Paradójico resulta ver a ciertos sectores vinculados a los intereses del latifundio colonial y empresarial, quienes en vez de promover una justicia que cumpla sus objetivos de esclarecer los hechos relacionados a la muerte del matrimonio Lushinger Mackay y de repudiar los montajes y abusos de poder generados por agentes estatales de fiscalía y de la Policía, con verdaderas campañas y operaciones orquestadas, sin pruebas, hoy lamenten y hasta se muestren “dolidos” al borde de un “llanto” el que no haya existido una condena contra los 11 imputados, incluyendo a la Machi Linconao. Claramente la presión de ciertos sectores no es el de buscar justicia, sino un linchamiento y actos de venganza que buscaban una cadena perpetua contra personas a quienes no se les demostró responsabilidad.
Cabe recordar que en septiembre del 2009 Tribunales de alzada sentenciaban a favor de la Machi Linconao por tala ilegal de árboles y arbustos nativos en contra de la Sociedad Palermo Limitada del empresario y latifundista Emilio Taladriz por infracción del artículo 5 de la Ley de Bosques y el Convenio 169 de la OIT, ya que se talaban árboles dentro del perímetro de 400 metros más próximos a tres manantiales cuyos nacimientos estaban en los cerros del sector, violando “Menokos” -humedales donde habitan fuerzas sagradas de la Naturaleza en la creencia Mapuche, y destruían variadas plantas medicinales. Se trató de la primera aplicación del Convenio 169 en Chile, que en su artículo 13 obliga al Estado a respetar tierras, territorios y reglas espirituales de los pueblos nombrados como “indígenas”. Emilio Taladriz Gómez, de acuerdo a reportaje realizado por El Desconcierto, fue uno de los principales responsables de que Francisca Linconao haya sido vinculada con la muerte de los Luchsinger Mackay. “Su declaración contra la machi en 2013, donde fue procesada por la Ley Antiterrorista, es sólo un antecedente de la influencia que, como líder empresarial, Taladriz ha utilizado en la zona para combatir al pueblo mapuche”, señalaba el medio en enero de este 2017.
Emilio Taladriz este 25 de octubre del 2017, mientras se desarrollaba la lectura del fallo absolutorio contra los imputados en el Tribunal Oral de Temuco, participaba paralelamente en un encuentro pro empresarial denominado “Claves para lo que viene”, organizado por CorpAraucania y con el auspicio de empresas como Forestal Mininco, Banco de Chile, CCU, El Mercurio, entre otros. Allí, Taladriz lamentó la absolución y hasta dio muestras de emoción «al borde del llanto”.
Taladriz señaló: “No me puedo abstraer con lo que acaba de pasar con la familia luchsinger, es una sensación de impunidad tremenda con esa familia y tantas otras, tantas otras, que han visto la injusticia golpear tantas veces a sus puertas. Esto no es una lucha entre el mundo mapuche y el mundo chileno como muchos la quieren dibujar y permanentemente lo hacen, nos ponen en una situación de confrontación, que no existe, construyen una realidad irreal. Lamentablemente han tenido éxito. NO puedo de dejar de pensar en las víctimas, no puedo dejar de pensar en lo que acaba de pasar ahora.aquí no era contra un grupo humano, contra una etnia, era contra personas a quienes se les acusó y me parecía que habían pruebas que los implicaban en un asesinato cruel, tremendo y doloroso. He visto tantas víctimas en distintos lugares en nuestra región (…) pensar que pasa en sus corazones hoy en día, víctimas mapuche y no mapuche (…) aquí sufrimos todos. Yo veo un poder judicial debilitado. Veo una justicia debilitada. Pa que hablar del mundo político donde claramente no hay prioridad en este tema. Tenemos una pobreza arraigada en la Región…”
Ver video UATV con intervención de Emilio taladriz (1:34,30)
https://www.facebook.com/autonomatv/videos/1624557067601840/
El caso Luschinger Mackay
