Conversaciones por mensajería telefónica fueron la única prueba que presentó la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva de los 8 detenidos en el marco de la «Operación Huracán». Según el Ministerio Público el grupo estaba concertado en una «asociación ilícita terrorista» liderada por Hector Llaitul que tenía como objetivo la quema «de al menos cien camiones de transporte» durante 2017. Jorge Huenchullán de la Comunidad Autónoma de Temucuicui calificó la operación como «uno de los montajes más absurdos y burdos que ha hecho la policia». Los detenidos serán trasladados a distintas cárceles, en un intento por desmovilizar la solidaridad.
Por: Felipe Gutiérrez / Mapuexpress
En la jornada en que se cumplen 110 días de huelga de hambre de los cuatro peñi del «Caso Iglesias», hoy pasaron a control los ocho detenidos en el marco de la «Operación Huracán». Estos son: Hector Llaitul y su hijo Ernesto, detenidos en Concepción; Jaime y Rodrigo Huenchullán, de la Comunidad Autónoma de Temucuicui; Martín Curiche, apresado en el campamento de apoyo a los presos en huelga de hambre; el Machi Fidel Tranamil; y David Cid Aedo, detenido en Los Angeles.
El Fiscal Felipe González justificó las detenciones ya que según informes de la «inteligencia» policial este grupo se había asociado para realizar distintos atentados, liderados por Hector Llaitul quien «ordenaba e instruía efectuar ataques», lo que conformaría una asociación ilícita terrorista. La acusación parte de la interceptación de mensajes de Whatsapp, servicio a través del cual, según el Ministerio Público, se repartían «ordenes y felicitaciones» para la realización de los atentados.
Además de la asociación ilícita, la Fiscalía acusó al Machi Fidel Tranamil y Martín Curiche de ser partícipes de «incendio terrorista» en tres atentados: a la empresa Cavallieri en Pillanlelbun, a la transportista Calafquén en Metrenco y a la empresa Llico, subcontratista de Forestal Mininco en el Fundo La Envidia.
La defensa señaló que las detenciones no se ajustaban a derecho, debido a que las únicas pruebas son estos mensajes intervenidos por la inteligencia de Carabineros, los cuales no sirven como elemento judicial. Sin embargo la Jueza determinó un plazo de investigación de 4 meses y la prisión preventiva de todos los detenidos.
El abogado Nicolás Toro, defensor de Jaime y Rodrigo Huenchullan, señaló al terminar la audiencia que «las imputaciones son bajas, burdas, todo lo que trasciende no tiene antecedentes mínimamente contundentes que puedan sustentar las acusaciones y dictar una prisión preventiva. Creemos que esto es un montaje de inteligencia de la ANI [Agencia Nacional de Inteligencia], en complicidad con Carabineros. La ANI recopila información pero no la puede llevar a un caso penal». Para el dirigente de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullan los detenidos, «son completamente inocentes de los cargos que se le imputan. Toda esta detención obedece a la presión política que han hecho los gremios camioneros, forestales y agrícolas. A eso esta respondiendo la policía. Estamos enfrente de uno de los montajes más absurdos y burdos que ha hecho la policía», según señaló en Radio Bío Bío.
La brutalidad de las detenciones, la intención de configurar una asociación ilícita terrorista a través de Whatsapp y el traslado de algunos de los presos a la cárcel de Valdivia, configuran una clara intención de criminalización al movimiento mapuche, la dispersión de la solidaridad, y la distracción de otros casos de alto impacto, como la huelga de hambre. El trabajo de «inteligencia» policial nuevamente demuestra ser una simple excusa para justificar la represión en territorio mapuche. El cóctel lo sirven ellos mismos: sospechosos atentados incendiarios de alto impacto público -fogoneados por la prensa y la derecha- posibilitan la detención de dirigentes cuyo paradero es público y su acción política se da en el marco incluso de la legalidad winka. El caso más evidente es la detención de Martín Curiche en el campamento de apoyo a los presos en huelga de hambre, en frente de la Cárcel de Temuco. Por su parte los gremios de camioneros presionan a través de el diario Austral, su vocero oficial, para la aplicación de la ley antiterrorista. Se transparenta, así, como el gobierno de Michelle Bachelet capituló ante la presión empresarial-policial luego de haber llegado al gobierno con promesas de perdón, de un Ministerio de Asuntos Indígenas, y «nuevas hojas de ruta». Que se vaya a la ONU.
