En su informe sobre la visita que hizo a Chile el año pasado, el Relator Especial sobre la pobreza extrema plasmó la exclusión en la que viven los pueblos indígenas en Chile y formuló al Gobierno recomendaciones para proteger sus derechos humanos.
Por Carmen Lucía Castaño – Fuente: panorama.ridh.org
El Relator Especial de la ONU sobre la pobreza extrema, Philip Alston, aseguró que los derechos de los pueblos indígenas son “el talón de Aquiles del historial de Chile en lo que respecta a los derechos humanos en el siglo XXI”. La afirmación está consignada en el informe que el experto presentó ante el Consejo de Derechos Humanos, reunido en Ginebra para su trigésima segunda sesión.
Preocupado por el ambiente de “exclusión, marginación y discriminación” que observó durante su visita al Estado chileno en 2015, Alston advirtió al Gobierno que “ninguna iniciativa seria para eliminar la pobreza extrema en Chile puede tener éxito sin ocuparse en forma concertada de la situación de los pueblos indígenas”.
El experto resaltó que la desigualdad a la que se enfrenta esta población en Chile tiene múltiples dimensiones. Según cifras oficiales citadas en el informe, en 2013 la tasa de pobreza por ingresos entre los indígenas alcanzaba el 23.4 %, mientras que la de la población no indígena era 13.5 %. La misma medición indica que la tasa de extrema pobreza “era exactamente dos veces la de la población no indígena (un 8.2 % frente a un 4.1 %)”.
“Que Chile no sepa cuántos son sus ciudadanos indígenas resulta sintomático”: Philip Alston
Respecto a la escolaridad, la desigualdad también castiga a los indígenas. Datos de la CEPAL citados por el Relator Especial indican que el 56.6 % de las personas no indígenas mayores de 20 años terminó la educación secundaria. En el caso de la población indígena, la cifra solo llega al 42.8 %.
La diferencia en la esperanza de vida también refleja la magnitud de la desigualdad de la que son víctimas los indígenas en Chile. La medición de la CEPAL de 2006 la ubica en 77 años para la población no indígena, y en 65 para la indígena.
Alston recordó al Estado que la falta de representación política de los pueblos indígenas ya ha sido objeto de preocupación de las Naciones Unidas, en referencia al pronunciamiento que hizo al respecto en 2013 el Comité para la eliminación de la discriminación racial. “Pese a que cerca de uno de cada diez chilenos se identifica como indígena, no hay ningún diputado indígena en el Congreso de Chile”, subrayó el Relator.
Recomendaciones del Relator Especial
Para hacer frente a esta situación, Alston recomendó al Gobierno chileno incorporar en su ordenamiento jurídico la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, y calificó de “simplista y poco útil” la tendencia a restarle importancia a este instrumento internacional por el hecho de no ser vinculante.
Así mismo, propuso que el Ministerio de Desarrollo Social elabore, en consulta con los pueblos indígenas, una estrategia para eliminar la pobreza que, además, resuelva el problema del derecho a la tierra y que cuente con la financiación suficiente para cumplir sus objetivos.
Igualmente, Alston recomendó a Chile que solucione la falta de representación política, consolide la propuesta de crear un ministerio de asuntos indígenas y que en el censo que tendrá lugar en 2017 se mantenga la pregunta por la identidad étnica.
Finalmente, el Relator Especial instó a las empresas que dominan la industria en las tierras reivindicadas por los pueblos indígenas a que “adopten un conjunto de normas de derechos humanos conformes, como mínimo, a los requisitos de los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos”.
Además de la de los pueblos indígenas, el Relator Especial abordó en su informe la situación de otros sectores de la población afectados por la pobreza extrema, como los niños, los migrantes y las personas LGBTI.
El experto se refirió también a la necesidad de entablar una reforma constitucional, institucional y democrática que se ajuste a las normas internacionales y que reconozca los derechos económicos, sociales y culturales “como derechos humanos en toda regla y no como meras cuestiones de política social”.
