Fuente: ciperchile.cl
El aumento de los incendios forestales se ha dado en Chile de manera sostenida en las últimas cuatro décadas, el mismo período de la consolidación de la industria forestal en nuestro país. Si en los años 70 se registraban un promedio de 900 incendios forestales al año, hoy esa cifra se estima en cinco mil. Asimismo, la gran mayoría de incendios forestales se concentra entre la V y la IX Región, al igual que las grandes industrias dedicadas al monocultivo de eucaliptos y pino radiata.
En ese cuadro, cabe destacar la asignación para control de incendios forestales de la Corporación Nacional Forestal (CONAF): en 2017 fue de 26.000 millones de pesos, más $3 mil millones para gastos extraordinarios de emergencia (US$4,6 millones).
Como referencia, un gasto extraordinario puede ser, los costos operativos del avión SuperTanker, que a ascienden a US$ 2 millones por seis días. O sea, el ítem completo de gastos extraordinarios por emergencia, como ahora, alcanza sólo para dos semanas de actividades del aplaudido avión.
CONAF está obligada por ley a resguardar las 17,5 millones de hectáreas de bosques nativos y forestales del país, sin distinción. De ellas, 14,5 millones de hectáreas son áreas protegidas y las 3 millones de hectáreas restantes corresponden a plantaciones forestales, equivalentes, más o menos, a la superficie de toda la Región del Maule.
Así, tenemos que para 2017 el presupuesto para el combate de incendios forestales (sin gastos extraordinarios) asciende a poco más de $1.600 pesos por hectárea, menos de lo que cuesta un kilo de pan.
Durante años CONAF ha reclamado por la falta de una institucionalidad pública forestal que otorgue verdaderas herramientas para la protección y sustentabilidad de nuestros bosques. La política forestal actual está expresada por el Decreto Ley 701 (DL 701), un subsidio creado en dictadura para fomentar la industria del sector. Pese a sus enormes beneficios para las empresas, carece de condiciones mínimas para evitar los efectos negativos de las plantaciones, como gestión de uso de suelo y del recurso hídrico.
Ello permite, por ejemplo, que la sobre abundancia de plantaciones forestales causen sequía en las zonas donde se encuentran o que la falta de cortafuegos adecuados favorezca que las llamas se extiendan de una plantación a otra con suma facilidad. Dos aspectos que, según los expertos, están íntimamente ligados a la magnitud del mega incendio más grande de nuestra historia, que aún no termina de azotar a la zona centro-sur del país.
US$ 875 millones (casi $570 mil millones), es el cálculo de los bonos pagados a través del DL 701 a las forestales entre 1974 y 2013 sólo por concepto de plantación y gastos administrativos asociados, sin contar el resto de los beneficios que entrega esta normativa. De los US$875 millones, el 70% ha sido entregado a las medianas y grandes empresas forestales, de las cuales sólo los Grupos Matte y Angelini, los principales actores del mercado, habrían recibido US$600 millones.
Para digerir este monto podemos decir que es 4,5 veces superior al reajuste que recibió el Pilar Básico Solidario de pensiones ($125 mil millones) y casi el doble del reajuste que recibió la glosa de gratuidad en Educación Superior, ($266 mil millones) en la Ley de Presupuestos 2017.
La autoría del DL 701 corresponde a Fernando Léniz, ministro de Economía del régimen militar, quien antes de asumir fue gerente de producción de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y presidente de la Corporación Chilena de la Madera, CORMA.
Su ejecución quedó en manos de Julio Ponce Lerou, ingeniero forestal y director ejecutivo de CONAF de la época (1974). Su suegro, Augusto Pinochet, le encomendó además la gerencia general de CORFO, la presidencia de Celulosa Constitución y Celulosa Arauco, la dirección ejecutiva de Inforsa, la dirección de Soquimich y de Enami, y la vicepresidencia de Endesa. Ponce Lerou tuvo que renunciar abruptamente a todos sus cargos públicos en 1983, cuando fue acusado de enriquecimiento ilícito, gracias a la acumulación de numerosas y valiosas tierras agrícolas y forestales.
La vigencia del DL 701 creado en 1974 caducó en 1997, pero con el beneplácito de los gobiernos de Eduardo Frei, Sebastián Piñera y del Congreso, el beneficio se extendió por otras dos décadas mediante el mecanismo de las prórrogas: el Ejecutivo presenta un proyecto y el Legislativo lo aprueba.
