Los dos estados que ocupan el Wallmapu son, justamente, dos de los países latinoamericanos que menos han devuelto tierras a los pueblos indígenas, según un estudio presentado ayer en Bogota. El informe hace hincapie en el riesgo que suponen las actividades extractivas -como las petroleras, la minería y la soja- para los territorios indígenas.
Efe.- La cifra se incluye en el estudio «¿Quién ejerce el control sobre la tierra en Latinoamérica?, situación de los derechos indígenas y comunitarios sobre la tierra latinoamericana» presentado hoy en Bogotá por las ONG The Rights and Resources Initiative (RRI) y la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia.
«En el trabajo a nivel mundial Latinoamérica es el líder. Nosotros analizamos 64 países y Latinoamérica, tan solo con 13, tiene un muy buen resultado. El 23% de los terrenos son controlados o tiene como dueño a estas comunidades», señaló a Efe Ilona Coyle, analista del Programa Global de la RRI.
Coyle afirmó que el trabajo hecho en los países de esta región es «una muestra y ejemplo» para el resto de países sobre la forma en la que deben trabajar con las comunidades.
Según el informe, los países en los que estas poblaciones tienen mayor posesión de terreno son México con el 52% del territorio, Bolivia (36%), Perú (34%), Colombia (33%) y Brasil (22%).
A estos les sigue Guyana (19%), Guatemala (16%), Honduras (13%), Costa Rica (6%), Venezuela y Chile (3%), Argentina (2%) y Surinam (0%).
«Tres de los 13 (Colombia, Costa Rica y México) solo reconocen la propiedad comunitaria, dos (Guyana y Venezuela) designan tierras para los pueblos indígenas y las comunidades locales y siete tienen regímenes de tenencia que reconocen tanto la propiedad comunitaria como el control», agregó el estudio.
Pese a esto, algunos Gobiernos de la región a veces «otorgan concesiones comerciales» en terrenos habitados por indígenas y comunidades debido a que sus economías dependen de la exportación de recursos naturales, resaltó el estudio.
«En Argentina hay casi seis millones de hectáreas en concesiones de soja y en Perú más de 900.000 hectáreas de concesiones de forestales (…). Asimismo, en Colombia hay más de 800.000 hectáreas de concesiones destinadas a la minería o explotación o producción de petróleo», puntualizó el informe.
Coyle destacó que los gobiernos solo están dando un «primer paso» al reconocer legalmente los derechos de estas comunidades ya que es necesario que estos también se pongan en «la práctica».
«Los gobiernos necesitan reducir la brecha de desigualdad, aún cuando están otorgando derechos no están dando lo suficiente porque existen algunas comunidades que no tienen acceso a estos».
Asimismo, la analista aseveró que es necesario «robustecer y hacer más sólidos» los derechos sobre propiedad de la tierra ya que muchos poseen solo control sobre el terreno y mejorar las leyes de inversiones comerciales.
