Una familia mapuche de la comunidad Ayin Mapu del Lov Huentelolen, en Cañete, denunció haber sido víctima de secuestro y tortura por parte de una unidad operativa de la Sección de Inteligencia Policial de Carabineros (Sipolcar). Los hechos derivaron en un amparo preventivo presentado por la comunidad en la Corte de Apelaciones de Concepción – el cual fue rechazado- y una posterior querella criminal en contra de la Sipolcar, algo que abre un nuevo flanco en la ya cuestionada unidad de investigación policial de Carabineros.
La tarde del martes 9 de mayo, la familia Lepicheo Llanquileo regresaba a su hogar luego de comprar madera en un conocido aserradero del sector Antiquina, al sur de Cañete. Viajaban en su vehículo junto a sus dos hijos, un niño de tres años y una pequeña de dos. Según relata Viviana Llanquileo, cuando se dirigían de sur a norte por la Ruta P-70 que conecta Tirúa con Cañete se percataron que una camioneta blanca, marcha Chevrolet, los perseguía.
Fue a la altura del cruce Colo Colo, ya en su comunidad, que la camioneta intensifica el acoso. El carro policial –añade Llanquileo- se abalanza contra su vehículo, conducido por su pareja Pedro Lepicheo, colisionándolo por el costado con el propósito de frenar su marcha. Lo logran. Lepicheo desciende del auto y es atropellado por los policías. Se levanta y ante la sorpresa de los efectivos policiales, huye. Es perseguido por cuatro funcionarios por un tramo de 500 metros. No logran alcanzarlo.
Según dan cuenta los partes policiales y la información judicial del caso, mientras los cuatro uniformados intentaban dar caza a Lepicheo, un quinto efectivo se queda al resguardo de Viviana y sus dos hijos. Ahí –asegura Llanquileo- comienzan las torturas.
“Quedó un rati, que se vino al auto donde yo estaba. Me baja y me tuerce los brazos hacia atrás. Me dejó con la boca hacia abajo, casi comiendo tierra. Me aplasta la cabeza y mis niños estaban llorando en el asiento trasero del auto. Lloraban y gritaban. Era lo único que podía escuchar de ellos. Ahí les dije a mis hijos que se quedaran tranquilos, que no pasaba nada, tratando de calmarlos, aunque yo sabía lo que estaba pasando”, relata Viviana en un video publicado en redes sociales.
La comunera añade que una vez que los cuatro funcionarios que intentaron dar caza a su marido regresan al lugar, la obligan a subir junto a sus hijos al vehículo policial. “Me obligaron a subir a la camioneta. Agarraron a mis hijos que estaban en el auto. Mi hijo mayor no podía hablar. No tenía reacción con lo que había visto. A mí me dejaron en el asiento de atrás, en la parte del medio. Los ratis agarraron a mis hijos, los llevaban en sus piernas, apegados a la ventana y me decían que ellos serían carne de cañón frente a cualquier cosa que pasara”.
Las contradicciones
La gravedad de los hechos motivó a la familia Lepicheo-Llanquileo y su comunidad a recurrir de amparo ante la Corte de Apelaciones de Concepción el pasado 2 de junio. El tribunal de alzada penquista solicitó a Carabineros su versión de los hechos. Como era de esperar, la versión policial es diametralmente opuesta. En el informe emitido a la Corte -con fecha 7 de junio- Carabineros asegura que la persecución policial fue en contra de José Lepicheo Machacan –hermano de Pedro y cuñado de Viviana- quien presenta una orden de detención pendiente desde el año 2012. Reconocen que Viviana Llanquileo y sus hijos viajaban en el vehículo, pero afirman que el conductor del móvil, quien posteriormente se da a la fuga, es José Lepicheo y no su hermano Pedro, como confirma Viviana y varios testigos.