La última prórroga fue presentada en 2015 por el gobierno de Michelle Bachelet, para el período 2016-2018. El proyecto se encuentra congelado en el Congreso. De aprobarse, se traspasarían a la industria forestal otros US$54 millones ($35 mil millones).
Los dirigentes de la madera han insistido ante los medios que el DL 701 se acabó en 2012, lo que es una verdad a medias. El decreto en cuestión no ha sido derogado. Ahora, como en otras ocasiones, su tramitación está detenida en el Parlamento, lo cual no impide que el Estado continúe entregando recursos en su nombre. Ejemplo de ello es que en noviembre de 2015, el Congreso aprobó una partida de $327 millones adeudados por labores anteriores a 2013. Según la CONAF, el 62% de los $327 millones fueron en beneficio de la gran empresa forestal.
Como veremos, estas cifras son sólo las chispas de una fogata.
CONCENTRACIÓN E INTEGRACIÓN VERTICAL
Gracias al DL 701 el negocio forestal pasó de ser un negocio menor en la década de los ‘70 a lo que es hoy: la segunda industria más grande del país, con un aporte del 2,7% del PIB.
Este decreto ha sido reconocido como un instrumento que ha favorecido la concentración de la riqueza. El 70% del mercado es controlado por las empresas del Grupo Matte (CMPC) y del Grupo Angelini (Forestal Arauco, Celulosa Arauco Constitución, CELCO). Para ser exactos, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y Celulosa Arauco no son empresas, sino conglomerados de empresas.
Además, la industria forestal se caracteriza por su alta integración vertical: controla desde el origen hasta el final de la cadena productiva, pasando por viveros, elaboración de trozas, aserraderos, comercialización y propiedad de los puertos. Eso les permite controlar los costos, precios y competencia.
Los negocios de estos grupos no se limitan al sector maderero. El Grupo Angelini abarca también los sectores eléctrico, pesquero, minero, de combustibles y bienes durables. El Grupo Matte es muy activo en los sectores eléctrico, financiero, industrial y portuario.
Sus herederos se encuentran todos en la lista Forbes (2016) y entre las 10 fortunas personales más grandes de Chile: Bernardo, Patricia y Eliodoro Matte Larraín ostentan un patrimonio de US$2.300 millones cada uno, mientras Roberto Angelini Rossi suma US$1.200 millones.
Como vemos, además de la industria forestal, ambos grupos coinciden en el sector energético, el cual a partir de los proyectos hoy tramitados en el Congreso es el punto de partida de la reconversión más importante del sector forestal en su historia: la generación eléctrica a partir de residuos forestales (biomasa). Si todo avanza como está previsto, las industrias eléctrica y forestal podrían concentrarse e integrarse verticalmente por los mismos actores.
EL MAPA DE FUTURO: ENERGÍA FORESTAL
La vigencia del DL 701 dictado en 1974 caducó en 1997. Luego ha tenido dos prórrogas. En 1998, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se extendió el subsidio durante 15 años, incluyendo un tramo retroactivo desde 1996. La segunda prórroga fue presentada en 2010, por el gobierno de Sebastián Piñera, por dos años.
Además, hay dos prórrogas congeladas en el Congreso. Un segundo proyecto presentado por Piñera en 2012, para extender el DL 701 por otros 20 años. Pese a que fue aprobado en el Senado en 2013, numerosas indicaciones y el cambio de gobierno lo dejaron en suspenso. La última es el proyecto que presentó Bachelet en 2015.
Ya en el gobierno de Sebastián Piñera la discusión sobre el DL 701 comenzó asociarse al concepto de desarrollo forestal sustentable y a la necesidad de reemplazar la actual carretera eléctrica.
En su primera cuenta pública, la Presidenta Michelle Bachelet aseguró que los bosques “son también un pilar importante de nuestra economía y hay que apoyar la inversión en ellos, una inversión que sea social y medioambientalmente sustentable (…) con ese fin prorrogaremos la vigencia del DL 701”.
Hizo además otro anuncio: la nueva Agenda de Energía, que tiene entre sus objetivos incrementar gradualmente la participación de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en la matriz energética, para lograr que en el 2050 el 70% de la electricidad del país provenga de estas fuentes.
