Caso Penta llega con coletazos hasta la consulta indígena en Chile

Un artículo da cuenta que el caso Penta también tiene relación con los pueblos indígenas, en particular con los vicios en  procedimientos e imposición de la consulta indígena durante el gobierno de Sebastián Piñera y proyectado hasta el presente.

A continuación se extiende artículo de Ariel León Bacián, Dirigente aymara, ex asesor parlamentario; y Sandra Marín Cheuquelaf, Presidenta Nacional de Anfuco.

PENTA Y LA CONSULTA INDÍGENA

El caso Penta sin duda ha concentrado la atención nacional. Sin embargo una de sus aristas ha pasado absolutamente invisibilizada: su relación con los pueblos indígenas.

La consulta indígena, básicamente, es un mecanismo de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas para la co-redacción de las leyes, vía acuerdos que deben ser respetados entre las partes. Sólo así, considera la OIT-ONU, se puede terminar con siglos de exclusión, colonialismo jurídico e imposición de medidas inapropiadas a la realidad de los indígenas.

El primer gobierno de Bachelet, intentó regular unilateralmente la consulta indígena mediante el decreto 124, el cual fue criticado duramente por un informe del Relator indígena de Naciones Unidas y por un informe del Instituto de Derechos Humanos, por mutilar la consulta indígena y convertirla en un mecanismo de imposición y no de diálogo igualitario con los indígenas. Evidentemente, las transnacionales están sumamente interesadas en que esto ocurra, pues las leyes sectoriales (aguas, minería, geotermia, entre otras) deben consultarse para proteger así los derechos indígenas¹.

Era urgente reformar el decreto 124, o derogarlo completamente en el mejor de los casos. El gobierno de Sebastián Piñera ofreció su reforma. No obstante, el interlocutor de gobierno que Piñera nombró fue Matías Abogabir Mendez. Al principio, muchos indígenas no sabíamos quién era, y conversamos con él para saber cómo se regularía la consulta. Luego de varios infructuosos intentos del gobierno por imponer su postura, el Ministro Lavin, junto a Matías Abogabir llamaron a organizar una Mesa de Consenso entre gobierno e indígenas, otorgando unilateralmente el plazo de un mes para llegar a acuerdo, así como regular la consulta por ley, lo que haría casi imposible derogar los errores o nuevas mutilaciones a la consulta perpetrados en el Congreso. Ante estos hechos, muchos indígenas terminaron inmediatamente las conversaciones con Abogabir, mediante carta pública².

Y desde entonces comenzamos a fiscalizar. Descubrimos a poco andar que Matías Abogabir es sobrino de Juan Carlos Délano, el «Choclo» Délano, quien a la época era propietario de empresas mineras³. Como la consulta se aplicaría a la legislación y reglamentos mineros y de aguas, entonces Matías Abogabir tenía conflicto de interés y debía inhibirse de participar en el proceso. No podía ser representante del gobierno y a la vez familiar del dueño de Penta. Era , dicho coloquialmente «el gato cuidando la carnicería». Este conflicto de interés fue denunciado a Contraloría, pero no hubo respuesta del Contralor⁴.

Finalmente, los brazos de la familia Délano triunfaron, y se dictó el decreto 66, que derogó el decreto 124, pero que continuó mutilando la consulta y convirtiéndola en un mecanismo de imposición y no de diálogo igualitario entre el gobierno y los indígenas. Contra este decreto de Piñera, Abogabir y Délano, se han pronunciado muchas organizaciones indígenas⁵ e incluso el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos, que cuestionó el procedimiento de la mesa de consenso en un informe lapidario⁶.

En virtud de las denuncias, la presidenta Bachelet se comprometió en su programa de Gobierno a revisar tales decretos, pero en vez de eso consultó los proyectos de Ministerio Indígena y Ministerio de Cultura, mediante los decretos ligados a Penta. Algunos indígenas han participado de buena fe en tales consultas (otros no), pero cabe advertirles hoy que aceptar el decreto 66 implica aceptar tácitamente, tal como lo ha hecho este gobierno, el legado de PENTA en la legislación indígena.

Evidentemente, Délano y Abogabir no actuaron solos. Hagamos una breve lista de los responsables.

