevándose adelante un juicio simplificado este viernes 17 de noviembre en el Juzgado de Garantía de Temuco, situación que para las organizaciones es un grave ataque a la libertad de expresión, anunciándose a su vez que el caso será llevando a instancias internacionales de derechos humanos por considerarse que hay una directa responsabilidad de instituciones públicas del estado por la generación de conflictos y por permitirse este tipo de criminalización.
Las organizaciones denunciaron también que las políticas de fomento de desarrollo energético que buscan a lo menos cuadriplicar la actual capacidad instalada de energía con una descontrolada sobre oferta, son políticas pautadas desde Washington – Estados Unidos y que se relacionan con la explotación extractivista en el eje sur de Chile y Argentina, haciendo responsable directo de esto al Banco Interamericano de Desarrollo de los actuales conflictos sociales y por su parte, sindicaron como responsable directo al Jefe de la División de Participación y Diálogo Social del Ministerio de Energía, Javier Zulueta, a quien calificaron de ejercer malas prácticas y actos de mala fe estableciendo un rotundo fracaso en diálogos con comunidades y con absoluta incapacidad de proteger sus derechos, señalándose que debería dejar dicha función y que así lo harán saber.
En la imagen, vocerías: Alejandra Parra, Simón Crisóstomo Loncopán, Onésima Lienqueo y Daniela Morales.
