Por Marien González Hidalgo, publicado el 13/03/2017 en El Ciudadano
El verano de 2017 será recordado (especialmente y para siempre, por las personas afectadas) por los incendios forestales que asolaron el centro y sur de Chile, quemando más de medio millón de hectáreas. Las imágenes de hogares arrasados y líneas de fuego corriendo por entre plantaciones forestales llegaron hasta los medios internacionales.
Siendo el centro-sur de nuestro país un territorio dedicado masivamente a la economía de exportación forestal, los incendios son “el pan de cada verano”, como indican las estadísticas históricas de CONAF. Sin embargo, la magnitud de los siniestros de este verano 2017 ha hecho saltar varias alarmas, y las voces más críticas sobre las plantaciones forestales -que a menudo son silenciadas o criminalizadas- han podido ser escuchadas.
La cuestión sobre qué hacer después de incendios forestales es un gran tema para todos los territorios que por predisposición climática o por la formas elegidas (o impuestas) de desarrollo territorial, los experimentan frecuentemente.
Los bosques y las plantaciones –aunque son diferentes en lo que refiere a diversidad de especies y estados de crecimiento, así como en los servicios ecosistémicos que ofrecen- son, como cualquier ecosistema, espacios vulnerables, no permanentes. Cuando estos ecosistemas se queman, la tendencia generalizada es a buscar culpables individuales (sean personas o especies concretas), en lugar de entender la forma en que se han forjado las relaciones sociedad-naturaleza.
Por ejemplo, en el caso del Estado español, cada año se adjudica la responsabilidad de los grandes incendios forestales a las condiciones climáticas, a la actividad de población rural, a excursionistas o a la mala extinción por parte de bomberos. Esto, en vez de comprender de forma más amplia la ecología de los sistemas forestales, que -en el caso mediterráneo- no se puede entender sin la presencia histórica del fuego en el territorio.
Pero los cambios de paisaje asociados a las plantaciones forestales y al abandono de la actividad rural, entre otros, hacen que estos incendios se descontrolen. Entender las relaciones sociedad-naturaleza es por tanto fundamental para salir de propuestas simplistas.
En Chile ocurre algo parecido. A pesar de que las características socio-ecológicas de los monocultivos forestales hacen que éstos sean idóneos para la proliferación de incendios (por su continuidad de combustible, alta demanda de agua, etcétera), cada verano se apunta a una supuesta responsabilidad de las comunidades locales. En ellas se enfocan, por ejemplo, los programas de “buena vecindad” o re-educación ambiental.
Foto: Agencia Uno
El riesgo constante de incendios forestales para las plantaciones ha sido y es un continuo proceso de “aprendizaje” para las empresas forestales, a fin de conservar su acumulación de capital. Las movilizaciones de las comunidades indígenas desde los años 1990 y las llamadas de atención de los impactos de la industria, como en el caso Valdivia- Celco en 2004, han hecho que Estado y empresas forestales hayan propuesto varias formas de mejora de la sustentabilidad y participación en el modelo forestal, mediante intervenciones educativas que indican que el modelo forestal “aprende”, aunque siempre dentro de sus propios límites e intereses.
El riesgo de incendio supone una necesidad de inversión creciente en sistemas de control y extinción de alta tecnología y que el Estado y empresas forestales tengan que relacionarse con las comunidades locales, con la intención de mejorar sus relaciones con ellas y asegurar la protección de su patrimonio. Así, se desarrollan campañas de mano de mascotas como Forestín (CONAF) o Silvestre (CORMA), en las que se transmiten valores ambientales a niños, niñas y personas adultas en las comunidades rodeadas por plantaciones forestales, dentro de los programas de “buena vecindad” o re-educación ambiental. Aunque la educación ambiental puede ser una actividad loable, hacerlo desde el sector empresarial y sin discutir los impactos de la actividad forestal con las comunidades locales no resulta una práctica responsable o participativa.
Estas iniciativas se suelen realizar asociadas a actividades asistencialistas (servicios de salud, entretenimiento o estética) o a compensaciones monetarias a líderes de las comunidades, mostrando cómo estas “buenas relaciones” requieren la cooptación de las comunidades. De esta manera, estas actividades no hacen sino mantener la desigualdad de poder en el conflicto forestal: el lema “Incendios forestales: de ti depende prevenirlos” pone la responsabilidad sobre quien menos capacidad de decisión ha tenido en las causas estructurales de los mismos. La divulgación de nuevos valores y actitudes de “cuidado de la naturaleza” contrasta con el día a día de las comunidades vecinas a las plantaciones, que son conscientes del conflicto estructural y de desigualdad asociado al modelo forestal.
En Chile, como se ha documentado en varios países con plantaciones forestales, las comunidades locales identifican diversos impactos socio-ambientales, tales como escasez de agua, falta de acceso a la tierra, deforestación y contaminación asociados a la actividad forestal extractiva. Estos impactos se enmarcan en dinámicas históricas amplias, donde los cambios de propiedad y uso de la tierra se asocian, en algunos casos, a pugnas de poder coloniales y post-coloniales (1818, Independencia de Chile), así como a políticas neoliberales heredadas de la dictadura de Pinochet (1973-1990).
Así, los impactos socio-ambientales se asocian a la ausencia de procesos democráticos y/o de consulta, recuerdos y experiencias de violencia y desigualdad en relación al modelo forestal que les rodea. La larga y compleja historia de luchas de poder por el control y manejo del territorio entre Estado, capital privado y comunidades locales exige que los conflictos e impactos asociados a las plantaciones forestales sean abordados más allá de lo técnico, haciéndose cargo de las causas estructurales de los conflictos.
Por lo tanto, la cuestión del “aprendizaje” post-incendio se ha de enmarcar en discusiones vinculadas a reformas radicales que aborden los problemas de fondo en relación a la propiedad y uso de la tierra, a la violencia y la desigualdad. Como recordaba el colectivo de geografía Gladys Armijo, los incendios no son causa de una “escasa planificación territorial”, sino de una guiada por los intereses económicos de los sectores interesados. ¿De qué servirían más cortafuegos, más espacio de interfase urbana-forestal, o cambiar especies de pino o eucalipto a avellano, por ejemplo, si se van a mantener masas boscosas en la misma etapa de crecimiento (monocultivo forestal) y que implican concentración de tierra, desigualdad y escasas posibilidades democráticas por estar gobernadas por los mimos grupos económicos?
Los incendios llaman a abrir un sistema democrático al territorio, donde las necesidades para la vida de las y los habitantes puedan ser escuchadas, debatidas y ubicadas en las dinámicas socio-ecosistémicas. Esto implicará que los que más han ganado hasta ahora con el establecimiento del modelo forestal, dejen de hacerlo. Si no, corremos el peligro de que los que aprendan sean los de siempre (las comunidades más afectadas, desarrollando importantes formas de solidaridad y organización comunitaria), pero que quien acumula el poder, la tierra, el agua y la capacidad de decisión -el sector empresarial y las instituciones del Estado- no hagan sino implementar medidas a modo de parches… hasta el próximo verano.
*La investigación que fundamenta este escrito es parte de un programa de doctorado llevado a cabo por la autora, como parte de la Red Europea de Ecología Política (ENTITLE): Instituto de Tecnología y Ciencia Ambiental, Universidad Autónoma de Barcelona; Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.
