El Lov Mawidanche Alto Antiquina de Cañete recientemente comunicaba: “Queremos dejar en claro condena efectiva a cinco de nuestros integrantes, Luis, Carlos, Juan y Lorenza Cayuhan y Milton Ortiz Lleubul, condenados entre 5 y 9 años de cárcel, obedece a una persecución política en contra de nuestro Lov, debido al trabajo de recuperación de tierras que hemos llevado adelante durante más de una década y que afectan directamente a empresas forestales que han robado nuestro territorio”.

El Juzgado de Garantía de Cañete, dictaminó la sentencia para los comuneros, que incluye penas de hasta 9 años para quienes han sido acusados de haber interceptado a trabajadores de una forestal en el sector de Antiquina, asaltándolos y robando diversas especies, con el uso de testigos y procedimientos irregulares.

Por su parte, «Satisfacción» declaró sentir el senador Alejandro Navarro, tras la decisión de los jueces de la Corte de Apelaciones de Concepción, de dejar sin efecto la prisión preventiva dictaminada por el Juzgado de Garantía de Cañete, para los siete Mapuche acusados de ser autores del asalto a una camioneta en septiembre del 2015,

El presidente de la Comisión de DDHH del Senado, señaló que, «no cabían dudas de que lo que aquí se había hecho, es decir, el dejar en prisión a la familia Cayuhan mientras se espera por la apelación ante la Corte Suprema, era inexplicable, insostenible».

«Puesto no tenía fundamento alguno», continuó, «y se llevó a cabo gracias al gran celo que el Ministerio Público puso, ese afán del fiscal para encarcelarlos a toda costa, pese a que los propios policías reconocieron durante la formalización, la colaboración de un Cooperador Ocasional».

«Esa figura que lesiona el debido proceso, que lo hace subjetivo; un testigo oculto, sin rostro, que nadie conoce», indicó el legislador.

El parlamentario, quien asistió a la formalización de los comuneros en Cañete, recordó que, «tras escuchar a los declarantes de la fiscalía y sus versiones contradictorias, a todos quienes estaban presentes les quedó más que claro la escena teatral que se elaboró para inculpar a los comuneros».

«Estuvimos por muchas horas», adicionó, «prestando atención al relato de diversos testigos, de quienes dicen haber sufrido este ataque por parte de una familia Mapuche y no deja de llamar la atención la discordancia entre sus versiones».

Al mismo tiempo, Navarro rememoró el caso de Fernando y Rodrigo Meliman, y su prima Elvira Lincopi, «quienes fueron dejados en libertad tras haber sido acusados de un supuesto robo con intimidación e incendio ocurrido en el fundo San Guillermo en junio del año pasado, al sur de la ciudad de Cañete».

Agregando que «las pruebas que se presentaron en dicha situación eran absolutamente insuficientes, por lo que el Ministerio Público no debió haber acusado a los hermanos Meliman ni a Elvira Lincopi, ya que los testimonios y reconocimientos no se ajustaban a los protocolos institucionales o de la Policía de Investigaciones, algo muy similar a lo que estamos viendo en este nuevo caso de Antiquina».

«Puesto a los seis miembros de la familia Cayuhán, además de Milton Ortiz Llebul, el Fiscal los quiere encerrar a toda costa, pese a que tanto la Corte de Apelaciones de Concepción como la Corte Suprema ratificaron por unanimidad que el proceso está viciado y dejaron en libertar a los comuneros cuando estuvieron detenidos por meses en la cárcel de Lebu en un principio», explicó Navarro.

Y añadió, «ya que los argumentos y pruebas presentadas en contra de esta familia Mapuche son sin duda muy débiles, muchas de ellas falsas, lo que quedó tras escuchar a los testigos y a la policía reconociendo el uso de un Cooperador Ocasional, en un acto fraudulento, construido para culpar a los comuneros».

«Por esto han sido dejados en libertad mientras se espera la sentencia de la Corte Suprema, aunque el Ministerio Público intentó encarcelarlos con un afán desmesurado, que no logro comprender. Pero que sin duda demuestra que a algunos, no les importa atropellar a los Mapuche para lograr sus objetivos», finalizó el Presidente de la Comisión de DDHH del Senado.