Transcendió en esos días que Mirtha Casas, asesora de la mesa empresarial: Multigremial de La Araucania, que agrupa a los gremios principalmente vinculados a sectores de la industria forestal y del latifundio colonial de la Región, se habría vinculado como miembro auditora con prestación de servicios a Woodmark, empresa consultora que es parte del proceso de auditoría de la empresa Forestal Arauco y que es la instancia responsable de la otorgación de la certificación ambiental FSC, sello indispensable para las exportaciones de sus productos madereros a nivel internacional, según fuentes ligadas al rubro forestal.
Cabe consignar que desde el año 2008 la denominada Multigremial de La Araucanía, está conformada por ochos gremios productivos privados: La Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, SOFO, A.G., Corporación Chilena de la Madera Araucanía, Corma, Asociación Gremial de Industriales de Malleco y Cautín, Asimca, SalmonChile Araucanía, Cámara Chilena de la Construcción Delegación Temuco, CChC, Asociación de Hoteleros y Servicios Gastronómicos Araucanía, Hotelga, Federación Gremial de Dueños de Camiones del Sur, Fedesur, y la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Temuco, A.G.
La empresa Forestal Arauco es parte de CORMA en Chile, una empresa vinculada a la familia Angelini y que acapara 1.200.000 hectáreas forestales en el centro sur de Chile y una de las principales que mantienen conflictos con comunidades mapuche por tenencia de tierra y por impactos del modelo forestal principalmente al recurso hídrico.
La multigremial es la articulación de sectores político empresariales, vinculada a sectores patronales y conservadores de la Región quien ha levantado una amplia campaña mediática con respecto a los atentados a infraestructuras y transporte principalmente de empresas forestales y agroindustriales, hechos que los ha vinculado al denominado “conflicto mapuche”.
En una entrevista publicada en la revista “Nos”, enero 2015, la asesora técnica de la Multigremial, Mirtha Casas, se refirió a la radicalización de la ideología “indigenista” y la expansión de la escalada de violencia a la provincia de Cautín y las regiones de Los Ríos y Los Lagos, agregando que los incendios están siendo utilizados como “una estrategia para atemorizar y relegar a agricultores”.
Cabe consignar que desde el año 1999 en adelante una serie de denuncias se han efectuado en el marco de atentados relacionados a grupos mercenarios y de inteligencia, principalmente en el rubro forestal y en algunos casos al latifundio colonial, perpetrando ataques incendiarios sobre bienes asegurados como plantaciones y maquinarias, con el propósito de causar climas de inseguridad, desviar la atención de las reivindicaciones de tierras ancestrales y forzar la militarización y criminalización de comunidades Mapuche que exigen restitución de tierras, sin embargo, estos antecedentes no son considerados en sus análisis e informes cronológicos, denominado por Casas como “barómetro del conflicto Mapuche”, quien establece que el clima y origen de la violencia en la Araucanía es Mapuche o indigenista, en el marco de un grave conflicto forestal no solo por tierras, sino además por los graves impactos de esta industria a los suelos y aguas en el centro sur.
En este contexto, se ha señalado que esta funcionaria ya ha sido cuestionada en otras ocasiones por vincularse en procesos de auditorías a Arauco en Chile y debido a las reiteradas quejas de organizaciones mapuche que la califican de “antimapuche y abiertamente pro-empresas forestales, careciendo de una mínima imparcialidad para auditar a empresas forestales en sus desempeños sociales y ambientales”, se ha indicado.
Certificaciones ambientales a empresas forestales
La certificación FSC exige que los operadores y proveedores forestales adhieran a sus 10 principios y criterios de manejo forestal, que incluye el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas.
Dicha certificación se ha convertido en un estándar en los últimos años para la regulación del mercado internacional y si bien, su acceso es voluntario, en la práctica para fines de exportación es prácticamente un requisito. A modo de ejemplo, es exigido en países de la Unión Europea, cuestión que obligó a las empresas chilenas del rubro forestal a acceder a sus procedimientos ya que contaban con un impresentable sello con promoción estatal: Certfor
En Chile, en el año 2009, Forestal Arauco inició su proceso de pre auditoría y la entidad fiscalizadora que ha venido sosteniendo este proceso ha sido la la empresa internacional “Woodmark”, quien otorgó en Chile el 10 de septiembre de 2013 la certificación por un patrimonio de 1.116.788 hectáreas, distribuido entre las regiones del Maule (VII), Bío Bío (VIII), Araucanía (IX), Los Ríos (XIV) y Los Lagos (X, a pesar de una larga lista de antecedentes contrarios a los criterios FSC.
En enero 2014 diversas organizaciones en Chile, sociales, ambientales y de derechos humanos, extendieron el 2014 una carta a FSC cuestionando que se le haya entregado un sello de buen manejo forestal a la empresa Forestal Arauco, debido a que “presenta graves conflictos sociales y ambientales no resueltos”. Agregando: “A nuestro juicio, el proceso de certificación de la Empresa Forestal Arauco llevado a cabo por parte de Woodmark no fue participativo, riguroso y transparente”, incorporando asimismo un listado de situaciones y denuncias con estas características, incluyendo conflictos con comunidades por lugares sagrados mapuche e irregularidades en tenencia de tierras.
Por su parte, cabe señalar que la empresa forestal Alto Paraná en Argentina, parte del Grupo Arauco, no consiguió la certificación FSC, en medio de serios cuestionamientos y hoy, una profesional cercana a los intereses de la empresa, habría sido contratada por Woodmark, como es el caso de Mirtha Casas.
