Sus distintos poderes, en particular el ejecutivo y el legislativo, no pueden permanecer pasivos frente a una actividad que, de acuerdo a toda la información, ha enriquecido a unas pocas empresas a costa del arrasamiento de la biodiversidad, de los ecosistemas, del paisaje de zonas extensas del país y, lo que es más grave, a costa de su patrimonio humano, como los habitantes de Santa Olga y de tantas otras comunidades que han quedado indefensas frente a los peligros -como los incendios- que son inherentes a este modelo
Fuente: elmostrador.cl
Los incendios que este verano han afectado la zona centro sur del país han alcanzado tal magnitud que muchos analistas los han considerado como los más grandes de los que se tenga registro en Chile.
De acuerdo a CONAF, solo los incendios forestales han alcanzado una superficie superior al medio millón de hectáreas, concentrándose fundamentalmente entre las regiones Metropolitana y la Araucanía. A ello se debe agregar los incendios de pastizales, sembrados agrícolas y poblados, como Santa Olga, con su secuela de destrucción y muerte.
Los medios de comunicación asociados a los grupos de poder empresarial, han centrado sus informaciones en el cuestionamiento de la efectividad de la labor del Estado en el combate a estos siniestros, así como en las responsabilidades que cabrían a grupos concertados de carácter terrorista, incluyendo entre ellos, como ya es costumbre, a los mapuche.
En el primer plano, dichos medios omiten toda referencia a cómo la dictadura que apoyaron, y más tarde, los sectores políticos que les son afines, ya sea desde la oposición o el gobierno, negaron a CONAF y otras entidades estatales, los recursos necesarios para el combate a los incendios forestales, y en contraste con ello, abogaron por la transferencia, vía Decreto Ley 701 (1974) de recursos públicos a empresas privadas para las plantaciones forestales exóticas que hoy dominan el territorio arrasado por el fuego.
En el segundo plano, las imputaciones infundadas sobre la responsabilidad en los incendios han quedado despejadas por el informe de Carabineros en que se señala que, de acuerdo a sus investigaciones, esta corresponde en gran medida a la falta de mantención del tendido eléctrico por empresas distribuidoras de energía, la negligencia de particulares en quemas agrícolas, y la acción intencionada de los que identificó como “pirómanos no concertados”. Todo ello por cierto en el contexto de elevadas temperaturas, las que en el mes de enero han sido las más altas registradas seis décadas.
Teniendo presente la magnitud que han alcanzado los incendios en la zona centro sur del país, y sus dramáticas implicancias para el patrimonio humano y ambiental del país, no puede omitirse, como lo hacen los sectores interesados, el análisis sobre la estrecha vinculación existente entre estos incendios y el modelo forestal vigente en el país.
Con tres millones de hectáreas a lo largo del país, las plantaciones o monocultivos forestales exóticos dominan el paisaje de la zona afectada por los incendios. Si bien aún no hay una cuantificación de la superficie quemada correspondiente a especies arbóreas exóticas y a especies nativas, no es aventurado señalar que las primeras corresponden a más del 90% del total de especies arbóreas quemadas. Ello por la sencilla razón de que el bosque nativo remanente en la zona afectada por los incendios, de acuerdo a los catastros forestales existentes, es muy reducido, toda vez que fue arrasado hace décadas, precisamente por las plantaciones exóticas.
La Corporación Chilena de la Madera (CORMA), entidad que agrupa a los grandes empresarios forestales, reconoce que son 70 mil las plantaciones que a éstas pertenecen que habrían resultado quemadas. Al respecto cabe aclarar que, como consecuencia del modelo forestal vigente, las plantaciones de medianos y pequeños propietarios, que hoy corresponden a alrededor de un tercio del total, casi en su totalidad están destinadas a un mercado de celulosa y madera controlado por las grandes empresas forestales. Por lo mismo, la superficie de plantaciones de pequeños y medianos propietarios afectada por los incendios recientes -aún no estimada- está estrechamente relacionada a la actividad forestal y beneficio de dichas grandes empresas agrupadas en CORMA.
Por otra parte, a pesar de la magnitud e intensidad sin precedentes de los incendios forestales, la CORMA y sus empresas afiliadas no se hacen responsables de la incidencia que los monocultivos de pino y eucaliptus de su propiedad, o relacionados a su actividad empresarial, han tenido en su propagación. Ello al negar que dichas especies sean “pirogénicas” o más combustibles que las especies nativas, señalando que hay académicos renombrados -sin identificarlos- que así lo aseveran. Paradojalmente, como medidas para hacer frente a los siniestros a futuro proponen, además de las plantaciones (exóticas), áreas de protección con bosque nativo. Al respecto cabe señalar que científicos de renombre como los doctores Juan Armesto, Presidente del Instituto de Ecología y Biodiversidad; Olga Barbosa, Presidenta de la Sociedad de Ecología de Chile; Marcela Bustamante, Presidenta de Restauremos Chile (Red Chilena de Restauración Ecológica) y Mauro González, Investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, precisan que las especies como eucaliptos y pinos que hoy dominan el paisaje de la zona siniestrada, sí son propensas a los incendios. Agregan además, que dichas especies tienen una larga historia evolutiva asociada al fuego en sus territorios de origen y han desarrollado adaptaciones para sobrevivir y reproducirse bajo estas condiciones, a diferencia de las especies del bosque nativo.
La CORMA tampoco hace referencia a las prácticas nocivas de las empresas forestales que agrupa, las que determinan que los poblados del Chile central, como Santa Olga, estén rodeados de plantaciones de monocultivos exóticos, con la evidente amenaza que los incendios forestales significan para sus habitantes. Menos aún aceptan la grave afectación que las plantaciones exóticas generan en las aguas, hecho a estas alturas demostrado por la investigación científica a nivel nacional e internacional. En efecto, una investigación realizada en el país (Little et al.2009, Lara et al 2009, Iroumé et al. 2005, Iroumé y Palacios 2013), da cuenta de los efectos negativos de las plantaciones en el balance hídrico del suelo y los cuerpos de aguas superficiales y subterráneos. Estudios análogos (Perez Arrarte 2007, Overbeek et al 2012 WRM 2016) realizados sobre el mismo fenómenos en distintas partes del globo (Brasil, Sud Africa, Vietnam, entre otros países) llegan a conclusiones similares. Al negar la afectación de los monocultivos en las aguas, las que son indispensables para prevenir y enfrentar los incendios forestales, no solo niegan la evidencia científica, sino también desprecian la evidencia de centenares de comunidades que habitan en la zona centro sur del país, cuyo relato da cuenta de cómo fértiles valles con fuentes de agua abundante se han convertido en pocos años en los denominados desiertos verdes como consecuencia de dichas plantaciones.
Lo anterior no solo constituye una falta ética manifiesta, sino que además vulnera los principios y criterios establecidos por los estándares de FSC (Forestry Stewardship Council), entidad que en la actualidad certifica a 21 empresas chilenas y el manejo forestal de cerca de 2.3 millones de hectáreas, la gran mayoría de ellas con plantaciones exóticas. En efecto el estándar de FSC Chile para la certificación de plantaciones forestales (FSC Chile 2005) dispone en materia ambiental que el manejo forestal “…deberá conservar la diversidad biológica y sus valores asociados, los recursos de agua, los suelos, y los ecosistemas frágiles y únicos, además de los paisajes.” (Principio 6). El mismo estándar dispone que el manejo forestal deberá mantener o elevar el bienestar social y económico a largo plazo de las comunidades locales, proponiendo para ellos la realización de evaluaciones del impacto social. (Principio 4 Criterio 4) En relación a los daños a los bienes, los recursos o la vida de las poblaciones locales dispone que se deberán tomar medidas para evitar tales pérdidas o daños, y emplearse mecanismos apropiados para resolver reclamos y para proporcionar una compensación razonable. (Pincipio 4 Criterio 5)
Al respecto no puede dejar de señalarse la paradoja que significa que plantaciones forestales que ocupan centenares de miles de hectáreas, como las presentes en la zona afectada por los incendios, no hayan sido sometidas a evaluación de impacto ambiental a la fecha. Ello al amparo de una legislación ambiental, y su reglamentación, que solo somete a esta evaluación proyectos de desarrollo forestal definidos como de “dimensiones industriales”, que en esta parte del país requieren de una superficie superior a las 500 hectáreas.
Los incendios forestales no solo dan cuenta del grave incumplimiento de los compromisos voluntarios adquiridos por las empresas forestales certificadas por FSC, sino lo que es más grave, viene a develar una realidad por largo tiempo cuestionada por diversos sectores de la comunidad, incluyendo la academia, las organizaciones de la sociedad civil, y las propias comunidades por estas afectadas, sin ser escuchadas hasta ahora. Ha llegado el momento de poner término a un modelo forestal impuesto en un régimen de fuerza y prolongado hasta la fecha sin más argumentos que el de los aportes que genera al país y a su economía. Sobre su contribución a la economía del país, la CORMA y sus empresas afiliadas omiten señalar que el modelo de plantaciones forestales que impulsan ha estado sustentado en el subsidio estatal, subsidio que desde su instalación en 1974 hasta el 2013 alcanzó a un total de US $ 850 millones de dólares, y que en un porcentaje significativo (US $ 600 millones) fue destinado a dos grandes empresas, Forestal Arauco y Mininco (CMPC) (Carvajal 2015). No es de extrañar, entonces, que estas dos empresas concentren propiedades de una superficie total superior a los 1.8 millones de hectáreas, 1.3 de ellas plantados con especies exóticas.
En contraste con las cuantiosas ganancias que obtienen estas empresas por sus actividades -solo el 2016 las exportaciones forestales alcanzaron un monto de US $5.300 millones de dólares- regiones como la del Maule, con una superficie de plantaciones de 490 mil hectáreas (18.2% de su superficie cultivada) y con más de 200 mil hectáreas quemadas por incendios forestales, es una de las de mayor pobreza multidimensional en el país (22.4%) de acuerdo la Encuesta Casen 2015. Lo mismo puede señalarse de la Araucanía, región que si bien no ha sido hasta ahora tan afectada con los incendios forestales, tiene una superficie de plantaciones de 600 mil hectáreas (21.8 % de su superficie cultivada total), y una pobreza multidimensional del 29.2%, la más elevada del país.
Ha llegado la hora de que el Estado cumpla su rol de velar por el bien común y poner fin al modelo forestal de plantaciones exóticas vigente con las implicancias adversas antes descritas, las que han quedado en evidencia con los recientes incendios.
Sus distintos poderes, en particular el ejecutivo y el legislativo, no pueden permanecer pasivos frente a una actividad que, de acuerdo a toda la información, ha enriquecido a unas pocas empresas a costa del arrasamiento de la biodiversidad, de los ecosistemas, del paisaje de zonas extensas del país y, lo que es más grave, a costa de su patrimonio humano, como los habitantes de Santa Olga y de tantas otras comunidades que han quedado indefensas frente a los peligros -como los incendios- que son inherentes a este modelo. No se trata de demonizar la actividad forestal, sino de repensarla para que esta pueda ser una actividad que contribuya a la recuperación de los ecosistemas nativos, y asociado a ello a la recuperación del agua, de modo de permitir el desarrollo y el buen vivir de las comunidades que habitan en territorios como los siniestrados. Ello con mayor razón en el contexto del cambio climático, que todo indica está para quedarse, y que nadie, salvo los necios como Trump, puede negar.
¿Hasta cuándo esperar?
