Viernes 25 de noviembre de 2016. Por Catalina Manque
“Los conflictos son la oportunidad para tomar conciencia de la pluralidad: redefinir el sistema democrático, para tomar decisiones en democracia y no impuestas”
En la Casa Central de la Universidad de Chile, el martes 22 de noviembre, se realizó el foro panel denominado: “América Latina: “El extractivismo avanza. La democracia retrocede. La vida se levanta”, organizado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos ambientales (OLCA), el Observatorio de Conflictos Ambientales de América Latina (OCMAL) y el Núcleo Interdisciplinario de Estudios Socioambientales de la Universidad de Chile (Nies- UDECH)
Dora Lucy Arias, Eduardo Gudynas, Mauricio Folchi y Eduardo Mondaca fueron invitados al conversatorio.
El objetivo del encuentro fue dar cuenta del extractivismo y la ruptura de la democracia en las decisiones políticas de los gobiernos y Estados ante la implementación de proyectos extractivistas. Es así como el foro panel abordó dos realidades: una local (Chiloé) y otra internacional (Colombia), que contó con un análisis histórico, político, económico y social que sustenta este modelo económico basado en la sobre extracción de la naturaleza, visto como un bien de consumo.
Democracia y extractivismo: límites y necesidades
Eduardo Gudynas, del Centro Latinoamericano de Ecología social de Uruguay (CLAE), dio a conocer cómo el extractivismo genera conflictos políticos y económicos en América del Sur contemporáneo, visto desde la perspectiva de los extractivismos de tercera y cuarta generación que “involucran enormes volúmenes de recursos removidos cuyo uso de maquinarias y tecnología generan grandes impactos locales”, afirmó.
Gudynas agregó que a partir de la implementación de proyectos relacionados desde la mega minería (tercera generación) hasta el fracking (cuarta generación), existen debilitamientos recortes y cercenamientos en la democracia para ser llevados adelante.
El investigador y académico detalló la necesidad de realizar procesos de consulta ante la implementación de proyectos extractivistas: “si estos extractivismos fueran discutidos con sistemas de consultas, información y participación, seguramente la mayoría de ellos no serían aprobados. Si además se suma el reconocimiento de comunidades locales que están en contra y especialmente grupos muy vulnerables como comunidades campesinas e indígenas, sería otra razón para no aprobarlos”, agregó Gudynas.
Chiloé: Movimientos sociales y alternativas
Eduardo Mondaca, doctor en Ciencias Políticas e integrante del Centro de Estudios sociales de Chiloé (CESCH), expresó desde un punto de vista histórico y social, la violencia paulatina que vive la isla, desde la colonización, el saqueo y la vulneración de los derechos.
Mondaca expresó que el territorio de Chiloé posee una gran cantidad de población Mapuche williche y producto de la colonización forzada, se han creado imaginarios de ciudadanos de primera y segunda categoría: “a partir de los procesos de colonización de América Latina, aparece el constructo mental de raza que no existía antes, por lo tanto, a partir de esta estratificación social de raza, se crean ciudadanos de primera (españoles, ingleses y holandeses) y segunda categoría (mapuche), relación de poder colonial que persiste en el tiempo”.
El Cientista Político enfatizó que las problemáticas relacionadas al extractivismo surgen a partir de los 80’s con la implementación de salmoneras en Chiloé y la puesta en marcha del Parque Tantauco, propiedad del ex presidente Sebastián Piñera, que expulsó a seis comunidades ancestrales y no reconoció el legítimo derecho de reclamación de las tierras: “115 mil hectáreas privatizadas a nombre de Sebastián Piñera, para conservacionismo de lujo internacional, donde se expulsan y se crea el despojo a seis comunidades Mapuche williche ancestrales con títulos de dominios, para la industria salmonera”.
Mondaca señaló que en Chiloé la expansión extractiva se intensifica a partir de la plantación de monocultivos forestales: “En el archipiélago existen 6 mil hectáreas de plantaciones forestales y 10 mil hectáreas de bosque nativo en retroceso, a esto se suman las concesiones mineras de las turberas”.
Todos estos proyectos empresariales han propiciado la destrucción histórica en los sistemas de vida, culturales, sociales y ambientales. ¿Uno de los resultados?: 10 millones de litros de agua repartidos en camiones aljibe a la localidad de Ancud producto de la sequía.
Conflictividad ambiental. Producción de ciudadanía y democracia territorial
Mauricio Folchi, doctor en Historia Económica, investigador e integrante del Núcleo Interdisciplinario de Estudios Socioambientales de la Universidad de Chile (Nies- UDECH), comentó la necesidad de pensar el modelo chileno y legitimidad política ante las tensiones medioambientales, en la condición de ciudadanos y ciudadanas: “existe una crisis de representación de legitimidad del sistema político y la democracia representativa actual”, afirmó.
Folchi abordó tres elementos para la comprensión de la conflictividad ambiental en democracia: “la noción de desarrollo, naturaleza y territorio, son elementos que la democracia actual no discute, en estos conflictos se plantea re discutir la noción de desarrollo”.
Según Folchi, a partir de los conflictos, la ciudadanía recobra sus derechos y el imaginario político se dinamiza con el objetivo de redefinir la democracia: “los conflictos son la oportunidad para tomar conciencia de las dimensiones de esas diferencias, de la pluralidad en un sistema democrático, para tomar decisiones en democracia y no impuestas”, expresó.
¿La democracia contra los derechos?
Dora Lucy Arias es abogada del Colectivo “Cajar” en Colombia, defensora de los Derechos Humanos de personas y comunidades que luchan en contra de proyectos extractivistas en ese país.
En el contexto de la paz en Colombia, Lucy afirmó: “quedó en evidencia que los conflictos en su mayoría son por la tierra porque hay especialistas que entregaron informes y análisis sobre las guerras y luchas campesinas, quienes expresaron que el Estado se ha configurado de forma excluyente y sólo se encuentran los más poderosos y listos”.
En el aspecto político, Lucy expresa que en el siglo XX se realizaron varios procesos de guerras civiles y regionales por conflictos asociados a la tierra: “sólo en el siglo XX existieron 9 guerras civiles y 14 guerras regionales, por tomar el poder de tierras, latifundistas y personas poderosas”.
Es así como la abogada expresa que las relaciones internas de Colombia para la legitimación del Estado son tensiones constantes por la toma del poder: “El Estado se configura a partir de una pelea permanente por apoderarse del privilegio que significa ser parte del Estado”.
Uno de los puntos que Lucy expresa, es cómo se da inicio a la concepción del “enemigo interno” para deslegitimar luchas y defensas de territorios por parte de ambientalistas y defensores de Derechos Humanos: “existen ambientalistas cada vez más atacados en la medida que van creando conciencia, han sido llamados extremistas ambientales, debido a la defensa de base de territorios, derechos humanos y naturaleza”.
La abogada expresa que en relación a la democracia, existe una crisis de participación y desinformación, además las cifras de violaciones a los derechos humanos y personas muertas no son claras o fidedignas.
Para finalizar, Dora Lucy expresa que en Colombia existen alternativas: “existen comunidades que producen toda su comida, pero que se encuentran en riesgos, hay comunidades que expresan “nos están contaminando”, por lo tanto se hace urgente fortalecer las autonomías para resguardar los bienes comunes”.
Lucy expresa un llamado a la paz, de acuerdo a los últimos acontecimientos de Colombia: “la paz no es colocar un alto a las balas, es la capacidad que tiene la gente de concretar alternativas sin temor a ser atacadas o que peligren sus vidas, y así la permanencia en nuestros territorios”.