Las ERNC más conocidas son la energía eólica y solar, pero en ellas también se cuenta la biomasa forestal, que es la obtención de combustibles a partir de residuos forestales, un nuevo negocio que potencialmente puede aportar 2.129 MW entre las regiones de Coquimbo a Los Lagos, según un estudio del Ministerio de Energía, CONAF y la Universidad Austral.
En la última década la biomasa forestal se ha usado principalmente para autoabastecimiento de energía de las plantas de celulosa y los excedentes se venden al Sistema Interconectado Central (SIC).
Para facilitar este nuevo emprendimiento se necesitan dos elementos claves: primero, promulgar un nuevo cuerpo legal de fomento forestal, una iniciativa fuertemente apoyada por la Corporación Chilena de la Madera (CORMA). Esta nueva ley daría mayores incentivos a pequeños propietarios y comunidades indígenas, poseedores del mayor número de plantaciones de bosque nativo, que son árboles con mejor rendimiento en generación de biomasa. Y segundo, reemplazar la actual carretera eléctrica, uniendo el SIC con el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), y de esta forma facilitar la inyección de energía proveniente desde las ERNC.
El Grupo Matte participa en el negocio de la biomasa forestal a través de Bioenergía Forestales, filial de CMPC, que comenzó a expandirse en 2012. Pero la ventaja de este negocio la tiene Arauco Bioenergía, del Grupo Angelini. “La decisión de haber creado una filial que participe en el negocio eléctrico a través de ERNC, aportando con excedentes de energía al SIC, fue tomada hace unos 17 años lo que confirma nuestra visión estratégica” afirmó el ejecutivo de Arauco, Charles Kimber en 2014.
Ese mismo año se dio la aprobación ambiental al proyecto Nueva Horcones, conocido como Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (MAPA) en la VIII Región. Se trata de la inversión de Arauco más importante en su historia, aún en desarrollo, y alcanza los US$2.300 millones.
Con este proyecto, la planta de Celulosa Arauco se convertirá en una de las más grandes del mundo, aumentando su producción a más de 2 millones de toneladas. El proceso de producción incluye una nueva caldera de cogeneración eléctrica a partir de biomasa forestal cuyos excedentes se inyectan al SIC -a través de una línea de transmisión eléctrica- cuya construcción también es parte del proyecto.
Cuando MAPA esté plenamente operativo, Arauco proyecta aumentar en un 68% la venta de excedentes eléctricos al SIC.
CONEXIÓN MÁXIMA
A cargo de la Agenda de Energía, Bachelet nombró a Máximo Pacheco Matte, el más elogiado de sus secretarios de Estado, hasta su renuncia en octubre de 2016. A su salida del Ministerio de Energía se destacaron los resultados de la última licitación de suministro eléctrico, la Agenda de Energía y la Ley de Equidad Tarifaria. La interconexión entre los Sistemas Interconectado Central (SIC) e Interconectado del Norte Grande (SING) llevaba 60% de avance.
Durante su gestión, el ministro Pacheco no ocultó su preferencia por la generación de eléctrica a partir de biomasa, calificándola como una de las ERNC “más estables presentes en el país, capaz de producir energía en forma continua, dado que no depende del viento, radiación solar o disponibilidad hídrica”.
Pacheco Matte fue militante socialista y ha sido calificado como uno de los mejores puentes entre la Nueva Mayoría y el gran empresariado. Fue vicepresidente ejecutivo de Codelco en la administración Aylwin hasta que en 1994 ingresó a la multinacional del rubro de la madera y la construcción Carter Holt Harvey (CHH), como su representante en Chile y Latinoamérica. La neozelandesa CHH era socia del Grupo Angelini en la propiedad de COPEC.
COPEC fue privatizada en dos ocasiones en dictadura. En los ‘70 fue entregada al Grupo Cruzat-Larraín y en 1985, tras la crisis económica, al Grupo Angelini. COPEC además de combustibles, también era propietaria de Celulosa Arauco y Celulosa Constitución. Con el control de COPEC, Angelini, entonces orientado al sector pesquero, pasó de inmediato a ser uno de los actores más grandes del área forestal.
