El autor del libro «Capitalismo a la chilena» repasa en esta entrevista los pasos que se deberían seguir para no negociar la soberanía política del territorio al momento de hacer tratados de libre comercio. “Las actuales negociaciones de los TLC buscan que los gobiernos tengan las manos atadas”, señala.
Por Alejandra Petrasic – Fuente: eldesconcierto.cl
Chile ha firmado 21 tratados de libre comercio con más de 60 países del mundo, lo que hace que hoy exista un marco legal que rigen la normativa que tiene el país para hacer comercio internacional. El economista del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Andrés Solimano -actual presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, que trabaja temas de desigualdad económica, globalización, desarrollo, pensiones y economía internacional- explica cómo afectan los tratados de libre comercio a Chile y los pasos que se deberían seguir para no negociar la soberanía política del territorio a través de estos acuerdos económicos.
-¿Qué deberíamos entender por TLC?
-Hay diferentes formas de apertura económica. Multilateral o unilateral implica que yo voy a bajar mis aranceles a las importaciones independiente de que los otros países bajen los aranceles a mis exportaciones. Ese modelo se ocupó en Chile a mediados de los ’70. O sea, yo bajo mi arancel independiente de lo que haga el otro país con sus aranceles para mis exportaciones. Con ese modelo se piensa simplemente en que vas a exportar más, que ahí habrá ganancias, entonces no necesito que los otros países necesariamente le bajen el arancel a mis productos. Y el bilateral es similar a los acuerdos de libre comercio. Por ejemplo, Chile tiene un acuerdo con Estados Unidos, entonces ellos le bajan los aranceles a los productos chilenos y Chile le baja a los de ellos. En ese caso, se hace un acuerdo tipo legal, que tiene que ser ratificado por el parlamento. Es una negociación. Y también hay acuerdos de áreas económicas, como la Unión Europea o el Mercosur, donde un grupo de países establecen reglas de comercio al interior de ese grupo, y le pone condiciones distintas a los países que no están dentro.
-¿Cómo cree que se aborda el tema económico y de los TLC en la opinión pública chilena?
-En general es un tema que ha dominado mucho la política y las grandes esferas. Afecta a toda la gente -temas de empleo, remuneraciones, deuda de la gente-, directamente el bolsillo de las personas, por lo tanto, en teoría, despierta interés. El problema es que se ha desarrollado un lenguaje técnico, de economistas y de los que toman decisiones de política económica, y eso a veces es especialmente complejo a propósito, para dejarlo como un tema de las elites y no de la mayoría de la población. Reconozco el trabajo que hacen desde Chile Mejor sin TLC, donde participan varias organizaciones que tratar de aterrizar estos temas económicos tildados como lejanos.
-¿Y es un tendencia mundial poner la economía en ese plano?
-Hay una tendencia mundial de cómo entender la economía: que la apertura de mercados resuelve todos los problemas económicos, que la oferta y la demanda marcan las decisiones que se toman en términos económicos, que el Estado debe salirse y evitar la intervención económica en general, que los problemas de distribución de riquezas no cuentan mucho, que el libre comercio es lo mejor que le puede pasar a los países. Esa agenda es global, pero en Chile ha calado mucho porque fuimos uno de los primeros países que experimentó reformas neoliberales en los ’70 y ’80 y mantuvo ese modelo después. Chile es un caso bastante paradigmático de dominancia de un solo enfoque en economía, y eso afecta la política pública y ha afectado a gobiernos de derecha, centro derecha, centro izquierda, etc. Ellos mismos, los ministros de los gobiernos de la transición, han sido bastante neoliberales y han mantenido el modelo económico y los términos de la discusión restringida.
Los TLC tienen dominancia frente a las leyes internas
-¿Cómo afecta un TLC en una sociedad?
