Allanamientos sin fines judiciales, hostigamientos, apremios ilegítimos y medidas intrusivas de investigación sin control son algunas de las acusaciones que pesan sobre la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Temuco. Premiados por la PDI el año pasado, el actuar de sus funcionarios podría llevar al derrumbe del caso Luchsinger Mackay.
Por Antonia Orellana – Fuente: eldesconcierto.cl
Con motivo del aniversario número 83 de la institución, el director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, felicitó públicamente a los policías que participaron en marzo del 2016 de la detención de once personas actualmente imputadas en el caso Luchsinger Mackay. “Estábamos en deuda. Faltaba dar una señal potente de tranquilidad a la comunidad que cree en nosotros. No podíamos defraudar la confianza de compatriotas que lo único que desean es trabajar y vivir en paz”, declaró Espinosa a El Mercurio en julio pasado.
Para el alto mando de la policía no fue problema que quince días antes de entregar el “premio excelencia a la investigación criminal” a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Temuco se estampara una querella contra dos de sus funcionarios por tormentos y apremios ilegítimos en el marco de esa investigación.
La querella venía firmada por José Peralino Huinca, el “testigo clave” que, según Fiscalía, reveló su participación en la quema de la casa de los Luchsinger Mackay y delató a los que habrían sido sus cómplices. Esa declaración mantiene imputados a José Tralcal Coche, Luis Sergio Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Juan Tralcal Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, Eliseo Catrilaf Romero, José Cordova Transito y la machi Francisca Linconao Huircapan en el “Operativo Lumahue”.
Entre los métodos de “excelencia en la investigación criminal” denunciados por José Peralino se encuentran la grabación de llamadas telefónicas inconexas, citaciones a declarar sin dar objetivos ni causas judiciales, apremios ilegítimos y tormentos, entrega de dinero para costear gastos básicos o amenazas de encarcelamiento para su familia y polola.
Los premios a los funcionarios de la BIPE no se remitieron a una frase pública del director de la PDI. El 24 de junio, en el hotel y casino Dreams de Temuco, el jefe de la unidad Omar Jofré recibió la premiación por excelencia en una ceremonia de la PDI. En el público estaba por protocolo la entonces presidenta de la Corte de Apelaciones de Temuco, Cecilia Aravena, pero también la familia Luchsinger, que aplaudió con entusiasmo y celebró la premiación.
El testigo clave del caso Luchsinger
“Tú tienes que hablar hoy, si tú no hablas vamos a ir a buscar a la rastra a Francisca Linconao, porque tenemos a la patrulla de la PDI en la posta, llamamos y la buscamos a la rastra. Y a tu polola, averiguamos al tiro, nos contactamos con Collipulli”. Esas fueron las palabras del subcomisario Claudio Leiro, según José Peralino, justo antes de que entrara a la sala de la PDI el fiscal Alberto Chiffelle.
“Encendieron el computador para mostrarme fotografías de otras personas y me preguntaban si las conocía, que dijera que sí. Finalmente respondí por miedo que sí los conocía», continúa el texto de la querella de Peralino contra los funcionarios.
Las personas de la foto eran los once imputados en el caso Luchsinger Mackay, algunos de los que van a cumplir un año en prisión preventiva. Uno de ellos, Sergio Catrilaf, está prófugo, pero anunció que comparecerá al juicio. Toda su implicación en el caso depende, en último término, del testimonio que José Peralino acusó haber dado bajo apremios ilegítimos de los funcionarios de la BIPE.
El actuar de la BIPE en contra de Peralino Huinca llegó hasta la Corte Suprema. En un fallo que fue leído como un “tirón de orejas” a la primera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, la máxima corte revirtió el sobreseimiento definitivo de los subcomisarios Leiro y Vilches y ordenó realizar las diligencias pendientes del caso: un peritaje sicológico a Peralino y la declaración de un testigo que acredita el hostigamiento del que fue víctima el joven mapuche.
Ese testigo es el sacerdote José Fernando Díaz, que lleva casi una década en la zona y fue ante quien acudió la machi Francisca Linconao, preocupada tanto por su propia seguridad como por el estado perturbado de ánimo de Peralino luego de la intervención de la PDI. En conversación con El Desconcierto, el cura miembro de la orden del Verbo Divino explica que declaró ante el Departamento de Asuntos Internos el 15 de marzo pasado. Sus respuestas, adelanta, van en la línea de confirmar lo denunciado por Peralino.
“Él acudió en primer lugar a la machi Francisca. En ese periodo yo estaba fuera del país, y la machi lo llevó al Instituto de Derechos Humanos y luego a la Defensoría Penal Mapuche. Luego los tomaron presos y a partir de ese momento yo hablé con ella. Me decía que cómo era posible que ella fuera tomada presa si desde al menos fines de diciembre del 2015 venía denunciando que Peralino estaba siendo maltratado para declarar», señala el sacerdote.
Para Díaz, que ha trabajado por años vinculado a las comunidades mapuche de la zona, la denuncia que pesa contra los subcomisarios Leiro y Vilches no es una excepción sino que “una forma de operar habitual. Estos apremios ilegítimos los hemos visto en varios casos y en la misma zona. Torturas aberrantes a señoras mayores, maltratos dentro de cuarteles, he visto los destrozos en sus casas, cómo arrasan con los huertos con los que se alimentan”.
La otra diligencia que la Corte Suprema ordenó llevar a cabo es un peritaje sicológico en el Servicio Médico Legal que se realice de acuerdo al Manual de investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, más conocido como “Protocolo de Estambul”. La primera parte de la evaluación se realizó ayer miércoles en el SML de Temuco.
La causa que se montó con las pesquisas de excelencia de la BIPE, en tanto, se mantiene paralizada hace dos meses. Recién mañana, cumplido un año del control de detención de los imputados, comenzarán las audiencias preparatorias del juicio. La gran pregunta es si el testimonio de José Peralino, base de la tesis que llevan la Fiscalía y los abogados de los Luchsinger, podrá ser incluido como prueba con un juicio pendiente que cuestiona su veracidad.
Los pasos de la BIPE
La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI en Temuco fue creada formalmente el 9 de agosto de 2012, justo después de la famosa “cumbre de seguridad” del gobierno de Sebastián Piñera en La Araucanía. En sus inicios se instaló en la base de la Fuerza Aérea local y hoy cuenta con treinta oficiales y dos asistentes policiales, además de dos asistentes administrativos. Dos de sus subcomisarios son los acusados por José Peralino Huinca: Claudio Leiro Marambio y Guillermo Vilches Saldivia.
En sus hojas de vida se detalla que el subcomisario Leiro ingresó a la institución en febrero de 1996, llegando a la BIPE en agosto de 2012. El subcomisario Vilches, en tanto, sirve en la PDI desde el verano de 1999. En 2008 ingresó a un equipo especial de investigación que se abocaba a los hechos de violencia en la región de La Araucanía, cuando aún no existía la BIPE, a la que se integró apenas fue creada en 2012.
La sigla BIPE, sumada a estos dos funcionarios, se repite en varios juicios polémicos además del caso Luchsinger Mackay. Uno de ellos es el juicio oral en contra de los comuneros Daniel Melinao, Elisa Rojas y Juan Pablo Licán -todos pertenecientes a la comunidad mapuche Wente Winkul Mapu-, donde se presentaron pruebas obtenidas en forma ilícita por la PDI que finalmente no fueron valoradas en el proceso. El 1 de octubre pasado quedaron en libertad luego de meses en prisión preventiva acusados de atacar un retén de Carabineros en Chol Chol.
“La fiscalía regional les da orden de investigar con manga ancha, siempre indican efectuar ‘toda diligencia que condujera a establecer responsabilidades”, critica una fuente ligada al caso Wente Winkul Mapu que prefiere mantener la reserva, añadiendo que “ellos tienen pleno conocimiento de que hay diligencias que son intrusivas, vulneran derechos fundamentales y requieren autorización judicial, pero las llevan a cabo igual y luego, cuando no las pueden incluir como prueba porque fueron obtenidas de manera ilegal la derecha local dice que no hay estado de derecho”.
Estos métodos de “excelencia a la investigación criminal” aparecen también en otras diligencias derivadas de instrucciones de la Fiscalía de Temuco en el caso Luchsinger Mackay. La Comunidad Ramón Nahuelcura de Padre Las Casas recibió la visita de la BIPE seis días después del incendio intencional que acabó con la vida de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay. Frente a sus padres ancianos, Juan y Luis Nahuelcura Sandoval fueron esposados y su casa allanada. No hubo detenciones.
Diez meses después, en octubre de 2013, el subcomisario Claudio Leiro llegó para citar a Juan Nahuelcura a la Policía de Investigaciones de Temuco a declarar, sin especificarle el motivo. Luego del allanamiento, Juan había sufrido consecuencias sicológicas y se encontraba en tratamiento con una machi en Chol Chol, por lo que no acusó recibo. Días después la BIPE volvió al lugar para reiterar la citación, aún sin motivo, dejándole además $10.000 pesos para el costo de la micro a Temuco. Por recomendación de su abogado, Nahuelcura no asistió.
No tuvo más novedades del asunto hasta quince días después, cuando la PDI llegó nuevamente a su casa, lo llevaron obligado junto a su padre hasta Temuco y lo forzaron a declarar sin que se supiera si fue en calidad de testigo o imputado ni que se le entregara una copia de su declaración.
El 24 de abril del 2015 volvieron cuatro funcionarios de la PDI a entregarle una nueva citación a declarar. Juan Nahuelcura contraatacó con un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco, alegando uso injustificado de la fuerza. No tuvo la misma recepción que José Peralino. Pese a que la justicia lo rechazó argumentando que Nahuelcura estaba en libertad, en la respuesta de la PDI se señala que estas acciones forman parte de los “empadronamientos” de personas encargados por la Fiscalía.
Otro incidente reciente fue la polémica detención del lonko de Temucuicui, Víctor Queipul Huaiquil, el 7 de diciembre pasado en plena carretera de la Ruta 5 Sur. Queipul volvía a su comunidad luego de visitar al machi Celestino Córdova en la cárcel de Temuco, lugar al que asistieron para entregarle un nuevo rehue. “En todo momento fuimos observados por personal de civil”, señalaron a través de un comunicado, denunciando que fueron seguidos y que en plena carretera “uno de los vehículos se atravesó y nos impidió seguir, luego de lo cual se bajaron fuertemente armados y, bajo amenaza, rodearon el furgón y comenzaron a bajarnos. Todo esto en presencia de mujeres y niños que acompañaban la comitiva”.
Durante el altercado y posterior detención, Víctor Queipul llamó a su abogada del Centro de Investigación y Defensa SUR (CidSur), quien solicitó el nombre del oficial a cargo. Era, una vez más, el premiado subcomisario Claudio Leiro.
La BIPE también estuvo involucrada en el hostigamiento denunciado por los abogados abogados defensores en el caso Luchsinger Manuela Royo, Sebastián Saavedra y Karina Riquelme. Los tres sufrieron seguimientos, fotografías y más, situación que será llevada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Desconcierto se contactó varias veces con la Policía de Investigaciones intentando obtener su versión de estas acusaciones, así como los criterios ocupados para premiar a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE). Al respecto, señalaron que desde la institución no se comentan los fallos de tribunales de justicia “ni nos referimos a investigaciones o procesos que se encuentra en curso para no interferir o perjudicar el desarrollo de éstos”.
El sacerdote José Fernando Díaz tiene fe de que la causa paralela por apremios ilegítimos a José Peralino avance y destrabe, además, el caso Luchsinger Mackay. “Esto desarma toda la ridícula construcción de la fiscalía, es por eso que han demorado el inicio del juicio oral. Estoy en la zona desde la muerte de Matías Catrileo en 2008 y puedo dar fe de que en los once detenidos hay gente que jamás estaría involucrado en ese tipo de violencia. Hay un armazón muy burda”, sentencia el sacerdote.