Así describió el economista Álvaro García (ex ministro de Eduardo Frei y Ricardo Lagos) esta operación: “Vender en las actuales condiciones empresas públicas significa entregar en bandeja y a precios muy ventajosos grandes activos del Estado (…) Se llama a licitación pública, pero el gran paquete accionario es adquirido cuatro días antes (…) Y el precio es menos de la mitad del valor equivalente al patrimonio. Después se venden acciones a un precio que más que duplica el pagado por Angelini. Más tarde se asocia con un grupo de Nueva Zelanda (CHH), que compra un porcentaje del paquete original, a un precio que cuadruplica el pagado por Angelini. Se ha estimado que con las utilidades obtenidas en el primer semestre de operaciones de COPEC, Angelini podrá recuperar en dos años su inversión inicial”.
Carter Holt Harvey fue comprada después por International Paper, la empresa forestal más grande del mundo, donde Máximo Pacheco Matte se desempeñó como uno de sus principales ejecutivos, ocupando vicepresidencias y presidencias en sus distintas filiales. Allí estaba cuando fue llamado para asumir la cartera de Energía en el segundo mandato de Bachelet.
Familiarmente, Máximo Pacheco es sobrino en tercer grado de Eliodoro, Bernardo y Patricia Matte Larraín, los controladores del Grupo Matte, cuyo principal conglomerado es la CMPC. Algunas biografías lo describen como especialmente cercano a Bernardo Matte, razón por la cual habría sido el primer concertacionista en integrar el directorio del Centro de Estudios Públicos (CEP), el centro de pensamiento político más influyente de Chile, fundado y financiado mayoritariamente por Eliodoro Matte.
Es sobrino nieto del ex presidente Jorge Alessandri Rodríguez, quien fue también el histórico presidente del directorio de CMPC (1936-1986). El mismo Presidente Salvador Allende, como cortesía, le informó a Alessandri que la Papelera iba a ser expropiada. La campaña ¡La Papelera No! se convirtió entonces en un símbolo de la oposición a la Unidad Popular. CMPC no fue expropiada, pero sí se benefició con las expropiaciones y privatizaciones de la dictadura.
En los ‘70 la industria de la celulosa era mayoritariamente estatal. CMPC era parte de este negocio, con su planta de celulosa en Laja. Al igual que el Grupo Angelini con COPEC, CMPC tomó el control de Inforsa tras su segunda privatización en 1986. Inforsa, además de producir el 54% del papel de diario en Chile, era dueña de varias empresas forestales, como Maderas Nacimiento y Forestal Crecex, y miles de hectáreas de plantaciones. La comisión antimonopolio investigó el caso, y aprobó la compra.
Según una nota de El Mercurio de noviembre de 1986, esta operación transformó a la “Papelera en uno de los dos mayores tenedores de bosques del rubro, en uno de los mayores fabricantes de celulosa y en el principal productor de papel para corrugados”.
Con esa talla laboral y familiar, difícilmente se volverá a encontrar alguien con mayor conocimiento y compromiso que Máximo Pacheco Matte para diseñar la ruta hacia las Energías Renovables No Convencionales, e iluminar con ella, una nueva era para el sector forestal.
DEL PAPEL AL CARTEL
La renuncia de Máximo Pacheco al Ministerio de Energía se produjo en un contexto interesante. Exactamente un año antes, en octubre de 2015, estalló el “Cartel del Confort”, colusión entre la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) del Grupo Matte, y la Empresa Sueca de Celulosa (SCA), los principales productores de papel higiénico y otros papeles de uso doméstico.
Sus detalles son tan vergonzosos que dieron la vuelta al mundo: altos ejecutivos usando teléfonos de prepago, usando alias y cuentas de correo falsas y lanzando sus computadoras al canal San Carlos para eliminar la evidencia.
La Presidenta Bachelet condenó la colusión, la Sofofa condenó la colusión, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) condenó la colusión, Eliodoro Matte condenó la colusión y a sus ejecutivos en la CMPC, claro, a los que acusó de haberlo engañado por más de una década.
Según Conadecus, el perjuicio estimado por el sobreprecio durante 11 años fue de US$510 millones. Por auto denunciarse, CMPC no fue multada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Luego, el ilícito fue descartado en tribunales por la ausencia de una ley anti-colusión. Y hace unos días se reveló que por acuerdo entre Sernac, Conadecus y la CMPC, la Papelera deberá compensar una suma de US$150 millones. El acuerdo fue considerado un triunfo. Matemática simple: US$ 510 menos US$ 150, son US$ 360 millones a favor de la colusión.
