El abogado Sebastián Saavedra asegura que la vulneración de los derechos de los pueblos originarios continuará ocurriendo si no existe un cambio «cultural y político» de la materia.
Desde aquél miércoles en que la defensa de los 11 imputados por el Caso Luchsinger Mackay decidió interpelar al fiscalAlberto Chiffelle y exigirle que muestre todas las pruebas que dice tener para incriminarlos y mantenerlos por más de cuatro meses bajo prisión preventiva, la opción de cerrar definitivamente el caso se encuentra cada vez más cercana.
En la oportunidad la defensa de los comuneros solicitó a Fiscalía dar a conocer la prueba a propósito de las llamadas telefónicas que involucraría en el incendio a la machi Francisca Linconao y los demás imputados. Tras el requerimiento, el fiscal en juicio reconoció no poseer, ni haber poseído dicha prueba.
El intento por criminalizar a las comunidades en resistencia de La Araucanía se debilita considerando que las dos razones más poderosas que tenía el organismo de Estado para hacer efectivas las medidas de cautela, eran la declaración de José Peralino -quien luego se desdijo acusando presiones indebidas por parte de la PDI y Fiscalía- y una supuesta geolocalización, es decir, un reporte por comunicaciones telefónicas que involucra a cuatro de los imputados la mañana del 4 de enero del 2013, desde el domicilio de la machi Linconao, la cual se respaldaba en un supuesto CD entregado por la empresa Movistar, el cual determinaba la ubicación exacta de la antena.
Otra extraña situación es la del imputado Luis Tralcal, quien la noche del incendio durmió en un motel de Temuco, quedando registrado en la recepción. Sin embargo, a pesar de tener esa prueba, el comunero continúa en prisión preventiva ya que desde Fiscalía señalaron que “faltan unas hojas en el libro de visitas del hospedaje”.
Cabe consignar que abogados defensores del Centro de Investigación y Defensa CID SUR, encabezados por Karina Riquelme y Sebastián Saavedra, habían solicitado recientemente que el Fiscal Chiffelle se inhabilite del caso Luchsinger Mackay, luego de las denuncias del ex Fiscal de Collipulli, José Ricardo Traipe, quien declaró que en su calidad de Fiscal Regional Subrogante, Chiffelle cometió varios actos de discriminación e indebidas presiones para inculpar a comuneros Mapuche
Sebastián Saavedra conversó con El Ciudadano y señaló que “el Ministerio Público tiene que investigar tanto las versiones que perjudican a los imputados como las que los favorecen. Sin embargo solamente el 27 de julio dio lugar a los tráficos telefónicos, así que estamos esperando que se realicen todas diligencias que exigimos para solicitar el cierre del caso”.
A propósito de la posibilidad de disminuir la vulneración profunda hacia los derechos humanos de los comuneros que se vive dentro y fuera de los tribunales, Saavedra manifestó que en un juicio de una persona común y corriente él aseguraría una absolución. “Porque que te acuse una persona ante un fiscal y después se retracte y asegure que fue presionado para señalar esa circunstancia, en cualquier parte del país esa persona debiese estar en libertad y se resolvería el juicio. Sin embargo, frente a la complejidad del caso al cual se enfrenta el Juez el día de hoy, el resultado pareciera ser más bien incierto”.
“Siguen privados de libertad personas sólo con un testimonio del testigo que se retractó y que tiene fragantes contradicciones a lo que se encontró en el sitio del suceso, que por lo demás, la investigación es de una credibilidad bastante cuestionada que tampoco tiene sustento en las evidencias encontradas. El único resultado posible en este caso es la absolución”, explicó el jurista.
Por otra parte, el abogado también relató que todo parte desde una situación política determinada en la región, argumentando que la pobreza es un punto central pero no fundamental en toda la realidad. El discurso del Estado legitima la prisión preventiva de las personas aunque sean inocentes, aseguró y expresó que “existe una legitimación a la violencia cuando se allanan comunidades, entonces cambiar esa vulneración de derechos en tribunales parece una misión gigante, cuando lo se tiene que cambiar es una concepción más cultural y evidentemente política, porque las relaciones de poder todavía están impuestos en formatos de principio del sigo XX, entonces comuneros que no manejan bien el español aparecen firmando declaraciones perfectamente redactadas con un lenguaje que evidentemente no les pertenece y son situaciones bastante complejas de superar porque muchos comuneros no entienden el español”.
Frente a una investigación que tiene todo el poder del Estado, es avasalladora la vulneración para una población que se ve en desmedro con el poder estatal. “Mientras exista esa diferencia entre el investigador y el investigado, se seguirán vulnerando los derechos de los Presos Políticos Mapuche”, finalizó.
El Ciudadano
