Parir engrillada: El oscuro alumbramiento de Lorenza Cayuhan

La doctora le explicó a Lorenza que los exámenes habían detectado hipertensión arterial en sus vasos sanguíneos –preeclampsia- y que debían intervenirla cuanto antes. Mientras preparaban a la madre, en la sala de preparto, la matrona a cargo de la operación preguntó en voz alta: ¿Quién va a entrar al parto?

Un gendarme, ubicado a unos cuantos metros de la cama, respondió que él lo haría. Luego comenzó a ponerse el gorro, la mascarilla y el delantal. Era el mismo funcionario que Lorenza denunciaría más tarde de observarla desnuda mientras le hacían los exámenes y engrillar sus dos tobillos antes del parto.
-Estaba ahí, con la puerta abierta, veía todo, vio cuando me sacaron la ropa. Miraba mi cuerpo desnudo- contó a la comisión que la visitó después de dar a luz a su hija.

En el informe del Colegio Médico, elaborado luego de una visita conjunta con profesionales de la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorenza Cayuhan relató paso a paso su traslado desde la cárcel de Arauco a distintos recintos asistenciales de la octava región. El último, una clínica privada donde la obligaron a parir engrillada a su hija de 32 semanas de gestación.

El documento, al que tuvo acceso The Clinic, detalla que al menos una semana antes del alumbramiento, la mujer manifestó diversos tipos de dolores en las piernas, espalda y zona vaginal, sin ser derivada a un centro hospitalario. El 12 de octubre, cuando los malestares eran casi insoportables, la paramédico de la cárcel constató que la presión arterial de Lorenza estaba en las nubes y era necesario trasladarla a un centro asistencial.

Dos gendarmes, un hombre y una mujer, la llevaron en un taxi al hospital de Arauco, escoltados por un carro institucional. Allí la matrona de turno exigió a los funcionarios que retiraran las esposas para examinarla. Fue el único momento de tregua que tuvo para descansar sus extremidades. Luego de los exámenes de rigor, los especialistas deciden derivarla al hospital Regional, la vuelven a engrillar a una camilla y la trasladan en una ambulancia, pasando antes por la cárcel para efectuar un cambio de guardia.

Al otro día, después de una compleja noche de monitoreo, le informan que no había cupo y que la trasladarían a una clínica privada que tenía un convenio con el hospital. Lorenza solicita comunicarse con su familia y el gendarme le responde que “no podía hacer nada”. Fue la matrona de turno la encargada de informar a sus padres que estaba a punto de dar a luz. Algo inexplicable para Margarita Llebul, madre de Lorenza, que recién cuando pudo ver a su hija se enteró que llevaba más de 24 horas deambulando en distintos hospitales. “Imagínese le hubiera pasado algo malo, ni siquiera me avisaron a tiempo”.

Lorenza ingresó a la clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán de Concepción pasadas las cinco de la tarde engrillada a una camilla. Poco después entró a pabellón acompañada de su madre y un funcionario de Gendarmería que su progenitora describe como gordito, moreno y de nariz ancha. “Él vio cuando sale mi bebé – relata Lorenza en el informe-, yo estaba con ambos pies engrillados…luego se la llevan, me dolió el estómago, empecé a vomitar, y el gendarme seguía ahí”.

El doctor Enrique Morales, encargado de escribir el informe del Colegio Médico, asegura que las normas éticas de la orden indican expresamente que “la atención de detenidos debe realizarse sin presencia de gendarmes, teniendo un carácter privado y reservado, e identificándose además el médico tratante”.

Margarita no tenía idea de leyes, sólo se limitó a acompañar a su hija desde la cabecera de la mesa quirúrgica, al otro extremo donde estaba ubicado el gendarme. Pese a la impotencia que le provocaba la presencia del uniformado en la sala, prefirió guardar silencio, morderse la rabia. Callar una vez más. “No tuvieron compasión con mi hija, estaba hinchada y le apretaban las grilletas. No entiendo que por ser mapuche seamos tan humillados, si somos personas igual que todos. Ellos también nacieron de una madre”.

