A continuación, se comparte informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recientemente emitido sobre la situación socio ambiental vivida en la Región de Los Lagos – archipiélago de Chiloé durante el 2016.
Resumen Informe Situación Socioambiental de la Región de Los Lagos
La proliferación de marea roja, el cierre preventivo del borde costero desde el sur de la provincia de Chiloé hasta la región de Los Ríos, la declaración de alerta sanitaria para el consumo de mariscos, la mortandad de miles de toneladas de salmón y el consecuente vertimiento de parte de estos en el mar, generó un intenso ambiente de movilización en la región de Los Lagos durante el mes de mayo de 2016, que mantuvo 18 días paralizada y aislada a la provincia de Chiloé y algunas comunas de la provincia de Llanquihue.
Producto de la crisis socioambiental y del llamado de autoridades, personas naturales y líderes sociales de la zona, el INDH inició una misión de observación en el territorio que se concentró en la provincia de Chiloé, particularmente en las comunas de Ancud, Castro y Quellón; y en la provincia de Llanquihue, en las comunas de Calbuco y Maullín.
Los principales objetivos de la misión fueron recoger información desde diferentes fuentes -entre ellas autoridades, comunidades y la industria salmonera- que permitieran identificar eventuales vulneraciones a los derechos humanos de las personas; monitorear la correcta aplicación de los procedimientos policiales en el marco de las manifestaciones provocadas por la crisis; y realizar recomendaciones al Estado frente a eventuales vulneraciones de derecho.
Para el cumplimiento del objetivo de la misión, desarrollada en terreno entre los días 31 de mayo y 3 de julio de 2016, se definió una agenda diversa que permitiera recabar la mayor cantidad de relatos y antecedentes sobre la crisis socioambiental de la región. El trabajó metodológico consistió principalmente en 29 entrevistas realizadas a autoridades locales, funcionarios públicos, líderes sindicales y sociales, y representantes de la industria salmonera.
Según las fuentes consultadas los principales derechos vulnerados son:
El derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación que se ha visto pasado a llevar por el impacto de la industria salmonera debido al uso de antibióticos, vertimiento de desechos, mortandad de peces, entre otras causas.
El derecho al trabajo y los derechos laborales dado que con la llegada de la salmonicultura, la actividad económica se centró en esta industria en desmedro de otras actividades; existe un alto número de personas desempleadas lo que afecta la calidad de vida de las familias dado que no pueden acceder a servicios básicos; la contaminación ha afectado la pesca artesanal; el tipo de contratación es temporal y otorga escasa protección; el sistema de turnos modifica la vida familiar por las extensas jornadas de trabajo; existe una invisibilización y discriminación en las instancias de negociación para subsanar la crisis, entre otras causas.
El derecho a la alimentación debido a que la marea roja ha afectado, por ejemplo, la pesca y la recolección de algas y mariscos, alimentos base de la dieta chilota; la falta de ingresos ha afectado el acceso de muchas familias a los alimentos.
El derecho a la salud en el sentido en que la situación de conflicto y movilización ha provocado desgastes en las comunidades; además la marea roja provocó intoxicaciones en algunas personas; asimismo trabajadores del trasporte debieron movilizar pescados en descomposición y estar expuestos a emanaciones de ácido sulfhídrico.
Los derechos culturales, por ejemplo de las comunidades Williches de la zona, que no pueden ejercer sus formas de subsistencia; los chilotes no pueden cocinar sus comidas tradicionales como el curanto; además el pueblo Williche atribuye al mar un poder de sanación y purificación que se vincula a su cosmovisión.
El derecho a la manifestación. La masiva presencia de la policía generó una intranquilidad y un ambiente de permanente amenaza. En el contexto de las manifestaciones realizadas, 233 personas fueron detenidas, de las cuales 14 fueron formalizadas (5 en la ciudad de Castro, 3 en Osorno, 3 en Puerto Montt y 3 en Puerto Varas).
Conclusiones
Luego de concluir esta Misión de Observación, resulta necesario plantear la preocupación del INDH por las problemáticas vividas en la zona durante esta crisis socioambiental, que han mantenido un clima de tensión entre las organizaciones y la institucionalidad estatal en términos generales.
La gran cantidad de información recibida ha permitido visibilizar las problemáticas que involucran los derechos humanos analizados producto del florecimiento de marea roja, la contaminación del mar y los eventuales efectos que pudo haber causado el vertimiento de salmones durante los meses de febrero y marzo del año 2016.