Las conducciones, procedimientos y persecuciones por parte de ciertos operadores del Ministerio Público y querellantes vinculados a intereses del latifundio colonial y empresarial de la región en el denominado caso Luchsinger – Mackay, han conllevado a una serie de escenarios e interpretaciones que van más allá del caso en sí y del interés superior de obtener justicia a través de la sana razón. En la segunda ola de apertura de las investigaciones (la primera condenó al Machi Celestino Córdova a 18 años de cárcel en febrero del 2014), se abrieron acusaciones bajo la obtención de presiones indebidas, procedimientos irregulares e incluso, perfectamente situadas en formas de torturas, como ocurrió con uno de los imputados: Pelarino Huinca. A su vez, las acusaciones involucran a partes sin conexiones entre ellas, incluyendo la situación grave de la Machi Francisca Linconao, quien ya había sido perseguida en la arremetida anterior y había quedado debidamente demostrada su inocencia, hecho que se ha situado por parte de diversas organizaciones como un ensañamiento con actitudes misóginas y racistas, agregándose la abierta persecución y hostigamiento a los abogados defensores de algunos de los imputados, incluyendo cese de funciones de la defensoría pública por razones políticas, seguimientos, vigilancias, captura de imágenes, entre otras irregularidades, como ocurrió con Manuela Royo quien fue despedida de la Defensoría Penal Pública y el grave acoso de que han sido objeto los abogados Sebastián Saavedra y Karina Riquelme, esta última incluso, su situación fue parte de una campaña de Amnistía Internacional que buscaba proteger su integridad ante constantes amenazas.
Pero ¿Qué genera un escenario así? ¿La inoperancia e ineficacia de ciertos agentes del Ministerio Público para llevar debidamente investigaciones bajo correctas técnicas y principios procesales? ¿Las presiones de sectores del latifundio colonial y empresas forestales? ¿La venganza y ensañamiento que se amplía más allá del caso en particular? ¿Manipulación mediática y desviación de otros temas de fondo relacionados a conflictos territoriales con empresas forestales y ciertos grupos latifundistas?
Cabe recordar que dentro de los persecutores en este caso, se encontró el Fiscal Alberto Chiffelle, entrenado por el FBI y la DEA, cercano al ex Fiscal Regional Francisco Ljubetic conocido por sus vínculos con sectores conservadores de la Araucanía. Chiffelle y Cristian Paredes, otro Fiscal en “Luchsinger – Mackay”, a modo de ejemplo, encabezaron los casos conocidos como “Poluco Pidenco” y “Lonkos”, con extremas condenas a los imputados. Al respecto, en el año 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado chileno dejar sin efecto las sentencias de tales casos. “Fueron emitidas fundándose en una ley antiterrorista violatoria del principio de legalidad y del derecho a la presunción de inocencia. La Corte también encontró que en la fundamentación de las sentencias condenatorias se utilizaron razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios, lo cual configuró una violación del principio de igualdad y no discriminación. Adicionalmente, la Corte encontró que se produjeron violaciones al derecho de la defensa y del derecho de recurrir de esos fallos penales condenatorios. Todo ello hace que esas condenas fuesen arbitrarias e incompatibles con la Convención Americana”, señala la resolución que es vinculante al Estado chileno y que es determinado por un Tribunal Internacional, dejando en evidencia las responsabilidades de estos Fiscales, sin embargo, en vez de ser sancionados o alejados en este tipo de causas, continúan en funciones y llevando adelante operaciones políticas – judiciales en investigaciones y juicios de persecución a personas del Pueblo Mapuche.
Cabe recordar que dentro de los imputados, estaba la Machi Francisca Linconao quien ya había sido involucrada en el denominado caso Luchsinger MacKay el año 2013, siendo allanada, detenida, comprobándose inmediatamente su inocencia razón por la cual, incluso, ganó un juicio contra el estado chileno, sin embargo, bajo la insistencia de poderes fácticos de la región de la Araucanía, nuevamente la mujer fue objeto de detención e investigación este 2016 y 2017, constituyéndose así para ciertos operadores “un peligro para la sociedad” bajo criterios de la Ley antiterrorista, generando la “condena pública” con publicidad.