Todavía Margarita no puede sacarse de la cabeza la imagen del alumbramiento. Dice que es un recuerdo que la acompañará toda la vida. “Nunca voy a olvidar que mi nieta nació así. Ella no tenía la culpa de nada”.
Sayen nació a las seis de la tarde del viernes 14 de octubre. Su nombre en mapudungún significa “mujer de corazón generoso”.

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Lorenza tuvo un pálpito, primero, y luego un pequeño escalofrío. En esa fracción de segundo entendió lo que sucedería a continuación. Ya no tenía ninguna duda: alguien venía en dirección a su casa. Afuera de su hogar, a las cuatro y media de la madrugada, más de cien detectives comenzaban un allanamiento a la parcela de los Cayuhan Llebul, ubicada en el sector de Antiquina Alto, en las inmediaciones de Cañete.

Lorenza estaba sola con su hijo de 10 años. Apenas alcanzó a ponerse un calzón y una polera antes que derrumbaran la puerta a patadas. ¡Dónde están las armas –gritaban- dónde conchesumadre están las armas!

Fue la noche del 15 de diciembre de 2015. Lorenza cuenta en el informe elaborado por el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico que los efectivos de la PDI andaban buscando armas y que le preguntaban a su hijo por ellas. Que además revolvieron toda la casa, se llevaron un computador, un teléfono, una Tablet y 400 mil pesos que después, asegura, no aparecieron en el acta de confiscación.

José, hermano de Lorenza que vivía en otra casa ubicada en el mismo predio, recuerda que estaba acostado cuando sintió algo parecido al ruido de un tren aproximándose. Se levantó, miró por la ventana y vio a un grupo de hombres encapuchados descender de diversos vehículos. “Nos vienen a asaltar”, pensó. Parapetado en la puerta de entrada, intentando ganar tiempo para que su mujer alcanzara a vestirse, resistió la embestida hasta que echaron abajo la puerta. “Entraron a la pieza, mi señora estaba desnuda, mi hija durmiendo con ella. Despertó aterrada. Fue súper traumático”.

Los desconocidos se identificaron como funcionarios de la Policía de Investigaciones. Eran miembros del Equipo de Reacción Táctico de la PDI, ERTA, en busca de evidencias sobre un asalto ocurrido hacía tres meses en el mismo sector: una emboscada a trabajadores forestales de la empresa Fumivar a quienes les habían robado un GPS, un cooler, una motosierra, un hacha, una lima y una cámara digital.

El operativo de detención, ingreso y registro de las viviendas fue simultáneo y se dividió en cuatro zonas: tres ubicadas en el mismo predio, y otra en la escuela Nueva Aurora de Cañete, lugar donde se encontraba el primo de Lorenza, Álex Ortiz Llebul. Tres horas duró el procedimiento, incluido el arribo de dos helicópteros poco antes del amanecer, siendo que la orden calificada de “urgente y necesaria” por el tribunal había sido emitida a las 16 horas del día anterior.

Lorenza fue detenida junto a otros seis familiares, todos miembros de la comunidad Mawidanche, y trasladada al cuartel de la PDI Cañete. “Así que tú eres la líder de la banda… Así los quería tener, se les acabó la fiesta”, le habría dicho el fiscal Juan Yáñez. “Nunca había vivido una detención, era la primera vez que estaba en una situación así, no sabía cómo reaccionar”, comentó a los profesionales que la visitaron en la Clínica. Para entonces, la comunera mapuche ni siquiera tenía antecedentes penales y trabajaba en mantenciones de aseo en Antiquina Alto para la ONG Crea, con un contrato de 45 horas semanales.

Antes de la formalización, la trasladaron a constatar lesiones al hospital de Cañete. “El médico me pidió que me sacara la ropa, incluso que me bajara los calzones y me sacara la polera (no tenía sostén), todo esto enfrente de los policías… me sentí humillada, nunca había visto a estos hombres, sentí mucha vergüenza”, declaró en el informe.
En un comunicado público, emitido luego del arresto de los comuneros, la comunidad Mawidanche aseguró que la detención de siete de sus miembros había sido exhibida como “un trofeo de guerra”. Acusaron al fiscal Yáñez de creer ilusamente que “la lucha de nuestro pueblo obedece a factores delincuenciales y no a una decisión política irreversible de las comunidades en resistencia por expulsar a las forestales y recuperar el territorio usurpado”.
Todos los familiares detenidos quedaron finalmente en prisión preventiva, luego del reconocimiento fotográfico de las víctimas y la participación de una figura que hasta entonces era desconocida por la defensa: un cooperador eficaz.

