La propuesta de Proceso Participativo Indígena para la nueva constitución aún tiene más dudas que certezas. Mientras que desde el gobierno señalan que los plazos se están cumpliendo, las organizaciones de los distintos pueblos acusan que el estado chileno sólo dialoga con “los que le dicen que sí” y temen que se repita la Consulta Indígena del 2014, cuya aprobación es conocida como “el bar abierto”.
Por: Antonia Orellana / El Desconcierto
El 18 de abril el ministro de Desarrollo Social Marco Barraza llegó hasta la Casa Central de la Universidad de Chile. La visita del militante PC se realizó en marco de la presentación al Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente del diseño de una nueva apuesta del Ejecutivo: realizar un“Proceso Participativo de Pueblos Indígenas”. Los ánimos estaban caldeados. Esa misma jornada había comenzado con el vocero de gobierno Marcelo Díaz (PS) dando explicaciones y calmando a los consejeros por la campaña del gobierno para incentivar la participación ciudadana en el proceso.
Para Barraza, en tanto, la exposición estuvo menos acontecida. Luego de una rápida presentación, a la que incluso le sobraron láminas, el abogado constitucionalista DC Patricio Zapata propuso que este proceso quedara fuera de la competencia del Consejo. Sin embargo, fue recién cuando llegó el turno de los dos únicos consejeros que pertenecen a algún pueblo indígena, que se encrespó el ambiente.
Se trataba de los mapuche Salvador Millaleo y Jean Beausejour Coliqueo, quienes presentaron sus aprensiones. El primero señaló que los tiempos no se ajustaban a la realidad de los pueblos indígenas y recalcó que este proceso no suplía la obligatoria Consulta Indígena. Sin embargo, fueron las palabras del futbolista las que quedaron resonando en las paredes del edificio de Alameda: “a mí, como miembro del Consejo, me gustaría que hubiese un símil a este en el comité que usted nombra, con representantes de la comunidad indígena. Saber si a los entes internacionales se les pudiera agregar personas comunes y corrientes. También me gustaría que esta consulta partiera de los mismos niveles y estándares de garantías que tiene el Proceso Constituyente”, dijo Beausejour a Barraza.
Las palabras del deportista sintetizan buena parte de las dudas de las organizaciones de pueblos indígenas. Quiénes observarán el proceso y en qué legislación se enmarcará son las interrogantes que surgen desde las comunidades. Sin embargo, la pregunta más urgente para el Ministerio de Desarrollo Social es otra: quiénes participarán y decidirán el nuevo Estatuto de Pueblos Indígenas.
Este proceso de Participación Indígena refleja las enormes deudas e incluso el desdén que tiene el Estado chileno con otras naciones y pueblos que habitan el territorio. Si se compara con el Proceso Constituyente, las diferencias son abismales. Mientras que el diseño del primero fue anunciado en cadena nacional por la presidenta Bachelet en octubre de 2015, el Proceso de Participación Indígena aún no tiene procesos claros.
Asimismo, en las zonas que los mapuche reivindican como Wallmapu, las críticas son más severas. A las colonialistas declaraciones del intendente Jouannet (DC) se suman a otro compromiso que se rompió: la no aplicación de la Ley Antiterrorista. Mientras que bajo el mandato de Rodrigo Peñailillo como ministro del Interior y Francisco Huenchumilla como Intendente de la Araucanía se retiró la participación del gobierno en las querellas que invocaban la criticada ley, la llegada de Burgos y Jouannet la trajo de vuelta, impulsando con mayor fuerza la criminalización de los comuneros y la militarización de la zona.
Todos estos puntos, además de tensionar las relaciones con el Ejecutivo, dificultarán la participación de las comunidades de los distintos pueblos originarios, los que aún miran con recelo que la Consulta Indígena fuera legitimada por el gobierno y que sirviera de base para el proyecto de Ministerio de Pueblos Indígenas. Esto pese a que las comunidades indígenas la declararan mayoritariamente inválida y acusaron que en ella se eligiera a dedo los representantes.
La consulta con bar abierto
El 31 de enero de 2015, la entonces ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas (PS), acompañada de sus SEREMI, autoridades regionales de la Conadi, y de Lautaro Loncón, el funcionario a cargo de la consulta obligatoria que debía realizar el Ejecutivo para crear el Ministerio y los Consejos de Pueblos Indígenas -según el Convenio Internacional 169 de la OIT-, aprobó el informe final de la Consulta.
El problema es que, debido a la poca representatividad y participación, la Consulta fue declarada por las organizaciones indígenas como ilegítima e incluso ilegal. Y es más: desde organizaciones mapuche bautizaron el encuentro realizado en San Esteban, en Los Andes, “como la ‘Consulta Bar Abierto’”.
“Más que deliberación entre distintos pueblos, lo que hubo fue una invitación de las autoridades a tomar gratis y firmar un documento”, agregan.
La escena evoca las investigaciones del antropólogo José Bengoa que narran cómo en el S.XIX se emborrachaba a miembros de comunidades para firmar documentos de propiedad de terrenos. La legitimidad que tiene ese informe, que dio origen al proyecto de ley de Ministerio y Consejos de Pueblos Indígenas, es prácticamente nula entre las comunidades, pese a que se encuentra en pleno trámite en el parlamento.
