Las Movilizaciones son por reclamaciones de Tierras ancestrales usurpadas por el estado chileno, donde se exige restitución y que vayan de acuerdo a las necesidades y bienestar colectivo del Pueblo Mapuche. Desde la inmediata necesidad de Modificación del manual de procedimientos del fondo de tierra, para que se declaren admisibles los reclamos de tierras ancestrales y un aumento presupuestario del fondo de tierras; hasta la aplicación de la expropiación, son algunos de los planteamientos que buscan una urgente solución.
Poderes y “actores” del Estado, acostumbrados al maltrato y a la violencia o de hacerse el leso o mirar para el lado cuando se asesina, se discrimina o se persigue, ante esto, quienes son parte de fuerzas sociales y democráticas, deben asumir la misión de terminar con el terrorismo estatal y los comportamientos de Lumpen de la denominada “clase política” y de sectores empresariales, para buscar soluciones serias, responsables y efectivas ante situaciones de emergencia y que se vienen arrastrado por tiempo.
La población Mapuche habita fundamentalmente en zonas urbanas, principalmente en la Región Metropolitana (producto de los desplazamientos forzados y la reducción y empobrecimiento). Sin embrago, un porcentaje importante se concentra aún en lo que fue su territorio histórico (Octava, Novena y Décimas regiones).
La relación Mapuche con la tierra no ha sido tradicionalmente de propiedad privada, sino de usufructo comunitario y de interrelación. La organización básica tradicional es la familia ampliada o un grupo de ellas, que a su vez se organizaban a la llegada de los españoles en identidades territoriales o butalmapus, por zonas geográficas.
A fines del siglo XIX, El Pueblo Mapuche es incorporado por la vía bélica a los estados chileno y argentino, usurpado en más del 90 % de su territorio en Chile. El Estado le entregó a su vez títulos comunitarios de dominio que en el curso del siglo XX por aplicación de diversas leyes, se fueron dividiendo.
Esta política de radicación conoció un cambio radical a partir del segundo tercio del siglo XX. Se impulsó entonces la división de las comunidades mapuche con el fin de integrar forzada y “definitivamente” al Mapuche en la sociedad “nacional chilena”. El desarrollo económico, la educación, la capacidad y libertad contractual individual del mapuche sobre su hijuela, constituyeron las herramientas de una nueva política que tuviera como meta «asimilar» definitivamente al Mapuche. Fue el inicio de una política que buscaría, a través de la desorganización de las estructuras políticas y sociales ancestrales y a través de la penetración de la lógica comercial occidental, para el control y asimilación absoluta.
Durante 1970 y 1973, vía la reforma agraria, las tomas de terrenos y la promulgación de una nueva ley indígena, cerca de 100 000 hectáreas fueron traspasadas a comunidades, varias de ellas por medio de cooperativas “indígenas”.
El cuerpo normativo de esta, fue modificada sustancialmente por la dictadura militar que gobernó el país entre el año 1973 hasta el año 1989, y cuya aplicación trajo consigo una masiva división de las tierras de las comunidades mapuche y la perdida de cientos de hectáreas que fueron a dar a manos de particulares no indígenas.
Gran parte del territorio ancestral del Pueblo Mapuche está en manos de latifundios de descendientes de colonos europeos (italianos, alemanes, principalmente), varios de los cuales siguieron reproduciendo tendencias racistas y fascistas del mismo estado hacia sus vecinos: Las reducciones Mapuches.
Otros terrenos, en grandes extensiones, están en manos de Empresas Forestales. Solo dos grupos económicos tienen dos millones de hectáreas. El fenómeno de la globalización en el sector forestal, ha agudizado aún más los conflictos territoriales entre comunidades Mapuche y compañías forestales, principalmente a causa de los impactos negativos que dicha industria está generando a las comunidades con las plantaciones industriales en monocultivos de especies exóticas (pino y ecucaliptus), a lo que se agrega los problemas históricos acerca de la posesión de las tierras, la presión en los recursos naturales y el explosivo crecimiento del sector forestal en el territorio ancestral Mapuche, fijando los límites de sus espacios, y los impactos que esto genera en la calidad de vida de la gente y sus ecosistemas (uso indiscriminado de plaguicidas, sequía recursos hídricos, pérdida suelo agrícolas, pérdida bosque nativo, trasngénicos, perdida medicina natural y alimentación, etc.).
La falta de tierras, la destrucción cultural y ambiental en el ecosistema de las comunidades hace que muchos se levanten en su autodefensa. Territorialidades Mapuches han despertado para evitar el exterminio, sin embargo el poder bruto y de facto de las empresas y ciertos latifundistas, bajo el fomento, protección y complicidad del Estado chileno y gobernantes reprimen toda movilización mapuche por medio de los tribunales, policía miliarizada y mercenarios.
