Amnistía Internacional acaba de lanzar su Informe Anual 2015/16 que documenta el estado de los derechos humanos en el mundo. En los casi 5 años que llevo en la dirección ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile, éste es el cuarto Informe Anual que me corresponde presentar. Al mirar los temas en que se han enfocado los capítulos sobre Chile de dichos informes en los últimos años, es impresionante ver cómo la mayor parte de éstos se repiten año tras año.
Las denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias por parte de Carabineros en el control de manifestaciones se repiten todos los años, sin mayores diferencias. También lasdenuncias de uso excesivo de la fuerza en operativos policiales en comunidades mapuche, afectando incluso a menores de edad, al punto que el año pasado la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió una medida cautelar a favor de una dirigente mapuche y su familia, por el uso excesivo de la fuerza, amenazas e intimidación por parte de las policías, de la que habían sido víctimas.
Tratándose de la lucha contra la impunidad por violaciones de derechos humanos del pasado, la preocupación persiste dado que la mayor parte de los condenados por delitos internacionales gravísimos en Chile, por diferentes razones no están cumpliendo una pena de prisión, tendencia que no ha cambiado. También, por ejemplo, se mantiene la inquietud por la dificultad para llevar ante la justicia y/u obtener reparaciones para víctimas sobrevivientes de tortura.
Todos estos son ejemplos de materias en que la preocupación continúa exactamente igual a lo largo de los años.
Es cierto, no puedo decir que no se ha avanzado en nada. Mirando el vaso medio lleno, sin duda, han existido mejoras. Pero no podemos olvidar que los avances son todavía parciales, insuficientes, precarios o se han quedado sólo en promesas.
El año pasado entró en vigencia el Acuerdo de Unión Civil, dando por primera vez reconocimiento legal a parejas del mismo sexo. Pero mientras no reconozca normas de filiación y siga existiendo la institución del matrimonio como exclusiva para parejas heterosexuales, seguirá habiendo una discriminación arbitraria, por causa de orientación sexual o identidad de género, inserta en la legislación chilena.
El rechazo de la llamada “ley Hinzpeter” en 2013 fue una noticia que celebramos, pero hoy vemos cómo se discuten normas sobrecontrol preventivo de identidad que pueden ser reñidas con los derechos humanos. Fue positivo que Carabineros publicara los protocolos de actuación en el contexto de manifestaciones – tras años negando su publicación – pero el actuar policial en el contexto de manifestaciones sociales o de operativos policiales en comunidades mapuche, y las denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias es un punto de preocupación que no varía en el tiempo.
En esta línea, las denuncias de violencia policial todavía pueden ser vistas en justicia militar, que no da las debidas garantías de independencia e imparcialidad. Es cierto que la tendencia jurisprudencial reciente, tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema, ha sido traspasar este tipo de causas a la justicia ordinaria. También es cierto que existiría la intención del gobierno en avanzar con una reforma legal. Pero en la práctica la reforma al Código de Justicia Militar – exigida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo contra Chile que ya lleva 10 años incumplido – aún no se materializa ni siquiera en un proyecto de ley. Y casos como las muertes de Manuel Gutiérrez, Jaime Mendoza Collío o la desaparición de José Huenante, sólo por nombrar algunos, han sido vistos por la justicia militar, todos con resultados que han dejado a las familias sin respuesta o respuestas insuficientes.
Con respecto al inicio de la discusión legislativa de asuntos pendientes de larga data, como la despenalización del aborto (al menos en tres causales), la ley de identidad de género y la reforma a la ley antiterrorista, por supuesto que los celebré. Sin embargo, en todos ellos la discusión se arrastra en un debate eterno y se entrampa con indicaciones que, de aprobarse, perpetuarían ciertas violaciones a los derechos humanos. En la práctica, sigue aplicándose una ley antiterrorista con serios cuestionamientos desde la perspectiva del debido proceso; las personas transexuales y transgénero siguen sin poder cambiar su nombre y sexo en registros oficiales de manera sencilla y transparente, y el aborto sigue estando penalizado sin ninguna excepción.
Celebrar los avances no puede ser a costa de olvidarnos de los temas pendientes. Mirar el vaso medio lleno puede ser positivo, pero no debe dejarnos con la sensación de que ya se hizo la tarea, porque ahí es cuando hay mayor riesgo de retroceder. En materia de derechos humanos es importante mirar el vaso medio vacío, con los ojos bien abiertos, para asegurar que se siga avanzando en el respeto y protección de los derechos de todas y todos.
Ana Piquer
