En este día tan significativo para nuestro pueblo Mapuche, día en el que conmemoramos el 375 aniversario de nuestra independencia y soberanía territorial, nos dirigimos a nuestros pu peñi ka pu lamngen y a la opinión pública para compartir algunas reflexiones sobre nuestra nación meritoria de derechos soberanos preexistentes a la fundación de las repúblicas que hoy nos oprimen.
Las bases en las que se sustentan nuestras demandas, relacionadas con la Autonomía y libre determinación, la preservación de nuestros valores culturales, nuestro territorio, los tratados y el ordenamiento jurídico e institucional, forman parte de nuestro patrimonio de nación independiente, libre y soberana que nuestro pueblo conquistó en los campos de batalla en el devenir de siglos de nuestra historia.
La Corona de España, después de casi un siglo de furiosa guerra contra nuestra nación, se vio obligada a celebrar un tratado de paz en Killen, el 6 de enero de 1641, para establecer, en común acuerdo con nuestras autoridades ancestrales, una frontera.
De modo que el río Bio-Bio pasó a constituir la limitación geográfica norte de nuestra nación que entonces se extendía hasta la Pampa y la Patagonia, tierras conocidas por nuestros ancestros como Puelmapu, territorio que hoy ocupa Argentina.
Aprovechamos esta ocasión para rendir homenaje a nuestros pu: lonko, machi, toki, ñenpin, weupife, werken, weychafe, kona, que dieron sus vidas por nuestra libertad e independencia, hoy conculcada -transitoriamente- por las repúblicas colonialistas de Chile y Argentina. Recordamos, en especial, a nuestros héroes y heroínas, sus victorias contra el invasor, pero también sus derrotas y desaciertos.
Durante el mes de diciembre de cada año recordamos los hechos más gloriosos de la resistencia por la independencia y libertad contra el ejército invasor. Entre los hechos más relevantes están los dos gobernadores de la Capitanía General de Chile que fueron vencidos y perecieron junto a sus ejércitos y la derrota en el combate de Marigüeñu de un tercer gobernador, Francisco de Villagra, el 23 de febrero de 1554, quien escapó con vida sufriendo numerosas bajas.
El 25 de diciembre de 1553, durante la batalla de Tukanpel, el Gobernador de la Capitanía General de Chile, Pedro de Valdivia, fue capturado por las tropas que comandaba nuestro Toki Leftraru y, subsecuentemente el 1º de enero de 1554, fue sentenciado a muerte por un tribunal Mapuche. Y el 23 de diciembre de 1598, en la batalla de Curalaba, el Toki Pelentraru al mando de nuestros weichafe y kona derrotó y dio muerte al Gobernador de la Capitanía General de Chile, Martín García Óñez de Loyola, batalla que sólo concluyó con la destrucción de todos los fuertes y poblados españoles situados al sur del río Bio-Bio.
De tal forma que nuestra independencia que hoy conmemoramos no fue un regalo de la Corona de España, sino el resultado de un siglo de resistencia contra el imperio más poderoso del mundo en aquel momento, superior en armamentos, poder económico y personal cualificado para la guerra. Sin embargo, su poderío logístico no pudo igualar la determinación y el coraje de todo un pueblo que se negó a ser esclavizado y vivir de rodillas.
Nuestros pu weychafe al mando de nuestras nobles y sabias autoridades, los pu toki, lonko y machi determinaron que si había que elegir entre la esclavitud y la libertad, tenían que estar dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias, aunque significase sacrificar sus propias vidas. Decenas de miles de combatientes regaron con sangre los campos de batallas. Esta historia nos hace reflexionar hoy sobre la necesidad de reconstituir nuestra nación, porque al no hacerlo estaríamos mancillando el honor de nuestros héroes y heroínas.
Después de la independencia de las repúblicas de Chile y Argentina de España, en la década de 1810, sabemos que también reconocieron la frontera que fue establecida entre la nación Mapuche y España. Y es por ello que la fortificaron y posteriormente también firmaron tratados bilaterales con nuestra nación. Es más, ambas repúblicas señalan públicamente haber heredado el territorio que España poseía al momento de su declaración de independencia en 1810 y naturalmente éste excluía el territorio de los meli futa mapu que controlaban nuestros ancestros.
El artículo 18 del tratado de Tapiwe celebrado con Chile en 1825 es claro al respecto, señala: “Los gobernadores o caciques desde la ratificación de estos tratados no permitirán que ningún chileno exista en los terrenos de su dominio por convenir así al mejor establecimiento de la paz y unión, seguridad general y particular de estos nuevos hermanos.” Por su parte, el Artículo 19 del mismo tratado ratifica la línea fronteriza acordada con España en 1641. En el tratado de Tapiwe anteriormente mencionado establece sanción a la persona que, sin el consentimiento previo de las autoridades fronterizas correspondientes, cruzare la frontera de uno a otro lado y vise-versa.
