Patricio SeguraEl Ciudadano
En el marco de la votación de reformas al Código de Aguas, la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados aprobó este mes finalizar con el régimen de derechos de agua a perpetuidad, estableciendo que la autoridad solo podrá entregar concesiones de un máximo de 30 años, con posibilidad de prórroga si concurren ciertas condiciones. Esto se produjo durante las sesiones de los miércoles 11 y 18 de marzo, en Valparaíso.
Se explicó que de mantenerse esta norma en los próximos pasos legislativos (resta ser vista en la Comisión de Agricultura, ser votada por el pleno de la Cámara y luego pasar al Senado) se terminaría con el otorgamiento de derechos perpetuos, entregándose solo concesiones de uso temporal. Esta limitación solo se aplicaría a los derechos entregados luego de la entrada en vigencia de la ley, no considerándose su retroactividad. Esto último requeriría un cambio constitucional.
Este miércoles los diputados, con votos en contra de la UDI y RN, también aprobaron la caducidad de todas las concesiones que no sean utilizadas en un plazo de 4 años en el caso de los usos consuntivos y 8 de los no consuntivos. Con esto se cambia la figura actual, donde el acaparamiento de derechos de agua y la especulación son gravados solo con una patente por no uso del recurso. El plazo de contabilización puede suspenderse durante el periodo en que se tramitan evaluaciones ambientales o permisos para obras mayores.
Finalmente se acordó (también con votación dividida) vincular la concesión a un uso específico. De esta forma, por ejemplo, la que sea entregada para agua potable o riego agrícola no podrá ser usada para industria o minería. Esta medida pretende evitar que los sectores con mayor poder de compra, como las empresas mineras, terminen acaparando todas las concesiones de uso de agua en las cuencas. También busca terminar con la concentración de derechos de agua que perjudica usos preferenciales como el consumo humano y las actividades de subsistencia. Es así que cualquier cambio de uso deberá ser solicitado y autorizado, de lo contrario se revocará la concesión.
Durante la última sesión también se aprobó que la presidencia de la Comisión de Recursos Hídricos fuera asumida por ladiputada democratacristiana Yasna Provoste, en reemplazo de Luis Lemus (PS).
Provoste explicó que todas esta modificaciones apuntan a “hacer realidad el discurso donde el agua es un bien nacional de uso público y no quedarnos en el eslogan”. La diputada agregó que “aquí conviven dos miradas. Una que cree que el mercado lo resuelve todo y como resultado tenemos, frente a la tensión que existe en los territorios donde ha habido un acaparamiento de los que más tienen, divisiones complejas en las comunidades. Y estamos quienes creemos que realmente el agua tiene que ser un bien y patrimonio de cada uno de nosotros, por tanto no puede existir la capacidad de acaparar y apropiarse”.
Finalmente expresó que el acceso al agua “no está alejado de lo que está ocurriendo en otras áreas de la discusión legislativa como la reforma tributaria y educacional, con respecto a como podemos garantizar este derecho sobre un bien nacional de uso público”.