Es importante señalar una situación relacionada, que en septiembre del 2009 tribunales de alzada sentenciaron a favor de la Machi Linconao por tala ilegal de árboles, arbustos nativos y plantas medicinales, en contra de una empresa forestal, la Sociedad Palermo Limitada de la familia Taladriz, por infracción del artículo 5 de la Ley de Bosques y el Convenio 169 de la OIT, ya que se talaban árboles dentro del perímetro de 400 metros más próximos a tres manantiales cuyos nacimientos estaban en los cerros del sector, violando “Menokos” -humedales donde habitan fuerzas sagradas de la Naturaleza en la creencia Mapuche, y destruían variadas plantas medicinales. Se trató de la primera aplicación del Convenio 169 en Chile, que en su artículo 13 obliga al Estado a respetar tierras, territorios y reglas espirituales de los pueblos nombrados como “indígenas”, razón por la cual en el presente, se reivindica a la Machi como una defensora de la tierra, el medio ambiente y su cultura, marcando el primer precedente con estas características, por lo que se estima la actual persecución como un acto de ensañamiento y venganza.
Hoy, pareciera que ciertos agentes recaen en sesgos ideológicos, raciales, con ciertas relaciones de poder que van más allá de las funciones judiciales, en especial, algunos involucrados en casos extremadamente susceptibles que exigen ponderación y delicadeza en la función jurisdiccional.
Para quienes asumen las defensas de los derechos humanos, ha quedado en evidencia los actuares de Fiscales del Ministerio Público, particularmente los casos de los persecutores: Chiffelle, Paredes y Arroyo, como también de algunos Ministros de la Corte de Apelaciones quienes respectivamente fueron votos contrarios a los derechos de los imputados como la Machi Francisca Linconao que la mantuvieron encarcelada sin siquiera poder acceder a medidas cautelares acordes a la situación de salud que vivió y su condición de autoridad tradicional.
El empresario Emilio Taladriz, la Machi Francisca Linconao y el caso Luchsinger Mackay
El diario El Desconcierto realizó recientemente un reportaje donde señala: “Proveniente de una familia terrateniente y con negocios en distintos rubros en La Araucanía, Emilio Taladriz Gómez es uno de los principales responsables de que Francisca Linconao haya sido vinculada con la muerte de los Luchsinger Mackay. Su declaración contra la machi en 2013, donde fue procesada por la Ley Antiterrorista, es sólo un antecedente de la influencia que, como líder empresarial, Taladriz ha utilizado en la zona para combatir al pueblo mapuche”.
A continuación compartimos dicha publicación.
Emilio Taladriz, el empresario al que la machi Linconao apunta como motivo de su implicación en el caso Luchsinger Mackay
Por Antonia Orellana
Desde el 4 de enero de 2013 la machi Francisca Linconao Huircapán ha recorrido el camino entre la Cárcel de Mujeres de Temuco y su comunidad en Rahue -comuna de Padre Las Casas- varias docenas de veces. A cuatro años de su primera detención en el marco del caso Luchsinger Mackay, el entorno de la machi sigue apuntando a los vecinos inmediatos de la comunidad como los causantes de este ir y venir judicial que actualmente la tuvo en huelga de hambre por 14 días. Específicamente apuntan a la familia Taladriz, cuya figura más relevante es el ex vocero de la Multigremial de La Araucanía, Emilio.
El día miércoles, al referirse por primera vez en el año a la situación de la machi, la parlamentaria PPD Cristina Girardi comentó que el abogado de los Luchsinger también representó a Taladriz en el histórico juicio que le ganó la machi Francisca Linconao en 2009 invocando el Convenio 169 de la OIT, provocando la molestia del entorno de los Luchsinger Mackay y los abogados querellantes en la causa.
La familia Linconao Huircapán ha sostenido que Taladriz está detrás de la vinculación de la machi con el caso Luchsinger Mackay desde un principio. Ella misma lo expresó de esa forma en La Tercera: “Pienso que aquí existe persecución y que están detrás los Taladriz y todos los ricos de acá. A ellos les dolió cuando gané en la Suprema ese juicio para proteger los lawen (remedios naturales) del huincul (cerro). Yo después reclamé esa tierra en Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) y nos dieron la aplicabilidad. Hoy están todos en contra de mi persona”.
