Pescadores y organizaciones ciudadanas estiman que la Ley Longueira que privatizó los peces se legisló en un contexto de corrupción similar a las situaciones que investiga la Fiscalía por los casos Penta y Soquimich en que empresas financiaron a políticos.
Fuente: radiodelmar.cl
Pescadores artesanales junto al diputado Hugo Gutiérrez presentaron este viernes una querella para que la justicia ordene investigar los posibles hechos de cohecho y soborno en la situación en que la empresa pesquera del grupo Angelini, Corpesca, habría entregado 500 millones de pesos a los senadores de la comisión de Pesca que en entre 2010 y 2012 legislaron la actual Ley que rige al sector y que privatizó las recursos marinos en favor de 7 familias de industriales.
La acción fue presentada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y está basada en la denuncia realizada por el ex senador Nélson Ávila quien afirmó que los 500 millones de pesos fueron asumidos como gastos reservados por los parlamentarios. Ávila justificó sus dichos en el “cruce de datos de diversa procedencia institucional”.
En ese entonces los miembros de la comisión especializada eran Antonio Horvath, Carlos Bianchi, Fulvio Rossi, Alejandro García Huidobro y Hosaín Sabag.
Siendo una de las más grandes empresas nacionales dedicadas a la pesca extractiva industrial, producción de harinas y aceites de pescado, la empresa CORPESCA S.A. junto con ORIZON S.A., controlan cerca del 52% del total de la cuota global nacional de los recursos pesqueros.
Es por ello que sus intereses en la nueva regulación pesquera fueron visibles durante toda su tramitación, efectuando numerosas acciones y maniobras conducentes a influenciar el trabajo parlamentario y el contenido del proyecto de Ley de Pesca.
Según los pescadores el modus operandi de CORPESCA S.A. para salvaguardar sus intereses económicos ante la tramitación de la citada ley, se expresó por diversas estrategias por las que no sólo se solventaron campañas políticas de Diputados y Senadores de la República, sino que también se elaboraron minutas que fueron entregadas a parlamentarios para que éstos pudiesen defender exitosamente los intereses de la pesca industrial dentro de las discusiones de sala y comisiones especializadas.
Existieron a su vez múltiples de denuncias de conflictos de interés conocidas en las Comisiones de Ética respectivas, en las que se evidenciaron vínculos económicos entre parlamentarios y varias de las empresas más beneficiadas con el señalado cuerpo legal.
Los pescadores además se sumaron a otra querella en que la Fiscalía Nacional investiga los dineros entregados por la misma empresa Corpesca a la ex diputada Marta Isasi
