Los abogados defensores anunciaron que se opondrán al requerimiento que la familia Luchsinger Mackay, representada por el abogado Carlos Tenorio, presentó hace dos días. Los imputados, alguno de los cuales cumplieron más de un año en prisión preventiva, no descartan movilizarse ante una posible dilatación del juicio.
Por Antonia Orellana – Fuente: eldesconcierto.cl
Tal como se anunció durante la semana, la defensa particular de la familia Luchsinger Mackay presentó el pasado miércoles 24 un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. La acción, específicamente una solicitud de inaplicabilidad, busca revertir la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco que excluyó parte de las pruebas ingresadas por los querellantes para cuando inicie el juicio oral contra once personas por el incendio y muerte de de Werne Luchsinger y Vivian Mackay en el fundo Granja Lumahue.
El requerimiento se presentó pese a que, al mismo tiempo, la familia Luchsinger Mackay se encuentra tramitando la misma solicitud ante la Corte de Apelaciones de Temuco. Esta es la segunda ocasión en que Jorge Andrés Luchsinger, hijo del matrimonio muerto en un incendio intencional en enero de 2013, llega al máximo órgano jurisdiccional del Estado chileno. La primera vez fue en enero de 2014, cuando la defensa del machi Celestino Córdova Tránsito solicitó se declararan como inconstitucionales tanto los artículos de la Ley Antiterrorista bajo los cuales fue finalmente juzgado como también la solicitud de cadena perpetua por no ser proporcional.
En esa ocasión el abogado de Luchsinger, Carlos Tenorio, presentó un alegato solicitando que el recurso del defensor Pablo Ortega fuera declarado inadmisible, logrando su cometido en corto plazo, ya que el Tribunal Constitucional resolvió dentro de ese mismo mes de enero en contra de Celestino Córdova, quien fue condenado a 18 años de cárcel.
Esta vez, sin embargo, el escenario es distinto: la familia Luchsinger es quien acude, además, cuestionando el criterio del Juzgado de Temuco que excluyó algunas de las pruebas que presentaron. El requerimiento de inconstitucionalidad presentado el pasado miércoles se funda en que el Código Penal prohíbe que apelen a la exclusión de la prueba, lo cual, según los Luchsinger Mackay, afectaría el derecho fundamental de debida representación de las víctimas.
Defensores: “No tiene sustento jurídico”
El abogado defensor de José Córdova Tránsito, Jorge Guzmán, señaló a El Desconcierto que “si bien en este recurso no se pidió la suspensión del proceso, estamos atentos a que el Tribunal Constitucional pudiera solicitar la suspensión de oficio. Nuestros representados están conscientes de que hay una posibilidad de que esto pase y ellos están evaluando su posición al respecto. Por cierto, están esperanzados en que esto no provoque que el juicio se suspenda, porque esperan que se haga lo más rápido posible y así obtener la absolución completa, saliendo de la situación de prisión preventiva en la que están”.
La defensora Manuela Royo criticó a su vez el requerimiento de los Luchsinger Mackay, señalando que los abogados querellantes “omiten señalar que jamás entregaron la prueba a tiempo como lo exige la ley, lo cual desde ya da cuenta de la mala fe de su actuar”. Royo, quien representa a Sergio Catrilaf Marilef, Hernán Catrilaf Llaupe y Sabino Catrilaf Quidel, fustigó la posibilidad que abre esto para que el juicio se suspenda por oficio, advirtiendo que esto atentaría contra otro derecho consagrado en la Constitución: ser juzgado en un plazo razonable.
“Como defensas nos opondremos a esta pretensión ya que sólo busca dilatar un juicio que no tiene sustento jurídico. Los imputados, presos políticos, están estudiando las acciones a seguir y no se descarta ningún tipo de movilización”, anunció la abogada Royo.
En el Tribunal Constitucional, en tanto, el requerimiento de la familia Luchsinger Mackay quedó a cargo del relator Sebastián López Lagnasco para su estudio y posterior exposición. Lagnasco es especialista en derecho económico y, entre otras, ha sido relator durante los requerimientos de SQM en contra de Corfo, la disputa por la multa de la SVS a Pricewaterhouse Coopers.