En el texto, Carabineros no sólo modifica los actores sino que también el curso de los hechos, señalando que Lepicheo (con los dos niños en el auto) “procedió a colisionar intencionalmente el vehículo fiscal por el costado derecho de este último con la más clara intención de sacarlos de la vía”, describe el informe añadiendo que “fue en esos instantes que José Lepicheo, al hacer disminuir la velocidad del móvil policial recién impactado, procedió también a disminuir la velocidad del auto que conducía, para luego abrir la puerta del conductor de éste, saltando sorpresivamente hacia el costado del camino con la clara intención de darse a la fuga, pasando su cuerpo por debajo del vehículo fiscal, pese a que el conductor activó los frenos de inmediato”.
Respecto a los apremios ilegítimos y torturas a los menores, Carabineros se desmarca señalando en el informe que “mientras se producía la persecución en contra de José Lepicheo, Viviana Llanquileo y sus dos hijos fueron custodiados por un funcionario policial que se quedó en el lugar, en atención a que el sector es conocido por la postura radical de quienes ahí residen”.
Junto al recurso de amparo, la comunidad adjuntó los informes de lesiones de Pedro Lepicheo y Viviana Llanquileo emitidos por el Centro de Salud Familiar de Tirúa, la denuncia penal por torturas y secuestro interpuesta en la fiscalía de Cañete y un informe psicológico que da cuenta del daño sufrido por los menores a raíz del episodio de violencia policial. Aún así, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso, dando como argumento las contradicciones existentes entre las versiones de la familia mapuche y Carabineros.
Del total de funcionarios de la Sipolcar que participaron del operativo, se conocen los nombres del capitán Carlos Espinoza, el teniente Nicolás Concha y el sargento segundo Amador Cuevas. Los tres son reconocidos carabineros que han participado en distintos procedimientos en la zona de conflicto y que también han sido judicializados. El último caso es el juicio oral contra los hermanos Javier y Juan Mariñan de la comunidad María Colipi de Tirúa, a quienes la fiscalía acusó de porte de armas y municiones y que luego de permanecer diez meses en prisión preventiva la justicia falló en su favor.
Fue el pasado 23 de mayo, cuando el Tribunal de Juicio Oral de Cañete los absolvió por el delito de porte de armas, desestimando la versión de los testigos de la Sipolcar presentados por el Ministerio Público, entre ellos el sargento Amador Cuevas, quien en estrado declaró caracterizado con peluca y gafasluego que el tribunal rechazara la petición del fiscal Juan Yañez de declarar tras un biombo. El oficial que realizó el supuesto incautamiento del armamento, el teniente Nicolás Concha, no se presentó a declarar debido a las contradicciones dichas en declaraciones previas al juicio oral. Ambos, hoy están envueltos en el caso de torturas en Huentelolen.
Estos tres funcionarios, sumado a los tenientes David Gaete, el capitán Leonardo Osses (hoy bajo arresto por el robo de un arma de fuego desde un cuartel policial), el teniente Juan Carlos Meza Terán y el cabo Víctor Jara han sido acusados de diversos hechos de tortura y abuso policial, entre ellos cargar armas y municiones a distintos comuneros mapuche de la zona.
Protesta en Conadi
Paralelamente a las acciones judiciales, el pasado 6 de junio la comunidad Ayin Mapu de Huentelolen, junto a otras comunidades y Lov en Resistencia de la zona, ocuparon las dependencias de la dirección regional de Conadi, ubicadas en Cañete. La toma fue realizada por una treintena de comuneros mapuche y tuvo como finalidad denunciar las torturas sufridas por los hijos de la familia Lepicheo-Llanquileo.
La toma comenzó temprano y por el segundo piso de las oficinas de Conadi, los manifestantes colgaron un lienzo con la leyenda “torturan niños/as mapuche para defender sus empresas”, haciendo alusión al fondo del conflicto que se vive en la zona, donde diversas comunidades mapuche mantienen disputas territoriales con empresas forestales de las compañías Arauco y Mininco.
El Lov Huentelolen es uno de ellos. Desde 2013 mantiene controlado el predio Rihue Alto de Forestal Arauco, terreno de 120 hectáreas en donde desarrollan actividades culturales y productivas y en donde Pedro Lepicheo es uno de los werken (voceros) del proceso. En julio de 2014, once comuneros fueron heridos por disparos ejecutados por el Gope de Carabineros, siendo éste uno de los episodios represivos más recordados del último tiempo.
