El proyecto para construir una Central Termoeléctrica en Bulnes y un terminal gasífero en la localidad de Penco-Lirquén ha puesto en alerta a las comunidades locales. Campesinos, pescadores, pequeños empresarios, comerciantes del valle y la costa sienten en peligro su forma de vida, en un lugar donde el trabajo, la cultura, la tradición ancestral y la supervivencia forman una cadena indivisible.
Por Maximiliano Sepúlveda – Fuente: eldesconcierto.cl
La historia detrás de la Central Termoeléctrica El Campesino, en Bulnes, pueblo rural de la región del Bío Bío, y del terminal de regasificación Penco-Lirquén, proyectado en la costa frente a la isla Quiriquina, tiene más de un comienzo.
Sabemos que el predio donde hoy se enclava el proyecto de la Central, ubicado en el sector de Los Tilos, fue sembrado por última vez el año 2010. Según cuenta José Gajardo, trabajador rural de la zona, fue ese año cuando en la parcela se vieron los últimos cultivos.
Hacia inicios de 2013, los rumores contaban que esa tierra sería sembrada con frutales, remolacha, maíz, quizás arándanos o manzanos. Sin embargo, los camiones cementeros y el movimiento de áridos desde la ribera del cercano río Diguillín rápidamente cambiaron el tono de las historias. Ese año, además, los nuevos propietarios solicitaron derechos de agua equivalentes a 150 litros por segundo. Una petición muy desmedida para un predio con objetivos de cultivo, lo que se sumaba a los 45 litros por segundo que ya tenían adjudicados; hablamos de un terreno ubicado en medio de uno de los valles más fértiles de Chile, donde se aloja más del 1,5% de la tierra cultivable del país.
Pronto llegaría el camino asfaltado. A esas alturas, en Los Tilos ya nadie creía en las historias de los sembrados. Se sabía que el objetivo era construir una Central Termoeléctrica enmarcada en el proyecto Octopus, desarrollado por el consorcio formado por las empresas norteamericanas Australis Power y Cheniere Energy, más las chilenas Andes Minergy y Gasoducto Innergy.
El plan consiste en importar gas extraído desde Estados Unidos mediante la tecnología del frakking. Para ello se pretende internarlo en estado líquido desde un terminal gasífero proyectado en la zona costera de Penco y Lirquén, desde donde se dirigirá hasta la comuna de Bulnes, para luego inyectarse al Sistema Interconectado Central (SIC).
¿Por qué en esa zona? Una respuesta lógica indica que la empresa pretende aprovechar el gasoducto que ya existe en la región, el cual fue inaugurado el año 1999, en la etapa final del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. El objetivo, en esa época, era transportar gas natural desde la cuenca de Neuquén, en Argentina, hacia territorio chileno. Un acuerdo que se vio prontamente frustrado por parte de nuestros vecinos.
Existe, sin embargo, un segundo objetivo relacionado con la estrategia energética del actual gobierno. En opinión de Álvaro Toro, abogado que asesora a las organizaciones locales en oposición a este proyecto: “Para el gobierno de la Nueva Mayoría, en particular para el ex Ministro de Energía, Máximo Pacheco, impulsar el proyecto Octopus significa romper con el monopolio de las mega empresas energéticas en Chile, con un nuevo actor potente que entra a competir en el rubro, y con el objetivo final de hacer caer los precios en energía”.
“Es cierto que en Chile la energía es carísima”, complementa. El abogado asegura que en “la lógica empresarial del ex ministro Pacheco y su equipo, generarle competencia a Endesa y a las empresas productoras de energía, como Colbún o AES Gener, las obligaría a bajar sus precios. Por eso se presenta el proyecto en Bulnes como beneficioso para todos los chilenos».
Los impulsores de Octopus -entre ellos Alfonso Ardisoni, gerente general de Australis Power- pensaron inicialmente que la idea no encontraría oposición en las comunidades locales, debido a las supuestas ventajas energéticas que este proyecto proporcionaría. Según el abogado Álvaro Toro, “pensaron que sería rápido por ser una zona agrícola, pero a poco andar el conflicto comenzó a tomar temperatura, lo que se agravó exponencialmente con la conducta de la empresa, en el sentido de subestimar a las comunidades locales. Eso fue un error gravísimo que entrampó todo para ellos”.
Nancy Urra, que vive en el sector de Los Tilos y participa del Comité Bulnes Sin Termoeléctricas, lo expresa así: “La empresa decidió venir a instalarse acá porque pensó que éramos gente que no iba a dar la pelea, pero a lo mejor se equivocaron. Todos tenemos un espíritu de lucha, y nosotros queremos defender lo nuestro”.
Un proyecto dividido en dos
Paralelamente, esta historia tenía otro comienzo, esta vez en el terreno de la institucionalidad ambiental.
En la zona de Penco-Lirquén, a 80 kilómetros de distancia, el tentáculo marítimo del proyecto Octopus comenzaba a tomar forma. En abril de 2013 se presentaron las primeras carpetas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Estos intentos se cayeron hacia octubre de 2014, donde, por diversas razones, las empresas e inversionistas involucrados decidieron retirar los proyectos.
El plan original de Octopus comprende una central termoeléctrica y un terminal-gasoducto; sin embargo, tras ser rechazado como proyecto unitario, éste fue separado en dos partes: la termoeléctrica en Bulnes, por un lado, y el terminal de regasificación en Lirquén, por el otro. Así fue vuelto a presentar.
Conversamos al respecto con Pablo Rivas, abogado, asesor socioambiental y miembro de la Coordinadora de Tomé, quien indica que “la forma en que estos proyectos ingresan obedece a una decisión estratégica tomada en el momento. Los proyectos pueden presentarse fraccionados, como una forma de disminuir el impacto ambiental que tienen originalmente. Esto implica el riesgo de rechazo, ya que claramente se busca torcer el sentido de la ley. Si se presenta como uno solo, disminuye el riesgo de aparecer como una acción dolosa, pero el costo es asumir que implicará una mayor devastación”.
“En los proyectos medioambientales se da una sinergia única”, añade el profesional, “ya que los factores contaminantes suman más que sus respectivos impactos singulares. Un proyecto como éste, que contamina el aire y destruye la fauna marina simultáneamente, no es tomado como una iniciativa que destruye ambas cosas por separado, sino como algo que provoca una devastación general”.
Y es que en el país del crédito, siempre es más fácil arrasar en cuotas.
Reacciones
El inicio de este proyecto no sorprendió a los habitantes de las comunidades. Tanto en el sector agrícola de Bulnes, como en la zona pesquera de Penco-Lirquén, el accionar de sindicatos de pescadores, buzos mariscadores y juntas de vecinos rurales, permitió preparar el terreno para la resistencia contra el proyecto. Y si bien los distintos territorios tienen sus particularidades en términos de acción política y movilizadora, desde un primer momento se alzaron coordinadoras que buscaron asesorar a los más desconectados, limpiar el escenario de mentiras corporativas e informar a quienes eran contactados por la empresa. Todo ello para enfrentar de mejor forma las instancias de participación ciudadana, las consultas locales, las reuniones informativas y, muy especialmente, la consulta indígena, instancia clave para este tipo de proyectos.
Así surgieron las coordinadoras de Penco-Lirquén, Tomé, Talcahuano y Bulnes, encargados de vincular a habitantes de territorios diferentes, con actividades económicas muy distintas, en pos de un objetivo común: la defensa de una forma de vida.
La resistencia tuvo una connotación inesperada para la empresa y las autoridades, en especial la que surgió en las zonas de Bulnes y Los Tilos, sectores rurales sin tradición previa de movilización política. Un efecto que probablemente fue extensivo para muchos de los habitantes de la región. Así lo explica María Jiménez, Presidenta de la Junta de Vecinos de Los Tilos: “A lo largo de estos años, hemos ido viviendo y aprendiendo cosas que nunca antes imaginamos. En las manifestaciones se reúne gente de distintos lados, distintas comunidades, se intercambian ideas. En ese sentido, la experiencia ha sido positiva”.
“Este es un proyecto digitado desde Santiago”, puntualiza el abogado Álvaro Toro. “La empresa no hizo un buen trabajo de base en la zona de la octava región. Al principio pensaron que no iban a encontrar oposición de parte de la gente, teniendo en cuenta que era un sector rural, completamente desmovilizado, sin un tejido social político y sin conflictos de por medio. Pero en la práctica, lo que sucedió fue que el conflicto se fue haciendo cada vez más social, con el apoyo de los agricultores, de las juntas de vecinos, y posteriormente con la conexión entre las poblaciones rurales y costeras”.
Comprando consciencias
A la hora de analizar la manera en que la empresa BioBioGenera, titular del proyecto Octopus, intenta entrar en contacto con las comunidades, la gente es muy clara al definir dichos procedimientos. Subterfugios, engaños, coimas, clientelismo, son los denominadores comunes de dicha estrategia.
Aurilio Quiñones, propietario de la quesería El Roble, describe este proceder: “La empresa manda equipos de profesionales que ven las debilidades de la comunidad; luego llegan donde los vecinos, ofreciéndoles cosas: una cocina, una canasta familiar, algo que les haga falta. Al final piden firmas para validar su trabajo, y resulta que esas firmas después las hacen pasar como si la gente estuviera a favor de ellos. Los vecinos ya se han dado cuenta de esa estrategia”.
