Por Gonzalo Duran – Fuente: redseca.cl
Hace unas semanas, un grupo de dueños de camiones desfiló desde la IX región de La Araucanía hacia la Región Metropolitana. En un convoy que incluía 13 camiones, avanzaron hacia la capital de Chile con el objetivo de llegar al Palacio de La Moneda y denunciar en primera persona la falta de seguridad frente a los continuos ataques —según reza su discurso— hacia la propiedad privada (en concreto, quema de camiones). Tras algunas negociaciones con el Gobierno, finalmente fueron 6 los camiones que llegaron en caravana a Santiago, para que luego sus máximos dirigentes fueran recibidos por la autoridad. Ya de retorno a La Araucanía, los dueños de camiones, con banderas chilenas cubriendo sus maquinas, hacían un balance positivo de su movilización.
Por años, la región de La Araucanía ha sido un blanco ideal para el negocio forestal y la explotación de tierras (de acuerdo al Censo Forestal, casi un 65% de la tierra cultivable se destina a plantaciones forestales, principalmente monocultivos introducidos de Pino y Eucaliptos). Este vasto territorio, de ricos suelos, fue uno de los principales focos de procesos de desposesión inducidos por dispositivos estatales. Es el caso del Decreto Ley Nº 701, sobre fomento forestal, impuesto en plena dictadura bajo la idea del entonces Director Nacional de la CONAF, Julio Ponce Lerou.
El Decreto Ley Nº 701, intensificó el negocio forestal ofreciendo condiciones lucrativas únicas en el mundo. El citado decreto, estableció una bonificación del 75% de los gastos en que incurriesen los particulares al momento de plantar árboles. Los principales beneficiados fueron los grandes operadores forestales de Chile: el Grupo Matte y el Grupo Angelini. En esta historia, el despojo sobre los derechos de pueblos ancestrales no encuentra su punto de inicio, pero sí un reimpulso radical (Bengoa, 1996).
Por estos días, la noticia de los camioneros dio mucho de qué hablar en el país. Por cierto, el hecho fue un acontecimiento político significativo por sus resonancias con el paro patronal de octubre de 1972. Considerando aquello, existe sin embargo una cara convenientemente menos vistosa, la que, sin tener el carácter de “acontecimiento“, llega a niveles equivalentes a lo que en otra época se denominó como cuestión social. Ella se observa en parte con los resultados de pobreza dados a conocer en la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica, CASEN.
De acuerdo a los últimos datos proporcionados por la CASEN 2013, en Chile las personas en situación de pobreza llegan a 2.481.672 personas, lo que corresponde a un 14,38% del total de la población. Esta cifra se refiere a la medición de la pobreza monetaria o en una única dimensión y el ejercicio de identificación es relativamente simple: se traza una línea de pobreza (que para CASEN 2013 es dinámica) y se examina si las personas que pertenecen a un hogar, superan o no dicho umbral.
Pues bien, en la IX región de La Araucanía, la pobreza ha sido un retrato persistente de la histórica dinámica de acumulación por desposesión que sufre el territorio. Según la CASEN, las personas en situación de pobreza suman 270.240, esto es, un 27,9% de la población. En el caso de las mujeres se trata de un 28,7% y en los hombres un 27%. Estos datos son los más elevados registrados en la medición.
En la Araucanía, la misma encuesta, contabiliza 362 mil ocupados y de ellos, el 18,4% se encuentran técnicamente en situación de pobreza, es decir, aún contando con un trabajo remunerado, no logran superar la línea establecida para determinar la frontera de la pobreza. En consecuencia, son trabajadores pobres.
Esta pobreza regional, así como también en el caso nacional, se calcula considerando los diferentes programas de ayuda estatal, ya sea en bonos o subsidios. De quedar ahí, la discusión sobre pobreza corre el riesgo de ser demasiado estrecha. Vale la pena hacerse la pregunta, para agudizar la mirada, sobre ¿qué sucede en La Araucanía si sacamos los bonos y subsidios, y el alquiler imputado?
Lo anterior es clave, pues permite enfocarnos en una realidad vista desde la independencia económica, sin la asistencia social del Estado. En esta óptica, las personas en situación de pobreza llegan a 447.335, lo que equivale a un 46,2% de la población. En la misma senda, el porcentaje de trabajadores pobres en la región pasa de 18,4% a un preocupante 33%.
Finalmente, y no menos trascendente, los datos revelan que la mitad de las personas de la región perciben ingresos diarios con subsidios incluidos, menores a $3.650. En estas circunstancias, seguramente el sistema de crédito termina siendo una válvula fundamental para cubrir los gastos más básicos.
Los datos mostrados ayudan a entender –en parte- un verdadero ataque de carácter estructural que afecta a la gran mayoría de la población, incluyendo a las comunidades mapuche que hoy reivindican no sólo las tierras ancestrales, sino también el derecho a un Buen Vivir.
El caso de la IX región, es un fuerte llamado a repensar el concepto de Estado-Nación en este Chile de los casi US$ 24.000 mil per cápita (de PIB), pero donde La Araucanía más bien parece una “Zona de Sacrificio” para mantener un modo de vida que sólo van en beneficio de una minoría acaudalada. Inclusive, este panorama podría consolidarse a través de la renovación del Decreto Ley Nº 701 por otros 20 años (Sobre ello, véase el documental Plantar Pobreza. El negocio forestal en Chile).
