Por: Tierra para Vivir
El debate sobre la cuestión indígena es antiguo en nuestro continente, al punto que puede remontarse hasta el momento de la irrupción de la civilización europea del SXV, cuando el marino genovés Cristóbal Colón, buscando la ruta hacia las indias orientales marchó en sentido contrario a este punto, visto desde el continente europeo. Muchos fueron los hitos que se tomaron para la reflexión, el rechazo o la justificación del avance de Europa sobre el territorio luego denominado América y en particular lo que hoy es nuestro país.
524 años pasaron de ese hecho (mal llamado “descubrimiento”) y 200 desde aquel 9 de julio de 1816, en el que se declaró en Tucumán la independencia de España. Sobre esto -sin ahondar aquí en cuestiones históricas-, podemos remarcar que dado el particular y específico lugar que nuestro continente ocupó –y todavía ocupa- en el proceso de “mundialización” económica puesta en marcha durante el momento de la conquista, verificado luego de la “declaración de la independencia” y en el proceso de constitución de los estados nacionales, y que determinó que la mayoría de los países latinoamericanos adquiriesen características consideradas dependientes a aquellos países “centrales” que iniciaron el proceso, entendiendo esta dependencia, en el sentido que señala Rui Mauro Marini, “como una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes”. Sobre esto, es necesario remarcar que este proceso de “incorporación” se expresó mediante la dominación por mecanismos económicos, junto con la acción violenta y genocida, a raíz de la cual resulta necesario problematizar las especificidades de la “independencia” para nuestros pueblos en la actualidad, ya que, tal como señala Marini en “Dialéctica de la Dependencia”: “El fruto de la dependencia no puede ser por ende sino mas dependencia, y su liquidación supone necesariamente la supresión de las relaciones de producción que las involucra”.
En este marco, la situación actual de las comunidades indígenas en Tucumán resulta de un proceso de sostenimiento de instituciones que lleva siglos, un proceso en el que nuestros abuelos resistieron la instalación paulatina del estado en el territorio Diaguita de los Valles Calchaquí, Tafí y Trancas mediante la invasión de encomenderos devenidos luego en terratenientes. Por esos tiempos el estado se instituyó con la falacia de la civilización para expropiar la economía comunitaria basada en la reciprocidad, reconvirtiéndola así como fuente del enriquecimiento de las “familias tradicionales”. Toda una sociedad basada en los ayllus fue destruida.
Así se consolidó la ocupación del territorio para el desarrollo de una economía donde la función asignada a las familias originarias era la servidumbre en las estancias, el pago de pastajes y medierías a “los dueños” para su enriquecimiento. En otros casos la ocupación territorial la realizó directamente cuando el estado nacional incorporó territorios indígenas al fisco.
Legislación y derechos
Con el correr del tiempo, con la conformación de la república y ya avanzado el SXX, vinieron la promulgación de múltiples normas jurídicas nacidas al influjo de la lucha de los pueblos originarios a nivel mundial que obligaron a los estados nacionales y provinciales a acatar mandatos para resarcimiento de nuestros pueblos por toda la degradación vivida desde los inicios de la invasión europea.
Mediante la lucha y la resistencia los originarios obligaron a los gobiernos a impulsar políticas públicas hacia los Pueblos Indígenas en el marco de la consulta y participación. En algunos casos con mayor compromiso, en muchas otras, sólo obteniéndose respuestas de emergencia desde lo políticamente correcto. La incorporación de artículos específicos en la Constitución Nacional y Provincial en Tucumán abrieron el cauce para exigir reconocimiento legal de los derechos avasallados y se llevaran a cabo, aunque tímidamente aún- acciones de reparación histórica, como la ley de relevamiento territorial de las comunidades y la “teórica” prohibición de desalojos; la implementación de la educación intercultural; el acceso a la salud y a la justicia en tanto culturas diferentes.
Aunque estos avances fueron importantes, es menester remarcar las ideas de José Carlos Mariategui acercar que “La reivindicación indígena carece de concreción histórica mientras se mantiene en un plano filosófico o cultural. Para adquirirla –esto es, para adquirir realidad, corporeidad- necesita convertirse en reivindicación económica y política. El socialismo nos ha enseñado a plantear el problema indígena en nuevos términos”. El marxista peruano nos recuerda que no se puede solucionar el problema del indio sin resolver el problema del territorio.