Marcial Colín: Consejero indígena⁷, presidió la Mesa de consenso⁸, cuyo funcionamiento fue criticado por el INDH por carecer de metodología adecuada, vetar dirigentes que querían participar, no levantar actas, y no garantizar el procedimiento de acuerdos legítimos que ordena el Convenio 169 de la OIT⁹. Asistió a la ceremonia de la firma del decreto 66 junto al ex Presidente Piñera¹⁰, pero no obstante, denunció a la OIT el mismo decreto, como una forma de excusar el haberle dado espaldas políticas al cuestionado proceso.

Jorge Contesse: En ese entonces Director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales¹¹. Ofició materialmente como asesor de los indígenas que participaron en la Mesa de Consenso. Su apoyo y aval académico fue esencial para darle oxígeno a la Mesa de Consenso. Apoyó regular la consulta por ley, lo que sería aún más dañino pues como los indígenas no tenemos mayorías favorables en el Congreso, el resultado de esa legislación no reflejaría la fuerza del Convenio 169. Ante la denuncia de las organizaciones indígenas, la misma Universidad Diego Portales negó haber participado como institución en la Mesa de Consenso¹².

Cristián Sanhueza: Aparece con el título de “Bachiller en Ciencias Sociales”¹³, asesor de la Coordinadora Nacional Indígena en la Mesa de Consenso, encabezada por Marcial Colín¹⁴. Oficia como “asesor jurídico en el Convenio 169” para CONADI¹⁵ desde los inicios de la presente administración.

Los lazos familiares de Matías Abogabir Méndez con Carlos «Choclo» Délano, uno de los dueños de PENTA los denunciamos públicamente en esa época; que Matías Abogabir era primo ex Presidente de la UDI, Ernesto Silva Méndez, quien renunció hace unas semanas por sus lazos con PENTA; de los conflictos de interés que afectaban a la Mesa de Consenso, y sus efectos en el texto de la propuesta. Estos datos los repartimos a lo cuatro vientos. Pero los responsables continuaron .

Que la consulta indígena y los reglamentos de consulta son en parte obra de PENTA, no hay duda. Que el actual gobierno ha continuado el legado de PENTA, no hay duda. Que las consultas indígenas han marchado al ritmo que PENTA quería darles, no hay duda, pues la participación indígena se encuentra amordazada y debilitada por tales decretos. Resulta paradojal que se tramite la reforma al Código de Aguas en el Congreso, y se debate el proyecto de la denominada Ley Monsanto, que es donde verdaderamente se debate la existencia de los pueblos, pero el gobierno llama a otras consultas, que son las que han concluido esta semana.

Tenemos la firme convicción de que el gobierno debe enmendar el rumbo: debe derogar los decretos 40 (de consulta ambiental) y 66 (de consulta general), e iniciar consultas verdaderas, legítimas, para reformar toda la legislación que afecta a los pueblos indígenas, no sólo los proyectos «light», que no afectan el estado de cosas. Las acciones y omisiones del gobierno siguen haciendo un grave daño a los derechos indígenas. Su deber de modificar la legislación de minas, aguas, geotermia, litio, cultura, propiedad de la tierra, propiedad intelectual, etc, está pendiente. Es el desafío del nuevo Ministro Marco Barraza.

Por mientras, los responsables del daño siguen con buena salud: Abogabir asesora a la OIT para «morigerar» el Convenio 169 en materia de recursos naturales¹⁶, Colin es candidato a Vicepresidente Indígena del Partido Socialista, y Contesse fue contratado en el actual gobierno como asesor de la consulta del Ministerio de Cultura, elaborando su metodología desde Nueva York¹⁷. Hasta la Universidad Diego Portales logró contrato¹⁸.

La dignidad de los pueblos indígenas está en juego. Su triunfo depende de que los mismos pueblos la hagan valer. Y eso sólo se puede hacer con ánimo y ansias de recuperar la soberanía que el Estado nos ha quitado, en el ejercicio de los derechos políticos, pues los derechos indígenas no son sólo derechos culturales y sociales. Lo diremos hasta el cansancio: somos pueblos indígenas, no juntas de vecinos. La consulta bien hecha es la esperanza de que recuperemos la dignidad perdida.

Ariel León Bacián, Dirigente aymara, ex asesor parlamentario.

Sandra Marín Cheuquelaf, Presidenta Nacional de Anfuco

Notas: