El Lov Pocuno se querelló ayer contra Fredy Cabrera Luengo, un empresario que contrató a un grupo de delincuentes para que asesinaran a un comunero y le incendiaran su casa. A pesar de la gravedad del delito y de estar confeso, Cabrera se encuentra en libertad. La comunidad mapuche acusa impunidad, en una denuncia que fue posible judicializar gracias a un hecho fortuito, un ajuste de cuentas entre delincuentes comunes ocurrido en Concepción.
Por Julio Cesar Parra
En uno de los faldeos del Valle de Pocuno aún permanece la vivienda de Angelita Huenuman, la mujer mapuche inmortalizada por Víctor Jara en su disco “Canto Libre”, grabado en 1970. En estas tierras, ubicadas en el corazón de la cordillera de Nahuelbuta, al sur de Cañete, entre mayo y diciembre de 2015, una seguidilla de ataques interrumpieron la tranquilidad del sector. Casas quemadas, comuneros heridos de bala y viviendas atacadas con fusiles de guerra fueron parte de las denuncias efectuadas por los mapuche de la zona, todos integrantes del Lov Pocuno en Resistencia, comunidad mapuche que desde 2013 en adelante lleva a cabo un proceso de recuperación de tierras.
Los ataques comenzaron en mayo de 2015. El viernes primero un grupo de desconocidos incendió una vivienda deshabitada propiedad del comunero Javier Concha. Dos días después, Petronila Catrileo Llanquileo corrió idéntica suerte: su casa y un galpón fueron destruidos por fuego.
Pero lo más grave aún estaba por venir. Fue a las 4.30 de la madrugada del miércoles 6 de mayo, que Javier Faustino Concha despertó de golpe. O punta de balazos, mejor dicho. Un grupo compuesto por al menos cinco sujetos, al borde de un jeep blanco y utilizando una baliza amarilla encendida, llegó hasta su vivienda, derribando el cerco de madera y disparando a mansalva hacia el interior del inmueble. También se desplazaban en una camioneta roja, según pudo observar. Los individuos lanzaron bombas molotov, incendiando por completo su propiedad. Concha alcanzó a huir por la parte trasera de la casa. Resultó ileso. Más de 20 casquillos de bala quedaron tendidos, varios de ellos calibre 9mm que más adelante serían clave para destrabar el caso.
“Entre los sujetos que estaban disparando y tirando bombas molotov había un tipo al cual ubico como Fredy Cabrera, quien tiene una casa más arriba que la mía”, declararía Concha días después, ante efectivos de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales –Bipe- de la PDI.
El ataque ocurrió a 50 metros de distancia de una unidad del Gope de Carabineros, integrada por ocho efectivos que a esa hora resguardaban un predio en conflicto propiedad del agricultor Carlos Silva.
En una semana, tres viviendas y un galpón arrasados por el fuego. La comunidad acusaría la presencia de un grupo paramilitar, el que sería dirigido por el propio Cabrera, un empresario dedicado al negocio de repuestos automovilísticos en Concepción y propietario de un terreno ubicado en Pocuno.
La cuantía de estos ataques obligó a la comunidad a denunciar el hecho. En una declaración pública, aseguraron que Cabrera estaría contratando “asesinos a sueldo para expulsar de la zona a los mapuche que son parte de la lucha territorial”.
“La investigación realizada por nuestro Lov nos permite informar sin temor a equivocarnos que los responsables de estos ataques son el parcelero Carlos Silva, quien cuenta con un desmedido resguardo policial que incluye vehículos blindados del Gope de Carabineros, y su par Fredy Cabrera, encargado de reclutar los matones y asesinos a sueldo creando, como resultado, un grupo paramilitar”, dirían en el texto.
Pese a la denuncia los ataques no desistieron. Y Concha seguía siendo el blanco escogido. El 26 de junio de 2015, cuando se desplazaba por el camino que conecta Pocuno con la Ruta P-70 que enlaza Cañete con Tirúa, dos disparos atravesaron su camión. Eran las 10.30 de la mañana. Una de las balas perforó su mano derecha destruyendo su tendón. Debió ser intervenido de urgencia en el Hospital de Curanilahue. Un segundo tiro calibre 9 mm sería amortiguada por un kultrún de plata que aun cuelga en su pecho. “Me salvé de milagro”, cuenta a El Desconcierto mientras muestra la joya, todavía hundida por el impacto de bala.
En diciembre ocurriría el último ataque. El más violento de todos. Vestidos con ropa de camuflaje y portando fusiles de guerra, un grupo paramilitar compuesto por diez sujetos efectuó un nuevo asalto, quemando dos casas y atacado una tercera vivienda con fusiles de guerra.
A eso de las 7 de la mañana del domingo 20, paramilitares encapuchados irrumpieron en la vivienda del matrimonio compuesto por Daniel Nahuelan y Ana Llempi Huenuman. Incendiaron la casa y dispararon contra la camioneta del comunero. En la huida, prendieron fuego a la propiedad de Jorge Lincopan. Paralelamente, un segundo grupo atacó a tiros la vivienda de Petronila Catrileo, la que resultó con siete impactos de bala calibre 7.62. En su interior había niños y adultos mayores.
