1.- Lo acontecido con la muerte de los jóvenes mapuche Luis Marileo (24 años) y Patricio González (23 años), sumado al allanamiento en la escuela de la comunidad Temucuicui, así como otros hechos de violencia registrados a lo largo del conflicto entre del Estado con el Pueblo Mapuche, es producto de no reconocernos como una sociedad pluricultural, un país diferenciado culturalmente desde su origen, por ello hoy la no aplicación e implementación del Convenio 169 de la OIT cuesta tanto al Ejecutivo implementarlo y a la sociedad chilena entenderlo.
2.- Como Asociación de Funcionarios de CONADI – ANFUCO, no podemos mantenernos indiferentes en relación a la violencia que da en el Wallmapu, sobre todo con los casos de niños que están afectados por la represión, por cuanto tenemos en nuestro deber implementar las políticas vigentes por los gobiernos, pero no atentar contra la dignidad y principios jurídicos que Chile ha firmado. En esta caso del Convenio 169, de la Convención de los Derechos del Niño.
3.- También señalamos que es improductivo a los Gobiernos sucesivos intentar territorializar y regionalizar este conflicto solo en la Araucanía, por cuanto los antecedentes históricos de usurpación, exclusión y violencia en sus diversos mecanismos se da sino en todo el Wallmapu, con mucha mayor presencia hoy en las regiones del Bìo Bìo, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, así lo demuestran los Informes vigentes de demandas de tierras desde los tiempos de la CEPI, basado en los respectivos Títulos de Merced, Títulos de Comisario y Títulos de Realengos de los respectivos territorios antes señalados. En general los 9 pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional ven cotidianamente vulnerados sus derechos garantizados en los tratados firmados por Chile.
4.- En sintonía con el punto anterior, hoy en día, se está hablando de una “Ley Araucanía”, cuyo espíritu surge desde la ilegalidad, porque de acuerdo al convenio 169 de la OIT suscrito por el Estado, no se puede elaborar una ley dirigida para ningún pueblo originario, si no es basándose en esta normativa, a través de un proceso de consulta previo, libre, informado y de buena fe que cumpla con los estándares internacionales de derechos indígenas firmados por Chile.
5.- Reconocemos que hay grandes diferencias en las soluciones al llamado conflicto que proponen distintos actores, ya que, por un lado, el gobierno y la Multigremial ofrece mano dura a través de la aplicación antiterrorista, por otro lado, los pueblos indígenas proponen un dialogo político. En este escenario, el mejor camino siempre va ser el diálogo y el respeto a los derechos y la participación directa de los pueblos indígenas para la construcción de políticas públicas.
6.- Anfuco confía en que un proceso constituyente que reconozca los derechos de los Pueblos Indígenas y se construya una nueva institucionalidad en materia indígena con atribuciones, recursos humanos y presupuestarios, como lo serán el Consejo de Pueblos Indígenas y el Ministerio de Pueblos Indígenas, contribuirá en parte a la solución.
7.- Denunciados también la violencia simbólica en los distintos servicios públicos, donde nos hemos percatado de actitudes de racismo institucional a personas que son familiares directos de personas mapuche asesinadas y/o pertenecientes a comunidades en procesos de restitución territorial, a quienes se les ha hecho sentir un trato distante y discriminatorio que no corresponde a funcionarios públicos.
8.- Finalmente valoramos que personas que no pertenecen a un pueblo originario, compartan este dolor, pues también se han sentido violentados con los hechos de violencia que se registran en el marco de este conflicto, ello es reflejo que la construcción de una sociedad pluricultural y plurinacional es un proceso lento pero fructífero. Y ante ello no callaremos de denunciar y proponer, como corresponde a una Institución Publica que ha sido mal tratada desde sus orígenes.