La complejidad de la crisis en la industria salmonera, producto de la masiva mortandad de especies, obligó a los distintos estamentos gubernamentales a tomar decisiones respecto de una situación que, en relación a la magnitud, nunca antes se había visto en la zona. Para esto se utilizó el Protocolo de Londres, cuestión que ha sido controvertida desde distintos organismos estatales y organizaciones sociales, tal y como se plantea en los relatos de esta misión1.
Dicha decisión pudo, eventualmente, haber agudizado la proliferación de la marea roja, lo que ha sido investigado tanto por la comisión científica2 dispuesta por la Presidenta de la Republica como por la investigación realizada por Greenpeace3, las que han arribado a conclusiones contrapuestas. Si bien la primera indica que no existe relación entre el vertimiento de salmones y la proliferación de la marea roja, el segundo informe indica que el depósito de mortandad sí causó una crisis socioambiental en la zona, teniendo como resultado la muerte de gran cantidad de especies marinas, aves y mamíferos, así como la pérdida de empleo de miles de personas vinculadas directa o indirectamente a la extracción de productos del mar. Sigue en curso una tercera investigación, cuyo objetivo es determinar la responsabilidad penal respecto a un eventual delito medioambiental.
El vertimiento de salmones, y la posterior mortandad de especies en las costas de la región, que originó la presentación de querellas desde distintas comunas, forman parte de una investigación en curso por parte de la Fiscalía Regional, la que en marzo de 2016 había iniciado una investigación de oficio. Respecto de este punto, corresponde al INDH esperar los resultados de un proceso que ha sido complejo y ha requerido de una gran coordinación con otros organismos del aparato estatal. Sin perjuicio de los resultados, es importante señalar que el Estado está cumpliendo con su deber de investigar, en tanto es una obligación ineludible en materia de derechos humanos.
En cuanto a los derechos mencionados, la obligación de proteger el derecho a la alimentación incluye el deber de prevenir que las personas resulten, de una u otra manera, privadas de recursos básicos para satisfacer las necesidades de alimentación. En este caso, miles de personas se vieron privadas del acceso a productos del mar, los que forman parte de su dieta básica y regular.
Respecto al derecho al trabajo, la crisis ocurrida y la prohibición de extracción de recursos del mar a partir de la declaración de zona de catástrofe en las comunas costeras de la región, provocaron que muchas personas vieran prohibidas las labores que habitualmente desarrollaban y perdieran su fuente laboral.
En relación al derecho a la salud, se constató la falta de atención oportuna en algunos casos, así como del suministro adecuado de alimentos sanos, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente. Estas situaciones afectaron de manera directa a la comunidad williche del territorio, dada su especial relación cultural con el mar. Favorablemente, los protocolos de salud actuaron de manera adecuada frente a la contingencia y no se tuvo que lamentar ninguna muerte luego de detectar los altos índices de toxina paralizante.
Respecto al goce de derechos colectivos vinculados a la cultura, la cosmovisión del pueblo williche y el uso consuetudinario de los recursos del mar se vieron afectados en tanto las personas y comunidades no pudieron ejercer las prácticas ancestrales que los vinculan a la recolección, el uso de algas para productos medicinales y para abonar la tierra, la conexión espiritual con un espacio sagrado y de sanación de la cultura williche.
Por último, 18 días de intensa movilización resultó en el aislamiento completo de la Provincia de Chiloé y de comunas como Calbuco y Maullín producto de las barricadas y cortes de ruta.
El alto contingente de Fuerzas Especiales trasladado a la Isla de Chiloé, sin duda generó tensión en la población, por lo poco acostumbrada que está a este tipo de eventos. No obstante aquello, la labor de Carabineros se desarrolló sin mayores inconvenientes, considerando la particular forma de desarrollar la protesta social de las comunidades afectadas a través de canticos, música y bailes típicos, con ausencia de desórdenes y destrozos, además de destacar el rol y las gestiones de las autoridades locales para prevenir cualquier situación de enfrentamiento de las comunidades con la fuerza policial.
Pese a que las rutas se encontraban cortadas por las barricadas, se permitió el traslado de pacientes e insumos básicos al interior de los territorios, cuestión que generó aprendizajes entre los dirigentes de manera de ir flexibilizando el tránsito de quienes entraban o salían de las respectivas comunas.
