Por unanimidad fue aprobada la prórroga de la Ley 26.160, que será tratada el 4 de octubre en diputados. De ser ratificada habrá cuatro años de plazo para finalizar el relevamiento territorial indígena y se mantendrá la prohibición de desalojos en tierras en disputa. La plaza del Congreso se llenó de organizaciones políticas y sociales que acompañaron el reclamo indígena.
Por: Felipe Gutiérrez / Fotos: Sí a la Prórroga
Una jornada histórica. Aunque este calificativo suele utilizarse en las movilizaciones indígenas, la concentración de hoy en el Congreso Nacional -la más importante desde la marcha del bicentenario- quedará marcada en los calendarios de los pueblos originarios en Argentina.
Desde temprano fueron llegando distintas delegaciones de comunidades al acampe indígena ubicado en la plaza del Congreso. A partir de las 10 de la mañana comenzaron a hacerlo distintas organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, sindicales, piqueteras, entre otras, que fueron copando la plaza hacia el mediodía, aunque el tema se comenzó a tratar en el Senado recién hacia las 17:00.
Desde el inicio de la sesión, los distintos bloques fueron explicitando su intención de aprobar la prórroga por cuatro años. El senador Fernando Pino Solanas, sostuvo que la ley es un impertivo; «son 23 años de postergaciones, porque cuando se llega a un acuerdo para introducir en la Constitución Nacional la batería de derechos indígenas, se hizo en nombre de una reparación histórica. ¿Reparar qué? Reparar una historia de injusticias, de despojos».
Durante el debate se fueron sumando las voces de distintos senadores y senadoras que demostraron por qué esta Cámara es uno de los enclaves más conservadores del país. El premio, otra vez, se lo llevó el jefe de la bancada peronista, el senador por Río Negro Miguel Picheto. Refiriéndose a la acción de algunas comunidades mapuche señaló que «en mi provincia hay un grupo identificado con violencia extrema, y con no reconocimiento al territorio nacional ni a la nacionalidad y tampoco a la ley ni a a la Justicia argentina. Entonces yo quiero decir acá, y esto lo digo de manera personal, no expresando al bloque: para mi no hay tierra sagrada en la Argentina. No puede haber ningún espacio de tierra en territorio argentino, que no este bajo la jurisdicción de las autoridades, de la Justicia y de las fuerzas de seguridad argentina, si es que tienen que ingresar con orden judicial. Quiero clarificarlo este tema porque hace a una mirada de soberanía», señaló obviando el reconocimiento internacional y nacional a la autodeterminación de los pueblos.
Finalmente, y más allá de los debates, fue aprobada por unanimidad la prórroga de la ley por cuatro años. Con esta media sanción, la prórroga será efectiva si es ratificada en la Cámara de Diputados, que en principio la trataría el 4 de octubre. Aunque existe un acuerdo entre las bancadas, una posible reacción mediática y empresarial en contra, podría abrir el espacio para un retroceso.
La 26.160 y el camino que sigue
Promulgada en 2006, la ley 26.160 establece la emergencia territorial indígena. Prohíbe los desalojos de comunidades en reivindicación territorial y determina que debe hacerse un relevamiento técnico-jurídico-catastral en las tierras ocupadas por las comunidades. Tuvo un plazo inicial de tres años y fue prorrogada sucesivamente durante el kirchnerismo. El evidente conflicto que generaba el relevamiento con los poderes provinciales, muchas veces aliados al gobierno nacional de entonces, hizo que su aplicación fuera marginal. A once años de su promulgación, dos tercios de las comunidades aún no han sido relevadas. Si a esto sumamos las comunidades que no se encuentran registradas en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el número final de relevamientos es ínfimo a nivel nacional.
Con el nuevo gobierno y la ofensiva mediática, policial y judicial que atraviesan los pueblos indígenas en la actualidad, la posibilidad del fin de esta ley -insuficiente, pero importante- se transformó en una realidad. En la sesión del 7 de octubre solo once senadores estuvieron a favor de discutir la prórroga a la ley, encendiendo todas las alarmas. Si la ley no era prorrogada antes de finales de noviembre, los desalojos -que ya son una práctica corriente en todo el país- podían multiplicarse.
¿Qué pasó entre el 7 de octubre y hoy, que de 11 senadores a favor de la ley, pasaron a ser 63? Las organizaciones indígenas y sus diversos aliados, comenzaron a realizar diversas acciones, negociaciones y particularmente la masiva movilización que hoy se concentró en el Congreso y que demostró que los pueblos indígenas no están solos. Esa demostración de fuerzas fue una señal para todos los sectores políticos.
Analizando la jornada, el Werken de la Confederación Mapuche de Neuquén, Lefxaru Nawel sostiene que «nosotros estamos conformes con la aprobación en el Senado, pero es solo un paso. Hasta que no se apruebe en diputados creemos que hay que seguir movilizados, sobre todo ante el marco de represión en todo el país. Sabemos que esto ha sido un logro no solo de la lucha reciente, sino de décadas de los pueblos originarios defendiendo sus derechos, pero sobre todo defendiendo sus territorios».
Pino Solanas coincidió en la mirada crítica; «no basta la prórroga, porque no fija límites, no fija el requisito perentorio de fecha, ni el presupuesto para hacer el relevamiento catastral. Y lo que ha habido es un pedaleo constante del tema central: dar la titularidad a quienes tradicionalmente vienen ocupando esas tierras, que son los pueblos originarios». «Lo que falta es la voluntad de desprenderse de lo que para algunos es una oportunidad de negocios. Esas tierras no nos pertenecen, hay que entregarlas», agregó durante el debate en el Senado.
Efectivamente la titularización de las tierras es el próximo objetivo que se fijan las organizaciones indígenas. El relevamiento debe ser acompañado por una ley que regule la propiedad comunitaria de las tierras. Quizás este debate en el Congreso pueda estimular esas iniciativas, aunque la nula política indígena del gobierno macrista -que hasta hoy solo había sido tratar de coptar el mayor número de dirigentes- no invita precisamente al optimismo.
Queda, sin embargo, como aprendizaje político la importancia de la unidad de diversos sectores indígenas que, más allá de sus diferencias, lograron hoy hacer una acción unitaria en el Congreso y una presión contundente durante las semanas previas. «La realidad es dificilísima para todos, entonces hay que unirse, encontrar objetivos y criterios comunes», sostiene Lefxaru Nawel. «Mantenemos nuestra preocupación porque estamos en un territorio que sigue militarizado por la Gendarmería, pero nos alegramos por esta unidad que pudimos tener hoy, en el marco del respeto a las diferencias que tenemos entre los pueblos».