Considerando lo anterior, hoy ya no pedimos al gobierno chileno que nos reconozca en su constitución, porque ya hemos sido reconocidos mutuamente en el tratado anteriormente citado, tratado que por ser vinculante con el ordenamiento jurídico internacional sigue vigente y porque además nuestro pueblo jamás lo ha invalidado.
De tal forma que le recordamos a las autoridades chilenas que estudien su historia jurídica y actúen acorde con los compromisos contraídos con nuestra nación.
Militarizacion de la Araucania
El genocidio, los campos de exterminio, el empobrecimiento, las hambrunas, la discriminación, el racismo y la humillación de la que nuestro pueblo ha sido objeto durante la eufemísticamente llamada “Pacificación de la Araucanía” y la subsecuente ocupación militar de nuestro territorio, hace 131 años, continua de manera encubierta hasta nuestros días a través los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y su policía militarizada.
La construcción de hidroeléctricas, aeropuertos, carreteras, las piscicultura, la explotación minera y forestal, la contaminación de nuestros ríos, los vertederos, la destrucción de los ecosistemas y el medio ambiente son algunos ejemplos de los problemas que afecta a nuestras comunidades, producto de un modelo económico que ignora los derechos, el bienestar y los intereses de la población local. A pesar de que Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT, las actividades comerciales y proyectos de infraestructuras se llevan a efecto sin el consentimiento libre, previo e informado según lo estipula dicho convenio y otros instrumentos jurídicos internacionales.
Con respecto al racismo, nuestros niños y jóvenes son diariamente discriminados por su origen mapuche en los colegios y puestos de trabajo. Las autoridades del ministerio de educación y autoridades académicas chilenas y argentinas no hacen nada para prevenir la propaganda racista, elitista y etnocentrista que se divulgaron bajo los conceptos de “civilización” y “barbarie” durante la “Pacificación de La Araucanía” y las “Campañas del Desierto” contra nuestro pueblo y su cultura. Los motivos que originaron esa campaña de ignominia tuvieron como objeto justificar su arremetida militar y el exterminio de los pueblos originarios.
La visión que se erigió estaba orientada a deshumanizar a nuestro pueblo, utilizando esa propagada en los textos escolares que hoy se enseña en los colegios como hechos fidedignos, promoviendo solapadamente la superioridad racial de una minoría elitista blanca que forma la “clase política”, que es también la que dirige los destinos de ambas naciones. Los instrumentos internacionales de Naciones Unidas señalan que “toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y de que nada en la teoría o en la práctica permite justificar, en ninguna parte, la discriminación racial.” Esta normativa internacional es diariamente vulnerada por la institucionalidad chilena.
En octubre de 2008 se publicó en Chile el Informe de la “Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato” que corrige parcialmente la historia manipulada y los mitos que se crearon sobre los pueblos indígenas. Este informe confirma nuestro repudio y rechazo sobre la historia que se construyó de nuestro pueblo durante la “Pacificación de la Araucanía” porque no es objetiva ni imparcial. En ella se enaltece los eventos históricos del agresor y se omite y distorsiona los del agredido. El informe fue un intento de corregir la manipulación de los eventos históricos, pero obviamente no contó con la aprobación de la institucionalidad chilena y del Ministerio de Educación.
La promoción del racismo es sancionado en toda sociedad democrática y civilizada, porque además de vulnerar leyes internacionales, obstaculiza la convivencia pacífica en la sociedad. Chile ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en ella se compromete a “no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera persona u organizaciones”.
Los periódicos chilenos y la prensa en general, además de los textos escolares, están irradiando epítetos peyorativos y racistas diariamente, mientras las autoridades chilenas no hacen nada para implementar dicha Convención porque existe un racismo institucionalizado que se imparte desde el propio gobierno a través del sistema educacional. Como consecuencia el racismo se expresa en agresiones física e insultos contra el mapuche, su cultura y espiritualidad. Los cementerios, los sitios sagrados y los símbolos religiosos son profanados por la insensibilidad y desprecio a otras culturas que se les inculca al estudiantado chileno desde su temprana edad.
Por lo tanto, hacemos un llamado a nuestros historiadores mapuches, a escribir y divulgar nuestra propia historia, porque la historia “oficial” que nos enseñan en ambos estados además de ser falsa está orientada a asimilarnos culturalmente. Creemos que, así como nuestra cultura y mapuzugun está nuevamente floreciendo, también es posible rescatar nuestra propia historia basándonos en el conocimiento de nuestros ancianos y no en base a la propaganda del enemigo que escribió una historia sesgada para justificar la anexión de nuestro territorio.
