En los albores de la República de Chile se elabora un discurso funcional al proceso independentista y se acude a los habitantes del sur del Bio Bio creando una continuidad entre la resistencia anticolonial de dos siglos del pueblo mapuche, “el lustre de la América combatiendo por su libertad”, como diría en 1817 Bernardo O’Higgins en su ‘Proclama a los Habitantes de Arauco’, y los creadores de la nueva nación.
Por Martín Correa (*)
A medida que avanza la historia cambian los intereses, y a partir del año 1862 el Estado chileno decide ocupar militarmente el territorio mapuche y hacerse de su territorio. Para legitimar el actuar del ejército en la mal llamada “Pacificación de la Araucanía” se presta el diputado por Cautín e historiador Benjamín Vicuña Mackenna, quien ante sus colegas del Congreso declama “El rostro aplastado, signo de la barbarie y ferocidad del auca, denuncia la verdadera capacidad de una raza que no forma parte del pueblo chileno”. Lejos están aquellos que incluso formaron parte del primer escudo nacional.
En paralelo, el diario Mercurio de Valparaíso le explica a sus lectores que “La razón de someter y exterminar a los indígenas proviene del provecho y conveniencia pública que resultaría el apoderarse de los vastos y ricos territorios de la Araucanía”, y alertaba que: “La provincia de Arauco es nuevamente amenazada por estos bárbaros y la inquietud y la alarma se han extendido en las poblaciones del sur.”
Se crea un enemigo interno, “que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en bien de la civilización”, en palabras del mismo diario. Se infunde el terror y con ello se legitima la ocupación, ayer y hoy.
Una vez hecho el trabajo mediático, se internaban en el territorio mapuche múltiples divisiones del Ejército cuyo resultado era “el incendio de más de dos mil casas de las tribus guerreras, la mayor parte repleta de cereales para subsistencia; la destrucción de todos sus sembrados; i por fin numerosísimos piños de ganados arrebatados a los mismos”, relata Horacio Lara.
Todo aquello es negado por Sergio Villalobos en su obra “Incorporación de la Araucanía. Relatos Militares 1822-1883”, caracterizando a los militares “como verdaderos estadistas, bien intencionados y de espíritu elevado.” Ninguna referencia al actuar del General Pinto, de Pedro Lagos o de Basilio Urrutia, a quienes incluso prensa de la época les llamó la atención por su actuar abusivo en contra de los mapuche.
Peor aún, el texto hace un recorrido que comienza en 1822 y llega al año 1863, y ahí se salta a 1877, borrando de un plumazo 15 años, precisamente los años en que los sectores aledaños al río Malleco, al igual que hoy, son brutalmente atacados. Villalobos inventa una historia en la que esos momentos no existieron, en una acción intelectual tendenciosa y deshonesta.
Hace unos días, en el Diario La Tercera, el historiador Leonardo León negó la deuda histórica del Estado chileno con el pueblo mapuche: “no hay nada que reparar”, todo es parte de la “falsificación de la historia”, el que necesariamente nos hace remontarnos y hace juego con el artículo publicado hace algún tiempo por su mentor, Villalobos, bajo el título “La Araucanía. Historia y falsedades”, en El Mercurio. De original, nada. En cuanto a sus objetivos, tampoco.
Vamos por partes. Sostiene que los mapuche vendieron sus tierras “de modo voluntario y masivo” en un proceso que “tuvo lugar durante las décadas de 1850 y 1860”, en circunstancias que la gran propiedad y las haciendas se formaron a partir de la década de 1870, en un proceso lleno de irregularidades y del que incluso el propio Cornelio Saavedra denuncia que “se buscaba a cualquiera persona que vistiese chamal y hablase el indio, se le daba uno o dos pesos a fin de que asegurase ante un escribano ser dueños de grandes extensiones de terrenos y decir que había recibido unos cuantos miles de pesos”.
Así se formaron las Haciendas Lanalhue, que acumula un total de 5.500 hectáreas, y Antiquina, de 8.130 hectáreas, ambas de la familia Etchepare; la Hacienda Lleu Lleu, con 4.000 hectáreas, de Félix Aguayo; la Hacienda Tranaquepe, del Intendente Francisco Javier Ovalle y luego los Ebensberger, que se extendía por 12.000 hectáreas, por situarnos sólo en la costa de Arauco. Las propiedades citadas, se formaron comprando acciones y derechos a supuestos vendedores mapuche, que acudían en grupos de a 20, en días seguidos, a la Notaría de Lebu, a más de 80 kilómetros de distancia, por supuesto en tiempos en que no había ni camino ni locomoción, para firmar unos contratos en los que el supuesto vendedor ‘firma a ruego por no saber’ y el notario inscribía la venta: 29.630 hectáreas para 3 familias.
En contraposición, y en el mismo espacio territorial anterior, la comuna de Tirúa, se entregaron 34 títulos de merced, 4.815 hectáreas para 842 personas. Vaya diferencia. Solo un ejemplo, que se repite en todo el territorio mapuche.
Luego, y ante tamaña evidencia, León disfraza la reducción territorial mapuche al 5% de su ocupación efectiva señalando que el Estado, en una acción loable, “logró que medio millón de hectáreas quedasen en manos de los habitantes originarios”, cuando ahí es precisamente que se perfecciona la usurpación.
El espacio no reconocido a los mapuche es declarado baldío, sobrante y fiscal, y luego es rematado en hijuelas colindantes dando origen a la gran propiedad, que constituye el antecedente de los actuales predios forestales. Haciendo más gravosa la situación, el Ministerio de Tierras denunciaba entonces que “el mejor negocio era rematar hijuelas vecinas a indígenas y aumentar las propiedades a través de las corridas de cercos.”
En resumen, los mapuche no tienen derecho alguno. Para León todo el proceso es legal, hay ´papeles’, que, como sabemos, dan para mucho.
Para la prensa los mapuche, que alguna vez fueron bárbaros, flojos y borrachos, ahora son terroristas y, de un tiempo a esta parte, además, ladrones de madera, a las finales delincuentes.
Da lo mismo, la idea es estigmatizar y naturalizar el actuar de las fuerzas policiales que día a día recorren el territorio mapuche, legitimar la represión a las comunidades mapuche que no quieren recibir las migajas de tierra que les entrega CONADI, que buscan la reconstrucción de sus tierras antiguas y plantean su autonomía.
Para eso está también el Ministro de Interior Jorge Burgos celebrando el año nuevo con las tropas de ocupación en el Retén/Fuerte de Pidima, a 10 kilómetros de donde alguna vez se levantó el Fuerte Chiguaihue, en las cercanías de donde fueron asesinados por carabineros Jaime Mendoza Collío y Alex Lemun, desde donde salen a intimidar a las familias mapuche los vehículos blindados de última generación recién importados y se dirige la represión a las comunidades mapuche en resistencia.
Parece que la historia no avanzara en el territorio mapuche, los discursos de antaño se podrían escuchar hoy, las tropas armadas recorren las comunidades como hace 150 años, se leen idénticos titulares en la prensa.
En este contexto se entiende el artículo de Leonardo Leon, cuyo título “La falsificación de la historia y de la memoria”, le cae perfecto a sus propias palabras.
*Historiador