El territorio, el estado y la actualidad
Habitualmente se da por sentado que el proceso de lucha emancipatorio de la corona Española se dio en toda la extensión territorial del estado nación sin advertir que ese proceso se ejecutó en base al genocidio y exclusión de los pueblos indígenas. Tal como lo expresa el Parlamento de Pueblos y Naciones Indígenas de Argentina: “En el próximo mes de julio de 2016 se cumplirán 200 años de la formación del Estado Argentino, que se construyó a sangre y fuego sobre nuestros pueblos”.
Desde la nueva izquierda buscamos como propósito dar un paso más, incluyendo una cuestión fundante en el proceso de liberación de América Latina o AbyaYala, es decir la cuestión indígena. En tal sentido Osvaldo Bayer en Historia de la crueldad Argentina nos recuerda que “Los estados nacionales que se constituyeron en América tras las guerras de la Independencia buscaron homogeneizar, es decir, forzar una cierta uniformidad cultural, social y biológica que se creía necesaria para garantizar la “unidad nacional”.
Bayer amplía el carácter de esta homogeneización:“(…)para la constitución del estado argentino se apeló a la coerción tanto de los pueblos originarios en un principio como de los trabajadores casi de manera inmediata”.
Cabe agregar aquí, que quienes hoy integran las Comunidades Indígenas, si bien mantienen características culturales, geográficas, de cosmovisión y económicas en común, no son una clase social homogénea y por lo tanto tienen las mismas contradicciones que cualquier sector social que resiste al capitalismo. Si bien esto que parece una obviedad en práctica cotidiana, tiende a confundirse, sobre todo cuando se considera a los comuneros como una unidad política, ya que a su interior se reconocen tanto como originarios, trabajadores y trabajadoras de distintos sectores, campesinos, obreros rurales… pero también existe una pequeña burguesía y terratenientes medianos, comerciantes, con intereses opuestos entre sí.
Kirchnerismo, macrismo y después
La presente crisis económica y política en la que nos encontramos inmersos, se ve profundizada con las medidas del gobierno de Macri y Cambiemos, que favorecen a sectores concentrados de la economía, impactando negativamente sobre todo en los sectores populares, incluyendo los indígenas.
En los 12 años de gobierno previos al macrismo, se impulsaron políticas públicas hacia diversos sectores excluidos, que muchas veces tuvieron como objetivo la cooptación a manera de clientes políticos de las organizaciones sociales y dio sus frutos en muchas comunidades originarias hermanas, no fue en todas. En algunas provincias sólo hubo lugar para la resistencia, principalmente en respuesta a los permanentes ataques de los caudillos locales y al brutal saqueo territorial de las multinacionales extractivas del petróleo y pooles sojeros, de fuertes vinculaciones con los gobiernos hasta hoy.
Las organizaciones indígenas atraviesan una profunda crisis en torno al posicionamiento frente al actual gobierno, lo que impide una representación unificada a nivel nacional. Algo que tampoco es nuevo ya que desde hace años algunos sectores indígenas se alinean con el oficialismo a ultranza y lo que permite manejar estructura y caja desde el estado para desarrollarse políticamente.
Respecto a ese punto, existen dos alternativas de cómo pararse ante el gobierno macrista: la primera es la corriente que impulsó la ya decretada Mesa de Trabajo y Dialogo Político de los Pueblos Indígenas con el Estado Nacional. Y reclaman su inclusión en las políticas públicas de la agenda de este gobierno neoliberal antipopular y en consecuencia anti-indígena. Esta postura sin duda abriga posiciones ingenuas y carentes de visión histórica de la marcha del estado y del movimiento indígena en nuestro país.
Por otro lado, quienes creemos que este estado mono-cultural y extractivista no puede tener una genuina política hacia los pueblos indígenas, por la simple razón que sirve a la clase que gobierna: los grupos económicos concentrados y sus representantes. Y con ellos los pueblos originarios tienen una disputa histórica imposible de resolver con este estado: el territorio. Los pueblos lo quieren para vivir y el empresariado para explotarla y sacar ganancia de él. Solo es posible transformar todo si cambiamos de raíz la matriz del mismo por una sociedad sin explotadores, sin explotados y oprimidos de cualquier tipo. Y ese es un camino que debemos entender como hermanos y hermanas que recién comenzamos a transitar, ya que muchas veces sólo se apoyaba a los indígenas en sus reclamos. La unidad para resistir el ajuste deberá encontrarnos construyendo poder popular con los sectores de desocupados, trabajadores y trabajadoras de distintas ramas, organizaciones políticas, socio-ambientales y Pueblos Originarios en lucha de forma independientes del estado.
Tierra para Vivir Tucumán – Corriente de Organizaciones de Base La Brecha
