UNIDAD Y LUCHA PARA LA DEFENSA DE NUESTRO MAR Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS CHILENO E INDÍGENAS FRENTE AL ABUSO Y CORRUPCIÓN DE LA CASTA POLÍTICO-EMPRESARIAL CHILENA
EL COLAPSO Y SOBREEXPLOTACIÓN DEL 72% DE LAS PESQUERÍAS CHILENAS COLOCA BAJO EL ESCRUTINIO PÚBLICO LAS RESPONSABILIDADES DEL SUBSECRETARIO DE PESCA Y DE LA VICIADA LEY ANGELINI-LONGUEIRA QUE ENTREGÓ DE FORMA GRATUITA Y A PERPETUIDAD, LA PROPIEDAD DE LOS PECES A 7 CLANES DEL “CARTEL” EMPRESARIAL INDUSTRIAL.
Introducción
Un panorama crítico sobre los recursos marinos entregó el informe “Estado de situación de las principales pesquerías chilenas”, publicado por la Subsecretaría de Pesca (Subpesca). Este documento del organismo dependiente del Ministerio de Economía, reconoce los efectos del proceso destrucción serial del patrimonio marino del país, al señalar que el 72% de las principales pesquerías del país se encuentran agotadas y sobreexplotadas. La situación ha empeorado de manera dramática con respecto a la situación del 2013, donde el 48% de las pesquerías se encontraban en dichas categorías.
Especies emblemáticas y de gran importancia económica y social para los pescadores y comunidades costeras y la sociedad chilena, como la popular merluza común ( “pescada”), jurel, congrio dorado, merluza austral, merluza de tres aletas, merluza de cola, raya, anchoveta, sardina española, langostino colorado, alfonsino, besugo y bacalao de profundidad, se encuentran en una precaria situación poblacional.
Cuatro décadas de políticas neoliberales de carácter extractivista, posibilitaron la insustentable transformación de millones de toneladas de biodiversidad marina en harina y aceite de pescado, destinadas a la mega industria de la alimentación y producción animal intensiva, siendo la menor parte de las capturas destinadas a la exportación.
Esta desastrosa situación que afecta a los ecosistemas acuáticos, la biodiversidad marina y las regiones/comunidades costeras, evidencia el fracaso de cuatro décadas de administración pesquera en una de áreas marinas más productivas del planeta.
El negativo reporte de la Subpesca, se entrega en los precisos momentos en que Pablo Longueira, ministro de economía y principal operador político durante la génesis y tramitación parlamentaria de la ley de pesca y acuicultura a la cual dio su nombre, ha sido llamado a declarar por la Fiscalía Nacional como imputado por diversos delitos de cohecho empresarial, los que superarían los 900 millones de pesos, equivalente a 1,4 millones de dólares.
LA LEY DE PESCA NO SÓLO ES ILEGÍTIMA, SINO QUE TAMBIÉN INEFICAZ
Es evidente que la imposición de la corrupta ley de privatización pesquera el 2013 , ha aumentado la pobreza, la crisis ambiental y sanitaria, la concentración económica y la exclusión política, productiva y social de los ciudadanos, pescadores artesanales propiamente tales, trabajadores, comunidades costeras y pueblos indígenas.
Sin embargo, la denominada ley Angelini-Longueira de pesca no sólo es ilegítima, sino que también ineficiente, ya que en la realidad no es respetada por los sectores extractivistas, los regulados del sistema pesquero y acuícola. Esto queda de manifiesto en el hecho que durante la actual administración de la Subsecretaría dirigida por Raúl Súnico (PS), los volúmenes de pesca ilegal se han duplicado, y posiblemente triplicado en algunas regiones, como es el caso de la merluza común.
Las operaciones de pesca ilegal, no reportada y no declarada de recursos pelágicos, permite un billonario negocio para las grandes empresas de reducción asociadas a la Asociación de Industriales Pesqueros de la región del Bío-Bío (Asipes).
