Entrevista a Juan Méndez, relator de la ONU, sobre la tortura en las cárceles: «Aceptar que haya tortura en las cárceles nos destruye como sociedad»

¿Qué se considera un caso de tortura?
En Derecho Internacional, la tortura está definida por la Convención Contra la Tortura (1984) y tiene varios elementos que la componen. Tiene que ser un dolor o sufrimiento de cierta seriedad, infringido por un agente estatal o con tolerancia o presencia de un agente estatal, intencionalmente, con el propósito de obtener confesiones, declaraciones o pruebas o con cualquier otro motivo. Especialmente si es con un propósito discriminatorio.

¿El hacinamiento en cárceles puede encuadrase dentro de la definición de tortura y tratos inhumanos?
El hacinamiento puede ser considerado tortura en algunos casos. No es sólo la cuestión numérica, es decir, no se trata sólo de que una prisión tenga más personas que lo que su capacidad permite. También tiene que ver con las limitaciones en la alimentación, en el cuidado a la salud, en la visita de los familiares y en el trato. El aislamiento también es un caso de tortura si es prolongado e indefinido.

Cuando los detenidos, a modo de protesta ante un reclamo sin respuesta, queman colchones, hacen huelgas de hambre y dañan así su salud ¿Se puede considerar que se está ante casos de trato degradante o tortura?
El Estado es responsable por impedir que haya violencia entre los detenidos y también que haya tentativas de suicidios y heridas autoinfligidas. No lo podemos hacer responsable de todos los casos, pero sí de una política que lo controle y lo estudie y lo mantenga lo más posible bajo control.

En los países cuyas cárceles ofrecen trabajo, ejercicio, educación, y permiten la visita periódica de familiares de los presos, hay muchos menos de estos casos de violencia autoprovocada. En muchas cárceles de América Latina, como las de Brasil, Venezuela, México, Honduras, donde la política es hacinar gente y cerrar la puerta, es donde se dan todos estos casos de violencia, entre internos y autoinfligidas.

¿Cuál es su trabajo como relator de la ONU?

Por un lado recibimos quejas del público y las tramitamos, intercambiando notas con el Estado correspondiente. Luego hacemos una evaluación para determinar si hubo o no tortura en cada una de las denuncias. Otra parte de nuestro trabajo es la visita a los Estados y ahí sí tenemos que estar invitados, pero en condiciones que podamos aceptar. Por ejemplo, si me invita un Estado pero me dice que no podemos visitar cárceles, no podemos ir. O si me dicen que puedo visitar cárceles pero sólo con una visita guiada tampoco podemos aceptar. Después de la visita hacemos un informe del país que se discute o en la Asamblea General o en el Consejo de Derechos Humanos, los Estados contestan y queda publicado. Y la tercera parte de hacer nuestro trabajo es hacer informes temáticos, dos veces al año. Escribimos ensayos sobre temas como aislamiento, pena de muerte, medicina forense en la detección de la tortura, detención de menores. También intervenimos como Amicus Curiae en litigios en donde se tratan temas en los que podemos hacer un aporte.

¿Cuál es la mayor dificultad que tiene a la hora de hacer su trabajo?
A nivel mundial, es el condicionamiento de la opinión pública para tolerar y mirar para el otro lado en casos de tortura. Antes de 2001, antes de la caída de las Torres Gemelas, antes de la guerra contra el terrorismo, había un consenso en la opinión pública mundial mucho más claro sobre la inmoralidad y la ineficacia de la tortura. Pero la cultura popular, la TV, el cine, nos condicionan a aceptar la tortura como un mal necesario. No digo a apoyarla, pero sí como mal necesario. Tiene que ver con la lucha contra el terrorismo pero también contra la criminalidad común.