El “Estado de Derecho” chileno no debe ser aplicado en nuestro territorio, porque según el tratado de Tapiwe y el derecho internacional nos señalan que las leyes chilenas tenían jurisdicción solamente hasta la parte norte del río Bio-Bio. Por otro lado, la manera de cómo han utilizado su ordenamiento jurídico como arma arrojadiza contra nuestra gente invalida moralmente su aplicación en nuestro territorio.
Las leyes chilenas al sur del río Bio-Bio son incoherentes e injustas, porque son implementadas según la condición social, la posición económica y el carácter étnico del imputado. La realidad cotidiana nos demuestra que se emplea con extrema severidad contra el mapuche y la gente pobre no-mapuche y con extrema discreción a aquellos que asesinan a mapuches, a los empresarios y los grupos paramilitares de los latifundistas que queman las casas a los comuneros mapuches o comenten auto-atentados con el propósito de cobrar el seguro y crear un clima de inseguridad.
Asimismo, según la Constitución chilena, de la que se supone que los mapuches forman parte, asegura la existencia de la igualdad ante la ley, dice: “en Chile no hay personas y grupos privilegiados” y que “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, la práctica cotidiana no puede ser más distinta. La lonko Juana Calfunao fue encarcelada durante cuatro años por “ofender a la autoridad”, lo que nos demuestra que en Chile hay una casta de personas privilegiadas que son intocables y no se les puede ofender sin pagar un precio desmesurado por ello.
Del mismo modo que las autoridades chilenas nos quiere hacer creer, a nosotros los mapuche y al mundo, que el poder judicial es independiente del ejecutivo, pero el pasado 9 de diciembre (2015) el Ministro del Interior Jorge Burgos viajó desde Santiago a la Araucanía para presentar junto al Intendente de la Araucanía Andrés Jouannet una querella por un atentado incendiario “supuestamente” cometido por un mapuche. Ambas autoridades gubernamentales declararon que la querella se presentó por contravenir la “Ley de Seguridad Interior del Estado” y por infracción a la Ley de Armas, además señaló que no descartaba el empleo de la Ley Antiterrorista introducida por la dictadura de Augusto Pinochet, echando por tierra la supuesta independencia del sistema judicial.
En relación con la visita relámpago y semi-clandestina de la Presidenta Bachelet a la Araucanía el pasado 29 de diciembre, queremos dejar establecido que la declaramos persona no-grata, por la falta de voluntad política para dialogar de manera franca y constructiva con nuestras comunidades en conflicto.
La agenda de la mandataria en la Araucanía incluía un desayuno con las “víctimas de la violencia rural”, pero excluyó a las víctimas y familiares mapuche que han sido asesinados o aquellos mapuche que han sufrido la brutalidad policial o han sido víctimas de grupos paramilitares de latifundistas. Esta actitud nos demuestra que la mandataria valora la vida y la seriedad de la violencia en la región dependiendo de quién es la víctima y obviamente su prioridad y equidad no contempla a los mapuche. Parece ser que el dolor de las madres mapuche que sufre la pérdida de sus hijos o de aquellos que son heridos, tiene menos valor e importancia que el de los latifundistas y colonos que viven en nuestro territorio.
Sucesivos gobiernos chilenos reconocen que existe una deuda histórica con nuestra nación, pero no hacen nada por saldar esa deuda. Por el contrario nuestra lucha política por la recuperación de nuestro territorio, la autonomía y libre determinación es clasificada como una lucha delictual, según lo reiteró recientemente el Ministro del Interior Sr. Burgos. Nuestros weychafe o defensores del Wall-mapu que luchan pacíficamente por nuestros derechos, son secuestrados, torturados y encarcelados como reos comunes, ignorando su condición de rehenes del estado de Chile, que consecuentemente los clasifica bajo la protección de normas internacionales establecidas en el Derecho Internacional Humanitario.
Considerando lo anterior las autoridades tradicionales del pueblo Mapuche que firman este documento, hemos concluido que ha llegado la hora de que los mapuche ejerzamos nuevamente nuestra autonomía y libre determinación como señalan nuestros tratados y las leyes internacionales. Instamos a las cuatro entidades territoriales o meli futa-mapu a unirnos y coordinar nuestra lucha como en el pasado. Los instamos a seguir recuperando el control territorial y sus recursos desde el río Bio-Bio al sur, incluyendo los aeropuertos, las costas marítimas, las carreteras y peajes, porque, como lo hemos señalado anteriormente, nuestro territorio está protegido por tratados internacionales celebrados con la Corona de España y que Chile ratificó en el tratado de Tapiwe de 1825.
El trato vejatorio que diariamente nos otorgan los estados que nos oprimen nos obliga luchar con mayor determinación y cohesión por nuestra dignidad y por los derechos que nos fueron violenta e ilegalmente arrebatados hace 130 años.