El líder de una antigua familia del granero de Chile
El 4 de octubre de 2016, cuando coincidentemente se cumplían 20 años de la Ley Indígena, Emilio Taladriz Montesinos expuso por media hora en el Encuentro Nacional del Agro. Categórico, como acostumbra, afirmó que “la Conadi es la mayor fábrica de pobreza de Chile”, que la Ley Indígena tenía incentivos perversos para la violencia y que la solución a “los hechos de violencia de connotación indígena” es el desarrollo económico. En el discurso de Taladriz no hay conflicto ideológico ni deuda histórica, sino que un problema de pobreza. Su intervención terminó con un aplauso cerrado del centenar de asistentes.
“Don Emilio”, como se lo conoce en Temuco, asumió un rol más protagónico a partir del 19 de julio de 2012, cuando desconocidos quemaron la casa de los Taladriz en el fundo Palermo dejando panfletos alusivos al conflicto mapuche. La casa familiar, ubicada en el camino que une Vilcún con Padre Las Casas, tenía más de 90 años y servía como espacio de reunión para las numerosas ramas de los Taladriz.
El primer Taladriz en Chile fue español y llegó al norte del país. A inicios del siglo XX se trasladó a la región de La Araucanía. Hoy son varias las ramas de la familia: los Taladriz Topp, Taladriz Bornand, Taladriz Bengoa y Taladriz Gómez son las principales. A ésta última pertenece el cabeza de familia, Emilio padre.
En una zona donde el origen europeo es al mismo tiempo barrera y signo de estatus, es frecuente ver a algún Taladriz en el Club Español de Temuco. Verónica Taladriz, hermana de Emilio, ha representado al club en campeonatos de golf y dos de sus tíos Taladriz, Hernán y Óscar, son socios y dirigentes de la Feria Ganadera en la ciudad.
Arquitecto de la Universidad de Chile, Emilio Taladriz Montesinos no se dedicó a la agricultura como sus tíos, como su hermano Alejandro -dueño del fundo “Palermo Chico” y vecino de los Luchsinger Mackay- o como su primo Juan Carlos, con fundos en Temuco, Freire y Pitrufquén. Los rubros de los Taladriz son tan variados como las ramas de la familia e incluyen desarrollo inmobiliario en el área urbana de Temuco -donde Hernán Taladriz levantó el primer mall de la ciudad junto a Jürgen Paulmann en los ‘90-, semillas, ganadería, bienes raíces y más.
Emilio Taladriz, en tanto, posee varias sociedades. Están las que comparte con los hermanos y primos como Sociedad Palermo Limitada o Transportes Codinhue, pero también una sociedad de asesorías técnicas con su nombre. En conjunto con su esposa, Resi Gittermann, y las dos hijas del matrimonio, poseen Inmobiliaria Río Sil, fundada en 2010 con un capital inicial de 220 millones de pesos.
Pese a sus fuertes críticas a las políticas indígenas, Emilio Taladriz Montesinos se ha implicado con ellos comercialmente. Es el representante legal de Desarrollo UFRO S.A., una empresa que, según su descripción web, fue creada por la Universidad de La Frontera -estatal- para incursionar en el negocio inmobiliario de Temuco. Según consta en los registros del Diario Oficial, en 2013 formaron junto con la Fundación de Desarrollo Tecnológico La Araucanía la sociedad FudeaUfro Capacita Limitada, que luego se certificó con código SENCE.
Según datos de Mercado Público, sólo en 2016 se ha adjudicado 60 millones de pesos en capacitaciones a distintas entidades públicas como la Municipalidad de Collipulli, la Conadi o el INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario), en temas como enseñanza del mapudungún, capacitaciones en torno al Convenio 169 de la OIT e incluso apoyo a uno de los blancos preferidos de la vocería de Emilio Taladriz en la Multigremial: la implementación de las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) y sus millonarias inversiones.
La fuerza gremial de los empresarios de La Araucanía
Si bien Emilio Taladriz ya participaba en actividades gremiales de la Cámara Chilena de la Construcción en la década anterior, en 2010 dio el salto a la presidencia regional. Su gestión en la industria de la construcción de Temuco estuvo orientada sobre todo a defender la construcción en altura y criticar el nuevo plano regulador de la ciudad, que ya por esos años empezó a topar con lo calificado como territorio mapuche.
Paralelamente, en 2008 se fundó la Multigremial de La Araucanía como organización de los rubros productivos de la región: madereros, industriales, agricultores, salmoneros, hoteleros y, por supuesto, la Cámara Chilena de la Construcción. En ese tiempo, Taladriz declaró que al gremio le preocupaba “el tono de violencia del conflicto indígena; sostenemos que los problemas no se arreglan con pasamontañas, apoyaremos iniciativas constructivas en la solución del conflicto para que nuestra región retome el dinamismo que la caracterizó. La riqueza y potencial de La Araucanía están latentes; debemos trabajar para sacarla de los últimos lugares y debernos hacerlo en nuestra generación”.
En 2008 la machi Francisca Linconao Huircapán presentó el ahora famoso recurso de protección contra los Taladriz por el uso que hacían de las fuentes de agua en su fundo Palermo Chico. Un año después, la Corte de Apelaciones le dio la razón invocando el Convenio 169 OIT por primera vez en la historia de Chile, lo que agitó las aguas en el empresariado. Al día siguiente del fallo, la CPC convocó a una reunión, donde el entonces asesor de la Sociedad Nacional de Agricultura y hoy ministro de Justicia, Jaime Campos, explicó los alcances de la medida a un auditorio liderado por Rafael Guilisasti.
Para la comunidad mapuche Pablo Linconao II ese fue un año de triunfo judicial, pero hoy cercanos a la machi, como su hija Carmen, consideran que al mismo tiempo la puso en la mira.
Mientras tanto, la carrera de Emilio Taladriz siguió ascendiendo. Su posicionamiento público y redes creadas en la Cámara Chilena de la Construcción le valieron el apoyo inmediato del mundo empresarial cuando la casa familiar de los Taladriz fue incendiada en 2012. Al día siguiente los máximos líderes de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) viajaron hasta Temuco para apoyarlo. Lo mismo hizo el entonces ministro del Interior del gobierno de Piñera, Rodrigo Hinzpeter.
En esos años se empezó a repetir la tríada de nombres que suelen asumir la vocería de los grupos de parceleros, empresarios y descendientes de colonos en la Araucanía: Emilio Taladriz, José Villagrán de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur) y Alejo Praiz de la Agrupación de Víctimas de la Violencia Rural. Esta vocería lo llevó a ser parte de la Comisión Asesora del gobierno para la Araucanía, donde tiene a cargo la comisión legislativa y dirige sus dardos contra la Ley Indígena.
Para el historiador Fernando Pairicán, buena parte de la reacción de los agricultores se explica por el trauma que hasta el día de hoy tienen las familias terratenientes con el proceso de reforma agraria. “Es desde ahí que analizan cualquier conflicto asociado a la tierra con un discurso de la Guerra Fría. En sus discursos siempre plantean la injerencia externa al mundo indígena, ya sea a partir de chilenos de izquierda o extranjeros de la ETA y las FARC, una conspiración muy de los ‘70”, explica.
Los Taladriz no son una excepción: de acuerdo al libro “La reforma agraria y las tierras mapuche” de Martín Correa, Nancy Yañez y Raúl Molina (LOM, 2005) la familia fue expropiada en varias zonas, participó de “retomas” y junto a los Podlech llamaban a la defensa armada de sus predios ante grupos como el Movimiento de Campesinos Revolucionarios en la zona de Lautaro. Al padre del dirigente gremial, Emilio Taladriz Gómez, se le expropiaron 939 hectáreas del fundo Palermo en 1971, los que recuperaron luego en dictadura.
A diferencia de los grandes conglomerados forestales, el sector agrícola no abrazó con todo el sistema neoliberal. Durante toda la década de los ‘90 se opusieron a los Tratados de Libre Comercio firmados por la Concertación, acostumbrados a los subsidios del Estado.
