ORGANIZACIONES DE PUEBLOS ORIGINARIOS DE MAGALLANES PRESENTAN 64 PROPUESTAS A LA MONEDA
“DE LA APLICACIÓN DE ESTAS MEDIDAS DEPENDE QUE SOBREVIVAMOS COMO NACIONES ORIGINARIAS”
“Por primera vez existe un consenso por escrito de los pueblos kawésqar, yagan y huilliche de la Región de Magallanes”, señalaron los dirigentes.
Como “un hito histórico” calificaron los dirigentes de los pueblos kawésqar, yagan y huilliche de la Región de Magallanes, al suscribir por acuerdo un petitorio de 64 medidas dirigido a la Presidenta de la República, al Intendente de Magallanes, a Naciones Unidas sede Chile, al Poder Judicial, al Congreso Nacional, y al Ministro de Cultura, a efectos de “proponer medidas que eviten nuestra extinción”.
Para Carolina Huenucoy, Presidenta de la Comunidad Kawésqar de Puerto Edén “es necesario valorar la acción del Departamento de Pueblos Originarios del Consejo Regional de la Cultura, al llevar adelante este diálogo de los tres pueblos existentes en la Región de Magallanes. En este proceso, las comunidades kawésqar presentes en esta actividad, demandan al Estado chileno el cumplimiento de los tratados internacionales y la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, donde se reconocen los derechos ancestrales y consuetudinarios, que son pilares fundamentales para el cumplimiento de la autonomía y autodeterminación de nuestros pueblos”.
De acuerdo a Fredy Nahuelquín, del pueblo mapuche huilliche: “desde el momento que el Consejo de la Cultura nos propuso conmemorar el Día de Internacional de los Pueblos Originarios este 9 de agosto, nosotros respondimos proponiendo una instancia de diálogo entre los tres pueblos, con el objetivo de elaborar un petitorio, basado en el pleno reconocimiento de nuestros derechos como pueblos preexistentes al Estado, en el marco de las políticas de revitalización y fortalecimiento cultural en nuestro favor. Creo que hemos cumplido el objetivo, pues se ha notado la fuerza de un trabajo inédito, que dará lugar a nuevas políticas para los pueblos originarios”
Para el Presidente de la comunidad yagan de Puerto Williams, José Germán González Calderón, “es de la mayor importancia que todas las organizaciones en representación de sus pueblos hayan propuesto sus distintos puntos de vista de acuerdo a sus necesidades específicas. Espero que se modifiquen las leyes y normas que no son favorables para el desarrollo de nuestra forma de vida”
El documento consta de 8 páginas, y fue elaborado de manera democrática, con la participación de siete comunidades kawésqar de Puerto Eden, Puerto Natales y Punta Arenas, y amplia participación de organizaciones huilliche y yagan de Puerto Williams y Punta Arenas, así como del Director Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, don Gonzalo Bascuñán Vargas; del Encargado del área de Pueblos Originarios del mismo Consejo, don Blas Flores; y en calidad de Observador, don Cristián Figueroa Fuentealba, Jefe de la Sede Regional Magallanes y Antártica chilena del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
PROPUESTAS DE LOS PUEBLOS KAWÉSQAR, YAGAN Y HUILLICHE DE LA REGIÓN DE MAGALLANES
1. Impulsar un Proceso Constituyente Indígena real, con mecanismos de inclusión.
2. Reformar la Constitución incluyendo mecanismos de Decisión de los indígenas sobre sus derechos e instituciones que permitan aplicar el derecho a la Autodeterminación de los pueblos originarios, tal como se establece en el derecho internacional
3. Establecer Mecanismos de Participación efectiva y autonomía en la elaboración y diseño de las políticas públicas.
4. Reconocimiento a las formas de organización tradicional de los pueblos originarios.
5. Reconocer a los pueblos originarios como Preexistentes al Estado de Chile y a la Nación chilena.
6. Reconocer Pueblos y/o Naciones originarias, con poderes de autodeterminación política
7. Modificación en la forma de identificación del pueblo kawésqar, no kawashkar ni alacalufe y el pueblo yagán, no yámana.
8. Implementar un mecanismo de Consulta y poder de decisión de los pueblos originarios en los objetivos y en la redacción de las bases de postulación de los fondos públicos destinados a ellos.
9. Dejar de usar la palabra migrante al referirse a pueblos indígenas.
10. Que la distribución del subsidio de tierras indígenas, considerare el uso cultural de las tierras
11. Orientar el uso de recursos hacia las organizaciones que efectivamente trabajan en revitalización cultural.
12. Derogación de decretos 40 y 66, que mutilan la consulta indígena, dando mayor importancia a la aplicación del Convenio 169 de la OIT, vinculado a los derechos territoriales y culturales
13. Otorgar Defensa jurídica para los Pueblos Indígenas, en materias ambientales y patrimonial cultural indígena
14. Establecer criterios territoriales ancestrales más que demográficos, en los instrumentos para la entrega de tierras, que favorezca una distribución justa del beneficio.
