jueves, noviembre 14, 2024

Declaración Pública: No a la privatización del espectro radioeléctrico

 

Agencia de Noticias Medio a Medio

 

El espectro radioeléctrico es el bien nacional de uso público que permite la existencia de radio, tv abierta y telecomunicaciones. El marco regulatorio vigente sobre telecomunicaciones permite transferir una concesión de espectro radioeléctrico de manera completa, previa autorización de la SUBTEL, con los mismos derechos y obligaciones que tenía la concesionaria original. El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones  presentó un proyecto de ley que propone un “mercado secundario de espectro radioeléctrico”, que permitiría que el recurso ya concesionado pueda ser vendido o sub-arrendado a otras concesionarias o empresas para aumentar su capacidad espectral. Esto abriría la posibilidad de acumular espectro a  quien tenga mayor capacidad económica, contradiciendo lo que señala el programa de gobierno con respecto a promover una ley que determine una “apertura plural del espectro radioeléctrico”. Bajo ninguna circunstancia la apertura de un mercado secundario podría considerarse como una apertura plural a las concesiones.  A su vez, un aspecto sumamente cuestionable del  proyecto es que al momento de la venta o del sub-arriendo se permitiría darle un uso distinto al bien concesionado que el previsto originalmente. De esta manera se obstaculizaría una futura planificación estratégica que asegure el acceso equitativo de diversos sectores a los usos posibles del espectro (hoy dominado por el sector comercial en todas las tecnologías).

El proyecto propone que “el derecho de uso del espectro cedido podrá ser destinado a cualquier uso que permita el Plan General de Uso del Espectro  y la normativa técnica aplicable en la especie”. Esta formulación preocupa dado que abre márgenes de interpretación poco transparentes: en la actualidad no se conocen otros usos –comerciales- que puedan brindarse, a la vez que los usos de las diversas bandas de espectro están delimitados por el Plan de uso del Espectro, ordenamiento que es de atribución del Ejecutivo. El efecto jurídico del proyecto es delegar en el mercado de las telecomunicaciones la función reguladora del Estado, cuando es éste quien debería garantizar que las frecuencias se asignen en función del interés general y en forma equitativa entre los distintos tipos de prestadores de servicios de telecomunicaciones. El acceso al espectro -como bien nacional-, debe ser independiente de los vaivenes del mercado.

En lo que hace a las concesiones de radiodifusión sonora, el proyecto  revalida la re-venta de concesiones de un servicio público altamente concentrado, cuyo único límite sería -de acuerdo a un informe de la Fiscalía Nacional Económica- afectar la libre competencia. Cabe señalar que el consorcio español PRISA ya concentra al menos un 42% de las concesiones de radio de Chile.

No obstante, lo más alarmante del proyecto es lo que omite. La libertad de expresión se despliega en el espectro radioeléctrico, y el proyecto de ley no asegura la circulación de las ideas ni del pensamiento, ni tampoco impide una mayor concentración de concesiones. De este modo no aporta a la mencionada apertura plural sino que, por el contrario, obstaculiza la entrada de nuevos y diversos operadores.

La Relatoría especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual 2002, capitulo IV sobre Libertad de expresión y Pobreza, entiende que los Estados en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen igualdad de oportunidades en el acceso a todos los individuos. Esto precisamente es lo que establece el Principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión

Necesitamos declarar servicios de interés nacional a la telefonía móvil y estacionaria, a la TV y la radio y el acceso a Internet; paralelamente, necesitamos  un mercado de servicios convergentes más competitivo, con prestaciones de mayor calidad y a precios convenientes para los usuarios. Por sobre todo, si aspiramos a democratizar las comunicaciones, urge una ley con mirada antimonopólica, que promueva la entrada a pequeños y nuevos operadores. No necesitamos más mercado sino un mejor mercado.

 Chile requiere un nuevo marco legislativo que establezca una regulación general de las telecomunicaciones a la altura de estos tiempos y que, fundamentalmente, garantice el derecho humano a la comunicación y a la realización de las actividades económicas de radiodifusión y telecomunicaciones, impulsando la integración eficiente de estos servicios.

 

Adhieren a la declaración:

Bet Gerber, Barómetro Política y Equidad

 

Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Amarc

 

Pedro Santander, Observatorio de Comunicación y Medios PUCV

 

Dafne Moncada, Observatorio de Comunicación y Medios PUCV

 

Patricia Peña,  Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía de la Universidad de Chile

 

Raúl Rodríguez, Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía de la Universidad de Chile

 

Chiara Sáez, Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía de la Universidad de Chile

 

Javiera Olivares, Presidenta del Colegio de Periodistas

 

Claudia Lagos Lira, profesora asistente, ICEI Universidad de Chile

 

Macarena Aguiló, ADOC (Asociación de documentalistas)

 

Fernando Ossandón

 

Polo Lillo, Señal 3 la Victoria

 

Asociación Audiovisualistas de Canales Comunitarios de Chile.

 

Oveja tv3

 

Canal 3 de Conce

 

Canal 8 de Peñalolen

 

Canal3 de Pichilemu

 

Laura Medel Valdivia, Directora Ejecutiva CONADECUS

 

Juan Ortega ONG ECO, Educación y Comunicaciones

 

Rubén Torres Ávila, periodista, Consejero del Colegio de Periodistas Metropolitano

 

Gustavo González Rodríguez, ex director Escuela de Periodismo Universidad de Chile

 

Rosa Alcayaga Toro, profesora Escuela de Periodismo Universidad de Playa Ancha

 

Lorena Donoso , FUCATEL

 

Paulina Acevedo Menanteau, Periodista, Comunicadora en Derechos Humanos

 

Carlos Fuentealba Varela, Presidente del Sindicato 3 de Periodistas de Copesa

 

Mauricio Weibel Barahona, Presidente Unión Sudamericana de Corresponsales

 

Luis Alberto Costa del Pozo firma, UPLATV, Facultad de Ciencias Sociales

 

Doris Johnson Barella, Profesora UPLA

 

Luis Cuello, abogado Otra Prensa

 

Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, ACCIÓN

 

Felip Gascón i Martín, Decano Facultad de Ciencias Sociales UPLA

 

Ethel Pliscoff, Periodista, Regional Metropolitano Colegio de Periodistas de Chile

 

Agencia Foco Social

 

Andrea Gutiérrez, Sindicato de Actores de Chile, SIDARTE

 

Hernán Calderón, Corporación Nacional de Consumidores, CONADECUS

 

Mane Nett, Coalición Chilena para la Diversidad Cultural

 

Patricio Cabello, Académico Escuela de Periodismo PUCV

 

David González Avendaño, Magíster en Dirección de Empresas Audiovisuales

 

Juan Carlos Berner, Movimiento Por una TV educativa

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