La magnitud de esta situación quedó en evidencia en septiembre del 2015, durante el decomiso de 5.602 toneladas de harina de pescado, elaboradas a partir de 31.000 toneladas de sardina común y anchoveta de procedencia ilegal. Estos cargamentos se encontraban en las plantas procesadoras de Salmones de Chile Alimento S.A. y Bahía Coronel, ambas perteneciente a la familia Errázuriz.
La producción ilegal, avaluada en 11 millones de dólares, había sido comprada por la productora de alimento para salmones, la transnacional noruega Ewos. Esto evidencia lo rentable que es el “mercado negro” de la pesca pirata, la que también beneficia a las 7 familias que controlan el sector pesquero y de acuicultura en Chile.
Por su parte, la privatización excluyó de todo derecho de acceso y uso a las pesquerías al 90% de los pescadores artesanales que no son propietarios de embarcaciones (armadores), así como a los pueblos indígenas, lo cual explica la dimensión social involucrada en el actual aumento de las operaciones de pesca ilegal.
SUSTENTABILIDAD: LA OTRA GRAN ESTAFA DE LA LEY DE PRIVATIZACIÓN PESQUERA
La ley Angelini-Longueira de privatización pesquera no ha revertido el proceso de destrucción serial de las principales pesquerías del país. Al contrario, la situación se ha agravado durante los últimos tres años, incrementándose de 48% a 72% las pesquerías en situación de colapso y sobreexplotación.
Esto ocurre a pesar del intenso marketing gubernamental-empresarial, el cual contó con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales (Ongs) transnacionales World Wildlife Fund (WWF), Greenpeace Chile y Oceana, las que en noviembre del 2012 – antes que se votara este proyecto de ley en el senado-, aseguraron que dicha iniciativa legislativa aseguraría la sustentabilidad de las pesquerías chilenas, al basar las decisiones de manejo de las pesquerías en criterios científico-técnicos.
A casi 4 años de promulgarse la ley Angelini-Longueira, aún no existen los planes de manejo para cada una de las pesquerías comerciales y para algunas ni siquiera existen puntos biológicos de referencia (PBR). Esta es una herramienta clave si se tiene como objetivo la recuperación del 72% de las pesquerías actualmente colapsadas y sobreexplotadas, y realizar un manejo sustentable del patrimonio marino de la nación.
Por su parte, continúan las sobre estimaciones por razones comerciales de las cuotas anuales de pesca. Este es el caso de la sobreexplotada merluza común, pesquería emblemática para el consumo popular, la cual a pesar de haber perdido el 70% de su biomasa ( tamaño poblacional expresado en peso), y existir volúmenes de capturas ilegales que superan en un 300% la cuota oficial, se estableció una cuota “científica” anual de 40.000 toneladas para la temporada 2014, que ha debido reducirse a 23.00 toneladas para las temporadas 2015 y 2016, mientras fuentes no gubernamentales señalan que esta no debería superar las 15.000 toneladas anuales.
LA POLÍTICA PESQUERA NEOLIBERAL AMENAZA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DEL PUEBLO CHILENO Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Otro impacto del destructivo modelo pesquero neoliberal imperante, es sobre la alimentación, salud pública y la soberanía alimentaria del país. Sólo el 3% de las capturas pesqueras son destinadas por las empresas al mercado interno. Esto explica que el consumo de pescado de los chilenos sea uno de los más bajos en el mundo: 6,9 kg. por habitante al año.
Esto es dramático si se compara con el promedio mundial según la FAO: 14 kg. de pescado por habitante/ año. Países como Perú triplican nuestro consumo (23 kg.), mientras mercados a los cuales Chile exporta, lo sextuplican, como es el caso de la Unión Europea (40 kg.)
Japón, que es uno de los principales mercados de nuestras exportaciones marinas, consume 70 kg. de pescado por habitante al año, superando en un mil por ciento a cada chileno y miembro de pueblos originarios, habitante del séptimo país productor de pescado en el planeta.