Hasta entonces, la tramitación de la prórroga al subsidio forestal, proyecto presentado al Congreso por Bachelet, había tenido carácter de urgente y era aprobada en diversas instancias parlamentarias.
Pero entre sus consecuencias, la “colusión del confort” recordó al país que la tramitación del DL 701 tenía entre sus principales beneficiarios al Grupo Matte. Es más, la Cámara de Diputados creó una comisión especial para estudiar cómo el Decreto Ley 701 podría ser uno de los factores facilitadores de la colusión.
El horno ya no estaba para bollos. Ningún parlamentario parecía cómodo aprobando el decreto, el que quedó congelado indefinidamente. “Ahora que se ha conocido la colusión del Grupo Matte esperamos terminar definitivamente con este subsidio (DL 701)”, dijo senador PS, Alfonso de Urresti a CIPER.
Así, pese a sus esfuerzos, Pacheco quedó sin uno de los dos principales componentes de la Agenda de Energía, la promulgación de un nuevo cuerpo legal de fomento forestal asociado a la prórroga del DL 701. Como sabemos, la modificación apuntaba a fomentar el uso del bosque nativo, cuyos árboles tienen mejor rendimiento en biomasa.
Cuando se creía que nada nuevo se podía decir de la colusión, en diciembre de 2016, el diario La Tercera filtró el documento de delación compensada de CMPC ante la Fiscalía Nacional Económica, donde además de la “colusión del confort”, los ejecutivos de esa empresa del Grupo Matte confesaron que también se habían coludido en el mercado de los pañales, esta vez con Kimberly-Clark. La FNE tenía ese documento desde marzo de 2015, pero increíblemente excluyó este acápite al ventilar la denuncia de la colusión del confort, manteniendo esa relevante información con carácter confidencial. No hay datos que indiquen si el Ejecutivo tuvo indicios de esta segunda colusión del Grupo Matte con anticipación a la filtración, o sólo se enteraron por la prensa.
Pero en julio de 2016 se anunció un importante vuelco respecto al DL 701. El gobierno estaría preparando un nuevo proyecto que excluye a las grandes empresas del subsidio forestal. Pese a la envergadura de esta noticia, muy pocos medios de comunicación la consignaron en ese momento, como tampoco hubo reacciones de las grandes empresas forestales. Sólo fue recordado a fin de año, a través de una carta enviada al Ejecutivo y al Congreso por organizaciones ambientalistas e indígenas que se oponen al DL 701.
CONFLICTOS DE INTERÉS Y PLATAS POLÍTICAS
Los trámites de las últimas prórrogas al DL 701 en el Congreso han estado marcados por la polémica. Grupos ambientalistas, indígenas y políticos han estado cada vez más organizados y atentos a la tramitación de las prórrogas del subsidio, encontrando falencias o revelando antecedentes que cuestionan su extensión.
En junio de 2013, cuando el Senado veía la prórroga de 20 años enviada por el Presidente Piñera, los sindicatos de CONAF denunciaron los conflictos de interés que exhibían los senadores Andrés Zaldívar (DC), Hosaín Sabag (DC) y Antonio Kuschel (RN) por poseer empresas o predios forestales; y del senador Hernán Larraín (UDI) por ser esposo de Magdalena Matte, prima de los herederos del grupo Matte.
Además, llamaron a todos los senadores a transparentar el financiamiento de sus campañas, en la eventualidad de que existieran otros conflictos de interés. De los cuatro senadores denunciados sólo se abstuvo Sabag, mientras Zaldívar, Kuschel y Larraín votaron a favor. No hubo respuesta a la solicitud para transparentar el financiamiento en campañas políticas.
El 15 de julio de 2015 la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, con siete de los 13 parlamentarios que la integran, aprobó por unanimidad extender hasta 2018 el DL 701, proyecto presentado por la administración de Bachelet. Votaron a favor: José Pérez Arriagada (PR), Loreto Carjaval y Felipe Letelier (ambos PPD), Cristián Urízar (PS) y Pedro Álvarez-Salamanca, Ramón Barros e Ignacio Urrutia, (todos UDI). De ellos, hay dos representantes de la Región del Bío Bío, dos del Maule, dos por la Región de O’Higgins y uno por Valparaíso. Casi las mismas regiones donde se concentra históricamente la gran mayoría de incendios forestales (V a IX región), y las grandes industrias del sector.
