Ley de Pesca despojó de los derechos al acceso y uso de los recursos marinos a los Pueblos Indígenas como también, se implementó sin que el estado chileno cumpliera con su obligación de consulta a pesar que afectaba directamente los derechos de comunidades.
Durante 2010 y enero de 2013 el Parlamento chileno legisló y aprobó la actual Ley de Pesca que en su parte fundamental entregó derechos de propiedad de las cuotas pesqueras a las empresas industriales extractivas y a los dueños de embarcaciones del sector de la pesca artesanal. Esta ley sin embargo, no tomo en cuenta la presencia histórica de las comunidades indígenas en el extenso borde costero y sus derechos ancestrales a la extracción de peces, algas y mariscos. “De esta forma todos los pueblos indígenas presentes en este territorio quedaron despojados de este derecho a realizar cualquier actividad extractiva”, explica el periodista Patricio Melillanca.
“La aprobación de esta Ley se realizó sin respetar el Convenio 169 de la OIT especialmente en su articulado respecto a la realización de la Consulta a los pueblos indígenas cuando lo que se discute afecta los intereses directos de las comunidades originarias”, indica el profesional.
Cabe señalar que durante el proceso legislativo y hasta ahora, diversas organizaciones sociales, sindicatos de pescadores y organizaciones indígenas han denunciado que esta normativa fue legislada en un contexto de corrupción, Cohecho, soborno y fraude al fisco, ya que diversos parlamentarios que aprobaron esta Ley recibieron dinero de parte de las grandes empresas pesqueras. Por tal razón la Fiscalía chilena investiga a lo menos a 10 parlamentarios por estos casos, además de una indagatoria que realiza la fiscalía investigadora de alta complejidad que también investiga al ex ministro de Economía, Pablo Longueira, que entre 2010 y 2012 fue el principal impulsor de la Ley.
Actualmente organizaciones y comunidades costeras han afirmado que esta Ley de Pesca no tiene validez para el Pueblo Mapuche, ya que los ha despojado de su derecho ancestral al acceso y uso de los recursos del mar y junto a organizaciones sociales, pescadores artesanales y estudiantes están demandando la anulación de esta normativa.
Para esto además el parlamento chileno discute un proyecto de ley que también pide la anulación de la Ley de Pesca.
Recientemente, diversas organizaciones vinculadas a la Red por la Defensa de los Territorios y al Movimiento por la defensa y recuperación aguas-territorios de la zona centro sur, extendieron antecedentes a la Relatora ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli – Corpuz, dando cuenta de estos hechos a través de una comunicación, solicitando sus oficios e intervención ante el estado chileno para que se restauren y reparen los derechos colectivos de los pueblos indígenas al acceso y uso de los recursos marinos y se cumplan las obligaciones estatales.
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