En ese contexto, la toma de Conadi no buscó reclamar tierras, sino que visibilizar el nuevo actuar policial en el territorio, que hoy suma un nuevo responsable a ojos de las comunidades y Lov en resistencia: la Sección de Inteligencia Policial de Carabineros, Sipolcar. Así lo explicó la vocera de la ocupación, Patricia Tromelao Millanao del Lov Huentelolen: “La toma de Conadi tuvo como objetivo hacer público las torturas a nuestros niños y a los lamuenes (hermanos) que luchan. Carabineros rebalsó todo. Primero disparando por la espalda y ahora atacando a nuestros niños. Queremos que el gobierno se haga responsable de esto, de estar mandando a Carabineros y a la Sipolcar a torturar niños”.
La toma de Conadi se extendió por casi nueve horas hasta que el gobernador de la provincia de Arauco, Humberto Toro (PS) ordenó el desalojo. Un centenar de efectivos del Gope y Fuerzas Especiales de Carabineros lo llevó a cabo. Las y los comuneros resistieron, lo que no evitó que 22 personas fueran detenidas, entre ellas Viviana Llanquileo, madre de los dos niños torturados.
Querella criminal
Tras el rechazo del recurso de amparo, el Lov Huentelolen presentó el pasado 16 de junio una querella criminal en contra de la Sipolcar y de quienes resulten responsables del secuestro y tortura sufridos por Llanquileo y sus dos hijos. La acción judicial fue encabezada por el lonko de la comunidad, José Lepicheo, padre de Pedro y abuelo de los dos niños torturados. La fiscalía de Cañete, encabezada por el fiscal Luis Morales, se encuentra realizando las diligencias a fin de esclarecer los hechos, derivando la investigación a la Policía de Investigaciones.
“La querella criminal se presentó en contra de funcionarios de la Sipolcar, quienes han desarrollado un procedimiento que atentó a menores mapuche, en relación a una persecución realizada por ellos en contra del comunero mapuche Pedro Lepicheo y que afectó gravemente su integridad personal y contra su vida. Tanto es así que su familia pensó que lo habían matado luego de un atropello efectuado por una camioneta de la Sipolcar de Carabineros”, explica el abogado Pablo Ortega, patrocinante en la querella.
En cuanto al informe enviado por Carabineros ante la Corte de Apelaciones de Concepción en el marco del recurso de amparo interpuesto por la familia Lepicheo-Llanquileo, en donde afirman que el conductor del vehículo donde circulaban el día de los hechos era el comunero José Lepicheo y no su hermano Pedro, como confirma su pareja Viviana y varios otros testigos, Ortega se muestra incrédulo frente a esta versión catalogándola de “muy grave”.
“Sipolcar informa que en todo momento pensaron que seguían a otra persona: a José Lepicheo, que efectivamente es hermano de Pedro, pero que no es Pedro Lepicheo. Es decir, la persecución, el atropello, las lesiones, la tortura hacía sus hijos, la angustia que vivió esa familia es precisamente no porque Pedro Lepicheo tenga una orden de detención, es simplemente por ser mapuche y hermano de quien en un principio tendría algún tipo de requerimiento judicial”, critica Ortega.
A reglón seguido, añade: “Sipolcar de Carabineros de Arauco no sólo actúa en forma violenta, sino que además no sabe hacer su trabajo. Porque si una sección de inteligencia no distingue una persona de otra, realmente se abren muchas incógnitas y muchas dudas de sus capacidades profesionales.Además surge la siguiente pregunta: ¿cuántos comuneros mapuche han sido condenados con el testimonio de estos mismos funcionarios que, al parecer, no saben hacer su trabajo? Y si se equivocaron en este caso, en donde casi mataron a una persona frente a sus propios hijos, la pregunta es: ¿en cuántos otros casos estos funcionarios han informado mal a los tribunales, han engañado o inducido a error al Ministerio Público?”.
