Los poderes fácticos pueden estar tranquilos, la Moneda una vez más se ha puesto a su servicio, con la designación de Insunza, el Consejo Minero, o la Sociedad Nacional de Agricultura, pueden tener la certeza que la propiedad privada del agua se va a mantener inalterable. Nosotros, nosotras, seguiremos luchando por hacer del agua un Bien Común y un Derecho Humano.
Por Cesar Correa (Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación), Rodrigo Mundaca (Secretario General Modatima), Rodrigo Faúndez (Coordinador Metropolitano Modatima)
El 22 de abril del año 2015 se desarrolló en la ciudad de Valparaíso la Tercera Marcha Nacional por la Recuperación y Defensa del Agua, marcha que responde a un proceso de articulación de movimientos y organizaciones sociales, que desde Arica-Parinacota por el norte, hasta Magallanes por el sur, luchan para que éste bien común, hoy en manos privadas, vuelva a estar disponible para las comunidades y territorios.
Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas las fuentes y la gestión del agua; el único país del mundo donde el interés competitivo, asociado a los usos comerciales del agua, es más importante que el derecho humano a acceder ella. Esta situación, que confronta a las comunidades con la minería, la agroindustria, las empresas de generación eléctrica y la industria celulosa-forestal tiene un origen claro; esto es, la política neoliberal de enajenación de los bienes comunes, que se generó en la dictadura y que fue continuada y profundizada por los gobiernos de la Concertación, y que en el caso del agua, se expresa en la continuidad de los instrumentos privatizadores, como la Constitución de 1980/2005 y el Código de Aguas del año 81, aún vigentes.
Con el advenimiento del gobierno actual se habló mucho de que ahora sí los y las chilenas tendríamos una transformación real de esta situación; sin embargo, con el correr de los meses las promesas y buenas intenciones aparecen cada vez más “diluidas”, configurando un escenario muy particular para nuestras luchas por el agua.
Particular, porque se da en un gobierno encabezado por una mandataria «socialista«, Michelle Bachelet, que en su primer discurso presidencial (21/05/2014) señaló su intención de hacer del agua un Bien Nacional de Uso Público, siendo éste el anuncio más ovacionado ese día en el hemiciclo del congreso. Ha transcurrido prácticamente un año desde ese día, y durante todo este período hemos observado cómo el modelo de lucro con el agua se mantiene inalterable: vastos sectores de la población privados de agua se pauperizan, migran de sus territorios o son criminalizados por defenderlos. Mientras tanto, las leyes prometidas para el cambio son saboteadas y acomodadas por el mismo gobierno, a favor de los intereses privados y la mantención del status quo. Un ejemplo claro de esto es la indicación sustitutiva enviada por el gobierno al congreso en el mes de octubre del año 2014, la cual, en lugar de decretar la derogación del Código de Aguas y promover la elaboración de un nuevo cuerpo legal que consagre a este vital elemento como un bien común a ser gestionado colectiva y democráticamente, intenta consagrar definitivamente la propiedad privada del agua. Si bien, introduce pequeñas mejoras, éstas son cosméticas, ya que mantiene y perpetúa los derechos ya otorgados, sólo tocando el 10% del agua que falta por entregar, sin alterar el régimen de propiedad privada y gratuidad para el 90% del agua ya entregada.
Otro punto que hace particular al escenario actual es la crisis política e institucional, íntimamente ligada al grado de colonización de la política por medio de grupos económicos. Los casos de entrega de dinero para financiar campañas por parte de Penta y Soquimich son la punta del iceberg de una estrecha relación entre los grupos económicos y los políticos, que se refrendó aún más con el “caso Caval», el cual develó el tráfico de influencias y la especulación inmobiliaria por parte del primogénito de la mandataria «socialista«, lo que a su vez, redundó en un alto grado de descomposición y desafección de las ciudadanas y ciudadanos con el actual gobierno, dando pie al primer cambio de gabinete.
A propósito del cambio de gabinete, las decisiones tomadas, una vez más, ponen en el centro de la discusión el conflicto de intereses. A los guiños permanentes a los poderes fácticos, no sólo le suma la puesta en escena y dramaturgia empleada para dar el anuncio en el canal de Luksic, sino también un nuevo diseño de gabinete, que claramente apunta a acallar el descontento manifestado por los empresarios, más que impulsar las reformas requeridas. El nombramiento de un nuevo Ministro de Hacienda “a la medida” de los gremios empresariales nos parece un mal signo. También nos preocupa saber cómo se relacionará Jorge Burgos, un ex vicepresidente de “la oficina”, organismo experto en la infiltración y desmantelamiento de grupos contestatarios, con los movimientos sociales que se manifiesten contra el gobierno. En el caso del agua, que nos compete y afecta directamente, la designación como Ministro de la Secretaria General de la Presidencia, de Jorge Insunza (PPD), hasta ese momento diputado por 9° distrito, nos parece la más preocupante, ya que en el ejercicio como representante de comunas como Combarbalá o Monte Patria, conocidas porque su población es abastecida con agua mediante camiones aljibes, o los Vilos y Salamanca enfrentados de manera directa por agua con la empresa minera Los Pelambres, de propiedad del grupo Luksic, siempre defendió los intereses de los grupos económicos por sobre los de sus representados. Decimos esto recordando que Jorge Insunza, hace un tiempo atrás, en su calidad de Diputado de la Nueva Mayoría e integrante de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Baja, votó junto a la derecha para fortalecer el “Derecho Real” sobre los recursos hídricos, y más recientemente, una vez más con la derecha, votó en contra de la derogación de las “Aguas del Minero”, lo que significa que las empresas extractivas de minerales se pueden apropiar sin regulación alguna de las aguas presentes en sus dominios.
Lo más preocupante es que éste connotado lobista, que trabajó defendiendo los intereses de empresas tan cuestionadas como Soquimich y Penta en el parlamento cuando no era diputado, hoy está a cargo del ministerio que tiene la facultad de asesorar al presidente y sus ministros en materia legislativa; la de articular el trabajo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso; y la de definir la agenda legislativa y dar seguimiento a la tramitación de las leyes.
Los poderes fácticos pueden estar tranquilos, la Moneda una vez más se ha puesto a su servicio, con la designación de Insunza, el Consejo Minero, o la Sociedad Nacional de Agricultura, pueden tener la certeza que la propiedad privada del agua se va a mantener inalterable. Nosotros, nosotras, seguiremos luchando por hacer del agua un Bien Común y un Derecho Humano.
