Entrevista a la abogada Manuela Royo: «Lo que me sucedió es parte de una seguidilla de casos. El hecho que personas inocentes se encuentren privadas de libertad durante tanto tiempo, que la prensa los condene desde un primer momento, que se hable de irregularidades recién ahora hace que lo mío sea parte de una cadena más grande. Una muestra más del déficit del Estado y de las políticas públicas con el pueblo mapuche. Si bien se han intentado levantar supuestos diálogos, se criminaliza y encarcela a autoridades tradicionales del pueblo mapuche, a quienes ejercen un legítimo derecho cultural reconocido por pactos e instrumentos internacionales”.Manuela Royo Letelier (33 años), licenciada en historia por la Universidad de Chile y abogada por la Universidad Alberto Hurtado, fue marginada por la Defensoría Penal Pública del caso Luchsinger-Mackay, donde es defensora de Sergio, Sabino y Hernán Catrilaf, tras criticar en un video el accionar racista y parcial del fiscal Alberto Chiffelle y denunciar presiones en la causa judicial: “Acusan de terroristas a inocentes. Hay presiones, supuestos, una atmósfera de prejuicios, nada que los vincule con los hechos. Pero los condenan por los medios de comunicación, criminalizan a autoridades y representantes de comunidades… Cuando privas de libertad a una machi o un dirigente mapuche no solo afectas su libertad, sino la de toda su comunidad”, dice a Revista Punto Final.
Formalmente, la causa se inició en marzo, cuando detuvieron a once mapuches a raíz de una supuesta declaración de José Peralino: “Lo conocí en la Policía de Investigaciones (PDI), se encontraba separado de los otros imputados. Cuando llegamos al tribunal, porque en ese momento nadie entendía ni sabía nada, conversó con nosotros. Nos contó que había sido presionado por la PDI, coaccionado en reiteradas ocasiones para que declarara ‘inventando’ una supuesta participación de la machi Francisca Linconao y los demás comuneros en la muerte de los esposos Luchsinger-Mackay. Luego, obviamente, nos opusimos a la prisión preventiva, sin éxito… Siguen privados de libertad”, agrega Manuela Royo.
-¿Qué irregularidades han ocurrido en el tribunal?
“Ha sido una causa muy compleja. Durante mucho tiempo han ocurrido irregularidades. La primera fue que la Fiscalía durante toda la investigación no entregó pruebas a los defensores. Si bien es algo impresentable dentro de un sistema procesal, no es nuevo. Siempre utilizan las mismas técnicas durante cada una de la causas en las cuales hay imputados mapuches. Luego ocurrió que ‘aparecieron’ conversaciones telefónicas: intervenciones telefónicas entre los defensores y nuestros representados, que incluso fueron utilizadas en las audiencias por los abogados de la familia Luchsinger y los querellantes. Esto es absolutamente ilegal. En la Fiscalía surgió una denuncia por discriminación laboral. El ex fiscal José Traipe, de Collipulli, denunció que el fiscal Chiffelle lo presionó para que pidiera prisiones preventivas y fuera mucho más encarnizada la persecución penal cuando los imputados pertenecían a alguna comunidad mapuche, haciendo énfasis en Temucuicui y Wente Winkul Mapu.
Como lo haría cualquier defensor o defensora, solicitamos la inhabilidad; presentamos un reclamo junto a todos los defensores, incluidos los de la Defensoría Penal Pública. En agosto, la familia Catrilaf, acompañada por otros comuneros, vino a Santiago a entregar una carta, preguntando al Fiscal Nacional cómo era posible que un fiscal acusado de racismo y de parcialidad en sus investigaciones, pudiera seguir manteniéndose en su cargo. A la luz también de que se publicó la ‘biografía-prontuario’ de Chiffelle y su vínculo con los gremios de la región. En ese contexto, los familiares de los presos me solicitaron ayuda, y que apareciera declarando en un video. Lo hice y producto de ello, el Ministerio del Interior, en particular el subsecretario Mahmud Aleuy, se reunió con el Defensor Nacional y junto a presiones de las bancadas de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) -de Hasbún, Espina, Becker, Edwards y otros-, pidieron al Defensor Nacional mi salida”.
PRESIONES Y TESTIGO FALSO
-¿Qué tipo de presiones hubo?