Uno de los capítulos más penosos de esta historia tuvo lugar en la escuela rural de la localidad de Los Tilos, donde la empresa organizó un concurso con los niños, premiando con un computador a quien inventara el mejor nombre para la futura Central Termoeléctrica.
“Mi hija era por entonces Presidenta del Centro General en el colegio”, relata Nancy Urra, miembro del Comité Bulnes Sin Termoeléctricas. “A ellas nunca les solicitaron autorización para que los niños pudieran participar. Se les dio la información que pidieron, sin nuestra aprobación: nombres, direcciones, etcétera. Fue todo por debajo, lo que después le costó la salida a la directora del colegio. Y de ese concurso salió el nombre El Campesino, lo que para nosotros fue una burla”, añade.
A partir de ese momento, tras establecer contacto con los niños, se introdujo un nuevo y más pernicioso elemento de división en la comunidad. “Después de ese concurso”, prosigue Nancy Urra, “los niños se peleaban entre sí. O sea que esta empresa ya está generando un daño grande, aún antes de que se instalen. No sabemos exactamente cuándo van a empezar a contaminar la tierra, pero la verdad es que ya nos están contaminando como personas, porque hay varios que, por recibir dinero, no les importa nada y se venden. Nos contaminan de muchas formas, por dentro y por fuera”.
En el sector costero también existen ejemplos de prácticas poco ortodoxas. Así lo cuenta Juan Sánchez San Martín, propietario del restaurante La Playa: “La empresa no tiene profesionales. De hecho, contrató a los más chantas para hacer los sondajes. Eran personas que no tenían los conocimientos, ni los permisos, ni siquiera eran buzos. El tipo que se suponía más capacitado, que era como el capataz, ni siquiera se subía a la balsa, solamente recibía el material que traían del mar y después se iba en su camioneta. La autoridad marítima hizo la vista gorda”. Y concluye: “Después de ver eso, nada te da la seguridad de que ésta sea una empresa seria.”
Criminalizar la resistencia
La inquietud y rabia que ha generado este proyecto -especialmente el año 2015, cuando se aprobó preliminarmente la construcción de la Central- dio paso a acciones movilizadoras de distinta naturaleza, con la consiguiente respuesta de las fuerzas policiales, dando paso a una represión nunca antes vista en la región, especialmente en la otrora apacible zona de Bulnes.
Según la voz de los protagonistas, la relación con la policía en el campo es muy diferente de la que se vive en la ciudad. El desbordante trabajo del día a día deja poco espacio para la vida social y política. Las labores se desarrollan en familia; la sola idea de organizar una manifestación frente al portón del predio y ser disuadidos por la policía parece algo sacado de la televisión, una experiencia que es sinónimo de delincuencia y motivo de vergüenza para muchos.
Aurilio Quiñones relata: “Aquí han mandado hasta grupos de fuerzas especiales. ¿Cuándo, esta gente, había tenido que arrancar de carabineros en su vida? ¡Nunca! Personas de campo, de trabajo, mojadas por el guanaco y arrancando de las bombas lacrimógenas. ¿Por qué tenemos que llegar a esto?”.
En Penco-Lirquén ha sido aún más duro. Los habitantes de la caleta tienen el “honor”, desde mediados del año pasado, de haber sido declarados “zona de conflicto” por el gobierno de Michelle Bachelet.
Karen Villarroel, quien trabaja en el restaurante Mar Azul, gráfica la difícil situación que se vive en la caleta: “Acá pasan dos cosas con el tema de la represión. A nosotros se nos hostiga si nos manifestamos y salimos a defender nuestros derechos, pero la delincuencia está prácticamente permitida. Tú pones una bandera en rechazo al proyecto y tienes a carabineros a la vuelta de tu casa, vigilándote, pero puedes estar traficando droga y no te dicen nada. A nosotros nos hostigaban demasiado. Nos venían a preguntar dos veces al día por la patente, nos pedían papeles a cada rato. Salíamos a hacer un cacerolazo, y ahí estaba el guanaco y los carros policiales; pero había un asalto, una pelea, tú llamabas a carabineros, ¿y qué pasaba? ¡Nada! Somos trabajadores, no delincuentes, ¿por qué ese trato?”.