15. Impulsar un proceso participativo de modificación de la Ley 19.253, y leyes sobre recursos naturales, de modo que incorpore las características propias de los distintos pueblos, desde lo cultural, lo lingüístico, lo territorial, etc, para ajustarlo a los tratados internacionales.
16. Justa valorización del trabajo de revitalización cultural que realizan los indígenas en distintas instituciones, en materias tales como educación y salud, para percibir ingresos justos correspondientes al trabajo realizado.
17. Las organizaciones deben validar a personas indígenas para que trabajen en los servicios públicos o en programas de gobierno.
18. El gasto público en pueblos originarios es incoherente con la situación socioeconómica de las personas indígenas, y por ende, pedimos que la Ley de Presupuesto, tanto en montos como en objetivos, debe ser sometido a consulta indígena.
19. Otorgar capacitaciones a los pueblos originarios, a través de sus organizaciones, en materias tales como orgánica estatal, legislación, y defensa de derechos de los pueblos originarios.
20. Las consultas indígenas deben ser convocadas con el acuerdo previo de las organizaciones y pueblos, regular su periodicidad, respetando los tiempos, territorio y cultura propios de los pueblos y sus intereses.
21. Los acuerdos de las consultas deben ser vinculantes
22. Reformar la ley de Monumentos Nacionales para que la propiedad del patrimonio indígena y su control, incluidos los sitios arqueológicos y los elementos que se encuentran en ellos, regresen a los pueblos originarios.
23. Exigir al Estado de Chile respeto a las formas tradicionales y prácticas ancestrales, y a la transmisión de la cultura a los niños y niñas, eliminando las restricciones al acceso a los territorios ancestrales, especialmente en territorios fronterizos.
24. Reconocimiento de la naturaleza transfronteriza e interregional del territorio de los pueblos indígenas, en materia presupuestaria, para la generación de encuentros entre pueblos y para las consultas indígenas.
25. Reconocimiento por parte del Estado del genocidio y exterminio delos pueblos originarios de la Región de Magallanes y la implementación de políticas y acciones que eviten su omisión, invisibilización y silenciamiento cultural de los pueblos australes
26. El Estado debe impulsar procesos de reparación en favor de los pueblos supervivientes del proceso de exterminio
27. Implementar una política pública especial para dotar de sedes y centros culturales a los pueblos naciones originarios de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
28. Los pueblos originarios deben contar con el derecho a definir el destino del patrimonio y aportes estatales para la ejecución de esas acciones
29. El año 2020 se cumplen 500 años del paso de Magallanes por el Estrecho, antes de esa fecha debe hacerse el reconocimiento de parte del Estado del proceso de etnocidio y exterminio.
30. Reconocimiento de la plurinacionalidad preexistente y actual en el territorio de Magallanes y de Chile en general, estableciendo mecanismos institucionales para que la soberanía, autonomía, y autodeterminación, tengan efectos reales en materia de cultura, territorio, economía, salud, educación, agricultura, recursos naturales, etc.
31. Acceso a becas de estudios para personas indígenas, que sean controladas por las organizaciones indígenas, a efectos de que quienes participan en ellas o en sus actividades sean los beneficiarios de las mismas.
32. En materia de salud indígena, generar una política integral, que abarque todos los niveles, incluso los de alta complejidad, reconociendo los factores de riesgo de cada pueblo originario de acuerdo a su realidad y cultura, tanto en materia de acceso a establecimientos de salud, como basado en un concepto de salud que incluya el vínculo territorial, cultural, social.
33. Implementar políticas y liberar recursos, basadas en el concepto de buen vivir y buen morir (cementerios, ceremonias y tradiciones posteriores a la muerte), de acuerdo a los principios culturales propios de cada pueblo.
34. El Estado debe reconocer el derecho de los pueblos a ser consultados, aún cuando existan mecanismos de representatividad.
35. Implementar políticas y liberar recursos para la educación pertinente de los niños y niñas indígenas, para que tengan acceso a formas tradicionales de educación dentro de su territorio y potenciar su permanencia en él.
36. El Estado debe generar un mecanismo especial para garantizar jubilaciones y pensiones dignas de las personas indígenas, como forma de reparación histórica, esto, de cara a la previsión que reciben las FFAA en zonas fronterizas, que garantiza pensiones muy por sobre la media nacional.
