Historia del caso “Iglesias” que involucra en el presente a cuatro comuneros mapuche que están en huelga de hambre desde el 7 de junio del 2017 a más de un año y tres meses en prisión preventiva por decisión de un fiscal, en medio de serias críticas por el uso y abuso de la Ley antiterrorista donde se han implementado diversas aberraciones penales.
El Colegio Médico de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y diversas organizaciones en el País han hecho un llamado a dar atención y solución a la situación crítica y grave que enfrentan los presos mapuche, en medio de diversas manifestaciones y protestas que exigen al gobierno asumir acciones y responsabilidades, tal cual ha sucedido en periodos anteriores.
Ante evasivas y dilataciones, se ha establecido un plazo al Ministerio del Interior para la obtención de una respuesta por la situación de los huelguistas, que sería el día miércoles 20 de septiembre, en medio de gestiones humanitarias desesperadas que buscan resolver esta crítica situación.
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Fue el ex intendente de la Araucanía, Andrés Joauannet, quien interpuso el viernes 10 de junio del 2016 una querella por el delito de incendio terrorista contra quienes resulten responsables del ataque ocurrido la noche anterior a una iglesia evangélica en Padre Las Casas, sector Niágara, donde un grupo de encapuchados habría obligado a un grupo que participaba de un culto a salir del templo para luego incendiarla.
Medios informativos señalaban que Carabineros había detenido a cuatro sospechosos, se trataba del lonko Alfredo Tralcal Coche, 45 años y los hermanos: Ariel Alexis Trangol Galindo, 29 años; Benito Rubén Trangol Galindo, 33 años; y Pablo Iván Trangol Galindo, 22 años.
Los imputados desde el 7 de junio del 2017 han iniciado una huelga de hambre, la que busca que las autoridades del Estado chileno garanticen sus derechos, considerando que ya llevan más de un año y tres meses en prisión preventiva, en condiciones que se han señalado como irregulares, abusivas y desproporcionadas, sin pruebas, donde se está aplicando la Ley antiterrorista en su contra y la utilización de testigos secretos.
A través de un comunicado público han señalado: “Nuestra detención se efectúa a más de 10 kilómetros del lugar de los hechos, bajo el pretexto de un control de identidad, y los únicos elementos que nos encuentran son herramientas propias del trabajo de la tierra. Entendemos que este ensañamiento se debe a nuestra apoyo a los procesos de reivindicación en los lof wenteche del gülumapu, para lo cual se nos invoca la Ley Nº 18.314 (Ley Antiterrorista)”.
Los pesos mapuche solicitan: – El inicio de un juicio justo; – La No a la aplicación de la ley 18.314 (denominada Ley Antiterrorista); – La No a la utilización de testigos sin rostros; – Y la Revocación de la medida cautelar de prisión preventiva.
Cabe señalar que la prisión de los Trangol y del lonko Tralcal catalizó la muerte del padre de los hermanos Trangol. Así lo relató su viuda, Marta Galindo: “Incluso, por estar presos mis hijos, falleció mi marido, porque cuando supo de los problemas, se alteró, empezó a tener mucha pena, puro llanto todos los días y falleció”. Sus hijos no pudieron despedirlo por estar en prisión preventiva en la cárcel de Temuco.
El Fiscal que ha estado a cargo de las indagaciones es Luis Torres, quien ha inicios de febrero de este año anunciaba que está preparando el cierre de la investigación y la acusación por el delito de «incendio terrorista» en contra de cuatro imputados, asegurando a medios que «hasta ahora, este es un delito de incendio terrorista, claramente«. Agregando: “Si se logra establecer una condena por delito terrorista (…) y se logra acreditar que este incendio tenía como objeto infundir miedo en esta población, el tribunal puede subir la sanción hasta en tres grados, y eso, perfectamente, puede significar presidio perpetuo«.
A pesar de los anuncios del Fiscal del cierre de la investigación, a más de siete meses y ya pasando las fiestas patrias dieciocheras de este septiembre de 2017 aún no se inicia el juicio y tanto familiares y redes de apoyo han solicitado al gobierno de Chile atender la situación de los presos, recurriendo a la intendencia regional y hasta el Ministerio del Interior y de Justicia, sin embargo se han mantenido evasivas y dilataciones en la respuesta, razón por lo cual se ha dado 72 horas como ultimátum, plazo que vence este miércoles 20 de septiembre, oportunidad donde diversos medios realizarán un cadenazo radial a partir de las 10 de la mañana para dar cuenta de los entretelones a través de la señal por internet en conexión con varias radios y sitios digitales a nivel nacional e internacional.