“Los dirigentes que fueron hasta Los Andes no fueron los elegidos por las comunidades, sino que los que designaron a dedo los funcionarios a cargo de la consulta”, señala Leyla Noriega, socia de la Asociación Indígena Coordinadora de Mujeres de Pueblos Originarios de Arica y Parinacota y periodista aymara.
La distancia entre las partes ya había quedado de manifiesto durante el año 2014, cuando Loncón, considerado como uno de los principales impulsores de la aplicación íntegra del Convenio 169 OIT, tuvo un duro encuentro con las comunidades de Ercilla, que lo encararon por considerar que el proceso estaba viciado al ocupar la interpretación del Convenio 169 OIT que elaboró el gobierno de Sebastián Piñera, los polémicos decreto 66 y 44, que limita las materias a consultar. Esto, porque en noviembre de ese año, en pleno proceso de Consulta Indígena, el gobierno se comprometió públicamente a derogarlo a través de la propia ministra Villegas y el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier.
Nada de eso ocurrió y para diciembre cientos de organizaciones indígenas se retiraron amargamente de la Consulta, y pese a los recursos legales y tomas de Seremias locales, ese 31 de enero 9 representantes de los pueblos Aymara, quechua, likanantay, coya, diaguita, mapuche, kaweskar, yagán y rapa nui firmaron el documento.
Una Consulta Indígena ilegítima
El malogrado proceso aún resuena a lo largo del país y se asoma como el principal obstáculo para que las comunidades participen en el Proceso de Participación Indígena. Como señala Leyla Noriega “nosotros rechazamos los decretos 66 y 40 y siguen vigentes. Lo que dijo el gobierno es que los revisarían, y hasta el momento no pasa nada. Nosotras decidimos participar de los encuentros locales, pero respecto al proceso constituyente indígena sabemos sólo que han invitado a participar, pero desconocemos cómo es el proceso. Investigando por nuestra cuenta, sabemos que tendremos un cabildo a cargo de una universidad. Hay desconocimiento y lamentablemente la falta de información crea desconfianza”, apunta.
El concejal de Galvarino y dirigente de de la Asociación de Municipios con Alcalde Mapuche (AMCAM) José Millalén, señaló a El Desconcierto que “no nos ha llegado ninguna información desde las autoridades centrales”, y que más que los tiempos, su preocupación tiene que ver con los contenidos de lo que se discuta en el Proceso de Participación Indígena.
Otra duda es cuál es el marco en el que se insertará el proceso de participación. Esto porque desde el Ministerio de Desarrollo Social explican que “se tendrán a la vista un conjunto de documentos, entre ellos el Convenio 169 de la OIT; el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato; los instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Informe del ex Relator Especial de Naciones Unidas James Anaya” entre otros.
Sin embargo, el coordinador del PNUD para Chile, Antonio Molpoceres, considera que “la base es la Declaración de las Naciones Unidas de 2007”. Para Salvador Millaleo esta diferencia es importante, ya que han pasado diez años desde la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato del gobierno de Ricardo Lagos y hoy la discusión se encuentra más avanzada. “Si bien en ese momento fue interesante ya ha pasado bastante más agua bajo el puente. La declaración de la ONU 2007 es más avanzada, y este año saldrá la declaración de la OEA, que está al nivel de la declaración de la ONU. ¿Cómo no partimos de ahí, si ese es el estándar a nivel internacional? Los pueblos se sentirán muy pasados a llevar si ése no es el piso”, pronostica.
Sin embargo, la Declaración de las Naciones Unidas del 2007 contiene temas que hoy no son contemplados en la legislación chilena e implicarían otros cambios, como por ejemplo el derecho a la propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales, hoy amenazados por la biopiratería y la industria de las semillas patentadas. Además, más que considerar a los pueblos indígenas como grupos demográficos que ejercen sus derechos individualmente, los últimos instrumentos internacionales los consideran como sujetos políticos colectivos, por lo que el proceso de participación debería incluir espacios de deliberación por pueblo y no sólo por unidad administrativa regional.
Las diferencias entre el Proceso Indígena y el Constituyente
Las diferencias para el Proceso Participativo de Pueblos Indígenas son claras. Mientras que el Proceso Constituyente está ad-portas de pasar a su segunda etapa de Cabildos Regionales, en la versión para pueblos indígenas aún no se concreta la primera etapa, la de conformación de equipos. El principal es el Comité Consultivo y de Seguimiento, que estará conformado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la UNICEF y dos representantes del Consejo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
Antonio Molpoceres, coordinador del PNUD en Chile, indica que “se nos pidió participar como observadores de este proceso de participación indígena, para poder ver cómo se están desarrollando, proveer insumos sobre su desarrollo y niveles de participación y poder dar crítica constructiva sobre cómo desarrollarlo”. Y si bien desde el Ministerio de Desarrollo Social señalaron en abril que estaban en la fase del intercambio de los alcances de la metodología de los encuentros con los organismos internacionales, el Comité Consultivo y de Seguimiento todavía no se constituye formalmente ya que la Presidenta Michelle Bachelet aún no emite el decreto presidencial que ratifica a los consejeros electos para la CONADI en la elección del pasado 19 de marzo.