La primera vez que aparece el supuesto testigo clave, fue en una declaración del detective Robinson Araya. El policía detalla, según consigna la carpeta investigativa, que el 12 de noviembre de 2015 mientras realizaban un reconocimiento en el sector Pata de Gallina, en la localidad de Contulmo, se encontraron con la ruta cortada por árboles y decidieron continuar a pie el recorrido. En el lugar se habrían topado con un lugareño que les comentó que quienes tenían “la embarrá” en la zona, era la familia Cayuhan, y que los líderes eran los hermanos Eduardo y Lorenza.

El cooperador ocasional, tal como lo identificó la fiscalía, comentó además que en la escuela Nueva Aurora, “donde vivía un tal Álex”, se guardaba una gran cantidad de armas y que los generadores que buscaban estaban en uno de los domicilios de estas personas. El informante pidió reserva de su identidad por miedo a represalias y terminó por transformarse en el testigo clave del caso que terminó con siete miembros de la familia Cayuhan presos tras el allanamiento.

Tal como había sugerido el cooperador, un desconocido que ni siquiera declaró en el juicio, los detectives encontraron en el domicilio de Álex Ortiz tres escopetas, una pistola, un revólver a fogueo y diversas municiones. También un generador eléctrico, robado a una empresa contratista de Entel, ubicado en una bodega del predio donde vivía Lorenza.

Los abogados defensores, Fernando Mardones y Manuela Royo, interpusieron un recurso de amparo ante la negativa de la fiscalía de entregar la identidad del sujeto. “Nos parecía necesario saber a qué tipo de pruebas nos enfrentábamos, entendiendo que nunca supimos quién era el cooperador, si se trataba de un policía o una persona que tenía algo en contra de nuestros representados. Es una figura absolutamente ilegal porque no existe dentro del código procesal penal, tampoco en el marco de nuestro ordenamiento jurídico”, explica Manuela Royo.

El 11 de marzo de este año la Corte de Apelaciones falló a favor de los comuneros, esgrimiendo que estaban en presencia de “un supuesto de actuación policial, sin cobertura legal, que infringe el debido proceso penal”. El dictamen, que más tarde ratificaría la Corte Suprema, dejó en libertad ese mismo día a seis miembros de la comunidad -salvo Álex Ortiz Llebul-, luego de casi tres meses de permanencia en prisión. Lorenza regresó a su comunidad en Antiquina Alto. Se reencontró con su hijo de 10 años. Ese mismo mes quedó embarazada.

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La reunión la encabezó el lonco Segundo Cayuhan en la casa del padre de Lorenza, Eduardo, y convocó a más de treinta miembros de la comunidad Mawidanche. “Mi tío tomó la palabra, dijo que teníamos que tomar una decisión”, recuerda José Cayuhan.

Pocos días antes, el 14 de septiembre de este año, la familia recibió la sentencia de la Corte Suprema, ratificando el fallo del juicio oral realizado tres meses antes en Cañete. La sentencia fue un golpe duro para la comunidad. Lorenza, junto a otros cuatro comuneros, fueron condenados a cinco años y un día como coautores del delito de robo con intimidación. A Lorenza, además, se la condenó a 71 días por receptación y a una multa de 1 UTM, y a Álex Ortiz Llebul, a 3 años y un día por tenencia ilegal de armas. Los dos restantes, los hermanos Eduardo y Segundo Cayuhan, fueron condenados a tres años y un día en régimen de libertad vigilada.

-Fue un fallo grosero porque la propia Corte Suprema, que ya se había pronunciado sobre la ilegalidad del colaborador ocasional, terminó ratificando la sentencia contra nuestros hermanos- alega José Cayuhan.