Diversas manifestaciones se han efectuado. El 15 de septiembre un grupo de más de veinte personas se tomó las dependencias de Conadi en Santiago, junto a otros tanto manifestándose en las inmediaciones, realizándose un violento desalojo en horas de la noche del día 16 por parte de fuerzas especiales de carabineros, con la detención de los ocupantes quienes fueron liberados cerca de las 4 de la madrugada.
En diversas localidades del País se han efectuado movilizaciones. En Temuco se instaló un acampe de acompañamiento en la plazoleta Balmaceda frente a la cárcel que ha estado con presencia de familiares y de organizaciones las 24 horas del día. En Curarrehue, zona cordillerana de la Araucanía se efectuó este 18 de septiembre un corte de ruta internacional con el propósito de llamar la atención por la situación humanitaria de los presos Mapuche. Por su parte, en el TE DEUM de la catedral de Santiago, también este 18 de septiembre, se realizaron diversas protestas mapuche.
Una Misión del Colegio Médico de Chile que ha visitado a los comuneros, ha señalado que la situación de los 4 presos mapuche es grave y que además de la baja de peso, indicaron que los huelguistas se exponen a secuelas permanentes en diversas funciones vitales, tales como son: neurológicas, función hepática, cardiaca, digestiva y renal, adelantando que de prolongarse esta huelga de hambre se exponen a un severo deterioro de su condición de salud. La misma preocupación es la que han señalado a través de un informe de médicos particulares que los evaluó en recinto de enfermería del penal, mediante entrevista y examen físico realizado.
Este 18 de septiembre, a 104 días sin ingerir alimentos, el sacerdote jesuita Felipe Berríos junto a representaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Colegio Médico de Chile, visitaron a los huelguistas en la cárcel de Temuco y se anunciaron nuevas gestiones y mediaciones para intentar resolver esta crítica situación.
El uso y abuso de la Ley anti terrorista
Michelle Bachelet como candidata presidencial en abril del 2013 señalaba a la prensa que en ningún caso aplicaría la Ley Antiterrorista, como lo hizo en su anterior mandato en el marco del llamado conflicto mapuche: “En ningún caso. Eso fue un error. Bajo mi Gobierno se presentó un proyecto de modificación de la Ley Antiterrorista que no prosperó en el parlamento», dijo la actual presidenta.
La ley señala que constituirán delitos terroristas “cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delito de la misma especie”.
Le ley antiterrorista fue promulgada en 1984, como respuesta de la dictadura de Pinochet a la ola de protestas en contra de su régimen y por la existencia de grupos que promovían la lucha armada en el país.
La Ley antiterrorista se ha venido aplicando continuamente en múltiples casos y de diversa índole a partir del año 2002 luego de la muerte de Alex Lemún y el inicio del Plan de operación paciencia, existiendo varios casos de dudosa procedencia en medio de campañas comunicacionales que buscan una mayor criminalización a causas y reivindicaciones mapuche, incluso algunas denominadas como “bandera falsa”.
Cabe mencionar que uno de los actores que ha generado buena parte los conflictos en el denominado “caso incendios iglesias”, según publicación de ElDesconcierto.cl, es el Obispo de Villarrica Francisco Javier Stegmeier Schimidlin, Opus Dei, quien vendría promoviendo un clima de odiosidad e intolerancia hacia comunidades, responsable del desalojo de una comunidad mapuche, a pesar de un acuerdo previo de ocupación de un ex seminario que se había instalado al interior de las tierras mapuche reconocidas por Título de Merced. Como punto aparte, un hermano del Obispo, José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura del Bío Bío, fue financista de Colonia Dignidad.