“Me presionaron para que renunciara en silencio, lo cual no acepté. Tras conversar con mis representados, me solicitaron que los siguiera defendiendo. El subsecretario Mahmud Aleuy es el ‘jefe’ de los abogados querellantes en la causa Luchsinger-Mackay. La Intendencia continuamente se querella contra imputados mapuches, incluso en casos de hurto de madera o delitos contra la propiedad, donde no se afecta el orden público y no tiene ninguna injerencia el Estado. ¡Es impresentable! El ‘jefe’ presionó y negoció mi salida con el Defensor Nacional, Andrés Mahnke. Mis representados consideraron con razón que afectaba sus derechos como imputados y como mapuches, por lo cual, incluso, pidieron a la Defensoría que renunciara a representarlos. Generó también muchas molestias de otros comuneros, quienes se vieron traicionados por la Defensoría. En la última audiencia del cierre de la investigación, el tribunal no me dejó comparecer como defensora penal pública. Conversé con mis representados que me solicitaron los siguiera defendiendo. Así que comparecí como defensora privada.
Me parece impresentable que en un Estado de derecho quien es querellante, parte del acusador, se reúna a negociar con quienes defienden a los imputados. Creo que la Defensoría debe ser autónoma y no sucumbir ante presiones políticas. De hecho, la Constitución establece que ninguna persona puede ser privada de su defensa y de quien lo defiende. En este caso han existido injerencias políticas. Obviamente, solo sucede cuando los imputados son mapuches. No hay ninguna prueba objetiva contra mis representados, no hay ningún peritaje, huella ni fotografía. Lo único que existe es la declaración de una persona que luego de se retractó”.
-¿Siguen presos a pesar del testimonio del testigo que se retractó?
“Sí, llevan cinco meses presos. En ningún otro juicio en Chile cuando la única prueba que hay es un testigo que se retracta, se mantiene a los imputados privados de libertad. Lo hemos señalado en innumerables ocasiones, incluso presentando recursos de amparo. Hemos llegado hasta la Corte Suprema, lo cual indica que aquí no hay una falla técnica, sino que subyacen problemas políticos. Es importante destacar, por ejemplo, que Sergio Catrilaf en 2013 estuvo once meses privado de libertad, acusado en la causa Tur-Bus por pertenecer a la comunidad Juan Catrilaf II. Lo acusó el testigo protegido Castro Antipán -que después reconoció ser agente de la policía-. Son los mismos argumentos. ¡El Juzgado de Garantía de Temuco lo mantuvo en prisión preventiva hasta este 23 de agosto! ¡Estuvo con arresto domiciliario total! ¡Y nuevamente a prisión! Lo que pasa es que él ya denunció lo que había sucedido anteriormente. Aquí existen presiones políticas y criminalización de quienes ejercen su legítimo derecho a reivindicaciones culturales, como es el caso del pueblo mapuche.
Hay un problema de fondo. Se homologa el terrorismo con reivindicaciones culturales, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en jurisprudencia unánime, ha legitimado el derecho a las reivindicaciones territoriales y culturales de los pueblos indígenas. Creo que Chile es el único país donde los indígenas por el hecho de ejercer sus derechos son acusados de terroristas. Y eso implica un incumplimiento de los estándares internacionales y de la sentencia de la Corte en el Caso Norín-Catrimán y otros, donde el Estado de Chile fue condenado… En ese caso contra los lonkos Pichún y Norín también participó del fiscal Chiffelle. Es una muestra más de las presiones políticas.
Lo que me sucedió es parte de una seguidilla de casos. El hecho que personas inocentes se encuentren privadas de libertad durante tanto tiempo, que la prensa los condene desde un primer momento, que se hable de irregularidades recién ahora hace que lo mío sea parte de una cadena más grande. Una muestra más del déficit del Estado y de las políticas públicas con el pueblo mapuche. Si bien se han intentado levantar supuestos diálogos, se criminaliza y encarcela a autoridades tradicionales del pueblo mapuche, a quienes ejercen un legítimo derecho cultural reconocido por pactos e instrumentos internacionales”.
MÁS INJUSTICIAS
-¿Qué decía en el video, que motivara su despido?
