Un Pueblo Nación originario, transfronterizo (Argentina – Chile), con un territorio ancestral llamado Wallmapu (de mar pacífico a mar atlántico), resistió la invasión y colonialismo de la corona española (obligándolo a establecerse numerosos parlamentos y tratados , resistencia que se extendió a buena parte del siglo 19 frente a los estados chileno – argentino.
Desde fines del siglo XIX, finalmente se materializa el saqueo del territorio e iniciado así un proceso de colonialismo, despojo, negación, discriminación. Hoy, en las pocas tierras, existen además una serie de proyectos de inversión neocoloniales, donde hay varios intereses de empresas transnacionales que basan sus prácticas a costa de los quiebres sociales locales y la explotación y depredación de la naturaleza.
El neocolonialismo, ya sea a través de políticas públicas asistencialistas, paternalistas o de violencia estatal, a través de la facilitación de proyectos de inversión de corporaciones privadas de industrias extractivistas y energéticas, son los conflictos e invasiones que se enfrentan en el presente y frente a esto, el Pueblo Mapuche no está decidiendo sobre su derecho matriz que es la libre determinación, ni sobre sus autonomías ni sobre el diseño y definición de desarrollo, donde existen múltiples propuestas de vida y pervivencia.
Frente a esta realidad, existen acciones de resistencia y de reivindicación por derechos desde diversas comunidades y organizaciones que exigen respeto y medidas de reparación, particularmente sobre tierras ancestrales y la defensa de territorios, sin embargo, el estado chileno en vez de atender y respetar las decisiones propias, ha venido generando una serie de políticas de criminalización, judicialización, militarización, aplicando incluso tiempo atrás leyes fácticas como la antiterrorista, con cientos de personas que han sido procesadas y encarceladas en los últimos años. Hoy además se agregan la multiplicación de diversos proyectos invasivos y una serie de políticas públicas en materia legislativa, administrativas que desconocen el estándar internacional de derechos, en materia de bienestar social, comunicación, lengua, cultural y recursos naturales.
Ante la impunidad y falta de acceso a justicia dentro del “ordenamiento” local, diversas organizaciones y comunidades han debido recurrir a instancias de justicia internacional, como son los órganos, procedimientos y mecanismos de derechos humanos, tanto de la OEA como de la ONU. Asimismo, existe un sinfín de recomendaciones y resoluciones efectuadas por organismos formales al estado chileno que sigue sin atender y asimismo, diversas organizaciones internacionales de derechos humanos de la sociedad civil han estado preocupadas por las constantes denuncias que se han efectuado en ese sentido.
Por otra parte, campañas comunicacionales y la generación de diversas iniciativas informativas desde las propias comunidades y organizaciones, cumplen un rol activo de denuncia y de fiscalización que contribuyen a poner límites a los abusos y atropellos.
En el mismo tenor, para revertir el estado de criminalización, abuso y violencia estatal que se vive, las manifestaciones y acciones de solidaridad han sido constantes y han surgido activamente desde el propio movimiento social Mapuche, el mismo que sostiene en buena parte los procesos de recuperación de tierras, resistencia a modelos invasivos como las forestales, hidroeléctricas – energéticos, mineras, en contra la represión y por justicia en materia de derechos como salud, lengua y educación.
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