La comunidad volvió a apuntar a Cabrera como responsable del ataque.
La madeja
A raíz de la acusación lanzada por Concha, el fiscal exclusivo para causas mapuche en el Bío Bío, Juan Yañez, ordenó a la PDI tomar declaración al aludido. Con fecha 15 de octubre de 2015, Cabrera negó ante los funcionarios policiales toda participación en los hechos.
Pero fue una casualidad, un ajuste de cuenta entre delincuentes comunes, la permitió desentrañar la madeja. El 11 de noviembre de 2015, un hombre de 35 años fue asesinado de dos balazos en la comuna de Chiguayante, en el gran Concepción. Pericias balísticas efectuadas por la Policía de Investigaciones concluyeron que los casquillos de bala calibre 9mm encontrados en el sitio del suceso fueron disparados por una misma arma utilizada en el ataque e incendio del 6 de mayo en Pocuno.
Como consecuencia, con fecha 2 de diciembre, la PDI volvió a tomar declaración a Cabrera. Esta vez su relato sería diferente, según consta la carpeta de investigación. Reconoció haber solicitado ayuda en Concepción “a sujetos desconocidos para que lo ayudaran a rescatar a su padre, el que estaba siendo baleado por los mapuche”. Añadió que una vez en Pocuno habrían sido emboscados y que sus acompañantes se defendieron utilizando armas de fuego. Pero volvió a negar su participación en el incendio.
Sin embargo, las pericias balísticas serían concluyentes y Cabrera terminaría sucumbiendo ante la presión de la PDI. En julio de este año, en una cuarta declaración, reconoció haber participado en el incendio que destruyó la casa de Concha. Delató a sus cuatro acompañantes, uno de ellos el individuo que aquella noche manipuló la pistola 9mm con la que seis meses más tarde acribillaron al hombre en Chiguayante. De igual forma confesó haber cancelado 500 mil pesos, distribuidos en pagos de $ 125 mil para cada uno. De esta forma se confirmaba la versión lanzada por la comunidad al inicio de los ataques.
El 8 de julio Cabrera fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Cañete por incendio y homicidio frustrado, quedando en prisión preventiva en la cárcel de Lebu. La Defensoría Pública apeló la medida cautelar ante la Corte de Apelaciones de Concepción, tribunal que por 3 votos contra 0 ratificó la privación de libertad asegurando que el empresario “era un peligro para la sociedad”.
El resto de los involucrados aún permanecen prófugos y la PDI investiga su posible vinculación con el crimen de Chiguayante.
Racismo judicial
Estando en prisión preventiva, Cabrera decidió contratar al ex abogado asistente de la fiscalía de Cañete, Rodrigo Martínez Walker, logrando mejor suerte. El 25 de julio, Cabrera prestó en Lebu una nueva declaración ante la fiscalía. El día 27 su nuevo abogado solicitó audiencia de revisión de medida cautelar la que fue agendada para el jueves 28, donde su defensa pidió modificar la cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total. La fiscalía se mostró de acuerdo. El tribunal no mostró reparos y Cabrera, en 20 días, dejó de ser un peligro para la sociedad. Todo de forma exprés y tras consignar el pago de 200 mil pesos para paliar el daño causado.
La sensación de impunidad motivó a la comunidad de Pocuno a presentar una querella criminal en contra de Fredy Cabrera. La acción judicial fue interpuesta este lunes en el Juzgado de Garantía de Cañete. Hasta el lugar llegó un centenar de comuneros mapuche, varios de ellos familiares de los siete presos políticos que se encuentran recluidos en Lebu, imputados y condenados por delitos mucho menores que los confesados por Cabrera.
“La justicia no está haciendo su trabajo como corresponde. A los mapuche se nos discrimina, por eso hemos venido a presentar esta querella. El señor Cabrera es un peligro para la sociedad y debe estar preso”, comentó a este medio Javier Concha, víctima y recurrente en la querella.
La acción judicial es patrocinada por el abogado Nelson Miranda Urrutia y busca perseguir a Cabrera por los delitos de homicidio calificado, incendio y porte ilegal de armas de fuego. “Aquí estamos en presencia de un delito gravísimo. Se intentó matar a una persona, se contrató gente para ello y se incendió un inmueble, sin embargo el principal imputado está en libertad, a diferencia de varios comuneros mapuche que llevan meses en prisión preventiva sin ninguna prueba seria”, criticó el jurista.
Dentro de las diligencias solicitadas en la querella están que la investigación sea dirigida por la Brigada de Homicidios de la PDI y no por la Bipe que es la que lleva las causas mapuche en la zona de conflicto. De igual forma, se solicita oficiar a Carabineros para conocer la nómina de efectivos y qué funciones cumplieron la madrugada del 6 de mayo.
De paso el jurista adelantó que no se descarta ampliar la querella para intentar saber si Cabrera tiene participación o no en el resto de los ataques sufridos por el Lov Pocuno. Para ello serán clave las declaraciones que puedan prestar los sicarios contratados y luego delatados por Cabrera. Esto siempre y cuando la PDI logre detenerlos.