“La prórroga se aprobó de una manera patética, sin discusión y unánimemente. Pero logramos congelarla…”, dijo a CIPER el senador Alfonso de Urresti (PS), líder de la “Coalición contra la prórroga del DL 701″.
Pese a que hasta ese momento la prórroga parecía bien encaminada, algo preocupó a Eliodoro Matte Larraín, lo suficiente para ir personalmente a La Moneda el 21 de julio de 2015 y reunirse durante una hora con la jefa de gabinete de la Presidenta Bachelet, Ana Lya Uriarte. Sobre el motivo, el empresario dijo que fue por “temas académicos, nada más”. Poco más de dos meses después estalló el “cartel del confort”.
En un reportaje del periodista Daniel Matamala sobre donaciones legales a la política, se establece que todos los grandes grupos económicos, sin excepción, han hecho importantes donaciones en la última década (ver reportaje en CIPER). A la cabeza de ellos figura el Grupo Matte, con más de $2 mil millones, de los cuales sólo la CMPC aportó $823 millones en 2013. Cabe destacar que la investigación se hizo con lo informado en actas de directorio de las distintas empresas, y como no todas las compañías reportaron sus aportes o no lo hicieron cada año, se presume que los montos son aún mayores.
En el tercer lugar de mayores aportes legales está el Grupo Angelini, constatándose que sus empresas forestales son especialmente activas en política, con CELCO y otras seis empresas del rubro como donantes. En las investigaciones del Ministerio Público sobre financiamiento ilegal de la política en el período 2009-2015, el Grupo Angelini vuelve a aparecer.
Al menos seis empresas del Grupo Angelini pagaron boletas y facturas por asesorías falsas para encubrir donaciones a políticos rebajando, de paso, el pago de impuestos del conglomerado. La misma fórmula utilizada por el Grupo Penta y SQM.
Estas donaciones superan los $590 millones entregados a personeros de la Nueva Mayoría y de Chile Vamos:
- Asesorías y Negocios SpA, empresa creada por Giorgio Martelli recaudador de la precampaña presidencial de Bachelet), recibió $218 millones.
- Harolds & Johns Business & Law, empresa creada por Harold Correa (PPD), $90 millones. En ambas empresas aparece relacionado el jefe de la precampaña de Michelle Bachelet y ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.
- Vinculados a la tramitación de la Ley de Pesca aparecen el senador Jaime Orpis (ex UDI), con $235 millones y la ex diputada Marta Isasi, con $25 millones. Además, se indaga un pago para el fallecido senador Adolfo Zaldívar (líder del PRI), por $15 millones y, raspando la olla, al senador Iván Moreira (UDI), con $7,9 millones.
Además, el grupo Angelini se “autodenunció” en 2016 ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Y allí aparecieron otras dos sociedades vinculadas a precampañas presidenciales: C2P Consultores, relacionada con la campaña del ex Presidente Eduardo Frei en 2009, que recibió $50 millones; y Cristóbal Aninat y Cía., vinculada a la campaña presidencial de Andrés Velasco, con otros $16,5 millones. Uno de los socios de C2P es Pedro Yaconi, yerno del ex presidente Frei y asesor jurídico en Chile de la brasileña OAS en 2014.
Así, por vía de boletas y facturas “ideológicamente falsas” la precampaña de Michelle Bachelet aparece investigada como receptora de los mayores montos entregados por el grupo Angelini.
EL INCIERTO FUTURO DEL DL 701
En enero de 2017 estalló el mega incendio más grande de la historia de Chile. Mientras las primeras operaciones del SuperTanker fueron financiadas por una millonaria chilena ligada a los dueños de Walmart y luego por la familia Luksic, los grandes empresarios forestales sólo aparecieron públicamente tras la reunión de emergencia que convocó la Presidenta Bachelet, el pasado 26 de enero.
El balance a la fecha es de 11 personas fallecidas, 336 mil hectáreas quemadas, 6.162 damnificados y 1.551 casas destruidas.
El pasado 30 de enero, el Fiscal Nacional, aún cuando reconoció que se está investigando el origen de los incendios, descartó que se deban a actos terroristas. Gracias a ello, quienes posean seguros, podrán cobrarlos.
El 1 de febrero, la Presidenta Bachelet anunció vía Twitter el envío de un proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional Forestal, que reemplazaría a la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Si incluye o no la modificación que deja fuera del DL 701 a las grandes forestales, se sabrá en marzo.
LOS OTROS BENEFICIOS
Un manto de oscuridad impide saber con exactitud la totalidad de beneficios que engloba el subsidio forestal creado en 1974. Solo existe una estimación: US$875 millones entregados a los empresarios forestales en los últimos 40 años, por plantación y gastos administrativos asociados.
Los beneficios del DL 701 no cuantificados son exención de impuestos territoriales de los suelos forestados; inexpropiabilidad de la tierra y rebaja de impuesto a la renta por concepto de futuros ingresos de las plantaciones establecidas. Pero existen algunos indicios que pueden ayudar a dimensionarlos.
Exención de impuestos territoriales de los suelos forestados. Entre los grupos Angelini y Matte poseen 1,2 millones de las 3 millones de hectáreas de plantaciones forestales de Chile (726 mil y 476 mil hectáreas respectivamente). Las contribuciones de terrenos agrícolas, si bien varían según su tasación, en 2012 oscilaban entre $50.000 y $60.000 por hectárea al año. Suponiendo que en cinco años estos valores se mantienen y tomando el monto menor, el resultado es que, en un sólo año, el fisco deja de recibir $60 mil millones de pesos por este beneficio.
Inexpropiabilidad de la tierra. Según un informe de la Cámara de Diputados, de los predios expropiados en dictadura, 352.731,64 hectáreas fueron transferidas a CONAF por tener “aptitud preferentemente forestal”, condición obligada si se quería recibir el subsidio forestal. Las tierras expropiadas a campesinos y comunidades mapuches fueron rematadas y compradas por los empresarios forestales a precios irrisorios.
Un ejemplo, revisando los documentos notariales de Cañete, el investigador Luis García-Huidobro encontró que en 1979, Forestal Crecex pagó en precios actuales, $121 millones por 808 hectáreas, es decir $149.840 por cada una. Además, CONAF cobraba al contado sólo el 10% del valor establecido, por lo que en este caso la inversión fue de 14.984 pesos actuales, por hectárea. Así los mismos terrenos que fueron expropiados a campesinos y mapuches, pasaron a ser propiedad de las forestales casi gratuitamente, y ahora además bajo la protección de “inexpropiabilidad”.
Interesante resulta revisar otra cifra. Para evitar futuros desbordes del Río Andalién en Penco, el MOP tuvo que expropiar 26 hectáreas del Puerto Lirquén, de propiedad de los grupos Angelini y Matte. Como indemnización por las 26 hectáreas expropiadas, la justicia penquista condenó al MOP a pagar $2 mil millones en 2016.
Rebaja de impuesto a la renta por concepto de futuros ingresos de las plantaciones establecidas. El director ejecutivo de CONAF, Aaron Cavieres, se refirió a este punto en su descripción del subsidio forestal ante la Cámara Baja. “(El DL 701) También creó beneficios tributarios, como que los terrenos estaban exentos del impuesto territorial y que sus resultados no se consideraban para el cálculo de la renta presunta, ni del global complementario. Sin embargo, estableció la obligación de tributar en Primera Categoría”.
En materia tributaria, dijo, subyace la dificultad de control, pues se dispuso que tras la primera corta se deben pagar los tributos postergados, aspecto difícil de fiscalizar “pues CONAF desconoce el momento exacto en que se corta, generando un desfase y la imposibilidad para el SII de determinar cual es el monto recuperado de esos tributos que están transitoriamente exentos”.
Con el transcurso de los años el bono por plantación reveló otras formas de traspasar riqueza a los medianos y grandes empresarios forestales. Los pequeños propietarios fueron incorporados como beneficiarios del DL 701 recién en 1998. Durante los primeros 24 años, el subsidio estuvo dirigido sólo a grandes y medianas empresas forestales, a quienes el Estado devolvió el 75% de sus gastos. Para los pequeños propietarios se determinó un bono del 90%.
El subsidio impactó los precios. Un pequeño productor sin bono debe cobrar el 100% de sus costos de producción y agregar alguna ganancia. Mientras que los pequeños productores con bono, con sólo un 10% de costos de producción, estuvieron dispuestos a bajar sus precios. En consecuencia, la gran empresa, el poder comprador de los pequeños forestales, terminó pagando menos por los árboles.
