Las escalada de Violencia propiciada desde los grupos empresariales y grupos vinculados a la derecha política del Wallmapu y Chile nos preocupa de sobremanera, sobre todo cuando esto indica que se volverá a imponer la estrategia de la intimidación y el miedo que llevo a cabo Edmundo Perez Yoma en la pasada administración de Bachelet.
Comienza el “segundo tiempo” y cabe recordar que la anterior administración de Michelle Bachelet terminó con una escalada de violencia brutal de los aparatos policiales del estado, contra niños, mujeres y jóvenes y en la que se debió lamentar la muerte del hermano Jaime Mendoza Collio. Hechos que hasta el día de hoy se encuentran totalmente impunes.
Por ello el recurso a la violencia utilizado por los gremios de camioneros, avalados por el show mediático, que orquesta por estos días la derecha regional y la generación de un clima hostil y polarizado, sumado a la bajada de Francisco Huenchumilla como intendente, viene a significar el triunfo de quienes quieren resolver el conflicto político por medio del retroceso de derechos colectivos y la imposición de una política violenta, iniciado con la invasión del estado chileno a territorio mapuche independiente en la segunda mitad del siglo XIX.
El estado al ceder ante la presión generada por los grupos empresariales, niegan la naturaleza política y las raíces históricas del conflicto mapuche-estado chileno, teniendo sólo como respuesta la criminalización de las movilizaciones o encarcelamiento de nuestros peñi y lamgen. Al mismo tiempo potencia un centralismo tan cuestionado y dañino para la ciudadanía en general de esta región.
Si el Gobierno decide proseguir la política represiva de sus predecesores, lo único que provocará con ello es una agudización del conflicto. La solución pasa por avanzar en la consecución de derechos políticos para el Pueblo Mapuche y la ciudadanía en general en Wallmapu.
Los principios de Plurinacionalidad y Autodeterminación de los Pueblos, abordados en una nueva constitución debiesen generar las condiciones adecuadas para avanzar hacia un estatuto de autonomía en la región, mismo que permitiría a todos los ciudadanos y ciudadanas de este territorio abordar internamente como quieren el desarrollo de sus políticas locales, procesos básicos en cualquier bien llamada democracia.
Es responsabilidad del Gobierno y del nuevo Intendente Regional, como representante del Poder Político, generar las condiciones adecuadas para avanzar en dar soluciones al conflicto generado por el Estado y en ningún caso retroceder en materia de derechos o incrementar los niveles de represión en comunidades en reivindicación territorial, al contrario, llamamos a no tensionar más el clima político y tomar medidas concretas en beneficio de todos y todas quienes habitamos Wallmapu y en este punto la primera señal que esperamos, es la oficialización del mapuzugun.