Marcos Lusitano es pintor y sufre de una parálisis cerebral distónica, por lo que se debe valer de un par de muletas para desplazarse. Eso no le impide participar en las distintas acciones que lleva a cabo la comunidad organizada, pero tampoco lo salva de la brutalidad característica de las fuerzas especiales de Carabineros. “Estábamos en una acción de corte”, dice, “cuando de pronto quedé yo solo frente al guanaco, a tres metros de distancia. Eran como las diez de la noche. ¿Y qué hizo el desgraciado? Me apuntó con el chorro a la cara. Salté como dos metros, me pegué en la cabeza, los bastones volaron a la chucha. Después de eso me mojó como un minuto y medio más. Se dio el placer de arrastrarme ahí en el agua”.
Juan Sánchez, por su parte, agrega: “Acá en Lirquén hay una Tenencia que cuenta como con diez carabineros. Nunca habíamos tenido problemas antes, y como organización opositora jamás los vimos como el enemigo. Pero parece que ellos sí ven a la gente como sus enemigos, o bien los que los mandan nos ven así. Nos hostigan, nos piden carnet, nos reprimen, van a los locales, piden las patentes, te siguen hasta para ir al supermercado. Después nos declararon zona de conflicto, empezaron a mandar fuerzas especiales, carros lanza aguas. Yo tengo 37 años y siempre he vivido acá. Nunca se había visto esto, ni en dictadura”.
El estado actual del proceso
Para las comunidades locales, el error estratégico más importante por parte de la empresa ha sido pasar por alto a la comunidad Lafkenche que habita en la zona costera. “Ellos simplemente ignoran el Rewe, que es nuestro lugar sagrado”, cuenta la lamngen María Flores Quilapán, habitante de esta comunidad agrupada en la Asociación Koñintu Lafken Mapu, de la cual es Presidenta. “Nunca han asistido a este lugar. Nos consideran como gente que recoge algas, no nos permitían ni siquiera hablar en las reuniones del Servicio de Evaluación Ambiental”.
El Rewe es un lugar en donde se encuentran las medicinas más importantes de esta cultura originaria. Así lo describe María Flores, quien además explica que “el pueblo Mapuche debe proteger este lugar, defender el mar y la tierra de la destrucción de las empresas. Les rezamos a los Nien (dueños) del mar y de la tierra para que protejan este lugar. Esto nos da fuerza para seguir adelante”.
El rechazo a estas tratativas se ha mantenido firme por parte de la comunidad Lafkenche, quienes recalcan el hecho de que la empresa no tiene el conocimiento -ni el interés- por su cultura, su religión y su forma de vida. Esto provocó que, casi sin quererlo, la comunidad se haya convertido en protagonista del más reciente capítulo de esta historia. La decisión del conglomerado de desestimar la consulta indígena -obligatoria para estos proyectos- sin completar el proceso de forma adecuada, fue el motivo que permitió presentar un recurso de protección que, a fecha de hoy, mantiene momentáneamente detenido a Octopus.
Un error garrafal, a juicio de los asesores legales de las comunidades. Al día siguiente del fallo, el Diario Financiero informó que la empresa estaba encontrando problemas para renovar los créditos que financian sus operaciones.
La gente organizada sabe que éste es solo un capítulo más en la lucha, y que lo importante es no bajar los brazos. “Estamos muy conscientes que ellos volverán e insistirán”, concluye María Flores Quilapán. “Solo han cesado por el Recurso de Protección. Es por ello que debemos seguir luchando hasta el final”.
Para Álvaro Toro, el futuro de la lucha medioambiental en Chile tiene dos canales de acción distintivos. Uno de ellos pasa por la necesidad de un cambio en la institucionalidad: “Algo que debiese ocurrir, pero que dudamos mucho que ocurra, es que la legislación contemple como elemento clave la visión local en este tipo de proyectos. Hoy no existe una normativa que permita a los habitantes de los territorios tener una voz determinante en estas iniciativas. Existe una visión obsoleta de la zona de sacrificio, donde unos pocos, siempre los más pobres, deben renunciar a sus condiciones de vida para beneficiar a todo el país, en lo que se refiere al precio de la energía”.
En esa misma línea, agrega: “Lo que tenemos hoy, por ejemplo, respecto a la consulta indígena, es una serie de convenios que Chile ha suscrito en materia medioambiental y de participación comunitaria, los que debe cumplir de forma obligatoria para adscribir a los estándares de la OCDE, pero no hay una convicción política en nuestro país respecto a eso”.
En cuanto a la segunda vía, el abogado concluye: “Lentamente, pero de forma muy seria y organizada, las comunidades están abandonando la lógica neoliberal del no en mi jardín, que implica que las personas solo se movilizan si los proyectos contaminantes se instalan en su territorio, sin importar si se trasladan a otro lado. Hoy eso está cambiando, de a poco estamos entrando en un esquema de no en mi jardín, pero tampoco en otro lado, entendiendo que la destrucción del medioambiente nos afecta a todos”.