Recomendaciones
Luego del trabajo realizado en esta Misión de observación, es posible dar a conocer las siguientes recomendaciones:
- Se recomienda la debida investigación de los hechos y disponer medidas que reparen las afectaciones tras la crisis socioambiental. En este sentido, el Poder Ejecutivo y al Poder Judicial deberán esclarecer las responsabilidades correspondientes, y tomar las medidas de reparación que permitan un desarrollo económico sustentable y respetuoso de los derechos humanos.
- Se recomienda una mayor diligencia por parte de las autoridades para resolver necesidades urgentes y prioritarias para la población. En este sentido, el Poder
Ejecutivo debe actuar con rapidez y diligencia en la garantía del derecho a la alimentación para la población afectada por una crisis socioambiental. Con especial consideración de las dietas especiales que comunidades indígenas han mantenido históricamente.
- Se recomienda respetar el derecho a la manifestación sin condiciones que afecten ilegítimamente su ejercicio. En este sentido, el Poder Ejecutivo deberá abstenerse de condicionar el derecho a la manifestación mediante acciones restrictivas o cualquier obstáculo que impida su libre ejercicio.
- Se recomienda garantizar las medidas de reparación a la población afectada por la crisis socioambiental. En este sentido, deberá el Poder Ejecutivo reparar las afectaciones sufridas por la población en general, realizando un catastro sin discriminación sobre las personas afectadas, con especial consideración de la comunidad williche y recolectores/as de orilla.
- Se recomienda generar las instancias de participación de la sociedad civil necesarias para la resolución de conflictos socioambientales. En este sentido, el Poder Ejecutivo deberá promover la participación de la población afectada por crisis socioambientales en las posibles soluciones o medidas de reparación de estas. Se deberá reconocer la importancia de participación de todos los actores sociales a través de sus representantes.
- Se recomienda la garantía de los derechos de los/as trabajadores a través de una completa y regular fiscalización a las empresas. En este sentido, el Poder Ejecutivo a través de los organismos competentes deberá fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales de trabadores y trabajadoras en las empresas involucradas en el conflicto socioambiental. Se deberá prestar particular atención a situaciones como: jornadas de trabajo, exámenes físicos de evaluación laboral, despidos por maternidad y persecución sindical.
- El Estado debe fortalecer su institucionalidad de manera de garantizar los derechos fundamentales de la población. Desde la perspectiva de la Institucionalidad vigente, se recomienda al Estado que frente a situaciones de emergencia o catástrofe ambiental que implique riesgo para la población, reaccione prontamente para salvaguardar el derecho a la integridad de la población, actuando de manera eficiente e integral en beneficio de quienes resulten afectados/as.
- El Estado debe evaluar el impacto de las empresas al medio ambiente, de manera de garantizar los derechos fundamentales. En este sentido, el Poder Ejecutivo a través de organismos competentes, deberá solicitar a los futuros estudios de evaluación de impacto ambiental que incorporen planes de contingencia adecuados para hacer frente a desastres como los vividos en dos oportunidades en las costas de la región de Los Lagos. Asimismo, se recomienda que en base a la normativa ambiental vigente, se impulse una evaluación ambiental estratégica de las políticas y planes de los órganos de la Administración del Estado que han incidido en el desarrollo de la industria salmonera, de modo de prevenir la contribuir a crisis ambientales que puedan afectar los derechos humanos.
- Finalmente, cabe indicar que el Estado debe velar por que las políticas y programas de desarrollo que se impulsen sean sustentables con el medio ambiente, las culturas y formas de vida local. Igualmente, el Estado debe velar que las empresas presentes en la Isla de Chiloé respeten los derechos humanos. Eso significa que el Estado debe cautelar que las empresas se abstengan de infringir derecho, además de establecer un marco normativo que obligue a las empresas a una debida diligencia en sus operaciones y a hacer frente a las consecuencias negativas que generen.
Notas:
1 DE acuerdo a antecedentes recopilados por la Autoridad Marítima, Capitán Pedro Valderrama, el año 2007, luego de la crisis del Virus ISA habría habido un vertimiento de salmones al mar, en mucha menor cantidad que la crisis actual.
2 http://www.economia.gob.cl/2016/11/25/comision-cientifica-ratifica-que-vertimieto-de-salmones-noprovoco-la-marea-roja.htm 3 http://www.greenpeace.org/chile/Global/chile/2016/9/informe_chiloe.pdf
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INFORME MISIÓN DE OBSERVACIÓ: SITUACION SOCIOAMBIENTAL REGIÓN DE LOS LAGOS (pdf)
