La Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA), celebra la decisión del Tercer Tribunal Ambiental con asiento en la ciudad de Valdivia, que autorizó la detención del funcionamiento de la planta incineradora de residuos hospitalarios de la empresa Ingemedical LTDA, localizada en el límite de las comunas de Gorbea y Loncoche. La medida, cuya duración es de 22 días, da cuenta de la veracidad de los fundamentos del rechazo que los vecinos a la planta, han mostrado desde hace meses, solicitando en reiteradas ocasiones a las autoridades sanitarias y ambientales, realicen fiscalizaciones a dicha instalación, e incluso presentando un recurso en Contraloría para que se investigue la legalidad de los permisos otorgados para su operación.
No es menor que esta planta de incineración de residuos hospitalarios se haya instalado sin evaluación de impacto ambiental en medio de un nodo frutícola que además cuenta con un acuerdo de producción limpia con el Ministerio de Economía. La razón del no ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), se debe a que el reglamento de dicho sistema hace obligatorio el ingreso a evaluación, para proyectos de este tipo que incineren más de 250kg mensuales, y el proyecto en cuestión solo incineraría teóricamente 220kg al mes, lo que hace no obligatorio su ingreso al SEIA. A pesar de que la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental de no obligar el ingreso de este proyecto al SEIA se encuentra dentro de la legalidad, esto no resguarda la salud del ambiente ni de las personas que viven en el sector, cosa que quedó demostrada con la paralización de las faenas de la planta por orden del Tercer tribunal Ambiental. Queda además en evidencia lo precario del reglamento del SEIA, que más bien parece proteger los intereses de las empresas de lucrar a costa del medio ambiente y los derechos ambientales, en lugar de proteger el medio ambiente y los derechos ambientales de las presentes y futuras generaciones.
Este tipo de decisiones es posible además porque en Chile la planificación del sector rural es solo indicativa y no normativa, es decir, los propietarios de los predios tienen el derecho de hacer lo que les plazca con ellos, sin considerar necesariamente la aptitud del territorio ni los planes que se planteen a nivel comunitario para él. Este es un problema que se ha vuelto crónico en Chile, y que deja a las comunidades rurales a merced del mercado y sus decisiones arbitrarias en favor solo del capital, dejando recaer los impactos negativos del desarrollo en dichas comunidades que no ven ningún beneficio en las actividades económicas contaminantes que se autorizan con o sin evaluación de impacto ambiental.
El cese del funcionamiento de esta planta, más la retirada de la oferta de la empresa WEC para la incineración de los residuos sólidos municipales de gran parte de la región, son un gran aliciente para las organizaciones socioambientales de La Araucanía, que han luchado por décadas para detener el avance del deterioro de los recursos naturales , y abrir oportunidades para el planteamiento de nuevos modelos económicos y sociales, con arraigo local, equidad social y diálogo intercultural, sin tomar como referentes los sistemas económicos de los países autodenominados como “desarrollados”, si no que mirándonos a nosotr@s mism@s, nuestras capacidades, potencialidades, ideas, y culturas.
La Red de Acción por los Derechos Ambientales se mantendrá alerta a los acontecimientos que se sucedan en este caso a futuro para seguir brindando apoyo a las comunidades afectadas por este proyecto, que pone en serio riesgo la sustentabilidad de su actividad económica, y la salud de los habitantes y el medio ambiente del sector.