Si no recuperamos ese consenso moral y práctico sobre lo que significa admitir la tortura va a ser muy difícil que la erradiquemos. Hay mucho análisis de a dónde nos llevó la tolerancia a la tortura y de cómo es necesario resistir esa tentación de la mano dura y de dejar las manos libres a la policía pero se requiere mucho más discusión racional seria, no emocional, con datos bien documentados y con propuestas concretas. Hay mejores maneras de lograr que las cárceles no terminen siendo escuelas del delito sino lugares temporales para personas que después salgan rehabilitadas. Desde hace casi 200 años en todas las constituciones dice que las cárceles son para rehabilitación y nadie se ocupa de eso. Yo creo que ese es el principal problema. Y el déficit de funcionamiento de los controles institucionales que debería haber en una democracia.

¿Cómo ve la situación carcelaria argentina? ¿Considera que hubo mejoras en las condiciones de encierro? ¿Hay deudas pendientes?
Puedo hablar sólo de la información que recibo como relator. Hemos actuado en varios casos denunciados en Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe. Me consta que no todas las cárceles están por debajo de lo que se debe esperar. Pero tengo la impresión de que hay un problema muy serio, hay una gran negligencia, un gran abandono. También conozco y admiro algunos esfuerzos que se han hecho por documentar e investigar las torturas no sólo en cárceles sino también en comisarías. Además reconozco que ha habido esfuerzos por reformar a los cuerpos policiales. Pero es decepcionante constatar que los mejores esfuerzos de reforma policial y de documentación y detección de la tortura también se han visto trabados y suspendidos o anulados por decisiones políticas que se han tomado en distintos momentos.

¿Se refiere a esfuerzos del Estado o de organismos independientes?
De los dos lados. Tengo un gran respeto por el trabajo de la Procuración Penitenciaria en lo federal y también la Defensoría de Casación bonaerense. Yo sí creo que la Argentina tiene instituciones y tiene posibilidades de resolver mucho mejor el problema de la tortura y el trato inhumano en las cárceles, pero también creo que para eso se requiere entender que hay una situación crítica. Hay una crisis en el sistema de justicia penal que incluye todo, empezando por las respuestas a la criminalidad en general, algunas muy equivocadas como la mano dura, que ya ha demostrado su ineficacia para combatir al crimen.

También hay una tendencia a pensar que la mano dura significa aumentar las penas, mantener cada vez más gente en prisión, negando la prisión preventiva, hacinando las cárceles. Esto además de ser un trato inhumano es muy ineficaz en la lucha contra el delito, porque las personas que salen de allí, salen cada vez más dispuestas a cometer más delitos.

En las cárceles argentinas, casi la mitad de los presos son procesados. Estas demoras del proceso judicial, ¿pueden colaborar a que se produzcan tratos inhumanos?

Es un fenómeno presente en muchos otros países, sobre todo en América Latina. El combate contra las drogas, por ejemplo, ha resultado en la criminalización de conductas que podrían tratarse de otra manera. Mi impresión es que las condiciones carcelarias se han agravado por un lado por esta criminalización y por otra parte por la negación de beneficios procesales. Y no sólo en las cárceles hay sobrepoblación. Se atora la función judicial también. Los juzgados están más recargados. En América Latina no hay una política más racional y más seria sobre cómo combatir el delito y al mismo tiempo no caer en la indignidad de la tortura y del trato inhumano y degradante.

Este año en la Argentina hubo condenas en dos casos emblemáticos: uno es el de Brian Núñez, torturado por agentes del Servicio Penitenciario Federal, y el otro es el caso de Patricio Barros Cisneros, torturado y asesinado por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense ¿Cree que el hecho de que los casos se judicialicen y tengan condenas desalienta la tortura?
Sí, yo creo que sí. Por mi experiencia, romper el ciclo de impunidad es el comienzo de una lucha por abolir la tortura en la práctica. No alcanza con eso lamentablemente. Pero es importante y alentador que se haga, aunque tiene que estar acompañado de otras medidas también.