La razón de lo anterior es el hecho que la política pesquera y de acuicultura neoliberal, estimula que recursos como el jurel, sardina española, anchoveta y caballa, fuentes de proteínas marinas de gran calidad biológica, minerales y ácidos grasos esenciales, sean transformadas en insumos para la alimentación industrial de salmones, aves, cerdos y vacunos, así como de animales de compañía (mascotas).
A su vez, pesquerías como merluza común, merluza austral y de tres aletas, junto a congrios, rayas, reinetas y bacalaos, entre otros, sean mayoritariamente exportadas hacia 101 mercados, en Asia, Estados Unidos, Europa y África.
La escasez, dificultad de acceso y los altos precios de los productos marinos para los consumidores chilenos, ocurre en momentos que más del 40% de la población adulta, y el 34% de los menores de seis años, presentan sobre peso y obesidad mórbida. Según FAO, Chile es uno de los tres países que lidera el sobrepeso infantil en América Latina.
Ello es consecuencia del alto consumo de carbohidratos, azúcar y sal, sumado a un estilo de vida sedentario, todos los cuales son factores predisponente de enfermedades crónicas, metabólicas y cardio-vasculares, con graves consecuencias para la calidad de vida de la población y la economía del país.
Frente a esta situación de pandemia sanitaria, si el pueblo de Chile y los pueblos indígenas decidieran optar por una educación pública que cambiara hábitos de vida y consumo para que se implementara una política nacional de alimentación sana en base a pescado, nos encontraríamos que nuestros peces están privatizados, para ser destinados mayoritariamente a la alimentación animal industrial y a la exportación.
Por su parte, si el Estado o el pueblo chileno y los pueblos indígenas deciden recuperar la propiedad de los recursos marinos, se deberá luchar contra el intento del pago de billonarias indemnizaciones de quienes hace tres años recibieron de manera fraudulenta, gratuita y a perpetuidad, la propiedad de los peces de nuestro mar.
EXIGIMOS LA SALIDA DEL SUBSECRETARIO DE PESCA Y LA ANULACIÓN DE LA CORRUPTA LEY ANGELINI-LONGUEIRA
El sistemático saqueo y destrucción de nuestro mar y sus recursos por parte del “cartel” industrial, las transnacionales salmoneras y el sistema financiero, no habría podido ocurrir sin la activa complicidad de las políticas gubernamentales, el parlamento y la institucionalidad gubernamental sectorial, bajo la dirección del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Pesca.
Durante estos tres años de gestión, consideramos que el subsecretario Raúl Súnico se ha caracterizado por continuar operando como lobista de las patronales pesqueras en el intento de eliminar en la cámara de diputados el proyecto de nulidad de la ley Angelini-Longueira, y tratar de elaborar en el parlamento una versión “de consenso”, que mejore la viciada ley Nº 20.567 de pesca y acuicultura, reeditando con otro nombre la mesa de colusión pesquera del 2012.
En este nuevo intento de maquillaje de la corrupción pesquera-parlamentaria-empresarial, se busca realizar modificaciones secundarias a la ley Angelini-Longueira, mientras se mantiene el mayor robo de bienes comunes post- dictadura: La expropiación a los pueblos chileno e indígenas de su propiedad sobre los recursos pesqueros del país y la exclusión de todo derecho para el 90% de los pescadores artesanales y los pueblos Mapuches (Lafquenches y Huilliches), Rapa Nui y Kaweskar.
El subsecretario Súnico también ha sido un activo promotor de la expansión de las destructivas operaciones de la pesca de arrastre y de las “perforaciones” de las flotas industriales dentro de las 5 millas de protección de la biodiversidad y pesca artesanal. Con ello, Súnico ha actuado en oposición del programa pesquero que la presidenta Bachelet acordó con el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) durante el 2013.
Como coordinadora de organizaciones ciudadanas, de la pesca artesanal y movimientos sociales de estudiantes, trabajadores (as) y pobladores (as), exigimos, como primeros pasos para revertir la situación de crisis de los ecosistemas, biodiversidad y recursos marinos del país, así como para enfrentar el abuso y la corrupción de la casta político-empresarial:
La renuncia del actual Subsecretario de pesca, Raúl Súnico, por su incompetencia para administrar sustentablemente el patrimonio de recursos hidrobiológicos del país; falta de voluntad política para cumplir con los compromisos del programa pesquero comprometido por la presidenta de la república con la Condepp, y operar en favor de los intereses de las 7 familias y patronales industriales en el actual proceso de anulación de la viciada ley de pesca y acuicultura.