El Lonco había dejado la interrogante en el aire. Tenían que medir las alternativas, sopesar los escenarios, pero sobre todo respetar lo que la comunidad resolviera. La balanza, a fin de cuentas, se inclinó a favor de la entrega voluntaria. No querían exponer a los niños a otro allanamiento masivo como el de diciembre del año pasado.
La comunidad prometió a la fiscalía acudir al tribunal después de fiestas patrias y aprovechar esos días para despedirse en familia. “Fue un dieciocho súper triste -cuenta José- nadie conversaba. Estábamos como con un nudo en la garganta. Ni siquiera fuimos a dar una vuelta a la playa, no sacamos a los niños, tratamos de estar el máximo tiempo juntos”

Lorenza, pese a que siempre aceptó la decisión de la comunidad, se lamentaba por tener que dejar a un hijo afuera y cargar el otro adentro de la cárcel. Más aún cuando siempre ha defendido su absoluta inocencia. “Yo creo que algún día se sabrá la verdad y habrá justicia”, declaró en el informe.
Las cartas ya estaban echadas. El martes 20 de septiembre toda la comunidad acompañó a los condenados al tribunal de Cañete. José Cayuhan no se quiso despedir. Dice que prefiere recordarlos en libertad. “Me gustan más los reencuentros”, afirma.

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Cada vez que Margarita visitaba a su hija le llevaba tortillas, sopaipillas y mote. Era su manera de “regalonerarla”. “Me daba mucha pena verla, trataba de darle fuerza, subirle el ánimo”, recuerda.

Todos los días de visita, cada jueves y domingo, se levantaba temprano y partía a la cárcel de Arauco cargada con ropa y mercadería. Se demoraba tres horas en llegar al penal. La mayoría de las veces la acompañaba José. “Siempre nos abrazábamos, me preocupaba que la trataran bien, que no le faltara nada”, recuerda su hermano.

La última visita antes del parto, José la vio afligida: estaba hinchada y con dolores lumbares. Verla en esa condición, le partía el alma. Él también iba a ser padre pronto y cada vez que acudía a las visitas le acariciaba la panza a su hermana. “Hablaban con mi señora sobre sus embarazos – recuerda- y se daban ánimo para seguir adelante”.

Apenas terminó la visita, Lorenza le pidió a su madre que cuidara a su hijo, tal como lo había hecho durante los tres meses que había pasado antes en prisión. No era primera vez que Margarita lo hacía. Cuando Lorenza trabajaba de asesora puertas adentro en Santa Bárbara, su madre se preocupó de la crianza del niño. “Siempre ella ha trabajado para mantener a su hijo”, dice.

Lorenza comenzó a sentirse mal el viernes 7 de octubre. Su relato es tan minucioso que parecen apuntes de un diario: “Tenía dolor en las piernas, y contracciones de parto, los pies hinchados, le avisé a la oficial de gendarmería y a la paramédico, me dijo que era normal, me tocaron la guata, no me tomaron la presión ni me hicieron exámenes, solo el de glucosa”.

Domingo 9: “Le pedí a mi hermano que tenía contacto con la matrona del policlínico que me atendía, que me mandara algo para el dolor. Me trajo supositorios”
Miércoles 12: “Estuve con mucho dolor de guata, y en la zona vaginal, así que me quedé acostada”.
Jueves 13: “Cuando me levanté sentí como que la guagua se caía… Un viejita me dijo que llamara a la paramédico. Ella me dijo que me aguantara. Le dije que era mi bebé. Que no era un dolor común. Entonces me llevó a enfermería, me toma la presión, y me dijo: tenís razón”.

Así fue como Lorenza comenzó su tortuoso recorrido engrillada por distintos recintos de salud de la región. Primero la llevaron al hospital de Arauco, estuvo allí hasta las cuatro de la tarde, y tras los exámenes la derivaron de urgencia al hospital regional. Todos los traslados, asegura, fueron realizados con sus manos o pies esposados.

Viernes 14: “Me informan que no había cupo para el bebé en el hospital y que me trasladarían a una clínica para hacer la cesárea. A las dos de la tarde me sacaron el grillete de la cama y me engrillaron a la camilla, me subieron a la ambulancia y de ahí llegamos a la clínica”.

