Presidentes ejecutivos de Codelco y el Consejo Minero entregarán los argumentos de por qué cuestionan un proyecto que vele por la integridad de todos los glaciares, abriéndose solo a salvaguardar caso a caso según lo determine la evaluación ambiental.
Por Patricio Segura
Con todo desembarcarán este miércoles en la Cámara de Diputados el Consejo Minero y la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), invitados por la Comisión de Medio Ambiente. El objetivo, entregar su opinión sobre el proyecto de protección de glaciares que se tramita en dicha instancia legislativa.
Tanto el presidente ejecutivo de la minería privada Joaquín Villarino como su par de Codelco Nelson Pizarro han manifestado públicamente su crítica visión sobre la iniciativa de ley general de protección de glaciares, presentada primero el 20 de mayo de 2014 por un grupo de diputados, la que fuera modificada por el Ejecutivo el 4 de marzo de este año mediante una indicación sustitutiva.
“Hemos planteado aprensiones a iniciativas legislativas adicionales, sobre todo si buscan impedir en términos absolutos cualquier afectación de glaciares y cuerpos que se le parezcan, sin permitir un análisis técnico que lleve a distinguir los casos preocupantes de aquellos que no lo son” señaló hace dos meses el directivo del Consejo Minero.
En tanto el ejecutivo de la minera estatal expresó en enero que “hay un problema de la revisión de la ley de glaciares que podría generar impactos importantes, no sólo en Andina sino que en varias otras empresas mineras. No sabemos cómo va a ser la ley en definitiva, pero de que va a poner restricciones a varias faenas, sí las va a poner… Yo creo que el legislador va a tener que compatibilizar ambas cosas y no complejizar más allá de lo posible a las actividades mineras”.
Probablemente serán estos algunos de los argumentos que el sector planteará este miércoles, estando su principal cuestionamiento dirigido al principio de protección general, mostrándose solo abiertos a que se salvaguarden caso a caso según estudios específicos en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Tampoco están disponibles para una revisión de las resoluciones de calificación ambiental ya otorgadas en áreas próximas a glaciares, con el fin de adaptarlas a la hipotética nueva legislación.
La gran minería afirma que “el 53% de los recursos mineros no explotados en Chile está en áreas cercanas a glaciares”, antecedente que ha utilizado para boicotear su protección, lo cual hoy contrapone la expansión minera con la conservación y disponibilidad hídrica para las ciudades, la industria y la agricultura que dependen de los glaciares, las principales reservas de agua del país.
Esta especie de chantaje de las mineras ha sido criticado por parlamentarios, como la diputada Camila Vallejo (PC) quien afirmó recientemente “que no es un proyecto de ley que solo tiene que ser estudiado por los impactos económicos de la minería, sino de un proyecto que si consagra la protección de los glaciares vamos a estar protegiendo la vida de muchas más personas que ni siquiera habitan en nuestro país sino también en la región y el mundo”, refiriéndose así al agua y los servicios ambientales que proveen los glaciares a las comunidades humanas y a todas las demás actividades económicas no extractivistas.
Por su parte organizaciones ambientales como Terram, Greenpeace y Chile Sustentable, y expertos como los abogados Juan Carlos Urquidi y Jorge Bermúdez, han expresado también en la Comisión de Medio Ambiente que la norma debe ir por la protección general. Algunas de las figuras que se han planteado han sido declarar todos los glaciares catastrados como “monumentos naturales” o “reservas estratégicas”.
Desafortunadamente, la propuesta del Ejecutivo ingresada en marzo, se ha inclinado más por la postura del caso a caso funcional a la gran minería. Para las organizaciones la tensión entre la protección general de los glaciares que demanda la sociedad chilena y la evaluación caso a caso que exigen las empresas mineras deberá zanjarse en el seno del Congreso Nacional. De esta forma, en la discusión de esta ley estará en juego el futuro de la disponibilidad de agua para el país, pero también cuanta independencia existe entre los dineros de la minería y los representantes políticos chilenos.