La anulación de la corrupta, ilegítima e ineficaz ley 20.657 de pesca y acuicultura, con el fin de:
– Eliminar la entrega gratuita y a perpetuidad de la propiedad de las pesquerías del país, que permite el goce monopólico de las billonarias rentas pesqueras al “cartel” industrial que domina este estratégico sector económico, productivo y social;
– Finalizar el sistema de licencias y cuotas individuales de pesca de carácter indefinido, plenamente transables, indemnizables y bancarizables;
– Restitución a la sociedad chilena de la propiedad soberana y derechos de acceso y uso de los ecosistemas y recursos marinos de la Nación, sin ningún tipo de indemnización a quienes se hicieron de manera fraudulenta y corrupta con ellos;
– Recuperación y ampliación de los derechos políticos, sociales y productivos expropiados a los pescadores de pequeña escala, comunidades costeras y pueblos indígenas.
La ampliación y profundización de la investigación por los delitos de soborno y cohecho, lavado de activos y fraude al fisco, que lleva a cabo la Fiscalía Nacional contra ex autoridades del gobierno de Sebastian Piñera (Longueira, Galilea), parlamentarios coludidos con la industria pesquera pertenecientes tanto a la derecha (Isasi, Orpis, Moreira) como a la Concertación (Rossi, Letelier) y actores de la industria, como Corpesca y Asipes.
Castigo para los culpables y encubridores del delito de cohecho vinculado al viciado proceso de génesis y tramitación parlamentaria de la ley de pesca y acuicultura.
La paralización de la fraudulenta maniobra gubernamental, empresarial y parlamentaria, para aprobar en los próximos meses, fuera del control público, una ley de “consenso pesquero”, mediante la realización de cambios cosméticos a la ilegítima ley Angelini-Longueira.
La consulta previa, obligatoria e informada a los pueblos indígenas sobre el proceso de generación de una nueva ley de pesca y acuicultura , tal como lo exige en Convenio 169 de la OIT / Naciones Unidas, ratificado por el Estado de Chile el 2010.
El Inicio de un proceso político, legislativo, educativo y social, de carácter regional y participativo, que apunte a la elaboración de una nueva ley de pesca y acuicultura, de carácter democrático, descentralizado, equitativo y sustentable, que permita la conservación y el manejo sustentable de los ecosistemas, la biodiversidad acuática y la recuperación de las colapsadas pesquerías nacionales, contemplando entre otras medidas:
– La declaración de pesquerías 100% artesanales, tales como merluza común, merluza austral, sardina, anchoveta, congrio y jibia, entre otras, en el contexto de la soberanía alimentaria, salud pública y alimentación popular y restitución de derechos al 90% de pescadores artesanales sin cuota.
– La eliminación de las “perforaciones” de las cinco millas costeras de protección de la biodiversidad marina y de la pesca artesanal, por parte de la flota pesquera industrial, y el fin de cualquier mecanismo que facilite la coopción de las dirigencias de pescadores artesanales a favor de los intereses de la industria.
– El uso de artes selectivos de pesca y la eliminación de la pesca de arrastre a nivel nacional.
Iniciar el proceso de implementación de las directrices voluntarias de la FAO para la pesca de pequeña escala en el contexto de la lucha contra la pobreza, inequidad y la seguridad alimentaria.
El reconocimiento de la legitimidad de las acciones de pesca en resistencia llevadas a cabo por pescadores artesanales y pueblos indígenas despojados de sus derechos, y el cese de la criminalización del movimiento social por la anulación de la corrupta ley Angelini-Longueira.
COORDINADORA SOCIAL PARA LA DEFENSA DEL MAR Y LOS DERECHOS POPULARES.