Lorenza detalla, a continuación, lo que ya sabemos todos: un gendarme la observa mientras la examinan, luego la engrilla a la mesa quirúrgica y se queda en la sala a presenciar el parto. La intromisión es tan feroz que en el momento de mayor intimidad con la recién nacida, Lorenza vuelve a posar sus ojos en él: “Yo estaba llorando, al ver que me ponían el bebé encima del pecho…y el gendarme seguía ahí, mirando”.

La presencia de personal de Gendarmería en centros de salud, según Branislav Marelic, Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, opera la mayoría de las veces como una fuerza intimidatoria. “Hay que tener en cuenta que estas vulneraciones pueden ser naturalizadas por las propias mujeres privadas de libertad, lo que implica que en muchos casos ni siquiera exista una denuncia”, asegura.

No fue el caso de Lorenza. Cuando llegó a visitarla su hermano, por fin pudo desahogarse. José de inmediato le envió un correo a Carolina Chang, jefa del Instituto de Derechos Humanos en Concepción, explicándole lo que había sucedido. Al rato lo contactó la abogada Cristina Melgarejo de la Defensoría Penal Pública del Biobío. La funcionaria acude el día domingo a la clínica y confirma a través de Lorenza lo contado por su hermano. El día lunes 17 de octubre, a primera hora de la mañana, el organismo interpone un recurso de amparo en favor de la comunera mapuche.

Un día después, una comitiva del Colegio Médico, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría Penal Pública, visita a Lorenza en la clínica. La mujer ratificó todo lo que había relatado a sus cercanos.

Esa misma mañana el senador Alejandro Navarro interpuso un recurso de amparo, junto al padre de Lorenza, con el objeto de permitir lo que hasta entonces parecía una prolongación del martirio de la madre: no poder amamantar a su hija recién nacida. Gendarmería, de hecho, pretendía trasladar a la madre a la cárcel y dejar a la niña en el recinto asistencial.

La medida judicial, acogida por la Corte de Apelaciones de Concepción, restituyó el derecho de la madre de permanecer con su hija durante al menos tres meses.

La noticia de la madre mapuche que había parido engrillada, a esta altura, se había transformado en viral. Gendarmería acusó el golpe, instruyendo un sumario para esclarecer los hechos. No obstante, el director regional de la institución, Christian Alveal, aseguró que el parto se había realizado “en pleno respeto de los Derechos Humanos”. “Las grilletas se le retiraron al momento que el personal de salud comienza a monitorear y preparar a la interna para su ingreso a pabellón”, señala un parte elaborado por la gendarme Andrea Concha, que figura en el informe enviado por Gendarmería en respuesta al recurso de amparo.

La ficha clínica de Lorenza, sin embargo, contradice la versión entregada por Gendarmería. La enfermera de turno, el mismo día del nacimiento de Sayen, escribe en las observaciones con un signo de exclamación en señal de alerta: “¡la paciente viene esposada de los pies!”. “El registro que aparece como parte del protocolo operatorio tiene un valor médico legal, en caso de que exista un incidente posterior, como la muerte del paciente. De ahí su importancia como medio de prueba”, precisa el doctor Enrique Morales.

El informe elaborado por el Colegio Médico concluye que el relato de Lorenza es consistente y que los hechos denunciados se ajustarían a la definición de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por distintos protocolos y tratados internacionales ratificados por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Convenciones contra la Tortura de la OEA.

La familia de Lorenza acaba de interponer una segunda querella por tortura en contra de Gendarmería. Buscan establecer responsabilidades de toda la cadena de mando y no sólo del gendarme que engrilló a Lorenza. La comunera mapuche todavía está internada en la clínica privada donde parió a su hija. Desde allá nos mandó una carta cuando supo que estábamos en busca de su historia. La exponemos a ustedes a modo de corolario:

“Yo, Lorenza Cayuhan declaro que, independiente de lo que diga Gendarmería, me siento vulnerada en mi derecho como mujer, no solamente con lo último que me hicieron, sino desde el mismo momento que me detuvieron. Solo por el hecho de ser mapuche, se me vulneró el derecho a defensa a mí y a mis hermanos. Y digo a todas las mujeres que defienden nuestro género que me siento discriminada también por ellas, porque pueden hablar de todas, menos de mí. Deseo que ninguna otra mujer pase por lo que yo pasé. Y para todas las mujeres violentadas por este estado racista, exijo JUSTICIA”.