Por otro lado, reiteradas denuncias se han efectuado sobre la forma de persecución y de atribución de responsabilidades penales por parte de fiscales hacia miembros de comunidades Mapuche, aún sin mérito judicial, especialmente a quienes desarrollan demandas históricas de restitución territorial situadas como ‘conflictivas’, a fin de mantener a dirigentes y comuneros Mapuche encarcelados por largos períodos en una ‘prisión preventiva’ extendida, ocurriendo en numerosas ocasiones que luego de cumplir más de un año en prisión preventiva, son declarados inocentes, sin que nadie asuma las responsabilidades por estas abominaciones.
El ex Fiscal Ricardo Traipe, destituido de su cargo luego de negarse a presiones indebidas, razón por la cual denunció al ex Fiscal subrogante Alberto Chiffelle, indicando que éste le habría solicitado -en al menos dos oportunidades- aplicar medidas cautelares de prisión preventiva en contra de comuneros que no contaban con requisitos claros para ser vinculados a cualquier delito: “Se desarrollaron también acciones de hostigamiento para intensificar, injustificadamente, la persecución penal a sujetos ligados a la etnia mapuche y yo soy originario de esa etnia. En lo personal, no tenía favoritismo por las causas o por las personas imputadas mapuches. Creo que en el rol de fiscal a uno le corresponde ejercerlo y sin perjuicio del pensamiento que pueda tener sobre el contexto del conflicto mapuche. En mi función siempre traté de ser objetivo. Y eso, deduzco yo, que fue el motivo por el cual me desvincularon”, indicaba el ex Fiscal.
El actual Fiscal Regional es Cristian Paredes Valenzuela, quien asumió el cargo a contar del 4 de agosto de 2013, por un periodo de ocho años en reemplazo de Francisco Ljubetic Romero, su designación no estuvo exenta de cuestionamientos, en particular por su actuación en el ya mencionado juicio incendio del fundo Poluco Pidenco de la empresa Forestal Mininco (2004), donde se obtuvo la primera condena por delito terrorista, razón por la que fue condenado el estado chileno por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 29 de mayo del 2014, estableciendo que se habían violado garantías fundamentales debido a la aplicación de la Ley N°18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad (conocida como Ley Antiterrorista), en procesos judiciales relacionados con reivindicaciones de tierras ancestrales.
El Relator Especial de Derechos Humanos y Contraterrorismo de la ONU, Ben Emmerson, señaló en julio del 2013 que el Estado chileno discrimina repetidamente a los mapuches al aplicarles la legislación antiterrorista «de una manera confusa y arbitraria que termina generando una verdadera injusticia».
Una de las recomendaciones del Relator fue que se dé fin al uso de la Ley Antiterrorismo en casos que involucren disputas de tierras mapuches y que, sobre todo, se revisen las condenas de aquellos ya sentenciados por testimonios anónimos. Asimismo, que se establezca un nuevo organismo que investigue las denuncias de excesivo uso de la fuerza policial contra miembros de la comunidad mapuche. Según Emmerson, el actual ente encargado de esto «ha fallado en su tarea de garantizar el cumplimiento de la ley» para atender estas denuncias.
La situación mapuche en Chile sigue siendo compleja y la controvertida Ley antiterrorista se sigue aplicando para casos de incendios como el de iglesias y camiones, cuyos hechos se aprovechan políticamente por parte de grupos económicos y la única manera de enfrentar los abusos implementados por Fiscales, han sido las huelgas de hambre, tal cual ocurre en estos momentos con los cuatro comuneros por el caso “Iglesias”.
En periodos anteriores, demandas instaladas en agendas públicas por huelgas de hambre han logrado actos mínimos de justicia en diferentes periodos, incluso el gobierno de Sebastián Piñera retiró en octubre del 2010 la invocación de la ley antiterrorista de «todas» las querellas que mantenía contra comuneros mapuche para someterlas solo a la legislación común, luego de más de 80 días de huelga y que involucraba a 38 presos mapuche de diversas comunidades. Hoy, cuatro presos mapuche: Lonko Alfredo Tralcal Coche; y los hermanos: Ariel Alexis Trangol Galindo, Benito Rubén Trangol Galindo, y Pablo Iván Trangol Galindo, encarcelados en el centro penitenciario de Temuco, esperan los oficios del Ministro del Interior Mario Fernández para resolver este complicado y crítico momento donde nuevamente la vida está en riesgo y cuyo plazo vence este miércoles 20 de septiembre del 2017.
Alfredo Seguel / Mapuexpress
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