“En la Araucanía (Temuco) la campaña contra las y los vendedores ambulantes ha sido frontal por medio de imágenes pintadas en la calzada de distintas arterias de la ciudad; y con la persecución constante en las calles. Este antecedente es grave, pues la población va signando a ese grupo de trabajadores como delincuentes, distorsionando el sentido real de su labor”
Por Karla Ramírez (*)
Desde el año 2011 en que se puso en vigencia el Decreto Alcaldicio N°92 se prohíbe en Temuco la Instalación del comercio estacionado y ambulante en el centro de de la ciudad dentro del perímetro comprendido entre las calles Bello por el sur; Lautaro por el norte; Vicuña Mackenna por el oriente; y General Mackenna por el poniente. Desde ese entonces existe una tensión constante entre el edil y las/los trabajadores de comercio ambulante.
Durante el año 2015 la Municipalidad reconoce abiertamente una campaña conjunta con la PDI para erradicar a las y los comerciantes de la calle y evitar la compra de productos por parte de los transeúntes. El argumento que utiliza la autoridad es la dudosa procedencia de los productos, que estos no tienen garantía, y que el ejercicio de la venta y compra dificultan el tránsito.
Esta posición de las autoridades locales es al menos compleja considerando que el comercio ambulante hace parte de la economía popular, que es una realidad en distintos países latinoamericanos y que tiene como fin la subsistencia familiar. Es una forma de trabajo para muchas personas que no han podido entrar al circuito laboral formal. Esta economía popular necesita medios para fortalecerse, organizarse y poder hacerse parte como el marco formal y legal dispone. No obstante el Estado tiende a condenarla a la ilegalidad y a deslegitimarla con un discurso condenatorio.
En la Araucanía la campaña contra las y los vendedores ambulantes ha sido frontal por medio de imágenes pintadas en la calzada de distintas arterias de la ciudad; y con la persecución constante en las calles. Este antecedente es grave, pues la población va signando a ese grupo de trabajadores como delincuentes, distorsionando el sentido real de su labor.
La economía popular tiene una amplia tradición en Latinoamérica y se designa al conjunto de actividades que desarrollan los grupos populares para reproducir su vida utilizando su propia fuerza de trabajo y aquellos recursos que tengan a la mano. En general son emprendimientos familiares que implican valores de compañerismo y solidaridad, por lo que van más allá de la obtención de ganancias materiales.
Los argumentos del edil y la PDI son: Productos de dudosa procedencia, sin garantía y entorpecen la calle. En general tanto los productos que son vendidos por el retail, supermercados, otras casas comerciales y vendedores ambulantes tienen procedencia de países que nos importan a un bajo costo, en el mejor de los casos sin utilizar trabajo esclavo. La diferencia es que en la calle los productos son más baratos y por lo tanto hay menos usura de parte de los vendedores. Por otra parte, no tienen capacidad de colusión como las grandes empresas. El tema del pago de impuestos se podría zanjar si hubiera una regulación que potenciara al trabajador/a y no lo limite al señalarle como delincuente.
Por otra parte, también se incluyen en la venta ambulante mujeres que ofrecen productos del campo como huevos y verduras, que sin duda tienen una mejor procedencia que aquella que consumimos en supermercados. La presencia de las vendedoras de productos del campo es histórica en Temuco, siendo en su mayoría mujeres que se ven desplazadas de sus lugares de origen y empobrecidas por la invasión de las grandes empresas en las zonas rurales alrededor de la ciudad. En este contexto han ido encontrando un espacio en la venta ambulante como fuente de trabajo. Por lo mismo, es irrisorio pensar que se les trate como a criminales, pues es generar una doble o triple discriminación.
En Chile se ha creado la división de Economía Social desde el Ministerio de Economía, una razón más para potenciar la articulación organizada de los y las trabajadoras del comercio ambulante, quienes pueden propender conformarse como emprendimientos organizados. En ese sentido, si la autoridad trabajara desde el diálogo hacia el fortalecimiento de la red de comercio de vendedores y vendedoras ambulantes, dando prioridad al trabajo por sobre la acumulación de ganancias, se podría avanzar hacia una mayor organización por parte del grupo que hoy es afectado. Si la economía popular se potencia puede favorecer a un sistema de economía basada en el trabajo capaz de dar mayor fuerza a proyectos que mejoren la calidad de vida de numerosas familias y contribuyan a una sociedad más equitativa.
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(*) Sicóloga titulada Universidad de la Frontera, maestría en Psicología Social Comunitaria Universidad de Buenos Aires, Programa Universitario de Incubación en Economía Social en Universidad Nacional de Quilmes, colaboradora equipo técnico Red defensa territorios Wallmapu.
