Por Diana López
La nación indígena más grande de Colombia, Wayúu, establecida en el extremo norte de Colombia, muere de hambre y sed porque el río madre de la región fue represado y su agua privatizada para el servicio de la industria agrícola y la explotación de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo.
Las cifras han conmovido al país: más de 37 mil niños indígenas sufren de desnutrición en esa zona (departamento desértico de La Guajira) y al menos 5 mil han muerto de inanición, aunque autoridades tradicionales Wayúu, como Armando Valbuena, sostiene que el número de pequeños muertos de hambre se acerca, en realidad, a los 14 mil.
Y la mortandad no se detiene.
El Nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez tuvo linaje Wayúu por parte de madre y la influencia de esa cultura está presente en una buena parte de su obra.
La dimensión de la tragedia Wayúu no tiene cifras precisas debido a que la mayor parte del territorio que ocupa esta nación de origen prehispánico carece de control y presencia estatal colombiana efectiva.
La mayor parte de los niños que mueren no alcanzan a llegar a los centros de salud para ser atendidos debido a que deben caminar enormes distancias por el desierto por carecer de mejores medios de transporte.
Por esta misma situación, más de la mitad de los niños que han muerto de inanición no son inscritos en el registro civil al nacer y sus fallecimientos tampoco son reportados. Por tanto, el gobierno no tiene cifras reales.
La Guajira, una península desértica, es la región más septentrional de Suramérica.
Los Wayúu no tienen acceso al agua porque el río Ranchería (único de la región) fue secado en su totalidad y sobre su lecho muerto hoy transitan carros y animales carga. La etnia vive en condiciones paupérrimas, carece de alimentos y de servicios básicos como electricidad, acueducto, salud y educación.
Esto ocurre a pesar de que La Guajira, con una población de 500 mil habitantes, durante los últimos 20 años ha recibido más de mil millones de dólares en regalías por la extracción de sus recursos naturales (carbón y gas), además del dinero que le corresponde cada año del presupuesto nacional. La mayor parte de ese dinero es robado por la corrupción que domina las administraciones públicas locales.
El gobierno colombiano destina desde Bogotá recursos para la etnia Wayúu pero no llegan a los indígenas. Por ejemplo, el Programa de Alimentación y Nutrición –PAN- cuya inversión anual es de más US $15 millones, se queda atrapado en redes de corrupción que lo capta ilegalmente y ha sido utilizado para recoger votos en campañas políticas, denunciaron los voceros Wayúu Armando Valbuena y Javier Rojas Uriana.
En medio de esta situación que la estatal Defensoría del Pueblo (órgano gubernamental encargado de la defensa de los derechos humanos) ha calificado en un informe oficial como “crisis humanitaria”, la comunidad Wayúu acudió por primera vez a la Comisión Interamericana de Derechos Humamos –CIDH–, de la OEA, con sede en Washington, para que tutele sus derechos vitales fundamentales.
En efecto, el 6 de febrero de 2015, a través de su representante legal (Javier Rojas Uriana) y cinco autoridades tradicionales indígenas, pidió a la CIDH dictar medidas cautelares urgentes que le permitan recuperar el uso del único río que poseen y con ello detener la actual mortandad por inanición de niños y adultos mayores.
El acompañamiento legal de la gestión judicial internacional está a cargo del Consultorio Jurídico de la Universidad de Bogotá ‘Jorge Tadeo Lozano’, dirigido por la abogada Carolina Sáchica Moreno, quien elaboró la solicitud legal de medidas cautelares. Esta demanda pretende que el organismo interamericano ordene la apertura inmediata de las compuertas que restringen el paso del agua del río Ranchería, que es acumulada en la represa El Cercado.
De acuerdo con Sáchica Moreno, el agua del río, un bien público, fue privatizado y la primera consecuencia de ello es el proceso de exterminio en que se encuentra esta etnia colombiana, sumida en la miseria y el abandono.
La mayor parte del río quedó completamente seco, pues su caudal hoy está destinado exclusivamente a grandes haciendas del sur de La Guajira y a las operaciones industriales de las minas de carbón a cielo abierto de Cerrejón.
El pedido a la CIDH se acoge a legislación internacional y nacional, y a estudios de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República según los cuales los primeros destinatarios del agua deben ser siempre (sin excepciones de ninguna clase) los seres humanos y solamente después de que ellos la tengan garantizada a satisfacción, los excedentes que resulten pueden ser usados en menesteres agrícolas, industriales y otros.
De acuerdo con el escrito judicial, además de pedir la apertura inmediata de las compuertas de la represa para que el agua llegue cuanto antes a los indígenas, se pide que se ordene suspender de manera inmediata las tomas de agua de La Guajira que Cerrejón obtiene de otras fuentes públicas distintas al río, principalmente subterráneas, hasta cuando una evaluación técnica idónea e imparcial determine si después de abastecer satisfactoriamente a los seres humanos en la región, quedan excedentes de agua para destinarlos a la agricultura a gran escala y la explotación de las minas de Cerrejón.
“Esto, con el fin de que la comunidad Wayúu pueda acceder y disfrutar de forma segura, indefinida, prioritaria y exclusiva del agua, un bien de uso público que hoy se encuentra en una represa a la cual los indígenas no tienen ningún acceso”, declaró Sáchica Moreno.
Un documental inédito que acaba de terminar el periodista colombiano Gonzalo Guillén, “El río que se robaron”, será utilizado como prueba judicial para ilustrar a la Comisión sobre los hechos denunciados a través de imágenes sobrecogedoras de La Guajira y testimonios de víctimas y victimarios.
“El río que se robaron” será estrenado próximamente en un canal de TV de Miami.