Tampoco hay avances para la conformación de los comités de Coordinación Regional, los que en un principio estarían constituidos por los SEREMI de Desarrollo Regional, la CONADI y los servicios de alta cobertura regional, como el FOSIS. Lo que sí está definido son las unidades ejecutoras, principalmente universidades públicas, y en palabras del ministro Marco Barraza en el Consejo Ciudadano de Observadores, serán la Universidad Arturo Prat, Universidad de Chile, Universidad de la Frontera, Universidad del Bío Bío y la Universidad de Magallanes.
En el Ministerio de Desarrollo Social contemplan, oficialmente, una vía más: que organizaciones de los pueblos indígenas reconocidas en la Ley 20.500 -como la Identidad Lafkenche o el Consejo Aymara- auto convoquen sus primeros encuentros. Fuentes ligadas a los sectores indígenas del ministerio señalaron a El Desconcierto que para facilitar el proceso también se ha evaluado organizarlo a través de municipalidades con alta población indígena, lo que desde el ministerio descartan.
La principal preocupación de Salvador Millaleo, miembro del Consejo Ciudadano de Observadores y profesor de derecho de la Universidad de Chile, sobre este diseño tiene que ver con el espacio para que las organizaciones convoquen a sus encuentros, dado el poco tiempo disponible.
Según el académico, el formato de los encuentros, que consistirán en “microtalleres” de máximo 30 personas guiadas por un facilitador multicultural, no se ajusta a los convenios internacionales al no considerar las formas propias de deliberación de los pueblos, y, peor, no se ajusta a la realidad. “Las comunidades no se juntan para una reunión como un encuentro local autoconvocado. De partida, los microtalleres van a ser con dirigentes. A su vez, los dirigentes representan a sus bases y sus comunidades. Luego tienen que volver a sus comunidades y dialogar con ellas. Luego mandatan al dirigente para volver y seguir el diálogo”, explica.
Desde la Asociación de Mujeres Indígenas en Arica, la periodista aymara Leyla Noriega coincide: “Si invocamos el Convenio 169, que es ley en Chile, no pueden imponer plazos, sino que deben respetar nuestras formas de deliberación. Estamos en junio, y en agosto vienen las festividades tradicionales de los pueblos”, agregando que esta falta de consideración a los tiempos y calendarios propios fue uno de los motivos del fracaso de la Consulta Indígena para el Ministerio de Pueblos Indígenas que reemplazará a la CONADI.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social, en tanto, señalan que el proceso está en marcha y que iniciarán en agosto. De ser así, finalizará con desfase respecto al Proceso Constituyente nacional. Esto considerando que, de acuerdo a los tiempos planteados por la misma cartera, se cuentan con tan sólo 187 días para lograr un Catálogo de Derechos Indígenas validado, en cuya deliberación esperan que participen al menos 5.700 personas.
Mientras tanto, el debate constitucional ya se encuentra instalado: el 30 de abril, cuando la presidenta Bachelet viajó a Isla de Pascua para firmar la ley de residencia que buscará controlar la migración, el consejero CONADI electo Rafael Tuki, le entregó una carta en que se la notificó de la conformación de un Honui, asamblea de las 36 familias ancestrales, que buscará “ejercer nuestro derecho inalienable a la libre determinación de nuestros recursos naturales y culturales de acuerdo a derecho”. En la misiva, además, se le pidió a la mandataria que propicie las condiciones necesarias para acompañar el proceso constituyente interno de auto gobernanza del territorio.
En el amplio espectro de organizaciones mapuche hay distintas posturas. Mientras el dirigente del Consejo de Todas las Tierras Aucan Huilcamán está por una Asamblea Constituyente Mapuche, el Partido Mapuche o Wallmapuwen ha participado en escuelas de monitores del movimiento Marca AC en La Araucanía. Como parte de la Asociación de Mujeres Indígenas de Arica, Leyla Noriega señala que “no va a ser fácil, pero queremos estar presentes para dar una mirada y observar qué es lo que hará el Estado esta vez”.
Una frase se repite al consultar tanto a Leyla Noriega como a Salvador Millaleo:“el Estado dialoga sólo con los que le dicen que sí”, con el recuerdo fresco de la Consulta Indígena de 2014 y la Mesa de Consenso de 2010. Para el consejero ciudadano y académico mapuche “necesitamos una institucionalidad sólida y legítima, que no sea rechazada y por donde no estén circulando los mismos, la gente que va a pedir favores al Estado, y a los que más que reconocérseles derechos se les entrega dádivas, bonos, ayuda en un sentido clientelar. Eso se tiene que terminar porque si seguimos en eso siempre tendremos un conflicto”. A lo largo del país las comunidades dudan respecto de un proceso de participación que puede derivar en una nueva aprobación de informes con bar abierto.