Cambiar la manera en que se forma a las fuerzas de seguridad ¿puede ayudar a reducir los casos de violencia?
Sí, y también es una norma concreta de la Convención contra la Tortura. Pero creo que también hay que capacitar a los jueces, a los fiscales, a los defensores, para que se tomen en serio esto. No hablo de la Argentina sino en general. Hay una red de responsabilidades institucionales que no se cumplen cabalmente en ningún lugar del mundo.

¿Cuál es la manera más efectiva de prevenir la tortura?
Depende mucho de la voluntad política. Por ejemplo, la Argentina suscribió el protocolo optativo que implica crear un Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura. Se aprobó la ley, pero todavía no se puso en funcionamiento. Estas cosas son urgentes y hay que hacerlas. Ahí se va a poder ver si existe realmente una voluntad política seria.

A veces, cuando se difunde un caso de tortura a un preso, no genera tal vez el rechazo generalizado que sí producen, por ejemplo, las torturas a presos políticos. ¿Por qué cree que sucede esto?
La tortura a presos políticos es muy impactante para la sociedad porque la gente se identifica con esa víctima. Como amigo o como enemigo. Pero es como si fuera uno de nosotros que es torturado. En cambio, cuando el torturado es un acusado de un delito común, a veces es difícil que la gente reconozca que estas personas también son ciudadanos y ciudadanas. Nos compramos el argumento de que “algo habrán hecho”. Y, secundariamente, también porque la reacción inicial es “la tortura es algo feo pero alguien lo tiene que hacer”. La gente piensa: “Si nos hace sentir más seguros, hay que dejarla que ocurra”.

¿Y cómo se hace para hacerle comprender a la ciudadanía la gravedad de que sigan existiendo casos de tortura?
Yo creo que a la gente se llega enfrentando el tema de la ineficacia de la tortura en el caso del combate contra el delito. Los países que tiene la menor tasa de criminalidad son también los que tienen menos casos de torturas, y no es casualidad. Esos países han encontrado la manera de luchar contra el crimen y de controlarlo sin pervertirse como sociedades. Sin dejarse corromper por la tortura. Aceptar que haya tortura en las cárceles nos destruye como sociedad.Aceptar tratos degradantes a cualquier ser humano, en cualquier condición, y sobre todo si ese maltrato viene de agentes estatales, nos hace perder la solidaridad entre ciudadanos y ciudadanas. Nos hace desconfiar de las instituciones. Y además no controlamos. La policía tiene mucha mano libre para actuar. Y eso da lugar a la tortura.

En la Argentina, como en muchos países de la región, no es fácil encontrar estadísticas oficiales sobre condiciones de detención, muertes en prisión, torturas y tratos degradantes. ¿Cree que esto complica la situación?
Yo creo que una buena política crítica contra el crimen empieza con tener buena información, buenos datos. El Estado es responsable por mantener estadísticas, datos, y por transparentarlos, compartirlos, dejar que los especialistas los estudien. Y que se genere una discusión más seria de cómo combatir el delito.

El Estado es responsable por mantener estadísticas
Yo reconozco que no es fácil ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo. El tema de la lucha contra el crimen y el tema de la tortura son muy emocionales. Precisamente por eso no podemos darnos el lujo de seguir discutiendo en términos emocionales. Tenemos que poder sentarnos y decir: “Es cierto, hay un problema de inseguridad ciudadana. ¿Cómo lo resolvemos?”. Y sobre todo, “¿Cómo no lo vamos a resolver?”. Porque estas políticas de mano dura no ayudan.

¿Tiene pensado hacer una visita oficial a la Argentina para ver la situación de los lugares de detención?
No he pedido aún que me inviten, aunque me gustaría. Pero estoy negociando visitas en 25 países y sólo me queda un año y medio de mandato. Lo que me parece importante, especialmente ahora en año electoral, es que se ponga de manifiesto que hay un problema, que hay una crisis carcelaria importante y una crisis de investigación de delitos. También hay tortura, no generalizada, pero que aparece en todos los establecimientos aquí y allá. Es importante aprovechar los cambios de gobiernos para poner de manifiesto que hay que hacer algo.