Después de la ocupación violenta de nuestro territorio y el exterminio de la población y la élite gubernamental de nuestra nación, incluyendo nuestros historiadores y pukimche, fueron relegados a una vida miserable por la confiscación de nuestra tierra y recursos. Dentro de ese desolador panorama nuestra memoria histórica se fue olvidando, para ser reemplazada por una versión de la historia ficticia relatada desde la perspectiva del enemigo. Sin embargo, también existen relatos de escritores extranjeros, del clero y de los propios militares que nos dan indicios de la historia oculta que hay que sacar a la luz pública.
Considerando lo anterior también hacemos un llamado a nuestros intelectuales, abogados, historiadores e investigadores de nuestra historia y derechos, tanto individuales como colectivo, a acercarse a nuestros ancianos para rescatar el kimun (conocimiento) con el propósito de escribir nuestra propia historia. También se hace necesario codificar nuestras leyes como el Ad-mapu e itrofillmogen, normas de conductas con las que nuestro pueblo se rigió por cientos de años, previo y durante la llegada del europeo a nuestra región y que hoy sigue existiendo. En consecuencia llamamos a crear un “grupo de trabajo Ad-mapu” para que se encargue de compilar las leyes que nos dejaron nuestros ancestros.
El Ad-mapu e Itrofillmogen son normas consuetudinarias de nuestra sociedad, reconocido como fuente de Derecho en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Por su parte el Artículo 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, señala: “Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.” La sanción y promulgación de nuestras leyes están contempladas en el marco de nuestra Constitución Monárquica, aprobada en 1860 por nuestras autoridades ancestrales y que también forma parte del ordenamiento jurídico de nuestra nación.
La defensa de nuestra Ñuke Mapu es urgente, porque hoy el orden armónico establecido entre el hombre, los habitantes y la naturaleza está seriamente amenazado; la destrucción de los ecosistemas, las plantas medicinales, el medio ambiente, las semillas, la profanación de nuestros símbolos y cementerios, la propiedad intelectual están bajo constante ataque. Esta agresión contra nuestra forma de vida y visión del mundo, forma parte de nuestro patrimonio que debemos resguardar para las generaciones futuras y porque es también un patrimonio de la humanidad.
Considerando que tenemos dos entidades activas en Europa; en la ONU y el Parlamento Europeo, hemos acordado que el “grupo de trabajo ad-mapu” esté encabezado por la Embajadora de la Misión Permanente Mapuche ante la ONU, Apo Werken Flor Calfunao Paillalef y el Departamento de Asuntos Exteriores del Gobierno Monárquico en el Exilio que encabeza el Futa Werken Reynaldo Mariqueo. Creemos que con el uso de Internet y los medios sociales de comunicación la distancia no representará un problema en la comunicación internacional.
El Grupo de Trabajo Ad-mapu estará integrado por un equipo interdisciplinario de voluntarios de diversas disciplina, relevante al proyecto que nos hemos propuesto llevar adelante y su objetivo es la elaboración de un proyecto de ley. La presencia de voluntarios con base en el exterior es importante por la facilidad que ellos tienen para encontrar el asesoramiento de juristas internacionales -expertos en la materia- con el objeto de que nuestras leyes sean compatibles con los estándares internacionales.
Hemos tomado esta decisión de que la coordinación se haga desde el exterior debido a que el estado chileno no nos ofrece ninguna garantía de que el “Grupo de Trabajo Ad-mapu” pueda desarrollar sus actividades de compilación y procesamiento de la información obtenida en un clima de paz y tranquilidad, por los allanamientos que se efectúan diariamente en contra de nuestras organizaciones sociales, políticas, culturales y hasta espirituales.
Durante los allanamientos, la policía militarizada confisca computadores, archivos, teléfonos y otros medios de comunicación con el objeto de obstaculizar las funciones de nuestras organizaciones. Esta represión también se extiende a aquellas personas no-mapuche que son solidarias con nuestra causa o simplemente que cumplen su rol profesional de periodistas, fotógrafos independientes, abogados y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. Es por ello que las autoridades mapuche que creamos la Misión Mapuche ante la ONU, hemos decido que toda la comunicación relacionada con el mencionado proyecto de ley tenga su base en Suiza. Solicitamos dirigir toda comunicación a la siguiente dirección:
Misión Permanente Mapuche ante las Naciones Unidas
56, Rue de Monchoisy, 1207, Genève, Switzerland.
Tel: +41-(0)22-320 4974 –
e-mail: mision.mapuche.onu@gmail.com
Lonko Juana Calfunao Paillalef
Comunidad Juan Paillalef
En representación de los lof y agrupaciones mapuche.
(Fundadores de la Misión Permanente Mapuche ante las Naciones Unidas).
Nota: Este documento está abierto para ser subscrito por todas aquellas autoridades y organizaciones mapuche que se sientan identificados con nuestros planteamientos y decisión tomada en el presente trawun.