Fernando Pairicán explica este punto: “Dentro del mundo empresarial, (los del sector agrícola) fueron por mucho tiempo los hermanos chicos y llorones. Ahí estaba la Sociedad Nacional Agricultura: siempre lamentándose, siempre todo mal, llovió menos, llovió mal. El conflicto mapuche les sirvió para tener voz y liderazgo dentro del mundo empresarial y así llegaron a presidir la CPC a partir de Ricardo Ariztía el año 2000, precisamente después de que se empezó a agudizar el conflicto. Ariztía modernizó el discurso de los agricultores, pero también los lideró hacia el antimapuchismo”.
El nexo Taladriz-Luchsinger
Un día después de que Werner Luchsinger y Vivian Mackay murieran en un incendio intencional en su casa durante la tarde del 4 de enero de 2013, la Sección de Inteligencia Policial de Carabineros de Chile (Sipolcar) Cautín llegó hasta la Comunidad Pedro Linconao II, en Padre Las Casas.
Cerca de las seis de la tarde ocurrió la primera detención de la machi Francisca Linconao Huircapán en el marco del llamado caso Luchsinger. Su detención causó la sorpresa de Jorge Luchsinger Mackay, quien reconoció públicamente que la machi era conocida de la familia y que su hermana había trabajado en el atacado fundo Lumahue.
El machi Celestino Córdova fue detenido esa misma noche a un kilómetro de la casa patronal. El juicio de Córdova, el primer imputado en la causa de los Luchsinger Mackay, inició en octubre de 2013. Allí declaró Emilio Taladriz en calidad de vecino del fundo Lumahue, buscando apoyar el procesamiento con Ley Antiterrorista con un testimonio donde acreditó el miedo que le causó el atentado. También testificaron dos de los carabineros que resguardan su fundo.
Sin embargo, un episodio que no se ha vuelto a reflotar es el de la detención de uno de sus cuidadores privados en el marco de las primeras pesquisas por la muerte de los Luchsinger Mackay. El 10 de enero de 2013, helicópteros sobrevolaron Padre Las Casas y resultó detenido Carlos Huairao Carril, luego de que encontraran una escopeta, un revólver y cartuchos de municiones en su casa personal. Ninguna de las armas estaba registrada.
Huairao Carril declaró que había usado las armas mientras se desempeñaba como nochero de Emilio Taladriz. Su explicación fue aceptada por la justicia, por lo que no fue vinculado a la causa.
Otro episodio reciente vinculado a armas ocurrió el 15 de abril de 2015, cuando se armó una monumental pelea en el fundo Mansur, propiedad del Banco de Chile y administrado por SG 2000, propiedad, entre otros, de Marco Taladriz.
A primera hora de la mañana, las comunidades mapuche Antonio Canio y Millablanca llegaron a plantar un rehue como símbolo de que las tierras serían compradas por la Conadi. Marco Taladriz dio la voz de alerta, a lo que llegaron los principales dirigentes de los agricultores junto con otros 30 cercanos. Entre ellos estaban Jorge Andrés Luchsinger, Emilio Taladriz y Gastón Caminondo. La pelea, a poco de haberse lanzado el eslogan de los propietarios “Paz en La Araucanía”, causó polémica por las fotos que mostraron el uso de armas por parte de los agricultores.
En lo concreto, no existe ninguna prueba pública que justifique el reclamo del entorno de la machi Francisca respecto a su procesamiento como venganza empresarial por haber iniciado el proceso de judicialización a través del Convenio OIT. El abogado de Emilio Taladriz y los Luchsinger, Carlos Tenorio, se negó a hablar para este reportaje.
Tampoco existe ningún antecedente concreto que sitúe a la machi Francisca Linconao en el lugar de los hechos ese enero de 2013. Según ha acusado su defensor público y las organizaciones feministas y mapuche que la apoyan, la Fiscalía sólo cuenta con el polémico testimonio de José Peralino, quien ha insistido una y otra vez en que fue presionado indebidamente por la PDI para implicar a los once imputados. Todo se verá cuando inicie, por fin, el juicio oral, que la Fiscalía ha dilatado con sucesivas solicitudes de ampliación del plazo de investigación. Desde la defensa esperan que, una vez más, la machi triunfe en tribunales.
