Nota, audio e imágenes / Desde las 8:30 de la mañana, del martes 3 de mayo de 2016, tres grupos operativos de fuerzas especiales realizaron tres allanamientos simultáneos bajo la figura de Ley de Control de Armas en el sector de Lumaco, comuna de Lanco, región de Los Ríos. Los operativos terminarían cerca del medio día.
Con ordenes de incautación registro y allanamiento, efectivos policiales procedieron a detener a Patricio Antiago, quien luego fue el único formalizado e imputado durante la tarde por porte ilegal de munición, estableciendo la medida de 6 meses de prisión preventiva, a cumplir en la cárcel de Valdivia.
La molestia de los peñis y lamgen del sector se hace evidente ante el inmenso depliegue policial que irrumpiendo armado y apuntando con armas ingresaron en casas, en una de las cuales habían menores de edad, pero no se realiza ninguna acción tendiente a satisfacer la demanda de devolver las tierras usurpadas.
En los allanamientos que realizan bajo la figura de la Ley de Control de Armas , incautan ropa, computadores, teléfonos celulares, mochilas, pero ninguna arma, salvo algunos cartuchos. Las preguntas que nos hacemos ¿para qué la fiscalía y las unidades de investigación policial necesitan incautar ropa, celulares y computadores bajo el pretexto de buscar armas?¿Es justificado el despliegue y gasto policial para realizar este tipo de incautaciones que pretenden mostrar como evidencia de una investigación irregular?
Durante las ultimas semanas, previas a este operativo, efectivos policiales de civil, estuvieron visitando escuelas del sector y visitando, preguntando y hostigando a personas mayores de las comunidades.
Cabe destacar que durante uno de los allanamientos en una de las casas, una mujer de edad, convaleciente de una enfermedad, es sacada al frío.
Ante la desesperación de no encontrar nada, segun testigos del lugar efectivos policiales forzaron la puerta de una iglesia evangélica en la búsqueda de armas.
El resto es puertas rotas, trigo en el suelo, un estado de sitio de facto, una fiscalía presionada por resultados, una investigación y un procedimiento policial que vulnera los derechos humanos de las comunidades, y resguarda los intereses de empresas forestales y el latifundio, mientras tanto el gobierno regional sigue impulsando mesas de diálogo sin sentido.