37. Ante asignación de puntaje de vulnerabilidad por matrícula de niños y niñas indígenas a establecimientos educacionales, deberá fiscalizarse el correcto uso de los recursos asignados.
38. Que las becas estudiantiles sean asignadas por el hecho de ser indígena.
39. Implementar escuelas interculturales, bajo administración y control de las naciones pueblos originarios de cada territorio.
40. Reemplazar el Consejo de Desarrollo Indígena de Magallanes por una asamblea autónoma de pueblos originarios en Magallanes, que cuente con presupuesto propio y atribuciones para decidir el uso de recursos del sector público y fiscalizar el correcto uso de los mismos. Este órgano se reunirá periódicamente con las autoridades regionales pertinentes, en el marco de la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes, para lograr un trabajo mancomunado
41. Someter a consulta indígena los Reglamentos de becas.
42. Que los instrumento de clasificación socioeconómica que condicionen beneficios económicos para los pueblos originarios, tengan mayor pertinencia con la realidad de los pueblos indígenas, todo ello vía consulta.
43. Dar prioridad a las organizaciones indígenas al momento de poner a disposición beneficios sociales/económicos
44. Incorporar a las organizaciones indígenas en la selección de las ELCI de JUNJI/CONADI.
45. Que el Estado de Chile obligue a implementar currículo intercultural indígena, a los establecimientos de educación, velando por la especificidad de los instrumentos a aplicar.
46. En establecimientos educacionales medios, básicos y pre-básicos debe respetar las costumbres indígenas y patrimonio, sobre todo en materia de vestimenta, alimentación y estética propia.
47. Se debe consultar el censo, pues de lo contrario se desdibuja la condición demográfica real de los pueblos originarios
48. Obligar a un Diseño pertinente de las viviendas entregadas a los pueblos indígenas, respetando sus características particulares y mantener la cultura en los proyectos.
49. Impulsar en las políticas habitacionales en los conjuntos habitacionales indígenas, mecanismos para la transmisión de cultura, condicionando la obtención del subsidio a la participación cultural y en capacitaciones en la organización que obtiene el beneficio y a las actividades posteriores a la construcción de las viviendas.
50. Implementar la gratuidad para estudiantes indígenas y aumentar el número de instrumentos “becas” para estudiantes indígenas de todos los niveles, incluidos los post grados y pasantías asegurando su suficiencia, y velando por la transparencia de la asignación y convocatoria de los mismos.
51. Asegurar la representatividad de los pueblos naciones originarias en la Región de Magallanes en instancias colegiadas de Gobierno
52. Consultar, de acuerdo a los instrumentos internacionales, los reglamentos, bases de licitación y objetivos de los fondos destinados a pueblos indígenas
53. Reforma de las leyes de recursos naturales y medioambientales para la protección de las prácticas ancestrales, la protección del territorio, tanto en su geografía como en su propiedad , la biodiversidad y acceso a recursos naturales. (ley de caza, pesca, medioambiente, minería, aguas, etc)
54. Se requiere modificación de cuerpos legales en materia medioambiental para que respete y resguarde las formas de vida de los pueblos indígenas (Áreas protegidas, parques nacionales, entre otras)
55. Que se consulten con los indígenas las zonificaciones del territorio, los planes reguladores y los planes y estrategias de desarrollo comunal y regional.
56. Expulsar la salmonicultura de la Región de Magallanes, territorios kawésqar y yagán, por los evidentes daños ambientales que genera.
57. Reformar las legislación nacional para establecer un número o cuota de representantes indígenas en el congreso, concejos comunales, CORES, etc, y en todos los niveles de representación política.
58. Que los indígenas que postulen a cargos de representación popular no necesiten de partidos o pactos políticos para ser elegidos, en plena igualdad, y que puedan ser presentados por las organizaciones indígenas de manera autónoma.
59. Establecer mecanismos de protección para el patrimonio indígena material e inmaterial, en favor de los pueblos naciones, frente a la explotación turística.
60. Reconocer y salvaguardar la propiedad intelectual y el control de los pueblos naciones originarios de la Región de Magallanes sobre su cultura, diseño, lengua, historia, espiritualidad, salud, medicina, gastronomía, etc, frente a intervenciones privadas y públicas
61. Incorporar en todas las demandas indígenas la inclusión plena de personas en condición de discapacidad física y mental.
62. Reconocer la existencia del pueblo huilliche independiente del mapuche
63. Financiar la repatriación del patrimonio cultural indígena que se encuentra en el extranjero, para restituirlo a los pueblos naciones a los que pertenecen
64. Dar mayor relevancia a los Tesoros Humanos Vivos de la Región de Magallanes y Antártica Chilena en el ámbito de la institucionalidad pública