Centenares de detenidos, procesados y condenados; decenas de heridos; miles de movilizados, y ya varios asesinados, como Alex Lemún, Zenén Díaz Necul, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío, entre otros, son el saldo de la brutalidad Estatal para responder a la protesta social. El estado chileno no ha sido capaz de replantearse y reparar mínimamente siquiera, los derechos del Pueblo mapuche, particularmente con respecto a las Tierras antiguas, un derecho irrenunciable.
POLÍTICA DE ESTADO DEBE SER PARA REPARAR DERECHOS NO PARA ASESINAR Y REPRIMIR
Reparar Derechos debe ser una política de Estado y debe ser asumida con urgencia. Con respecto a las tierras ancestrales varias propuestas han surgido.
• Desde algunas organizaciones Mapuches, se ha planteado la inmediata necesidad de Modificación del manual de procedimientos del fondo de tierra, para que se declaren admisibles los reclamos de tierras ancestrales y un aumento presupuestario del fondo de tierras y se restituyan con criterios identitarios, culturales, sociales y tradicionales. Asimismo, que cada accionar del estado en estas materias se haga de conformidad al estándar internacional de Derechos.
• Otra, posiblemente complementaria, es la propuesta realizada hace algunos años por el Senador Alejandro Navarro, sobre expropiación en el sentido que el reglamento del fondo de tierras de Conadi, y su manual respectivo, impiden a las comunidades indígenas adquirir las tierras usurpadas por la invasión militar de 1883. Señala: “Las tierras antiguas no están reconocidas en el fondo de tierras de la Conadi y solo hay vías de hecho para reclamarlas, por lo tanto deben ser expropiadas”, agrega también sobre la necesidad de dotar de mayor presupuesto para tal fin.
• La Iglesia Católica tiene tierras que son reclamadas por comunidades como las del ex Seminario San Fidel en Licanco, quien, a través del Obsipado de Villarrica, luego de reconocer los derechos de la Comunidad de Rofue, hoy la desaloja con violencia y se levantan montajes. Además, entre sus feligreses se encuentran una lista de “personalidades” de enorme influencia política en este País y de enorme responsabilidad en crímenes, represiones y asesinatos contra el Pueblo Mapuche. Más que intermediar hacia lo Mapuche, seria importante que hiciera gesto restituyendo derechos a las Comunidades por tierras usurpadas y que están en poder de la iglesia y mediara con aquellos “católicos” que tienen el control y el poder del estado, de los medios de información y que están acostumbrados a maltratar, dañar y pisotear ¿así es el cristianismo occidentalizado? … El ex obispo de Temuco, Monseñor Manuel Camilo Vial, afirmó hace algunos años que el tema indígena “no es un problema del gobierno sino de todos los chilenos”,
•La implementación de Normas Internacionales de Derechos como el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, debe ser actos de buena Fe, de transparencia y respeto en Derechos Humanos. La obligación del Estado de consultar, el Derecho a la participación y el consentimiento libre, previo e informado deben ser garantías absolutas dentro del ordenamiento jurídico, político y administrativo de este País, como asimismo, en el cumplimiento y valoración de todos los bloques de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. De ser así, se hace entonces indispensable que el Gobierno deje nulo la consulta Fraudulenta que ha tratado de imponer en el marco del nefasto proyecto de Reforma Constitucional sobre Pueblos Indígenas.
• Los Medios de Comunicación son claves en el respeto y defensa de los Derechos Humanos. No es concebible seguir tolerando en este País, que, ante legítimas reclamaciones como son las restituciones de Tierras ancestrales, sigan existiendo montajes y se trate de seguir vinculando a actos de terrorismos o ideologías foráneas. Los grupos económico controladores de gran parte de los medios tienen que evolucionar y de una vez por todas, los “tradicionales” del horror, deben contribuir a la paz social y dar cobertura a los temas de verdadera importancia, las discusiones y propuestas de fondo. Los atentados a la libertad de expresión y censura en Chile son grotescos, la reproducción del racismo, la discriminación y la intolerancia en los medios es escandalosa.
• El Gobierno ha perdido toda legitimidad. Ha mezclado y contaminado el rol público con el rol pro empresarial de manera corrupta y sometida. No hay autoridad. De ahí el origen de la criminalización, militarización y planificadas represiones al Pueblo Mapuche. Debe terminar. También, deben terminar las practicas de imposición de nefastos Proyectos de Inversión en las pocas Tierras del Pueblo Mapuche y en las ancestrales reclamadas, tales como son la expansión de la industria Forestal, Celulosas, Hidroeléctricas, Mineras, Plantas de aguas servidas, vertederos, entre otras. Cabe mencionar, que una importante cantidad de Comunidades y referentes Mapuches que hoy se movilizan, han intentado de diversas formas frente al Gobierno de Interlocutar y hacer presente sus demandas y propuestas.
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