Empresas canadienses controlan alrededor de la mitad de las operaciones mineras en América Latina. Las compañías del país norteamericano han realizado inversiones por más de 50.000 millones de dólares en la extracción de minerales en la región. ¿Y por qué habría de ser de otra manera? De hecho, Canadá es sede de la abrumadora mayoría de las transnacionales de la minería en el planeta.
Pero ese gigante con pies de cobre, oro, níquel, hierro y otros preciosos recursos proyecta una sombra nefasta sobre el continente. En torno a las minas administradas por intereses canadienses bullen unos 200 conflictos sociales, de acuerdo con el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), un organismo internacional de defensa de los derechos de las comunidades.
Violencia a cielo abierto
Una investigación en curso realizada por el TPP dictaminó que al menos cinco compañías canadienses han ejecutado violaciones de los derechos laborales, han provocado daños graves al medio ambiente, reprimido los movimientos de protesta y atentado contra los derechos de pueblos indígenas.
Según la organización no gubernamental Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa, con sede en Toronto, en los últimos años 50 personas murieron y 300 sufrieron heridas, en incidentes relacionados con mineras canadienses sobre los cuales apenas hubo investigaciones.
Miembros de las comunidades que se oponen a la extracción minera han sido perseguidos, amenazados o llevados a los tribunales bajo acusaciones de realizar actos terroristas.
Otro reporte, presentado el año pasado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), describió los serios perjuicios ambientales engendrados por las firmas canadienses en Latinoamérica. Las operaciones mineras, bajo escasa supervisión gubernamental, han contaminado fuentes de agua potable, talado zonas boscosas y han forzado el desplazamiento de poblaciones.
La Universidad de McGill, en Montreal, mantiene una base de datos con información en inglés sobre 85 conflictos en torno a mineras de la nación norteamericana. Algunos han surgido en países que no suelen aparecer en los titulares por diferendos de este tipo.
En Costa Rica, por ejemplo, la comunidad de Miramar inició en 1996 una protesta contra una mina de oro a cielo abierto. Finalmente el proyecto fue cancelado en 2012. Otro caso inusual, en Cuba, implica a la canadiense Sherritt International Inc., responsabilizada por habitantes de la región de Moa, en el oriente de la isla, de contaminar unos 12 kilómetros de zona costera con desechos sulfurosos. A pesar de las promesas de la compañía, la contaminación no ha sido eliminada.
Ottawa y sus cómplices latinoamericanos
La expansión internacional de las mineras canadienses es uno de los pilares de la política exterior del gobierno conservador de Stephen Harper. Esas empresas cuentan con el respaldo decidido de Ottawa, mientras aprovechan las brechas legales en los países latinoamericanos para incrementar sus ganancias. Como señala el informe de DPLF, las autoridades canadienses conocen los problemas, pero continúan ofreciendo «apoyo político, legal y financiero a compañías que cometen o toleran violaciones de los derechos humanos.»
Por su parte, representantes del sector minero como la Canadian Mining Association rechazan los señalamientos sobre el impacto humano y ambiental de sus operaciones.
Prefieren cuestionar el papel de los gobiernos latinoamericanos, culpables de no hacer cumplir la ley en los territorios en torno a las minas.
Pero episodios como el ocurrido en El Gallo, un yacimiento de oro en el estado mexicano de Sinaloa, confirman la cercanía entre algunas mineras y el crimen organizado. El director de la instalación, Rob McEwen, reveló a la prensa que su empresa mantenía buenas relaciones con los cárteles de la droga. Para acceder a determinadas zonas, debía negociar con esos grupos. Días después el ejecutivo se retractó de sus declaraciones.
Sin embargo, alrededor de las minas explotadas por las canadienses Goldcorp y Torex en Guerrero se produjeron 16 secuestros y seis asesinatos entre febrero y marzo pasados. De acuerdo con la edición de VICE para México, los delincuentes extorsionan a los residentes en el área, incluyendo a líderes comunitarios y representantes del poder local. Fuera del perímetro de la explotación minera, campean impunes las bandas criminales.
Los acuerdos de extracción de minerales firmados por las mineras les permiten, en muchos casos, obtener fabulosos beneficios. Los bajos salarios y el pago de derechos irrisorios convierten a varios países latinoamericanos en paraísos para esas compañías. La imagen de Canadá como una nación promotora de los derechos humanos y el desarrollo se desdibuja en cada túnel excavado en las entrañas de América Latina.
