El último reporte de la ONEMI en base a información de CONAF habla de 139.009 hectáreas consumidas por el fuego mientras que las oficinas regionales de la ONEMI reportan, 142 damnificados, 158 albergados y 81 viviendas destruidas. Desde el gobierno insisten en responsabilizar a la intencionalidad humana en los incendios, pero no mencionan a las condiciones estructurales que permiten que la “intencionalidad” se transforme en una amenaza a las comunidades humanas. El gobierno elude hablar de las forestales.
Fuente: resumen.cl
Monocultivos de árboles en edad de crecimiento que absorben agua en cantidades industriales desertificando los territorios, sin cortafuegos que protejan a las comunidades humanas de los comunes incendios de estas plantaciones; cientos de hectáreas con árboles de la misma altura propiciando la expansión de verdaderas bolas de fuego ¿Y todavía el gobierno no habla de la responsabilidad de la industria forestal en los megaincendios que año a año consumen el territorio de entre las regiones de O’Higgins y Los Ríos?
Los peces gordos de la industria forestal son los grupos Matte – a través de Forestal Mininco- y Angelini -a través de Forestal Arauco-. Estos grupos, además de manejar el rubro del monocultivo también tienen sus plantas de celulosa, una industria altamente contaminante, que puede envenenar silenciosamente a las comunidades aledañas a través de la contaminación del suelo, del aire y del agua.
Pero eso no es todo. Estos representantes del voraz capìtal transnacional, también están involucrados en el el financiamiento irregular de campañas políticas. La familia Angelini controla sus activos a través de su empresa AntarChile, empresa que fue señalada por Giorgio Martelli como financista de la precampaña de Michelle Bachelet. Los recursos habrían llegado por el contacto de Jorge Rosenblut con la mano derecha de la familia Angelini, José Tomás Guzmán Dumas, quien habría gestionado recursos por alrededor de 200 millones de pesos entre las empresas Celulosa Arauco (Celco), Seguros Cruz del Sur y Copec -todas partes del Holding AntarChile.
No es la única parte donde sus tentáculos han tentado a través de presuntos delitos de cohecho al espectro político. La familia Angelini también es propietaria de Corpesca, empresa que financió a Marta Isasi y Jaime Orpis en medio de la tramitación de la Ley de Pesca. Pero sus redes también involucran al ex Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, Marco Enríquez Ominami, Andrés Velasco y Felipe Harboe como puede verse a través de sus rectificaciones realizadas ante el Servicio de Impuestos Internos rescatadas por Revista Qué Pasa.
La familia Matte es otro peso pesado que goza de la impunidad de los poderosos. Dueños de uno de los Think Tank más importantes del país -el CEP-, pinochetistas recalcitrantes, parte de la burguesía lumpen criolla -que cuenta entre sus antecedentes la guerra sucia contra la UP de Allende, trabajadores asesinados e inhumados en terrenos de su empresa, etc-, son últimamente conocidos por la colusión del Confort y la colusión de los pañales. Según detalla La Tercera “El grupo Matte […] ha aportado al financiamiento de la política a través de más de una docena de sociedades, entre ellas, CMPC, Colbún y Puerto Lirquén. La forestal CMPC declaró en su Reporte de Desarrollo Sostenible 2013 que los aportes a las campañas electorales ascendieron a US$ 1,3 millones.”
Con estos antecedentes no es menor la insistencia -vomitiva- del gobierno, alcaldes y parlamentarios, acerca de la intencionalidad de los incendios forestales, solapando -cual magos de las comunicaciones- la realidad del campo chileno: su devastación por el monocultivo forestal.
En el actual contexto de cambio climático global por emisiones antropogénicas de gases invernadero, donde se espera una progresiva reducción de las precipitaciones en todas las estaciones a lo largo de la sección sur de la Cordillera de los Andes, y donde además se proyecta una intensiva degradación ambiental y pérdida de biodiversidad debido a los impactos y el avance general del extractivismo a gran escala en la zona centro-sur de Chile, uno de los peores modelos productivos que se puede sostener en este territorio, son precisamente monocultivos altamente demandantes de agua y recursos. Además de esto, es altamente probable que la industria forestal en Chile no solamente no contribuya a la mitigación del cambio climático como se autopromociona, sino justamente lo contrario: que potencie directamente la catástrofe en curso mediante la degradación y contaminación del suelo (principal reservorio de carbono); mediante las actividades industriales de producción, transporte y distribución de pulpa de celulosa y papel en el mercado global; con la contaminación de cursos de agua y la consecuente privación de esta para comunidades humanas; y con la venta de bonos de carbono que potencia la desregulación de la contaminación emitida por grandes complejos industriales en el hemisferio norte y países del denominado “primer mundo”, entre otras actividades e impactos de esta industria, aún no suficientemente estudiados.
En la actualidad, tanto bomberos y como brigadistas de CONAF han reconocido lo dificultoso de su labor, entre otros factores, porque no existen fuentes de agua suficientes para aprovisionar los equipos destinados a extinguir los incendios.
Con el Decreto 701 y la permisión para forestar indiscriminadamente bajo la falacia de control de la erosión y recuperación de suelos, el Estado ha propiciado este desastre y es hora que se implemente una política destinada a revertirlo, para lo cual el territorio debe ser entendido y tratado como un espacio con un ecosistema degradado y frágil. Debido a esto mismo, las prácticas desarrolladas en él deben ser coherentes con criterios de reparación y sustentabilidad. Esto implica que la industria forestal se debe retirar, pues sus métodos convierten en inhabitables los espacios donde, hasta ahora, mal viven nuestras comunidades.