-Los TLC negocian comercio e inversión extranjera, que es lo controversial hoy. Comercio es comercio de bienes o servicios, y la inversión extranjera es una empresa extranjera que viene a trabajar, por ejemplo en el cobre o en la banca. Muchas veces los acuerdos tienen reglas de inversión que pueden ser desfavorables para los países, como por ejemplo ausencia de protección al medioambiente o ausencia de respeto a los derechos laborales. Si el Estado tiene leyes de protección al medioambiente, y este tema no se negoció en el tratado, entonces ahí la empresa tiene que respetar la ley del país. Pero también hay que considerar que no todo es lo legal. Las leyes pueden ser muy buenas, pero las empresas extranjeras tienen muy buenos equipos de abogados, gastan plata en lobby y al final evitan que se les aplique la ley. El poder relativo económico del inversionista extranjero también cuenta, y estas empresas pueden imponer su voluntad aunque la ley del país, en el papel, diga lo contrario. Poniendo un caso hipotético, si la Phillip Morris está en Chile, y aquí hay una política contra el uso del tabaco como daño de la salud, en ese caso, la Phillip Morris puede demandar al Estado chileno porque esa publicidad le implica pérdida de ingresos de ventas. En general, los tratados internacionales tienen dominancia frente a las leyes internas ya que son ratificados por los parlamentos. Eso se llama jurisprudencia internacional.
-¿Y qué se está negociando hoy en término de inversiones en los TLC?
-Hoy hay una especie de segunda generación en los tratados de libre comercio, incluyendo al TPP, donde ahora las empresas incluyen el concepto de utilidades o ganancias económicas y cómo éstas se pueden afectar por medidas aplicadas en el país local. Antes eso estaba implícito, pero no estaba en los acuerdos. Ahora está por escrito. Entonces, por ejemplo, si se sube el salario mínimo de los trabajadores de ese país, quizás bajarán las utilidades de la empresas extranjeras porque aumentarán los costos laborales. Frente a esto, los países inversionistas hoy aplican la protección de utilidades como un criterio explícito de la negociación del tratado. O sea, el otro país debería asegurarle que como extranjero tendrá ciertas utilidades. Lo que ellos están buscando principalmente es seguridad económica a cualquier costo, y hoy es sin tapujos. Ahora la empresa puede usar eso como argumento legal. Lo que entra en conflicto acá es la soberanía de los países, de poder poner sus propias leyes y regulaciones versus la rentabilidad de las empresas extranjeras. Hoy están tratando de firmar este tipo de acuerdos, de modo que los países renuncien en cierto grado a su soberanía nacional, a sus leyes y regulaciones. Así paralizan las iniciativas legales para que, por ejemplo, no suban los salarios mínimos, que no le pongan impuesto a la empresa extranjera, que no pongan más regulaciones medioambientales, etc. Buscan que los gobiernos tengan las manos atadas.
-¿Esto podría afectar mayormente a países exportadores de materias primas como Chile?
-Claro, porque los acuerdos de libre comercio afectan muy fuertemente a las industrias nacionales al bajar los aranceles. Algunas industrias chilenas no pueden competir con los precios de los productos extranjeros, ya que hacerlo en Chile es más caro que traerlo. Eso pasa hoy en los textiles, lo metalmecánico, en el cuero y el calzado. Chile puede aprender mucho del este de Asia, Corea del Sur, Singapur, Malasia, ya que ellos están creando industrias manufactureras. Chile tiene cobre, pero no crea una industria en torno a eso. El producto manufacturado de cobre Chile lo importa de China, ya que exporta solo el concentrado.
-¿Y cómo debería estudiarse este fenómeno económico?
-Primero, lo importante es que se hagan evaluaciones. Desde la plataforma Chile Mejor sin TLC se está moviendo una campaña de moratoria a los tratados con el fin de evaluar los existentes antes de seguir negociando y firmando nuevos. Chile podría pedir a organismos internacionales como el Banco mundial o la OCDE, que evalúen el libre comercio en el país. La evaluación no la debiera hacer la Direcon, ya que obviamente quiere defender la política que ha seguido su gobierno. Que el parlamento contratará expertos académicos internacionales podría ser otra opción para que el Ejecutivo no influya y así hacer evaluaciones objetivas. Hoy hay metodologías, esto ya se conoce. Lo importante es que lo haga un organismo independiente del Estado chileno, porque éste va a tratar de defenderse diciendo que el camino político que tomó fue beneficioso y esa no sería una evaluación válida, estaría viciada. Es importante que se haga un estudio, que lo muestren y que se pueda discutir públicamente la metodología.
