Leilani Farha expuso que otro de los grupos más vulnerables en cuanto al acceso a la vivienda digna son los migrantes.
Los pueblos indígenas de Chile enfrentan mayores niveles de precariedad en su vivienda, debido a políticas y prácticas discriminatorias perpetuadas en las últimas décadas, denunció este viernes en Santiago la relatora especial sobre vivienda de ONU, Leilani Farha.
La especialista resaltó que la desigualdad, que caracteriza a la sociedad chilena, tiene en la vivienda a uno de sus fieles reflejos y advirtió que cuando se considere el acceso a ella como derecho humano y no como una mercancía los más vulnerables podrán satisfacer dicha necesidad.
«Chile ha tenido un largo legado de discriminaciones de este tipo contra sus indígenas, cuyas condiciones de vivienda son deplorables», dijo Farha, en rueda de prensa en Santiago.
En su reporte, la relatora expuso «que los pueblos indígenas sufren condiciones de vivienda perjudiciales, como el hacinamiento, la precariedad de la tenencia y la falta de acceso al agua y la discriminación».
Las deficiencias de las viviendas del pueblo mapuche, mayor grupo indígena de Chile, «están directamente relacionadas con su expulsión y despojo de sus tierras tradicionales, para dar paso a la industria forestal patrocinada por el gobierno», agregó Farha, en su reporte difundido a la prensa en su versión en español e inglés.
La especialista reconoce que el gobierno desarrolla subsidios para que indígenas accedan a viviendas sociales en los centros urbanos, sin embargo dichos programas son imperfectos ya que no se adaptaron a las necesidades de los pueblos originarios.
Vulnerabilidad migrante
Para Farha otro de los grupos más vulnerables en cuanto al acceso a la vivienda digna son los migrantes, en un país en el que en los últimos años este grupo social ha tenido un aumento estimado del 200%, según datos citados por la funcionaria de Naciones Unidas.
«Casi todos los migrantes hacia Chile experimentan diversas formas de discriminación en el sector de la vivienda», señaló la experta que consideró contraproducente que los migrantes no puedan obtener beneficios en programas de subsidios de vivienda hasta tener al menos tres años de residencia.
Cobros por encima del valor de mercado y hostilidad dentro de campamentos (asentamientos), son algunas de las denuncias que recibió la relatora en su viaje por varias zonas de Chile.
Dentro de las poblaciones más vulnerables, las mujeres juegan un rol aún más crítico, resaltó.
Pese a las críticas, la relatora destacó los esfuerzos y avances del país en el área en los últimos 40 años «sobretodo teniendo en cuenta los aspectos más inclusivos de los últimos 15 años».
Chile logró manejar con éxito una parte importante de su déficit cuantitativo en vivienda, alcanzando una tasa de propiedad de 64%. «Sin embargo, sigue existiendo un déficit cualitativo de más de 1,2 millones de viviendas», por necesidad de ampliación, acceso a servicios sanitarios o conservación, detalla el informe.
Considerando defectos y virtudes, la relatora recomendó al gobierno de Michelle Bachelet incluir en la reforma constitucional que está en desarrollo el derecho a la vivienda, reconocer el «carácter intercultural» de la sociedad y abordar la discriminación y estigmatización de los que viven en asentamientos.
Fuente: 24 horas