“Nada, nada que no hayamos dicho en audiencias. Nada que la propia defensoría no haya dicho. Se señaló que las familias de los comuneros entregarían una carta a la Fiscalía, que existían antecedentes de que el fiscal Alberto Chiffelle, tenía conductas discriminatorias y racistas en contra de comuneros mapuches. Obviamente, cuando vas con la verdad por delante y cuando no tienes miedo a perder tu trabajo o estabilidad económica, en pos de la consecuencia y una ética mínima que tenemos que tener los profesionales que vemos lo que de verdad sucede en La Araucanía… creo que eso también fue motivo para que se presionara y me sacaran de la Defensoría. Lo he manifestado públicamente: el hecho de que el jefe de la Defensoría claudique frente a las presiones, que negocie con el Ministerio del Interior respecto de las causas, me hace tener con ellos distancias y diferencias éticas abismales. Pese a perder el trabajo, lo importante es ser consecuente, con uno mismo, con la ética y la verdad”.
-¿En qué condiciones están sus defendidos?
“Permanecen privados de libertad en la Cárcel de Temuco… Son inocentes, personas de trabajo, padres de familia. Venden hortalizas, es su principal fuente de recursos. El día de los hechos que les imputan se encontraban realizando sus labores en la Feria Pinto, en Temuco. Nunca tuvieron disputa alguna con los Luchsinger-Mackay…
Muchas personas me han preguntado si me he sentido dañada, perjudicada, y evidentemente es una situación molesta y difícil el perder el trabajo, sin embargo, no tienen ningún grado de comparación con el sufrimiento de las madres, los padres, las hijas, los hijos, las mujeres, los hermanos… de quienes son inocentes y se encuentran encarcelados por una injusticia. Me pongo en su lugar, confiar que hay una institución que te va a defender y, luego, ver al jefe de esa intuición con el jefe de quienes te acusan, abrazados, sonrientes, dándose la mano… eso sí es mucho más fuerte, mucho más injusto. No se trata de mí. Se trata de la injusticia contra los mapuches, injusticia que ha sido sistemática de parte de la Fiscalía y el Estado”.
-¿Cuál es la situación de la machi Francisca Linconao?
“La defendí en una etapa del proceso, participé de la primera audiencia donde se logró su libertad que después fue revocada. Se encuentra muy afectada. Es una mujer mayor con varias enfermedades crónicas. En eso se ha fundado que el Tribunal de Garantía dos veces le otorgue la libertad. Sin embargo, la Corte de Apelaciones las ha revocado por considerar algo de sí absurdo: que la machi es un peligro para la sociedad, y que sus problemas de salud podrían ser solucionados por Gendarmería. Su salud es muy grave, no sólo en términos físicos sino también espirituales, de hecho existe una solicitud para que sea trasladada al Hospital de Nueva Imperial. Es una gran injusticia lo que han hecho en su contra”.
-¿Seguirá defendiendo a los comuneros mapuches?
“Sí, pero de forma particular. Ingresé a la Defensoría Penal Mapuche porque existía un proyecto interesante. Ahí hice mi práctica profesional y alcancé a trabajar un año. Me fui a vivir al sur para hacer investigaciones. Este año lanzamos un libro sobre derecho propio mapuche. Estaba haciendo mi doctorado en temas de derecho propio y derecho indígena. Pero, a raíz del compromiso que requiere esta causa, renuncié a mis estudios. Alcancé a cursar un magister en la Universidad de Talca y un diplomado en derecho indígena en la Universidad de Chile. Y estaba cursando un doctorado en la Universidad de Talca. El año pasado, junto al werken de la Alianza Territorial Mapuche, Mijael Carbone, denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado chileno, en Washington, respecto de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes mapuches. Eso también me generó problemas en la Defensoría. De hecho, me cobraron una multa, a pesar que me habían dado permiso.
Cuando uno se enfrenta al poder, cuando eres capaz de denunciar en cualquier lugar lo que ocurre en La Araucanía, generas molestia. Creo que la molestia llegó, al menos, hasta el Ministerio del Interior. Me convertí en una piedra en el zapato. Y eso da cuenta que hay algo mal: tanto poder, presiones, dinero… Pero hay un mínimo ético: veo cómo viven las comunidades, cómo sufren los niños, las familias… y quedarse callado es inmoral”.
(*) Publicado en revista Punto Final Nº 860, del 16 al 29 de septiembre de 2016.
